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19sep12

Quién le teme al caso de Jineth Bedoya

"Donde hay poca justicia, es un peligro tener razón"
Francisco de Quevedo
La declaratoria la semana pasada del caso de la periodista Jineth Bedoya Lima como un crimen de lesa humanidad develó como ninguno los intereses y estructuras de la impunidad en Colombia. A pocas horas de conocerse la decisión de una fiscal instructora, desde la propia cúpula de la Fiscalía General de la Nación se emitió un comunicado que ponía en duda la determinación y, el fin de semana, Abelardo De La Espriella, reconocido defensor de paramilitares y parapolíticos, calificó el hecho de "absurdo".
Y no era para menos: en una providencia jurídicamente contundente pero políticamente incorrecta para los tiempos que corren, la fiscal 49 de la Unidad de Derechos Humanos, Bibiana Orozco, estableció que en lo sucedido contra Jineth se ejecutó un plan sistemático del paramilitarismo para acallar a la prensa en Colombia, y de paso excluyó de los beneficios de la ley de Justicia y Paz a los tres sindicados de planear y cometer los vejámenes a los que fue sometida Jineth en mayo de 2000, dos de los cuales, Emiro Pereira Rivero y Alejandro Cárdenas Orozco, fueron reconocidos por la periodista como sus verdugos y violadores. El otro asegurado, Mario Jaimes, fue quien citó a Jineth a la entrevista que en realidad la llevaría a su propio calvario.
Para la fiscal del caso, "lo acontecido no fue un acto aislado o esporádico de violencia", sino que obedeció a un plan "que hundía sus raíces en las mismas tácticas y estrategias de guerra de una organización armada al margen de la ley que profesaba una línea de conducta, una directriz, una política que alentaba, incentivaba o promovía la realización de los ilícitos en contra de la población civil, y en este caso directamente contra Jineth Bedoya Lima bajo esa doble condición: la de miembro de la población civil y la de ejercer su actividad como periodista".
No se trata de la primera vez que un fiscal de derechos humanos hace uso del tipo penal "crímenes contra la humanidad" para calificar los ataques contra la población civil por parte de los paramilitares, pero sí de la primera en que se cumple la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de julio de 2007 -la misma que desató la furia del entonces presidente Álvaro Uribe- que consagró el deber del Estado de investigar y sancionar en forma eficaz delitos por cuya gravedad los procesados no pueden ser cobijados por la ley de Justicia y Paz ni beneficiados de amnistías, rebajas o indultos.
Tanto el abogado De La Espriella como la cúpula de la Fiscalía General de la Nación, al igual que un sinnúmero de abogados y victimarios, saben que la resolución de la fiscal 49 podría llevar a que las víctimas de masacres, ejecuciones, violaciones sexuales y otros delitos cometidos por paramilitares puedan reclamar el reconocimiento de la sistematicidad y masividad de los mismos y su carácter de crímenes contra la humanidad.
En este sentido, resulta casi inofensivo declarar como de lesa humanidad delitos que están a punto de prescribir y cuyos victimarios o están muertos o en la más absoluta impunidad o ya "sacrificados" públicamente, de quienes se alega su pertenencia a organizaciones criminales extintas (Cartel de Medellín) -como el caso de Luis Carlos Galán o el de Rodrigo Lara Bonilla.
En cambio, consagrar esa figura para procesos penales en los que las víctimas, como Jineth Bedoya, no sólo están vivas sino activas en su lucha por la verdad y la justicia, y los perpetradores identificados pertenecen a estructuras cobijadas con beneficios jurídicos como los contemplados por la denominada Ley de Justicia y Paz, resulta toda una amenaza para lo que en el país se conoce como "justicia transicional", que no es otra cosa que un sofisticado modelo de ingeniería jurídica en favor de la impunidad con el cual se selló una supuesta paz con el paramilitarismo.
La amenaza es aún mayor cuando se está ad portas de un nuevo "marco jurídico para la paz" que limitaría las expectativas de justicia para las víctimas de las guerrillas en el contexto de los diálogos que están a punto de comenzar, o del "blindaje jurídico" para los militares involucrados en violaciones a los derechos humanos, que hoy se abre paso en el proyecto de reforma al fuero penal militar. No en vano el presidente Juan Manuel Santos aseguró el martes que "es en el seno del Congreso donde se va a decidir dónde se va a trazar el límite entre justicia y paz".
El caso de Jineth Bedoya, colega sometida a los más crueles vejámenes por investigar el tráfico de armas, las desapariciones y homicidios que sucedían al interior de la cárcel para el año 2000 -hechos confesados por alias Don Mario y Pirata en agosto de 2010- se ha convertido así en una peligrosa talanquera contra la impunidad absoluta.
Su lucha, por años solitaria, sigue siendo la de una mujer que, como asegura la fiscal Orozco, "a sus recién cumplidos 26 años sufrió la que se percibe como la más trágica, dolorosamente traumática y amarga experiencia de su vida. Fue víctima de secuestro, fue torturada y violentada sexualmente. Pero ella sigue ahí, como el cedro del Líbano, irreverente, incólume frente al vendaval de los tiempos de su existencia".
[Fuente: Por Claudia Julieta Duque, Radio Nizkor, Bogotá, 19sep12]

DDHH en Colombia
This document has been published on 20Sep12 by the Equipo Nizkor and Derechos Human Rights. In accordance with Title 17 U.S.C. Section 107, this material is distributed without profit to those who have expressed a prior interest in receiving the included information for research and educational purposes.