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03dic12
Militares colombianos implicados en asesinatos serían ascendidos
Las noticias recientes en EEUU han estado inundadas con historias de los generales David Petraeus y John Allen, ambos implicados en lo que se percibe como conducta inapropiada. Los escándalos le costaron al General Petraeus su puesto como director de la CIA y a Allen su ascenso como comandante de las fuerzas militares de EEUU en Europa. Las rápidas consecuencias en ambos casos contrastan con la suerte de cuatro oficiales colombianos quienes, a pesar de su papel en crímenes atroces, han sido escogidos para ascenso. Ese es el caso del teniente coronel Orlando Espinosa Beltrán y el teniente Alejandro Jaramillo, quienes participaron en la masacre a la Comunidad de Paz de San José de Apartadó de febrero de 2005. Jaramillo incluso fue condenado a 34 años de prisión por asesinato por un tribunal de segunda instancia en junio pasado.
En la lista de ascenso a general están Emiro Barrios Jiménez y Jorge Navarrete Jadeth, quienes pagaron una recompensa de 2 millones de pesos por la ejecución extrajudicial de dos civiles en Manizales (Caldas), uno de los casos conocidos como "falsos positivos", el asesinato de civiles para inflar el número de bajas.
Supimos de estos casos gracias a los defensores de derechos humanos Jorge Molano y Germán Romero, quienes en ambos casos, representan a las víctimas. Ambos han recibido amenazas de muerte, presuntamente debido a sus esfuerzos para detener esos ascensos. Para Molano, ascender a los oficiales "es una labor de protección a quienes tienen corresponsabilidad en los crímenes, una invitación a que los actos se repitan y una desprotección a las víctimas. La seriedad de la política de derechos humanos [colombiana] queda claramente en entredicho."
La Masacre de San José de Apartadó de 2005
En la primera semana de febrero de 2005, el Ejército colombiano estaba tratando de recuperarse de una emboscada de la guerrilla de las FARC que resultó en la muerte de 18 soldados, un episodio conocido como El Porroso, en Mutatá (Antioquia).
La respuesta del ejército fue la Operación Fénix, una operación conjunta entre el ejército y los paramilitares, ejecutada por tropas de la Brigada 17 junto con más de 100 hombres pertenecientes los escuadrones de la muerte Héroes de Tolová, un grupo paramilitar que durante más de una década había sembrado el terror en la zona. Fénix fue concebida por el entonces comandante de la Séptima División, el General Mario Montoya, y un grupo de altos oficiales, incluyendo al General Héctor Fandiño, a cargo de la Brigada 17 y el comandante del Batallón Vélez -y en la actualidad candidato a ascenso-, el coronel Orlando Espinosa Beltrán.
Durante cinco días, del 18 al 22 de febrero, el ejército y los escuadrones de muerte patrullaron la región de San José de Apartadó. Jaramillo, por su parte, comandaba uno de los pelotones que participaron en la operación, que ejecutó una de las masacres más brutales de la última década del conflicto armado en Colombia. Entre las víctimas de la masacre no sólo estaba el carismático líder de la Comunidad de Paz Luis Eduardo Guerra, sino tres niños (Diener, 11, Natalia, 6, y Santiago, de 18 meses), que fueron descuartizados con machetes.
La crueldad de la masacre causó una airada protesta internacional, reclamando justicia y responsabilidad. Pero en un país en el que 98% de los crímenes contra civiles pasan sin castigo, la masacre contra la Comunidad de Paz probó no ser la excepción.
Siete años después, pese a montañas de pruebas sobre como fue planeada y ejecutada la operación con participación amplia del ejército, sólo un par de oficiales de bajo rango han sido condenados. Las investigaciones contra los oficiales de alto rango, como los generales Montoya y Fandiño, que requieren acción del Fiscal General de Colombia, han estado estancadas por años en su fase preliminar. El General Montoya ni siquiera ha sido requerido a declarar, mucho menos se le ha imputado un delito.
Oficiales de rango medio, entre ellos Espinosa y Jaramillo, fueron juzgados y absueltos por un juez de primera instancia en 2010. En junio pasado, un tribunal de apelación confirmó la absolución del coronel Espinosa y otros soldados. El tribunal de apelación encontró a cuatro oficiales, entre ellos Alejando Jaramillo, culpable de homicidio y concierto para delinquir, condenándolos a 34 años de prisión. Inexplicablemente, hasta la fecha, el teniente Jaramillo no ha sido arrestado para cumplir su condena, sino que continua su vida como un hombre libre y un oficial en servicio activo.
Falsos Positivos en Manizales
El 17 de marzo de 2008, el comandante de la octava Brigada, con sede en Manizales, coronel Emiro Barrios Jiménez y el segundo a bordo, el coronel Jorge Navarrete Jadeth, firmaron un recibo por el pago de recompensa a un civil por información que llevó a la "muerte en combate de dos (02) terroristas NN. Masculino al parecer integrantes de las bandas criminales al servicio del narcotráfico", que ocurrió el 8 de febrero de 2008.
Se trataba de una operación militar planeada, que se llevó la vida de Darbey Mosquera (23) y Alex Ramirez (31). José Didier Marín salvó su vida: cuando le llegó el turno de ser fusilado, al soldado se le trabó el rifle y Marín logró escapar. Marín se convirtió en testigo protegido.
Como en muchos otros casos de "falsos positivos", las víctimas fueron reclutadas con engaños en Pradera (Valle), su ciudad de origen, y transportados a otra ciudad, Pereira, y de allí, en un taxi a Java, a las afueras de Manizales, donde oficiales del ejército los estaban esperando para asesinarlos, ponerles armas y reportarlos como bajas en combate.
Ninguno de ellos pertenecía a una banda criminal, como aseguró el ejército. Eran tres hombres desesperados por dinero, tenían una historia de problemas con la ley y fueron contactados por un soldado con una oferta de un trabajo bien pago, una operación de chantaje. Según Derechos Humanos Colombia, "Sin trabajo o con algunos inestables, viviendo una dificil situacion economica, teniendo problemas con la justicia, eran vistos mas como un problema social que como sujetos sin derechos. Asi que eran las carnadas perfectas para convertirlos convenientemente en combatientes y, por tanto, en objetivos de la accion contrainsurgente del Ejercito. Ademas, nadie los extranaria."
En marzo de 2012, un juez de primera instancia en Manizales condenó siete oficiales de bajo rango, con sentencias entre 42 y 43 años de prisión por los asesinatos de Darbey Mosquera y Alex Ramirez. Las investigaciones contra los oficiales de alto rango, incluyendo Barros Jiménez, no han ido más allá de la declaración inicial.
Panorama Lúgubre para la Justicia en Colombia
Como se ha indicado arriba Colombia tiene un récord de impunidad de 98% en violaciones graves a los derechos humanos. Recientes reformas judiciales, en el marco de las conversaciones de paz entre el gobierno colombiano y la guerrilla de las FARC para terminar el conflicto armado de cinco décadas, tendría como efecto se exacerbar este lúgubre escenario.
El 19 de junio, el congreso colombiano aprobó el Marco Legal para la Paz abriendo la puerta a un sistema de justicia transnacional que sería aplicada a combatientes de la guerrilla y el ejército. La ley permite priorizarcasos contra los responsables por gran número de crímenes de lesa humanidad y de guerra, descartar todos los otros casos y suspender ciertas condenas. Entre los beneficiarios de la suspensión de la condena ciertamente estarían los pocos oficiales de la cúpula que han sido sentenciados a largas condenas por graves crímenes, gracias al arduo trabajo de defensores de derechos humanos.
Esas victoria pueden contarse con los dedos de una mano e incluyen al general Rafael Uscátegüi, condenado a 40 años años por la masacre de Mapiripán; el general Rito Alejo del Río, comandante de la Brigada 17 y sentenciado a 25 años por el brutal asesinato del líder afrocolombiano Marino López Mena, en una operación conjunta entre el ejército y los paramilitares en la zona de Urabá y, especialmente, el Coronel Jorge Plazas Vega, sentenciado a 30 años por la desaparición de 11 personas en conexión con la retoma militar del Palacio de Justicia, en noviembre de 1985. El senador y ponente de la ley, Roy Barreras, en una entrevista radial el 5 de junio, admitió que la sentencia de cualquier oficial condenado por un crimen en el marco del conflicto armado, inclusive Plazas Vega, podría ser terminada.
Defensores de derechos humanos han pagado un alto precio para lograr la condena de Plazas Vega: el abogado defensor de derechos humanos Eduardo Umaña, quien representaba a algunas de las víctimas en el caso, fue asesinado en 1998. Jorge Molano y German Romero han continuado su trabajo. La fiscal Ángela Buitrago fue fue despedida, la juez que condenó a Plazas Vega, Stella Jara, recibió tantas amenazas de muerte después del fallo, que tuvo salir en el exilio .
Otra ley que hace tránstito por el Congreso colombiano es una reforma constitucional que enviaría casos de violaciones de derechos humanos -incluyendo crímenes de guerra- a la jurisdicción militar. El proyecto que ya pasado siete de los ochos debates requeridos para una reforma constitucional, ha suscitado fuertes protestas en la comunidad colombiana e internacional de derechos humanos. Un grupo de relatores especiales de las Naciones Unidas enviaron una carta abierta al congreso y gobierno colombianos el 22 de octubre, hecho sin precedentes, manifestando que "dicha reforma representaría un retroceso histórico al avance logrado por el Estado colombiano en la lucha contra la impunidad" y les instaba al "gobierno de Colombia y al congreso seriamente reconsiderar este proyecto de reforma constitucional". Tres semanas después, más de 230 organizaciones hicieron un llamado al gobierno colombiano a retirar el proyecto.
El Senado colombiano cedió parcialmente a la presión internacional, expandiendo la lista de crímenes que serían excluidos de la jurisdicción militar. La versión de la Cámara solamente incluía genocidio, desaparición forzada y crímenes de lesa humanidad que de por sí excluyen cualquier conducta que no sea sistemática. Los ponentes del Senado presentaron una ponencia tque adicionaba a la lista las ejecuciones extrajudiciales, los crímenes sexuales, la desaparición forzada y la tortura. Aún por fuera de las cortes civiles continúan los crímenes subrayados por los relatores de la ONU en su carta abierta.
"… detención arbitraria; tratamiento cruel, inhumano o degradante; y otras violaciones tales como violencia contra las personas y mutilación; toma de rehenes, y la obligación de tratar a todas las personas que no estén tomando parte en las hostilidades, humanamente en todas las circunstancias, sin distinción por razones étnicos, de religión, sexo, nacimiento o riqueza, o cualquier otro criterio similar, prohibido en virtud del artículo 3 común a las convenciones de Ginebra."
El hecho que ambas leyes estén siendo debatidas o hayan sido aprobadas en el marco de las conversaciones entre las FARC y el gobierno las hacen especialmente problemáticas. Sin duda, después de cinco décadas de guerra, los colombianos anhelan la paz, sin embargo, sigue siendo discutible que se pueda lograr paz sin justicia. Ese es el gran reto para cualquier sistema transnacional de justicia.
Más aún, para una sociedad que lucha por la reconciliación, los requisitos para lograr esa meta adquieren un nuevo sentido de urgencia. Como Iván Cepeda tan elocuentemente lo articuló en su discurso de abril de 2011 en el cual otorgó perdón por el asesinato de su padre, los elementos necesarios para dicha reconciliación son "justicia, verdad, reparación y garantía de no repetición".
[Fuente: Por Susana Pimiento, FOR, Washington, 03dic12]
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