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04jul10


"En la Corte no hay regaños porque nadie es superior de los demás"


Presidente (e) de la Corte Suprema, Jaime Arrubla, responde sobre la división interna entre un grupo de magistrados en torno a la elección de Fiscal.

Se refiere también a la posibilidad de que un magistrado activo ocupe un ministerio en la nueva administración. Además habla del estado del proceso disciplinario contra el Procurador.

Cecilia Orozco Tascón.- La visita del mandatario electo, Juan Manuel Santos, a los presidentes de las altas cortes, ¿refrescó las relaciones entre las dos ramas o sólo se podría hablar de un compás de espera?

Presidente (e) Jaime Arrubla Paucar.- Se trató de una visita protocolaria cargada de buenas intenciones constitucionales, con el objeto de que prevalezca la armonía y el respeto recíproco. Eso es bueno.

C.O.T.- ¿Cómo le parecería a usted y a la Corte que el mandatario entrante le ofreciera el nuevo ministerio de Justicia a uno de los magistrados activos? ¿Buena o mala señal?

J.A.P.- Nada tiene que ver con la institución como tal, que no necesita señales de ninguna clase para cumplir con sus funciones y competencias.

C.O.T.- Si el presidente Santos le hiciera una oferta de Ministerio u otro alto cargo en el Ejecutivo a usted, como se ha rumorado, ¿lo pensaría?

J.A.P.- Me siento muy a gusto como magistrado de la Corte Suprema y no tengo en mis planes cambiar de actividad.

C.O.T.- ¿Es cierto que otros dos magistrados aspirarían a Ministerio en el nuevo gobierno?

J.A.P.- No tengo la menor idea, pero de ser así, están en todo su derecho.

C.O.T.- ¿No le parece que dejar a mitad de camino la magistratura, que es de ocho años, y pasar de la rama judicial a la gubernamental, atenta contra la independencia real de los poderes?

J.A.P.- En mi opinión, la independencia no se afecta porque una persona pase de una rama a otra. En el pasado ha sucedido en muchas ocasiones.

C.O.T.- ¿Por qué no se ha podido concretar la elección de Fiscal General a pesar de llevar 14 reuniones de sala plena y muchas más votaciones?

J.A.P.- La explicación es simple: hasta el momento ninguno de los candidatos ha llegado a los 16 votos que exige el reglamento de la Corporación para quedar electo.

C.O.T.- No, es al contrario: uno puede deducir que ninguno de los candidatos cuenta con suficientes calidades para alcanzar los 16 votos. Pensando con lógica, si alguno fuera excelente, la Corte no le negaría la posibilidad de ser Fiscal.

J.A.P.- Esa deducción es para los analistas. La realidad es que la Corte viene votando y va a seguir haciéndolo. La reflexión sobre las condiciones y exigencias para obtener el voto de cada magistrado es una evaluación imposible de concretar con exactitud, porque cada uno posee un concepto diferente. Y ese concepto cae en la esfera del fuero interno.

C.O.T.- Se empieza a decir en los medios que los candidatos no logran reunir los votos requeridos por las divisiones que existen entre los magistrados, ¿es cierto?

J.A.P.- Como usted sabe, el voto es secreto. Un magistrado no sabe cómo vota su compañero de al lado. Cualquier análisis que se haga al respecto son suposiciones.

C.O.T.- Al margen del secreto, se sabe públicamente con cuántos votos cuentan los candidatos en cada elección. También se sabe que hay un grupo consistente de magistrados que vota en blanco. Esas votaciones sustentan en sí mismas la división. De eso ya no se duda afuera de la Corte. ¿Por qué dar a entender que no, si las votaciones revelan que sí?

J.A.P.- El comportamiento general de la elección se mide en votos, es cierto. Pero la observación que usted hace no es exacta. ¿Cómo escrutar internamente a cada uno de los magistrados para saber por qué decide una cosa u otra? Imposible. Yo no lo haría, máxime cuando el voto en blanco, si es por ese voto por el que usted pregunta, no sólo es reglamentario, sino que está amparado por la independencia y autonomía de los integrantes de la Corporación. Es decir, si se parte del supuesto de una elección calificada por el número de votos que se requiere, el hecho de no alcanzar el número indicado sólo constata que se está ante un ejercicio democrático. Nada más.

C.O.T.- La independencia y autonomía del Fiscal General, ¿sigue estando en el centro de las preocupaciones de la Sala Plena?

J.A.P.- La independencia que debe caracterizar a los candidatos a Fiscal siempre ha estado en el centro de las discusiones. La Corte encontró viable la actual terna. Por eso viene votando por ella y lo seguirá haciendo hasta llegar a concretar la elección.

C.O.T.- Precisamente hablando de la viabilidad de la terna, dijo el noticiero CM& en dos oportunidades que el magistrado Javier Zapata, de la Sala Penal, lo "regañó" a usted por haber sugerido que si no lograban elegir Fiscal, debería cambiarse la terna. ¿Ese incidente ocurrió?

J.A.P.- En la Corte no hay regaños porque nadie es superior de los demás. Los magistrados expresan en Sala libremente su opinión. Por otra parte, no he sugerido cambio de terna en ningún momento. Por el contrario, siempre he dicho que actualmente es legítima. Lo demás fue una sugerencia del periodista que me entrevistaba y la crítica que se me hizo está fuera de contexto. Comprenda que lo único que puede hacer un presidente de la Corte como vocero es transmitir las conclusiones de las deliberaciones y lo que la Sala autoriza que sea público. De resto, todo lo que se diga son anécdotas y sobre ellas no hay que entrar a dialogar.

C.O.T.- ¿Cómo le parece la propuesta de presentar una reforma constitucional al Congreso el 20 de julio para que el Fiscal forme parte del Ejecutivo y sea subordinado del Jefe de Estado?

J.A.P.- Me parece inconveniente. Dadas las circunstancias por las que ha pasado el país en los últimos tiempos, como por ejemplo la llamada parapolítica; los funcionarios del Ejecutivo que están siendo investigados, e incluso las competencias que hoy mantiene la Fiscalía con el sistema anterior en las que tiene funciones jurisdiccionales, es indispensable que se mantenga la independencia del Fiscal frente al Gobierno.

C.O.T.- Otras elecciones han estado en discusión en la Sala Plena, por ejemplo, la de un magistrado de la Sala Laboral cuya plaza debe llenarse. ¿Por qué no se ha concretado esa nominación?

J.A.P.- Es el mismo fenómeno: ninguno de los candidatos ha obtenido los 16 votos reglamentarios, pero se seguirá votando hasta llegar a la elección, como sucede con todo tipo de elecciones en la Corte. Cuando la sala especializada entra a escoger a un compañero, son muchos los factores para tener en cuenta: destrezas, habilidades, perfil, el énfasis del ejercicio personal del aspirante, las necesidades de la Sala en determinados temas, enfoques, visiones, etc. Este ejercicio sí que es bien respetable porque existe la posibilidad de selección y porque el sistema, aunque es difícil, es muy confiable.

C.O.T.- No hay que olvidar otra elección importantísima que está pendiente: la de presidente en propiedad de la Corte. ¿Es cierto, como lo dijo El Espectador, que "un sector" de la Corte "criticó" su "prolongada" permanencia como presidente encargado?

J.A.P.- El reglamento de la Corporación prevé qué hacer para nombrar presidente en propiedad; mientras tanto, actúa un presidente encargado. Y eso se hace durante el tiempo que sea necesario.

C.O.T.- Permítame le insisto: ¿uno de sus colegas o varios, lo recriminaron porque usted ha ejercido durante muchos meses la presidencia o por ser simultáneamente candidato a la Presidencia en propiedad?

J.A.P.- Yo también le insisto. El período de presidente de la Corte, vicepresidente y dignatarios de las Salas especializadas es fijado normativamente. En el caso del presidente, el término de su período es la última semana de enero. En ese momento se toma la norma reglamentaria para proveer el cargo mientras se designa en propiedad; y así sucedió. Esa es la realidad y como la definición está en la norma, es ella la que impera. Así que el debate alrededor del tema es solo otra anécdota.

C.O.T.- En uno de sus comentarios contra el alto tribunal, el propio Presidente de la República usó el término "un sector de la Corte". ¿Cree usted que el Jefe de Estado usa ese término porque tiene conocimiento específico de las divisiones en el tribunal?

J.A.P.- Esa es una pregunta para el Jefe de Estado. Los magistrados de la Corte son independientes y autónomos en sus análisis y decisiones, como he dicho. Por ello se podría decir que hay 23 sectores, tantos cuantos magistrados componen la Corte.

C.O.T.- Al parecer una parte de la Corte ha sido seducida por el Gobierno. ¿Es posible que eso haya ocurrido en realidad?

J.A.P.- No tengo conocimiento sobre el asunto, pero ésa esa una hipótesis imposible.

C.O.T.- Sin embargo, hay algunos magistrados que tienen evidentes cercanías con el Gobierno. ¿Son ellos los que están presionando a los demás a elegir Fiscal, aunque a éstos no les satisfagan las condiciones de los aspirantes?

J.A.P.- Entiendo que la postura de cada uno de los magistrados se enmarca en su juicio y razón.

C.O.T.- A usted le correspondió investigar disciplinariamente al Procurador por el fallo que éste produjo respecto de las responsabilidades de varios altos funcionarios del Ejecutivo en el proceso conocido como la yidispolítica. ¿Qué tan adelantado está ese caso y cuándo entregará su proyecto de fallo?

J.A.P.- Ya se practicaron las pruebas decretadas y estamos preparando para la Sala Plena un proyecto de decisión para que lo considere en las próximas semanas.

C.O.T.- Se supo que la Sala Plena les aceptó impedimentos a varios magistrados. Y, en consecuencia, éstos no podrán participar en la discusión sobre el caso del Procurador. ¿Por qué se les aceptaron esos impedimentos?

J.A.P.- La Sala Plena los estudió y los aceptó por estar consagrados en la ley. Cada razón expresada por los miembros de la corporación, en todos los casos de impedimento, se definen por auto de Sala Plena y quedan consignados en un acta que es pública.

¿División por tres?

Aunque el magistrado Jaime Arrubla no admite abiertamente que exista división en la Corte Suprema, ya no hay dudas del fraccionamiento que la afecta. Un primer grupo de magistrados se caracteriza por recriminarles sus posiciones a sus colegas, a veces en términos muy agresivos. Busca presionar una rápida elección de Fiscal General y tiene predilección por un candidato de la terna. Algunos de los togados de este sector son cercanos al Gobierno y al procurador Ordóñez. Un segundo grupo vota por los dos candidatos restantes, pero es más tranquilo y menos activista que el primero. Y un tercer bloque compacto y silencioso vota en blanco porque, aunque acata la viabilidad decretada por el plenario para la terna, no considera que los aspirantes a Fiscal sean autónomos. Una demostración de que hay miembros de la Corte que son "amigos" de la Casa de Nariño pese a la distancia pública, sería el hecho de que dos magistrados fueron informados --en reserva-- sobre el decreto de conmoción interior que proyectaba el Presidente. Ellos habrían dado su concepto favorable a esa decisión. Entre tanto, la representante formal de la Corte en el Consejo de Política Criminal de la Administración, María del Rosario González, se pronunció en contra y conceptuó que era inconstitucional.

Magistrados impedidos

Como se sabe, el procurador Alejandro Ordóñez está siendo investigado disciplinariamente por la Corte Suprema, por el fallo que produjo absolviendo a ministros y consejeros presidenciales de haber participado en el escándalo de la yidispolítica, como se conoce a la operación de compra de votos en el Congreso para que se aprobara la primera reelección presidencial. La semana pasada se supo que la Sala Plena de la Corte Suprema aceptó los impedimentos que varios magistrados presentaron para participar en las discusiones sobre el caso del Procurador. Se declararon impedidos: el ex presidente de la Corte, César Julio Valencia, porque su abogado defensor se ha enfrentado jurídicamente a Ordóñez; la magistrada Ruth Marina Díaz se aparta del proceso por tener una estrecha amistad con el jefe del Ministerio Público. Alfredo Gómez Quintero declaró que tiene un hermano empleado desde hace muchos años en la Procuraduría. Lo mismo sucede con Yesid Ramírez, cuya esposa ha hecho su carrera, desde hace veinte años, en esa entidad. El hermano de Jorge Luis Quintero Milanés es procurador delegado nombrado por Ordóñez y gran amigo de éste. Y la esposa de José Leonidas Bustos fue nombrada hace poco por el investigado.

[Fuente: Por Cecilia Orozco Tascón, El Espectador, Bogotá, 04jul10]

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