10sep05

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Los montajes militares de atentados confirmados por la fiscalía.

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Las escandalosas revelaciones del general Mario Montoya Uribe, comandante del Ejército, en el sentido de que gente inescrupulosa de su institución habría participado en una empresa criminal que se inventó operativos terroristas antes de la posesión del presidente Uribe, propiciaron ayer las primeras medidas de la Fiscalía, entre ellas la captura de una ex guerrillera de las Farc llamada Jessica, quien trabajaba para los uniformados corruptos.

Al cierre de esta edición, la mujer debió haber comparecido ante un juez de garantías de Bogotá y se esperaba que señalara con nombres propios a los oficiales de la XIII Brigada que se atrevieron, incluso, a hacer detonar un carro bomba en las inmediaciones de la Escuela José María Córdova, en Bogotá, el 31 de julio pasado. El saldo fue trágico: 19 militares heridos y un civil muerto, el reciclador Jesús Antonio Vargas, de 52 años.

Aunque uno de los fiscales que manejan el caso dijo que la Fiscalía no tenía elementos para afirmar que el atentado de la José María Córdova había sido un montaje, El Espectador conoció una de las tantas conversaciones que están en poder de las autoridades y que dan cuenta de que Jessica le decía a otro ex guerrillero que el país y los medios de comunicación "estaban prendidos" con lo que ellos hicieron en el barrio Gaitán. O sea, cerca de la Escuela Militar.

También este periódico estableció las identidades de los oficiales que hicieron contacto con la mencionada terrorista. Se trata del mayor Javier Efrén Hermida y el capitán Luis Gerardo Barrera Calderón, ambos de la XIII Brigada de Bogotá. Con el material probatorio que tienen las autoridades, se da como un hecho que estos dos oficiales serán vinculados a la investigación. No se descarta, sin embargo, que detrás de esta macabra operación haya más oficiales y de mayor rango.

Alias "Jessica"

Jessica es una ex guerrillera de las Farc cuyo nombre de pila es Lidia Alape Manrique, natural del municipio de Río Blanco (Tolima). Si bien esta mujer dejó la guerrilla, sus contactos con sus ex compañeros activos siguieron intactos. A su llegada a Bogotá, Jessica fue contactada como informante del Ejército. Y también, infortunadamente, como socia de los atentados de julio y agosto pasados.

Cuando empezó la escala de atentados en Bogotá, a los efectivos de la Policía Metropolitana, que ya tenían conocimiento de la existencia de alias Jessica, les pareció curioso que el Ejército nunca detuviera a la sospechosa mujer. Entonces se inició una serie de interceptaciones telefónicas en las que quedó claro que al menos cinco de los aparentes atentados fueron una farsa. También se le hizo control personal a la mencionada guerrillera y cuál fue la sorpresa de los investigadores cuando se dieron cuenta de que esta mujer se reunió con los militares implicados en el sur de Bogotá.

Un vocero de la cúpula de la Fiscalía General comentó ayer: "El general Mario Montoya Uribe dijo que la Fiscalía contaba con toda la colaboración del Ejército. Por eso me pregunto: Si el Ejército tenía información que nos fuera útil para esta investigación, ¿por qué no nos la hizo llegar y sí esperó a que el escándalo estallara en los medios de comunicación?".

¿Y del costo político?

Pero al margen de la postura de la Fiscalía, donde sólo se trabaja con base en las pruebas, lo cierto es que el escándalo que hoy sacude al Ejército ha suscitado la indignación de dirigentes políticos y, en general, de la sociedad colombiana. Indignación porque, infortunadamente, las Fuerzas Militares van de escándalo en escándalo. En ese escenario, no debe olvidarse que, sin duda, uniformados y policías son el pilar de la política de seguridad del gobierno del presidente Uribe.

Por eso los críticos del Primer Mandatario salieron a pedirle que alguien asumiera el costo político del escándalo por los montajes en el Ejército. El argumento de los detractores del Gobierno era contundente: "Ya no nos digan más que cada escándalo que salpica a militares es un hecho aislado y no política de la institución".

Y es que, desde hace rato, militares y policías parecen no levantar cabeza. Tanto, que casi todos los cambios que ha habido durante el gobierno de Uribe Vélez en las cúpulas de ambas instituciones han tenido palabras comunes: corrupción, masacres, montajes, mentiras, torturas, cocaína...

Para muestra, varios botones: la primera ministra de Defensa de Uribe y hoy senadora, Martha Lucía Ramírez, salió del Ministerio por no haber sabido manejar la crisis que se suscitó en la Policía tras la devolución de tres toneladas de cocaína a narcotraficantes de Barranquilla.

Su sucesor, Jorge Alberto Uribe, no supo qué hacer con la masacre que un grupo de militares perpetraron contra una patrulla de Policía en Guaitarilla (Nariño). Ambos grupos, al parecer, iban detrás de coca.

El turno como Ministro de Defensa le correspondió a Camilo Ospina Bernal. Como hecho curioso, Ospina sólo dio una entrevista o declaración a la prensa: cuando se denunció que en el Batallón Patriotas, del municipio de Piedras (Tolima), los superiores sometían a soldados a crueles torturas. Si bien a Bernal no le costó el puesto este caso, el gran damnificado fue el entonces comandante del Ejército, general Reynaldo Castellanos.

Lo anterior, por citar sólo algunos casos concretos. Como se ve, si bien en el actual Gobierno, los militares y policías les han dado a los colombianos una innegable sensación de tranquilidad, también es cierto que lo que han hecho con la mano, lo han borrado con el codo. Todo por las ansias del dinero fácil y por mostrar resultados positivos en un país al que el narcotráfico tiene en la lona.

Montajes y escándalos

• Noviembre 1988. En Segovia (Antioquia), un grupo armado incursionó en la población y asesinó a casi medio centenar de personas. Un oficial de la Policía, en directo y a través de la radio, fingió ser producto de un ataque guerrillero. La justicia confirmó que fue un montaje y que los agresores fueron paramilitares.

• Julio 1989. La XIII Brigada del Ejército informó sobre la muerte de cuatro presuntos miembros de un grupo de justicia privada, durante un enfrentamiento en el edificio Altos del Portal en Bogotá. El caso resultó ser un montaje de algunos militares involucrados con el narcotráfico.

• Agosto 1989. Cuatro días después del asesinato de Luis Carlos Galán, el F-2 de la Policía capturó en Bogotá a cinco personas, a quienes sindicó del magnicidio. El grupo, encabezado por Hubis Hazbum duró cinco años en prisión. Después se constató que fue un montaje. Los verdaderos asesinos no tuvieron castigo.

• Octubre 1995. En pleno escándalo del proceso 8000, se conoció una cinta magnetofónica en la que el investigador del presidente Samper, Heyne Mogollón, trataba de acomodar su versión por el supuesto desvío de un crédito agropecuario con el gerente de un banco. El tema resultó ser un montaje de inteligencia militar.

• Diciembre 1997. La policía antinarcóticos anunció que el entonces secretario de gobierno de Antioquia, Pedro Juan Moreno Villa, importaba insumos químicos desde China y se los vendía a paramilitares del Urabá. La justicia pudo aclarar que fue un montaje sin pruebas para desacreditar al ex funcionario público.

• Octubre 1998. En Bogotá fue secuestrado el industrial Benjamín Khoudary. Cuatro meses después fue encontrado su cadáver. Inicialmente se habló de un plagio de la guerrilla, pero la justicia comprobó que un grupo de militares de la XIII Brigada, encabezado por el coronel Jorge Plazas, hizo parte del plan criminal.

• Julio 2002. El DAS capturó al abogado Javier Carvajalino, a quien se acusó de ser el cerebro de un plan para estrellar un avión contra la Casa de Nariño o el Congreso de la República. 127 días después la Fiscalía lo absolvió tras advertir que fue un montaje de inteligencia organizado con un falso informante.

• Noviembre 2003. En Cajamarca (Tolima), en un operativo del Ejército murieron cinco personas presentadas como guerrilleros. Esta semana trascendió que un capitán de la VI Brigada promovió un montaje para no reconocer que eran campesinos y que hubo un "pacto de sangre" para que nadie dijera la verdad.

• Junio 2005. El ex director del DAS en el Atlántico, Emilio Vence Zabaleta, fue capturado por la Fiscalía General de la Nación tras conocerse que hizo parte de tres montajes de igual número de supuestos atentados contra el presidente Álvaro Uribe Vélez.

• Septiembre 2006. Un grupo de militares de la XIII Brigada resulta involucrado en montajes de supuestos atentados en la antesala de la posesión del presidente Uribe Vélez.

[Fuente: El Espectador, Bogotá, Col, 10sep06]

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