EQUIPO NIZKOR |
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03oct04
La guerra y la verdad.
Esta revista desde su nacimiento decidió no publicar editoriales. Sin embargo, algunos acontecimientos de la semana pasada nos llevan a romper esta tradición. La publicación en el último número del informe 'Revelaciones explosivas', en el cual SEMANA divulgó el contenido de unas grabaciones que muestran los pormenores de la negociación entre el gobierno y las autodefensas, despertó una intensa polémica sobre la creciente narcotización de los paramilitares y la decisión de la revista de hacer públicos apartes de una negociación secreta.
El debate sobre temas tan cruciales para el país es necesario y debe darse con altura y franqueza. Esa es precisamente una de las funciones de la prensa en una democracia: contribuir a la discusión pública de los temas importantes. Y eso significa a veces poner el dedo en la llaga y destapar cosas que algunos quieren mantener ocultas.
No fue una decisión fácil la de hacer públicos fragmentos de una larga conversación secreta entre los comandantes del Estado Mayor de la Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) y el alto comisionado para la Paz, Luis Carlos Restrepo. Es entendible que este tipo de conversaciones deben gozar de cierto grado de privacidad para que avancen. Sobre todo cuando en las anteriores negociaciones con grupos armados como las Farc ha primado el show mediático sobre la voluntad de paz. Los micrófonos, el desfile de vanidades y el juego de manipulaciones han demostrado ser un factor perturbador en este tipo de procesos.
Pero una cosa es el sigilo que debe acompañar el pulso de la negociación y otra muy distinta, la negociación hermética. Más aún cuando el proceso de paz con los paramilitares ha dejado tras de sí una estela de críticas y cuestionamientos cuyos interrogantes necesitan ser respondidos ante el país. El primero de todos: ¿con quién se está negociando? ¿Estamos frente a grupos de paramilitares con una base social arraigada y un proyecto político contrainsurgente o estamos frente a narcotraficantes que se están apoderando de la estructura militar de las autodefensas para lograr un estatus político y poder así negociar con el gobierno, lavar su dinero y limpiar su prontuario judicial?
Son preguntas de fondo que el país necesita debatir públicamente. Y la prensa debe ser la primera en ponerlas sobre la mesa. La creciente paramilitarización del país que mostraron en una espontánea coincidencia periodística El Tiempo, El Espectador, Cambio y esta revista es sólo una evidencia más de esta preocupante realidad y exige que el gobierno tome medidas de fondo y establezca reglas claras en la negociación.
Es claro que el gobierno tiene que hacer todos los esfuerzos posibles para acabar con esta guerra de paras, guerrilleros y narcos. De viudas, huérfanos y desplazados. Y tiene que buscar fórmulas audaces para sortear los innumerables obstáculos que significa alcanzar la paz en la Colombia turbulenta de comienzos del siglo XXI. Pero la búsqueda de la reconciliación nacional se debe hacer en el marco de unos valores democráticos en los que la libertad para informar, opinar y fiscalizar es uno de sus pilares fundamentales.
En este contexto, la revista SEMANA no tiene propósitos partidistas, ni adelanta campañas personales o políticas en sus informaciones. Nuestro objetivo, como el de toda la prensa en sociedades democráticas, es informar sobre lo que acontece y pueda afectar de alguna manera el interés público.
Por eso mismo es preocupante la ola de amenazas que se presentaron contra esta revista la semana pasada. No sabemos si estas provienen de algún sector del narcotráfico o del paramilitarismo. O que haya organizaciones criminales tratando de pescar en río revuelto. Tristemente informar en medio de la polarización y el maniqueísmo que genera la guerra pone en riesgo la libertad de expresión en el país.
Tan preocupante como estas amenazas es la información, que también hemos confirmado, de que los teléfonos celulares y privados de algunos periodistas de SEMANA están siendo interceptados ilegalmente. Aunque esta revista ya les ha pedido a las autoridades que investiguen, queremos expresar públicamente nuestro más enérgico rechazo frente a estas prácticas que atentan contra la libertad de prensa y violan la Constitución.
El destino de la prensa colombiana en las últimas décadas ha sido el de informar en medio del fuego cruzado y la intolerancia de los extremismos armados. Allí, en el fragor del conflicto, la independencia de los medios se vuelve incómoda para los señores de la guerra, el sentido crítico se convierte en amenaza y la verdad se vuelve objetivo militar. El conflicto colombiano no sólo se está librando en las selvas y las llanuras sino en el terreno de la comunicación, donde todos los actores quieren manipular la información para lograr triunfos tácticos en su lógica de guerra.
La prensa no es ajena al conflicto. Nuestra tarea es hacer todo lo que esté a nuestro alcance para que brille la verdad. Por eso en SEMANA seguiremos informando sobre el proceso de paz con las autodefensas con la mayor independencia y responsabilidad, como lo están haciendo muchos de nuestros colegas de medios nacionales y regionales. Seguiremos siendo críticos, pero también reconoceremos los aciertos como hasta ahora lo hemos hecho. Pero siempre con independencia. Es lo mínimo que se merecen los periodistas que trataron de hacerlo y murieron en el intento. Y es lo mínimo que se merece la inmensa mayoría de un país que no desfallece en medio de la adversidad.
[Fuente: Editorial Revista Semana, Bogotá, Col, 03oct04]
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