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14nov12
Algunas anotaciones sobre Bacrim y paramilitarismo
1.- Los órganos internacionales de protección
Los órganos de tratados de derechos humanos de las Naciones Unidas han calificado, por su forma de accionar y los vínculos con agentes de las fuerzas militares, a las llamada Bandas criminales emergentes - conocidas como "Bacrim"- de grupos paramilitares.
El Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas recomendó en 2010 al Estado colombiano implementar las recomendaciones recibidas con anterioridad, "incluidas las relativas a beneficios jurídicos para los desmovilizados de grupos armados ilegales, connivencia entre las fuerzas armadas y miembros de grupos paramilitares, la falta de investigaciones sobre graves violaciones de los derechos humanos y los ataques contra los defensores de derechos humanos" |1| y lamentó que subsistieran para 2010 muchos de los motivos de preocupación de años anteriores. El Comité señalo que disponía de: "información que revela que el accionar de nuevos grupos emergentes después de la desmovilización en distintas partes del país concuerda con el opus moderandi de los grupos paramilitares señalados" |2|. El Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial de las Naciones Unidas, en sus observaciones a Colombia de 2009, constató la persistencia de graves violaciones de derechos humanos contra pueblos indígenas y comunidades afro-descendientes por parte de grupos armadas ilegales (paramilitares) que operan en colusión con las fuerzas armadas de Colombia |3|. El Comité contra la Tortura de las Naciones Unidas, en sus observaciones a Colombia de 200, constató que los grupos armados ilegales con la participación o aquiescencia de agentes del Estado seguían cometiendo graves violaciones de derechos humanos |4|. El Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, en sus observaciones a Colombia de 2010, además de expresar su preocupación por la persistencia de graves violaciones de derechos humanos por los paramilitares, calificó lo que el Estado colombiano llama BACRIN de "nuevos grupos paramilitares" |5|. 2.- La Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos
La Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, en su informe sobre la situación de los Derechos Humanos en Colombia de 2007, constató que se trata de grupos "fuertemente armados, [que] tienen organización militar y mandos responsables y disponen de capacidad para ejercer control territorial y adelantar acciones militares contra otros actores armados" |6|.
La Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, en su informe sobre Colombia de 2009, constató que:
Los "grupos armadas ilegales surgidos del proceso de desmovilización de organizaciones paramilitares" eran responsasble de mútplies ataques contra defensores de derechos humanos |7|. "Entre los actos de violencia cometidos por estos grupos en 2009, se registraron masacres, asesinatos selectivos, amenazas, desplazamientos forzados y violencia sexual. Entre las víctimas de estos grupos hay líderes y lideresas sociales, indígenas, afrocolombianos y funcionarios locales, en muchos casos vinculados con procesos de restitución de tierras o manejo de recursos públicos. Los ataques han estado dirigidos contra quienes se oponen a las exigencias de estos grupos, poseen propiedades de su interés, son percibidos como colaboradores o miembros de otros grupos, o están en una zona de disputa con grupos rivales. Entre las víctimas también hay numerosos desmovilizados por ajustes de cuentas o por negarse a integrarse a estos grupos" |8| "Algunos de estos grupos operan de un modo parecido a las antiguas organizaciones paramilitares, y participan en actividades criminales tales como narcotráfico, extorsión, despojo de tierras, prostitución y trata de personas, así como en actividades lícitas, aunque a veces irregulares, como loterías y seguridad privada. En las filas de estos grupos hay personas desmovilizadas y no desmovilizadas de las antiguas organizaciones paramilitares, reclutadas voluntaria o forzadamente. Varios de los actuales cabecillas fueron anteriormente mandos medios de esas organizaciones o militares." |9| En su informe sobre Colombia de 2010, la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos constató que:
si bien el "móvil fundamental de estos grupos es la obtención de lucro económico, principalmente de actividades ilícitas […] Entre las víctimas de estos grupos se encuentran líderes y lideresas sociales, defensores y defensoras de derechos humanos y funcionarios y funcionarias públicos, que en el ejercicio de su función se oponen a dichos grupos, así como pueblos indígenas y comunidades afrocolombianas. Otras víctimas son personas que se niegan a acceder a la demanda de colaborar, que denuncian a los grupos ante las autoridades y que poseen o solicitan restitución de tierras que son de interés para estos grupos. También actúan hostilmente ante aquellas personas percibidas como colaboradoras o miembros de grupos rivales o de la fuerza pública, o simplemente que se encuentran en una zona de disputa con otro grupo" |10|. 5. Entidades colombianas
La similitud entre los grupos paramilitares y las llamadas bandas criminales emergentes han sido reconocidas por la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación en su segundo informe sobre desarme, desmovilización y reintegración publicado en agosto del año pasado. Si bien la CNRR reconoce algunas diferencias entre la AUC, y las bacrim también reconoce siete similitudes entre estas y aquellas: "1) Participación de mandos similares (o los mismos) así como tipos similares (o los mismos) de apoyo e integración con sectores aliados o subordinados. 2. Utilización de un lenguaje contrainsurgente .e implementación de acciones contra la población civil, especialmente amenazas, homicidios y desplazamientos contra determinados sectores victimizados. 3. Ejercicio de funciones de control local, formas de coerción a la población civil e interferencia ante las autoridades, instituciones locales y elementos o estructuras de la Fuerza Pública. 4. Financiación y lucro a partir del control de cultivos, procesamiento, rutas y tráfico de la cocaína y de otras economías ilegales, sobre lo cual centran su acción en los ámbitos rurales donde reside parte fundamental de la producción y el transporte y con redes de coordinación y apoyo en las ciudades. 5.Articulación con redes delincuenciales a distinto nivel que ejercen presión y control sobre zonas rurales y suburbanas, sobre barrios y comunas en las ciudades, orientadas al control de economías ilícitas, al microtráfico, el manejo de 'plazas de vicio' y 'ollas', apropiación y venta ilegal de terrenos, cobros extorsivos a transportadores y comerciantes, etc. 6. Cobro ilegal por protección, manejo de empresas legales e ilegales de seguridad, por lo regular relacionadas con el control de la criminalidad organizada y la participación en otras formas delincuenciales. 7. Implementación en las cabeceras municipales de acciones de 'limpieza social' contra sectores vulnerables como recicladores, drogadictos, habitantes de calle, homosexuales, prostitutas y contraventores de la ley. 8. Disposición de arsenales de armas largas y cortas, municiones y explosivos, recursos logísticos y líneas de aprovisionamiento. Capacidad destructiva y de adquisición y renovación de armamento, compra masiva de pertrecho y disposición de amplios recursos" |11|.
4. Consideraciones de la CCJ
Estos grupos, llamados por el Gobierno BACRIM:
tienen como blanco principal el mismo tipo de víctimas que los grupos paramilitares supuestamente desmovilizados: lideres sociales y sindicales; defensores de derechos humanos; pueblos indígenas y comunidades afrocolombianas; entre otros. Operan con la complicidad, aquiescencia y , a veces, con la participación de miembros de la Fuerza Pública; Tienen una organización estructurada militar y tienen alta capacidad militar Están integrados, entre oteros, con reconocidos integrantes de los grupos paramilitares supuestamente desmovilizados y ex miembros del Ejército. La quinta razón por la cual todavía existen grupos paramilitares es el perfil de las víctimas. Estos grupos atacan a líderes sociales, defensores y defensoras de derechos humanos, pueblos indígenas y comunidades afrocolombianas, entre otros sectores, por parte de las llamadas "Bandas Criminales", tal como lo constató la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en su informe sobre 2010 |12|. Según algunos estudios, "los neoparamilitares existen para mantener lo que los paramilitares lograron. La presión violenta en contra de los líderes de las víctimas que buscan la restitución de sus tierras y de otros movimientos sociales sólo puede explicarse así" |13|.
Esta política de ataques es propia de las formas de operar de grupos paramilitares, que se han ocupado durante años de perseguir a la población civil, y en particular a quienes se organizan para exigir sus derechos y a las personas socialmente marginadas. Al respecto, la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, en su informe correspondiente a 2010 señala que, como se puede deducir de los casos presentados, "la presencia de grupos armados ilegales surgidos de la desmovilización de organizaciones paramilitares es motivo de preocupación por su expansión y por la intensidad de los actos de violencia que han cometido contra la población" |14|. En conclusión la permanencia de estructuras paramilitares permite afirmar que en Colombia aun no se han tomado medidas apropiadas para prevenir la repetición de los crímenes y garantizar de esta manera que las decisiones judiciales que ordenan la restitución de las tierras sean efectivas. Esta afirmación se encuentra sustentada al menos en las siguientes razones: 1) la magnitud y crecimiento de las denominadas por el Gobierno bandas emergentes; 2) las víctimas son defensores y defensoras de derechos humanos, afrodescendientes e indígenas que son sectores que se han caracterizado por la defensa de su territorio; 3) el alarmante numero de violaciones del derecho a la vida cometidos por estos grupos; 4) la participación de agentes estatales en las actividades de estos grupos; 5) el amplio control territorial y 6) capacidad militar. [Fuente: Por Federico Andreu Guzmán, Comisión Colombiana de Juristas, Bogotá, 14nov12]
Notas
1. "Observaciones finales del Comité de Derechos Humanos: Colombia", Documento de las Naciones Unidas CCPR/C/COL/CO/6, de 4 de agosto de 2010, párrafo 8. [Volver]
3. "Observaciones del Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial: Colombia", Documento de las Naciones Unidas CERD/C/COL/CO/14 28 de agosto de 2009, párrafo 14 [Volver]
4. "Observaciones finales del Comité contra la Tortura: Colombia", Documento de las Naciones Unidas CAT/C/COL/CO/4 de 19 de noviembre de 2009, párrafo 11. [Volver]
5. "Observaciones finales del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales: Colombia", Documento de las Naciones Unidas E/C.12/COL/CO/5, de 7 de junio de 2010, párrafo 16. [Volver]
6. Informe de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos sobre la situación de los derechos humanos en Colombia, Doc. A/HRC/7/39, 28 de febrero de 2008, párr. 39. [Volver]
7. Informe anual de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos sobre la situación de los derechos humanos en Colombia, Documento de las Naciones Unidas A/HRC/13/72, 4 de marzo de 2010, párrafos 22 y 23 [Volver]
8. Ibíd., párrafo 59. [Volver]
9. Ibíd., párrafo 61. [Volver]
10. Informe anual de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos sobre la situación de los derechos humanos en Colombia, Documento de las Naciones Unidas A/HRC/16/22, de 3 de febrero de 2011, Párrafos 33 y 34 [Volver]
13. Jorge Restrepo, Juan David González y Alonso Tobón, "Paramilitarismo: la amenaza sigue viva", En: http://www.razonpublica.com/index.php?option=com_content&view=article&id=1861:paramilitarismo-la-amenaza-sigue-viva&catid=22:regiones&Itemid=31 [Volver]
14. Informe de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos sobre la situación de los derechos humanos en Colombia, Doc. A/HRC/16/22, 3 de febrero de 2011, pág.24. [Volver]
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