Este documento ha sido publicado el 3sep02 por el Equipo Nizkor y Derechos Human Rights
EQUIPO NIZKOR |
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Abril de 2002
LA GUERRA:
SUSTENTO DEL DESARROLLO EN ANTIOQUIADerechos Humanos e impunidad
1998 - 2000Por el Colectivo de Derechos Humanos Semillas de Libertad - CODEHSEL.
1. LOS CAMPESINOS EXTERMINADOS O DESARRAIGADOS.
1.1 Las Víctimas
1.2 En el oriente antioqueño
1.2.1 San Carlos. su riqueza lo hace vulnerable
1.2.2 Otros municipios de la zona de embalses
1.2.3 La Autopista Medellín - Bogotá
1.2.4 Guarne, San Vicente, Concepción y Alejandría
1.2.5 Acciones directas de la fuerza pública1.3 En la región del suroeste antioqueño
1.3.1 Betulia y Urrao
1.3.2 Cercanías a Medellín
1.3.3 Niños "dados de baja en combate"1.4 Situación del Norte de Antioquia
1.4.1 Caso de Ituango: proyecciones económicas
1.4.1.1 Antecedentes del cercamiento del municipio
1.4.1.2 Continúan el éxodo y la muerte
1.4.1.3 Reflejos del proyecto hidroeléctrico Pescadero - Ituango1.5 El desplazamiento forzado. Efecto más inmediato de la guerra sucia
1.5.1 Realidad de la tragedia del desplazamiento forzoso en Antioquia
1.5.2 Sobre los asentamientos en Medellín y su área Metropolitana
1.5.3 Los responsables de la guerra contra los campesinos2. LOS OBREROS CATALIZADORES DE LAS PROTESTAS POPULARES
2.1 Resisten y persisten en la lucha contra el modelo neoliberal
2.2 La represión contra el sector sindical3. LA EDUCACIÓN EN ANTIOQUIA, UN DERECHO QUE SE LUCHA O QUE SE COMPRA
3.1 Sinopsis de un conflicto
3.2 La tenaza neoliberal y la reacción social
3.3 No cesa la vulneración de los derechos humanos en la U. de A.
3.3.1 Corporación Taliber
3.3.2 Los estudiantes
3.4 En la Universidad Nacional también se siente la manifestación
3.4.1 Al Politécnico Jaime Isaza Cadavid, lo defendieron de la corrupción y la privatización
3.4.2 Maestros: amenazados y asesinados, más grave si están sindicalizados.
3.5 Efectos sociales4. AGRAVAMIENTO DE LA SITUACIÓN DE LAS ORGANIZACIONES POLÍTICAS DE OPOSICIÓN Y LOS ORGANISMOS DE DERECHOS HUMANOS.
4.1 Quebrantamiento endémico de la democracia
4.2 Asedio contra los líderes cívicos y populares
4.3 Militantes de organizaciones políticas y reinsertados
4.4 Defensores de derechos humanos.5. CERCAMIENTO DE LA CIUDAD MEDELLÍN Y EL ÁREA METROPOLITANA.
5.1 Militarización y paramilitarización de los barrios6. EXIGENCIAS AL ESTADO COLOMBIANO.
Con este trabajo investigativo El Colectivo de Derechos Humanos Semillas de Libertad, (CODEHSEL) quiere contribuir a la recuperación de la memoria colectiva de los crímenes de lesa humanidad perpetrados en Antioquia, ejecutados sobre la concepción del enemigo interno, propia de la doctrina de la seguridad nacional, impulsada por el Estado Colombiano a través de instrumentos legales y militares, con el objetivo fundamental de apuntalar la guerra sucia y el terrorismo de Estado.
El informe es un esfuerzo humilde que queremos dar a conocer a las organizaciones sociales en nuestro medio, a las comunidades y personas que han sido afectadas por la secuencia sistemática de crímenes de lesa humanidad y a quienes han padecido los inexorables efectos que su ejecución conlleva. La finalidad principal radica en dejar la huella de la memoria que el aparato estatal quiere desconocer. El silenciamiento de lo que viene ocurriendo se va tornando en una constante, las víctimas cada vez tienen menos posibilidades de hablar, de informar, de decir la verdad de lo que les ocurre y el porqué.
Somos concientes de no contar con toda la información que evidenciarla en su plenitud la estrategia de terror impuesta en Antioquia; hay zonas del departamento donde el control militar y paramilitar impide que fluya la comunicación y se dé a conocer la magnitud de la tragedia. Sólo salen a la luz pública algunos casos que por el número plural de víctimas son inocultables o aquellos que se refieren al accionar de los grupos insurgentes.
El resultado de este ejercicio investigativo permite reafirmarse en una de las teorías sostenida por las organizaciones de Derechos Humanos que conforman a CODEHSEL, en tanto que, el trazado de la guerra sucia en Antioquia, no es un asunto eminentemente local o regional y por períodos de tiempo limitados, o concordantes con la designación de tal o cual gobernante. Definitivamente Este va más allá y se extiende al diseño de la política global de seguridad nacional, y porqué no decirlo, de seguridad Andina, el cual se ha ido consolidando en la medida en que se generaliza la militarización y la unificación del proyecto paramilitar a nivel nacional.
El periodo de gobierno de Álvaro Uribe Vélez no se podrá olvidar entre los antioqueños, la exacerbación de la agresión contra la población inerme, el despunte del fenómeno del desplazamiento forzado de miles de campesinos, el auge del paramilitarismo y su defensa acérrima por las asociaciones de vigilancia rural (CONVIVIR) lo hacen particularmente violento. Sin embargo, la administración de Alberto Builes Ortega, no deja de repetir la misma secuencia anterior, con el agravante de que en su trienio se da una mayor consolidación de la estrategia paramilitar, que en últimas, intenta favorecer la imagen de la fuerza pública y radicar el conflicto armado entre los paramilitares y la insurgencia.
La situación de los campesinos continuo deteriorándose por el impulso del desplazamiento forzado, y detrás de éste, por el encadenamiento con la proyección y ejecución de megaproyectos de interés para el capital nacional e internacional, o de los denominados planes de desarrollo regional. La causa primaria de los éxodos de los labriegos la hicieron derivar en la secuencia de masacres, asesinatos y desapariciones forzadas a las que fueron sometidos bajo el pretexto de ser auxiliadores o colaboradores de los grupos guerrilleros.
El abandono por parte del Estado a la actividad agropecuaria desde la perspectiva de la defensa de la seguridad alimentaria y el respeto y garantía de los derechos de los labriegos, ha venido acampanada de una estrategia del terror dirigida a exterminarlos en sus propias tierras o a provocar su desplazamiento masivo y forzado.
La situación de los obreros no fue distinta ni mejor. La aplicación de las medidas neoliberales por parte del gobierno y el legislativo desencadenó la expresión de innumerables marchas, huelgas, paros del sector sindical. Las protestas fueron sofocadas a través de medidas represivas adoptadas por el ente municipal, donde el accionar de la policía se caracterizó por el uso desmedido, desproporcionado y arbitrario de la fuerza.
Además de lo anterior, se constata que los trabajadores siguen siendo en todo el país, y en Antioquia particularmente, uno de los sectores sociales más golpeado por el accionar de los grupos paramilitares, tal como lo afirmó la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de Naciones Unidas.
La actividad de los maestros y las jornadas de protesta estudiantiles marcaron otro de los capítulos de la represión en Antioquia y de victimización de los líderes y promotores. La Policía Metropolitana, especialmente a cargo del General Luis Alberto Rodríguez fue el actor preponderante que dirige la implementación de las medidas coercitivas.
Se suma a lo anterior, la libertad de expresión y de acción que se le garantizó al jefe paramilitar Carlos Castaño Gil para introducir sus prácticas criminales e intimidatorias al interior de las Universidades públicas, precisamente, en los momentos en que se debatían posiciones divergentes en torno al futuro de la Universidad y de la educación pública en general.
También se destacó como sintomático, pero "común" con la práctica histórica de la democracia colombiana, la continuidad de los ataques contra líderes sociales, populares y defensores de derechos humanos, que marcan la huella de la exclusión generalizada de todo aquel que exprese su divergencia con el actual sistema económico y político.
Los barrios que bordean a la ciudad de Medellín fueron conformados a partir de las luchas de los destechados y desplazados y eso mismo los ha convertido en otro escenario de la guerra promovida contra sus habitantes y líderes naturales. La expansión de la ciudad, en las condiciones de marginalidad no es asunto que agrade a quienes mantienen el poder local. Sus viviendas y sus gentes no favorecen la idea de la urbe primaveral y de promoción del comercio y el turismo nacional e internacional. La vía represiva, se ha convertido en la salida adoptada para re-desplazar a sus moradores y definir un futuro precario para los marginados y excluidos de la ciudad .
Como se advierte, se trata de reflejar de manera un poco más detallada la problemática que rodea a los campesinos, trabajadores, estudiantes, maestros, líderes sociales y populares, defensores de derechos humanos y la tragedia que día a día viven los habitantes marginados y excluidos de la ciudad. Pero también existe interés por develar algunos de los procedimientos de que se valen quienes despliegan las estrategias de terror y miedo y que finalmente les permite acceder a la concentración de la tenencia de la tierra, a la adecuación de los planes de desarrollo, a la imposición de las directrices emanadas de los organismos multilaterales, a excluir a quienes exponen un pensamiento político divergente y a moldear una sociedad conforme a sus parámetros y reglas, introyectadas bajo la fuerza y la presión.
Pero también, y esto es lo más destacable, anima el hecho de que a pesar de lo anterior existen y persisten una serie de organizaciones sociales que caminan día a día en la dirección de la transformación de estructuras que vulneran la dignidad humana y los derechos de los hombres y que sostienen entre sus reivindicaciones permanentes la defensa de los desafíos de la verdad, la justicia y la reparación integral a las víctimas de crímenes de lesa humanidad.
1. Los campesinos exterminados o desarraigados (desterrados).
En los últimos trece años han crecido las grandes propiedades; por las encuestas agropecuarias en 1988 el 2.5% de la tierra estaba cultivada. Es decir, de cada 100 hectáreas que hay en un latifundio sólo estaban sembradas 2.5 hectáreas, en el año de 1996 había bajado a 1.5 hectárea cultivada. Actualmente un 42% de la tierra en el país hace parte de fincas de 500 hectáreas.
La acumulación de la tierra se favorece a través del impulso del desplazamiento forzado de los campesinos pequeños y medíanos propietarios. Los megaproyectos también coinciden de manera bien particular con zonas donde se han aniquilado comunidades campesinas (llámese también indígenas y/o negritudes). Departamentos como el Chocó y Antioquia, que se proyectan internacionalmente, han sufrido un baño de sangre por el simple hecho de estar en zonas de interés para centrales hidroeléctricas, el canal interoceánico, la explotación de petroleo, minerales preciosos y radioactivos; la conexión entre Urabá y Maracaibo y en general, la red de comunicación entre Antioquia y Venezuela.
A lo anterior hay que agregar el devastador saqueo genético patentado por los laboratorios multinacionales, que no satisfechos aún, pretenden crear la dependencia agroalimentaria jamás antes pensada por sociedad alguna, no importando el riesgo que pueda correr la humanidad. También el modelo de desarrollo capitalista sostenido por la concepción neoliberal, pretende disminuir los escasos apoyos que el Estado brinda al campesino, empeorando el problema agrario, en especial para el pequeño y mediano productor.
La apertura económica ha generado el aumento de las importaciones de alimento en un 75%, es decir más de 5 millones de toneladas y cerca de dos millones de dólares, produciendo una drástica reducción del área sembrada especialmente de cereales y ampliando la utilización de tierras para la ganadería extensiva, situación que conlleva al desempleo rural. Produce igualmente atraso en el sistema productivo de los pequeños y medíanos productores a causa de la falta de incentivos por parte del gobierno colombiano (insumos, créditos, mercadeo) y consecuencialmente el incremento de la pobreza y deterioro de la calidad de vida de las familias campesinas generando migraciones a las ciudades en busca de mejores oportunidades.
La privatización y el desmonte de instituciones del Estado relacionadas con el sector agropecuario como el INCORA, SENA, Caja Agraria, entre otras son, algunas de las medidas adoptadas para dar aplicación a las políticas neoliberales, sumado al apropiamiento de las mejores tierras con el auspicio de los narcotraficantes, terratenientes, ganaderos y los megaproyectos diseñados para zonas de raigambre campesino.
1.1. Las Víctimas
La mayoría de las víctimas de crímenes de lesa humanidad en Antioquia son esencialmente personas dedicadas a las labores del campo, algunos presidentes de Juntas de Acción Comunal, líderes cívicos y pequeños comerciantes que por estar en zonas con proyecciones económicas por su riqueza natural, de interés para terratenientes y empresas multinacionales o desarrollo de la agroindustria y megaproyectos, así como por habitar zonas de tránsito o presencia de organizaciones insurgentes, se aplica de manara literal la doctrina de la Seguridad Nacional, que asimila a la población como parte del enemigo interno al que hay que exterminar.
Como resultado de estos crímenes perpetrados por el Estado a través de sus fuerzas regulares o irregulares contra el sector campesino, en Antioquia, entre los años 1998 y 2000 fueron víctimas 774 personas. De ellas 664 murieron en 139 masacres, 67 fueron desaparecidas, 30 fueron heridas y 13 fueron asesinadas selectivamente, según datos recogidos a través de las acciones urgentes presentadas por Codehsel, periódicos regionales El Colombiano, El Mundo y datos suministrados por la Defensoría del Pueblo.
Aparte de esta cantidad de víctimas se tiene que 17.955 personas fueron desplazadas forzadamente de sus tierras en las diferentes regiones de Antioquia. Las regiones más afectadas en su orden han sido: el Oriente (9.100), Suroeste (4.830), Norte (1.600), Occidente (1.125), Urabá (700) y el Magdalena Medio (600). Esto sin contar las familias que han abandonado sus tierras en un desplazamiento silencioso sin que denuncien su caso ante cualquier ente gubernamental, así como en regiones, donde el nivel de control militar y paramilitar no permite hacerle un registro ni seguimiento a los hechos, como sucede en el Nordeste Antioqueño.
Analizaremos separadamente tres subregiones del departamento de Antioquia, que en el trienio que nos ocupa, han sido duramente golpeadas por la estrategia del terror implementada de manera articulada y sistemática y desde donde es aún posible la información pueda fluir.
1.2. En el Oriente de Antioquia
Esta es una de las regiones más ricas y prosperas del departamento, donde los proyectos industriales, hidroeléctricos y turísticos han causado intensos programas de desplazamiento campesino de manera violenta, llevando a centenares de familias a vender o perder sus tierras en beneficio de capitalistas oficiales o privados. Este fenómeno se ha acrecentado en los municipios de El Peñol, Guatapé, San Rafael, Cocorná, San Luis, Granada, y especialmente en San Carlos, donde la apetencia radica en la producción de energía, pues está ubicado en la zona de los embalses que produce cerca del 30% de la energía del país y es un corredor natural y estratégico entre el Oriente, el Nordeste y el Magdalena Medio antioqueños. En este último municipio se ha agudizado la violencia en contra de los campesinos y líderes cívicos.
1.2.1 San Carlos. Su riqueza lo hace vulnerable
En 1998 se registraron varias masacres por parte de grupos paramilitares que se hacían llamar las Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá (ACCU), las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), o el Bloque Metro de las Autodefensas. Una de ellas ocurrió el 24 de marzo en el corregimiento de El Jordán donde perdieron la vida cinco personas, entre ellas la profesora Rosmira Jiménez.
La incursión paramilitar sucedió luego de la presencia que hicieron en el lugar efectivos del Ejército nacional el día 19 de marzo, practicando una serie de allanamientos a varias viviendas del lugar; por donde penetraron y salieron los agresores se encuentran acantonadas las bases militares de Jaguas y Juanes, esta última localizada a escasos 15 minutos por vía terrestre al Jordán.
Otra masacre sucedió entre el 24 y 25 de octubre de 1998 donde fueron víctimas Raúl Abad Arias Acevedo, Carlos Antonio Arias Serna, Jesús María Urrego, Manuel Eduardo Salazar, Jaime Alberto Botero, Jesús María Cano, Mariano Bedoya Jorge Guzmán, María Rocío Giraldo y fueron lanzados a una de las represas, Victor Velásquez dirigente cívico y Libardo Duque, celador del hospital local.
Toda la población parecía saber lo que ocurría salvo la Policía Nacional, único cuerpo de seguridad que custodiaba la localidad, ya que el Ejército se había retirado 40 horas antes hacia una zona cercana, y paradójicamente ubicada en el mismo sentido por donde ingresaron los paramilitares. Estos se movilizaban en volquetas que no fueron detectados por varios puestos de control que habían en el trayecto. Cuando culminó el asalto, varios de esos vehículos pasaron sin ser vistos a escasos metros de la entrada a la base militar del Batallón Barbacoas en Juanes.
En San Carlos, en el año 1999 también fueron asesinadas más de 40 personas. En el 2000 la arremetida contra la población no cesó, no obstante encontrarse altamente militarizada la localidad.
Una característica del accionar de los grupos paramilitares en el municipio de San Carlos radica en su asentamiento permanente en el Corregimiento de El Jordán, área hidroeléctrica del municipio, y paso obligado para la región del Magdalena Medio y los municipios de Santo Domingo y San Roque, este último epicentro de las CONVIVIR desde 1995. Además por ser una zona rica en producción de energía concentra un alto número de efectivos militares, a cargo del Batallón Héroes de Barbacoas, creado en el mes de mayo de 1995, durante la Administración de Álvaro Uribe Vélez como Gobernador del Departamento.
El establecimiento de los paramilitares en un lugar fijo, les ha permitido ejercer control sobre la población, valiéndose para ello de la ejecución de bárbaras modalidades del terror, varias de las cuales han sido la masacre indiscriminada de campesinos y el asesinato selectivo de los líderes comunitarios y de quienes han promovido proyectos políticos alternativos.
La posibilidad de actuar sin restricción por parte de las fuerzas irregulares del Estado se evidencia en hechos como los ocurridos durante los días 18 al 20 de junio de 1999 actuando simultáneamente en diferentes veredas del municipio de San Carlos. El recorrido lo iniciaron en la noche del 17, en el corregimiento El Jordán, donde asesinaron a dos personas, luego regresaron y asesinaron a dos campesinos más. En la vereda La Holanda, sacaron de las casas a 4 labriegos y los asesinaron en el acto. En la vereda Santa Isabel, fueron retenidas varias personas y luego fueron encontrados 4 cadáveres. Las víctimas respondían a los nombres de Fabián López, Alexander López, Alberto León López, Ángel René Cárdenas Naranjo, Carlos Manuel Ciro Giraldo, Pablo Emilio Colorado Zuluaga, José Alberto Daza González, Libardo Antonio Naranjo Franco, Tulio Adán Cuervo García, Alcibiades Cuervo Calderón, José Darío Cuervo Calderón, Amado de Jesús Giraldo.
Dos meses después, el 12 de agosto de 1999 otro ataque de los paramilitares a la población inerme dejó cuatro muertos en la zona urbana del municipio de San Carlos. El hecho comenzó hacia las 4:00 p.m. cuando los habitantes que participaban en las fiestas del agua se percataron de la llegada de un comando de estos, luego se escuchó durante medía hora una fuerte balacera. Al día siguiente se encontraron los cuerpos de Alberto Onofre Londoño, Rodolfo Sepúlveda Botero, Jaime Alcides Hernández Cuervo y Luis Clavel Giraldo Alzate.
El 8 de agosto de 1999, es decir, cuatro días antes, la Dirección Nacional de la Policía había ordenado el retiro de los uniformados, argumentando falta de garantías para el cumplimiento de sus funciones. El 11 de septiembre se ordenó el regreso de la policía, extrañamente, sin que se modificara la situación de seguridad para los integrantes de esa institución.
Entre el 27 y 28 de noviembre de ese mismo año, fueron asesinados en la misma vereda la Holanda: Víctor Manuel Urrea Gaviria, Alcides de Jesús Arias Henao y Fabio Hernando Monsalve León a quienes acusaban de ser auxiliadores o colaboradores de la insurgencia.
Llama la atención en el municipio de San Carlos la capacidad operativa y logística del grupo paramilitar que allí opera, dado que está compuesto por un alto número de personas que en ocasiones realizan sus acciones en grupos de hasta 200 hombres, como se ha dejado constancia en varias masacres tanto en el área rural como en la urbana, con la, de que casi siempre en esta última, los días previos a la incursión ha sido retirada de la localidad la Fuerza Pública, llámese Policía o Ejército. Cabe anotar que el número de pie de fuerza pública oscila entre 4.000 y 5.000 hombres que permanentemente despliegan bastos operativos militares, ninguno de los cuales se proyecta contra los grupos paramilitares.
Los habitantes de San Carlos mediante cabildos, marchas, cartas, pronunciamientos por los medios de comunicación, han solicitado el apoyo de las autoridades nacionales y departamentales, sin embargo se han sentido abandonados .Estamos solos. Cuando ocurrió la masacre paramilitar de 4 personas, el pasado 12 de agosto, 5 días antes la Policía se había retirado del pueblo y sin razones aparentes para que ello ocurriera, denunció al diario El Colombiano los habitantes de la localidad a finales de septiembre. (1)
El 9 de diciembre de 1999, en zona urbana de este municipio, incursión un grupo de las Autodefensas Unidas de Colombia y asesinó a cinco personas sindicándolas de ser presuntos colaboradores de la guerrilla. Las víctimas fueron Jorge Ciro Arias, Fabio Suárez, Francisco Javier Ciro Arias, Jairo NN y Oliverio Usme, actuando en similar forma a los hechos ocurridos el 25 de octubre de 1998 cuando unos 100 hombres armados entraron al poblado y, lista en mano, asesinaron a 12 personas.
En esa oportunidad un grupo de hombres armados llegó al barrio Zulia, reunió a varias personas y de ellas sacó a tres y las asesinó en el acto, dos más que pretendieron recoger los cadáveres fueron también acribilladas.
Como a las 9:00 de la noche llegaron varios hombres uniformados y reunieron a toda la gente que a esa hora estaba jugando en la cancha de baloncesto. Los hicieron tirar al piso, sin importar que hubiera niños ahí, y de las casas también sacaron a varios adultos, relata una vecina del lugar.
Según la testigo, luego los hicieron parar y, con las manos en la nuca caminaron varias cuadras, hasta la salida del barrio, sin decirles nada, sin identificarse, aunque quejándose de haber caminado dos días, allí, un encapuchado señaló a Fabio Suárez, Jaime Sánchez y a Oliverio Usme y los separaron del grupo, al resto de personas las hicieron correr a punta de tiros. Cuando salimos a mirar, estaban los 3 cuerpos en el suelo, sin vida. Pero la matanza no paró ahí. La esposa de uno de los muertos llamó a Jorge Ciro, un tío, para que recogieran los cuerpos, pero los hombres armados y vestidos de camuflado estaban cerca. Apenas aparecieron los detuvieron y, sin mediar palabra los asesinaron, cuentan otros testigos, quienes manifestaron que las 5 personas muertas eran conocidas de la comunidad, solidarios y colaboradores. (2)
Estos asesinatos se suman a 6 más, todos ellos campesinos quienes fueron sacados de sus casas en las veredas La Esperanza y Buenos Aires y arrojados a las aguas de la represa de San Carlos. Los hechos acaecidos han provocado un Éxodo silencioso de campesinos y pobladores, aun sin cuantificar, que están abandonando el campo y la zona urbana. El hecho ocurrió el día 16 de diciembre a las 6:30 de la mañana cuando un grupo de hombres vistiendo ropa de civil y botas militares, y portando armas cortas, se hicieron presente en la vereda La Esperanza del municipio donde procedieron a retener y a amarrar a ocho personas que se encontraban laborando en la producción de panela, como miembros de una asociación campesina existente en la zona. Posteriormente, luego de tenderlos en el piso, dispararon sobre siete de ellos, asesinando a los hermanos MAURO y YAMIL ZAPATA (este último menor de edad), WILSON y JAIME GIRALDO y a ALBEIRO ALZATE y ORLANDO DAZA, dejando herido a HORACIO ALZATE. En el grupo de personas se encontraba un menor a quien decidieron dejar con vida ordenándole que avisara a la comunidad que debían abandonar la vereda.
Ante la crudeza y sistemática comisión de crímenes en el municipio de San Carlos, la vereda La María fue desocupada. parcialmente desalojadas se encuentran las veredas La Cabaña, La Esperanza, Buenos Aires, La Pradera, Pio XII, Patio Bonito, San Blas, La Holanda, San Miguel y Santa Rita. De todas estas veredas sólo se han reportado 22 familias. Las demás se han desplazado hacia pueblos vecinos, Medellín y otras ciudades del país, pues consideran que el casco urbano de San Carlos no representa ninguna seguridad. (3)
Para el año 2000, en el primer trimestre, las estadísticas de la violencia en San Carlos reflejaron el incremento de las muertes que ascendían a 21, cifra que es la más alta comparados los primeros trimestres de los últimos 4 años, según datos oficiales. Los informes incluyen 3 casos de muertes colectivas, que en total dejaron 11 víctimas, 8 de ellas atribuidas a las Autodefensas Unidas de Colombia, de acuerdo con investigaciones de organismos judiciales.
En marzo de 2000 el Bloque Metro de las Autodefensas Unidas de Colombia, manifestó tener la intención de 'desalojar' a la guerrilla del Oriente antioqueño para llegar, desde el Nordeste y el Magdalena Medio, por lo menos, hasta la autopista Medellín Bogotá incluyendo el casco urbano de San Carlos" (4), cuyos habitantes mencionó 'viven intimidados y actúan bajo presión de la subversión'.
El jefe de las Autodefensas Unidas de Colombia, reconoció que han citado a muchas personas al corregimiento de El Jordán, a vendedores de carne, tenderos, transportadores, educadores y concejales. Lo anterior confirma que su asentamiento en la región no es reciente y que desde tiempo atrás vienen instalados en ese lugar, de amplia presencia militar en razón de ser una zona de influencia de las represas hidráulicas.
De otro lado, llama la atención el señalamiento que este individuo hizo de los habitantes del municipio, ya que cuando Álvaro Uribe Vélez fue gobernador de Antioquia, esgrimió esta misma circunstancia para promover la instalación de una Jefatura militar.
En el informe de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, al respecto, manifestó que en el mes de mayo (refiriéndose al 2000), la Oficina informó a las autoridades de otra base en el Jordán, municipio de San Carlos (Antioquia). Los batallones de Contraguerrilla No. 4 Granaderos, Nro. 42 Héroes de Barbacoas, están acantonados a 20 minutos del lugar. Los paramilitares permanecieron en todos los sitios observados a lo largo del año y cometieron homicidios y masacres en los cascos urbanos y en las áreas rurales de dichas poblaciones. (5)
Cabe destacar que las acciones, la modalidad de los crímenes, el modus operandi y la calidad de las víctimas dan clara cuenta que la agresión de los paramilitares no está dirigida contra la insurgencia que opera en la región, sino directamente contra la población inerme y sin capacidad de defenderse.
El 6 de abril del 2000, siendo aproximadamente 5:30 de la mañana un grupo de hombres fuertemente armados, ingresó al corregimiento de Saman del Norte perteneciente al municipio de San Carlos, obligando a salir a toda la población al parque central, donde luego de obligar a una persona que llevaban encapuchada a señalar a varias integrantes de la comunidad, procedieron a dar muerte a los señores Belarmino de Jesús Guarín Morales (líder comunitario de la Acción comunal de Saman), Antonio Montoya Echeverri, Isabel de Jesús Henao Ramírez, María Belén Jurado Hidalgo y Eliecer Herrera. La población atemorizada por este hecho violento se vio obligada a desplazarse hacia el municipio de San Carlos.
Cabe destacar que el corregimiento de Saman del Norte se encuentra ubicado muy próximo a la población de El Jordán, donde en repetidas ocasiones las organizaciones sociales y de Derechos Humanos nacionales han denunciado la existencia de una base permanente de los grupos paramilitares, desde donde realizan sus acciones violentas en contra de la población de esta golpeada región, sin que las autoridades, a pesar de la fuerte presencia militar, tomen las medidas para brindar protección y combatir el accionar violento de estas organizaciones.
El 17 de febrero de ese año, los paramilitares citaron a los presidentes de las Juntas de Acción Comunal de las veredas El Prado, Las Palmas y Mira Flores del corregimiento de Saman del Norte para que se desplazaran a dialogar con ellos a la base que tienen instalada en El Jordán, una vez allí les ordenaron desocupar sus territorios, lo que motivo el desplazamiento masivo de aproximadamente 47 familias hacia el casco urbano del municipio y de Medellín.
La secuencia de asesinatos y masacres en el municipio de San Carlos no ha cesado, muy por el contrario, día a día se acercan los paramilitares al dominio y control del casco urbano, a donde cometen asesinatos selectivos que en muchas ocasiones no se informan públicamente y que obligan a los familiares de las víctimas a abandonar silenciosamente el municipio.
El 15 de abril de 2000 integrantes del llamado bloque Metro realizaron otra masacre en la Vereda Santa Inés. En la acción, asesinaron a los conductores de chivas Gustavo Loaiza Ceballos y Enrique de Jesús Vallejo Echevarria, así como al ayudante, Abelardo López Salazar. Después de confrontar sus cédulas se llevaron a 13 personas que se movilizaban en tres carros escalera, 10 de ellas identificadas como Pablo Emilio Martínez Santillana, Carlos Mario Vallejo Valencia, Eider Alberto Arias Ramírez, José Mejía García, Francisco Luis Moreno Salazar, Humberto Noreña Ramírez, Henry Enrique Vallejo Valencia, Miguel Ángel Arango Mora, Héctor Rendón Rendón, todos estos posteriormente aparecieron asesinados y Cristóbal García, aún continúa desaparecido.
1.2.2 Otros municipios de la Zona de embalses:
En el corredor que cubre la zona de embalses se encuentran además de San Carlos, los municipios de El Peñol, Guatapé y San Rafael, tal como lo manifestamos, de vasta riqueza para quienes generan y comercializan la energía, así como para el turismo, predominante en el Proyecto Aguas diseñado por Cornare. Estas aplicaciones del uso del suelo han llevado a que se altere ostensiblemente la actividad económica de esta subzona, en tanto se busca potenciarla únicamente en ese aspecto. Para esos propósitos destinan un gran porcentaje de tierra apta para la agricultura de la que subsisten los campesinos, para la protección y conservación de las cuencas hidrográficas y con ello hacer más durable la vida útil de los embalses.
El 23 de marzo 2000, en el Peñol cinco personas muertas dejaron una incursión paramilitar quienes se transportaban en una camioneta y llegaron a los barrios Florito y Zona 1 a donde cometieron la masacre.
Los paramilitares hicieron el 28 de junio de 2000 un sanguinario recorrido por las veredas El Topacio, Puente de Tierra, San Julián, El Gólgota y Aguabonita del municipio de San Rafael, asesinando a los campesinos Julio Jaime Colorado de 59 años; Juan Crisóstomo Colorado Rojas, de 72, y Manuel Salvador Daza, de 73 años, Wilmar Blandón, de 19 años, a Luz Amanda Hernández Parra, de 49 años, Luis Humberto Morales Zuluaga y John Edison Blandón, de 26 años.
Entre los días 20 y 25 de junio, según datos oficiales se habían realizado 12 necropsias de personas asesinadas tanto en el casco urbano como en el área rural del municipio de San Rafael. En la madrugada del 18 de marzo los paramilitares asesinaron en el basurero de la población a los hermanos José Alirio y Guillermo Zuluaga Zuluaga y a Otoniel de Jesús Salazar, a quienes sacaron del casco urbano. Ese mismo día en la vereda el Diamante ultimaron a Wilmar Eusebio Blandón y, entre el domingo 19 y el lunes 20 de junio dieron muerte a Luis Humberto Morales, José Edison y Manuel Blandón.
En Guatape el 9 de agosto de 2.000, en la vereda Santa Rita fue asesinado Jesús Alberto Barrera, agricultor de 26 años; en la vereda el Roble a Luis Evelio Galeano Giraldo, de 65 años, y en el sitio denominado el Aeropuerto a José Alberto Días Atehortúa.
El 9 de octubre de ese mismo año, en San Rafael, Vereda La Rápida, fueron asesinados los campesinos Jairo Morales Correa, de 31 años; José Aparicio Marín Naranjo, de 35, y los hermanos Bernardo y Carlos Augusto Hernández.
1.2.3. Autopista Medellín Bogotá
A través de un comunicado emitido el 1 de abril de 2.000 por las Autodefensas del Magdalena Medio a los campesinos de las veredas El Vihao, San Lorenzo, San Vicente, San José, El Tesoro, Las Mercedes, El Silencio, La Piñuela, El Cruce, y La Granja del municipio de Cocorná y El Cruce y La Josefina, La Linda, La Garrucha, La Tebaida, Monteloro, Vallesol, Santa Rosa, Palestina y La Iberia, de San Luis, los amenazaron y obligaron a abandonar sus parcelas y huir hacia los cascos urbanos de esas dos poblaciones del oriente antioqueño.
En el panfleto, se les fijó el plazo del sábado primero de abril, a las 6:00 de la mañana, para salir de esas tierras y en El se agregaba "(...) Seguiremos golpeando fuertemente en la zona comprendida entre la entrada para el corregimiento de Aquitania hasta el alto del Santuario, en un corredor de un kilómetro lado y lado de la Autopista, zona esta donde tienen sus guaridas (...) los guerrilleros y sus informantes". (6)
Sin embargo, tal como lo reconocen los mismos afectados, los únicos que transitan la vía son los soldados de la Fuerza de Tarea Cóndor que vigilan puntos como La Piñuela y La Mañosa, donde se encuentra instalada una base Militar desde finales de los ochenta a cargo del Batallón Pedro Nel Ospina, y desde 1.996 ampliada con personal del Batallón Héroes de Barbacoas y que cubren la misma jurisdicción de las veredas cuyo desplazamiento exigían los paramilitares. Situación que merece la atención en la medida en que son precisamente las reas circundantes de ese control las que resulten amenazadas por la acción de los paramilitares.
De acuerdo con un informe que entregó la Gobernación de Antioquia a los medios del comunicación, en total hubo 1.038 familias desplazadas en 7 municipios del Oriente antioqueño, 465 corresponden a Cocorn, 260 a El Santuario, 120 a San Luis, 100 a San Francisco, 50 a Rionegro, 20 a Marinilla y 23 a El Carmen de Viboral, para un total de 5.190 personas afectadas. No obstante, que los alcaldes, dieron a conocer otros datos estadísticos que confirmaron nuevos desplazados en el mes de abril de 2000, ascendiendo la cifra a un promedio de 6.000 personas afectadas por este fenómeno. (7)
Tres meses después de iniciado el Éxodo campesino, mediante otro comunicado suscrito por el comandante Ramón Isaza, a nombre de las Autodefensas Unidas del Magdalena Medio, emplazó a residentes y negociantes desplazados de la Autopista Medellín- Bogotá para regresar a las tierras sin problema alguno, reiterando la acusación que se cernía contra ellos de colaborar, gustosamente o forzados con las acciones guerrilleras o de delincuentes comunes, y condicionando el retorno bajo la amenaza de que no vuelvan a ocurrir actos terroristas en la zona, ya que si se presentan, asesinaran a varias personas y forzarán a un desplazamiento definitivo.
Según denuncia de la Diócesis Sonsón- Rionegro y la Corporación Vida, Justicia y Paz, en el oriente se viene presentando una masacre silenciosa de campesinos. Las Autodefensas están ejerciendo un bloqueo en los puntos de acceso al corregimiento de Aquitania, en San Francisco. De acuerdo con las versiones de algunos campesinos, la presión impide el ingreso de vehículos con vivieres, situación que comenzó a generar el desabastecimiento de alimentos entre la población. De manera enfática, rechazó "los asesinatos que se vienen dando con una crueldad inhumana en la zona de la Autopista Medellín- Bogotá y en los municipios aledaños como Granada, Marinilla, El Santuario, Cocorná, San Luis, San Carlos, San Rafael, San Vicente, Abejorral y otros". La Diócesis rechazó la lenta masacre de campesinos que se suman ya a un número elevado de muertes por una escandalosa impunidad". (8)
El fin de semana del 7 y 8 de octubre de 2000 once muertos dejó una escalada violenta que se registró en el Oriente antioqueño en hechos ocurridos en los municipios de San Rafael, San Carlos y El Santuario.
Un comando de las Autodefensas asesinó a tiros a los hermanos Carlos Augusto y Bernardo Alberto Hernández Cuervo, lo mismo que a Jairo Morales Correa y a José Aparicio Marín. Horas antes y en otro sitio de San Rafael, otro grupo armado, al parecer de las Autodefensas, dio muerte con arma de fuego a los mineros Ramiro Marín Parra y Jairo de Jesús Suárez. Por otro lado en San Carlos fueron asesinados, por paramilitares Basilio Salazar cuyo cadáver baleado fue encontrado en el sitio Las Vegas, Fabio López, José Arístides Herrera y un hombre de quien solo se sabe que se llama Rodrigo. En El Santuario fue asesinado de manera violenta, por presuntos miembros de las Autodefensas, Andrés Zuluaga Salazar, de 19 años.
Por segunda vez, las Autodefensas Campesinas del Magdalena Medio obligaron el 12 de diciembre de 2000 a los habitantes de las veredas y corregimientos aledaños a la autopista Medellín-Bogotá a desalojar sus viviendas, en un plazo de 48 horas, bajo la amenaza de que quien incumpliera debía someterse a 'una acción drástica', afectando a quienes residen entre Río Claro y Alto Bonito. Y agregó que extenderían un cerco sobre el corregimiento de Aquitania, al considerarlo como la ruta de abastecimiento para los guerrilleros del ELN, población que desde el mes de octubre venía denunciado varias agresiones que incluían la prohibición de ingresar alimentos y vivieres.
En ese mismo tiempo, por la presión de un Paro Armado efectuado por guerrilleros del E.L.N se convocó una comisión de verificación conformada por la Defensoría del Pueblo, la Comisión facilitadora de Paz y el asesor de Paz de la Gobernación de Antioquia a fin de constatar las denuncias de los labriegos, hecho que no evitó que se continuara la afectación de la población.
1.2.4 Guarne, San Vicente, Concepción y Alejandría:
El corredor Guarne, San Vicente, Concepción y Alejandría en el oriente antioqueño, ha sido influenciado por el proyecto paramilitar que procede desde Santo Domingo en el Nordeste del Departamento. Así mismo es otra zona del departamento altamente militarizada. Por el norte con la presencia del Batallón de Ingenieros Pedro Nel Ospina y por otro lado por la acción del Batallón Juan del Corral acantonado sobre la Autopista Medellín Bogotá, en inmediaciones del municipio de Rionegro, el cual fue creado en 1995.
Este corredor tiene una gran importancia en el terreno industrial y energético. Hacia Guarne se desarrolla la industria que ha venido siendo movida desde Medellín y los restantes municipios son abastecedores de agua para las represas allí instaladas, proyectándose la región como zona turística por la belleza y exuberancia de sus paisajes apta para las fincas de recreo y causa de desplazamiento de mano de obra campesina.
En San Vicente, el 8 de enero de 1999, un grupo al parecer de las AUC llegó a las veredas Las Cruces, donde asesinó a 2 hermanos, así como a otra persona. Luego siguió a la vereda La Enea dando muerte a otro campesino. Las víctimas respondían a los nombres de Mauricio y Luis Alonso Sánchez Tobón, Guillermo Alonso Hurtado Cardona, Luis Fernando Rivera Carvajal. En Guarne, el 14 de abril 1999, miembros de las ACCU asesinaron a 3 campesinos en la vereda La Clara. Los paramilitares sacaron a las víctimas de sus casas para luego ejecutarlas y abandonar sus cadáveres en un sitio despoblado ubicado a kilómetro y medio del lugar. Las personas asesinadas se llamaban Nelson de Jesús Hincapié Hurtado, Jaime Ortiz Flores, Ramiro de Jesús Flores Ortiz. El 9 de mayo de 1999 en Concepción, un grupo perteneciente a las Autodefensas ingresó al matadero municipal, asesinó a José Norberto Delgado Henao, luego se desplazó a la vereda Santa Gertrudis y asesinó a José Raúl Orrego Franco, José Bernardo Valencia Arango. El 12 de mayo en Alejandría los paramilitares irrumpieron en zona urbana y tras derribar las puertas de varias viviendas, sacaron a la fuerza a 7 personas, a quienes obligaron a desvestirse y las separaron en dos grupos. Unos fueron ejecutados en el sitio Vega del Río Nare y a las otras en la vía que de Alejandría conduce al municipio de Concepción. Las víctimas fueron Saúl Vargas, Iván García Restrepo, Alonso de Jesús Morales, Wilson Darío Gómez Ríos, William Bedoya Quintero, Hidelbrando Montoya López, Humberto García Restrepo.
El colectivo de Derechos Humanos 'Semillas de Libertad' (CODEHSEL), denunció ante la opinión pública, una cadena de crímenes de los paramilitares en el municipio de San Vicente, así: El 6 de enero del año 2000 un grupo de hombres fuertemente armados que se identificaron como paramilitares, llegaron a la vereda San José, bajaron de un bus escalera a la dirigente cívica y comunal Magola Agudelo, procediendo a asesinarla. Este mismo grupo el día 11 de enero incursionó en la vereda San Ignacio, donde sacaron forzadamente de sus viviendas a los campesinos Miguel Suárez (padre) y a sus 3 hijos, Carlos Alpidio, Fernando Antonio y Orlando de Jesús Suárez Vanegas, quienes aparecieron muertos con crueles señales de tortura el día 14 de enero en la vereda La Porquera.
En el casco urbano del municipio fue retenido, al parecer por el mismo grupo, el joven Milton Agudelo Rojas, quien apareció asesinado en el municipio de El Retiro distante una hora del municipio de San Vicente. El 25 de enero, el mismo grupo que se ha movilizado desde principios del año por la localidad sin ningún control o restricción, incursionó en las veredas de Santa Rita y El Coral y se asentó en las escuelas de dichas veredas, obligando a los estudiantes y profesores a abandonar sus instalaciones. Varios pobladores de las veredas afectadas se han venido desplazando de manera forzada por el temor de acciones contra ellos por parte del grupo paramilitar.
Ante estas reiteradas acciones criminales, diversas autoridades de la localidad se han dirigido a la Procuraduría y los organismos de seguridad del Estado, al comando de la policía del municipio y al Coronel Sierra, comandante del Batallón Juan del Corral acantonado en cercanías del lugar de los acontecimientos, sin que hasta la fecha hayan evitado el libre accionar de este grupo. (9)
El 27 de diciembre de 2000 en este mismo municipio fueron asesinadas 8 personas en la vereda Piedra Gorda y dos más en Corrientes. Cabe recordar que días antes se había presentado allí un comando que se identificó como parte de las AUC y venía operando en la región sin mayores contratiempos. Ante las repetidas masacres perpetradas en el oriente de Antioquia los comandantes de la IV Brigada del Ejército, general Eduardo Herrera Verbel, y de la Policía Antioquia, coronel Aranda Leal, coincidieron en que la situación allí es preocupante, pero insistieron en salvaguardar su responsabilidad en lo que llaman falta de recursos logísticos y económicos que dificulta su labor. (10) Sin embargo, la realidad indica contrariamente, que la cuestión no es precisamente por falta de recursos, sino, por colocarlos al servicio de la agudización de la guerra, el exterminio y el arrasamiento de la población campesina inerme y desprotegida.
Toda esta arremetida ha originado el desplazamiento de cerca de 9.500 campesinos, que fueron expulsados de sus parcelas. De manera paulatina, han retornado aproximadamente 4.200 personas a los sectores aledaños a la Autopista Medellín-Bogotá, epicentro del Éxodo masivo más significativo en el año 2000.
De acuerdo con el Consejo Provincial, solo en el municipio de San Rafael se tiene un registro de 520 huérfanos. También el desplazamiento ha originado la desescolarización de 970 niños y 820 fueron reclutados forzadamente.
1.2.5 Acciones Directas de la Fuerza Pública:
La participación de la Fuerza Pública de manera directa en la ejecución de crímenes de lesa humanidad se presentó en el municipio de Marinilla. El 12 de marzo de 1999, después de una emboscada por miembros del ELN contra tropas del Grupo Mecanizado Juan del Corral en el barrio El Pinar, en la cual murieron dos soldados, los militares desarrollaron un operativo de búsqueda de los agresores durante el cual atacaron con granadas y disparos una vivienda del mencionado barrio en la que se encontraban tres campesinos, una mujer y sus tres hijos de 12, 6 y 3 años: durante el ataque, que se prolongó entre las 12:00 p.m. y las 8:00 a.m. del día siguiente murieron los campesinos Carlos Mario Gómez Hernández, Mario Tobón Cardona, Eric Armisur Cardona. (11)
El Comandante de la IV Brigada, General Eduardo Herrera Verbel, manifestó ante los medios de comunicación, que 'hacia las 22 horas del jueves fue asesinado un Sargento. Cuando se aproximaba al sitio empezaron a dispararle y en la mañana de ayer el Grupo Mecanizado Juan del Corral penetró al sitio donde murió otro Sargento y tres guerrilleros y se recuperó una madre y sus tres hijos. Contrario a esta versión, Marina Cardona, la mujer que se encontraba en el inmueble, declaró que yo no fui rescatada, yo soy la esposa de Mario Toban, uno de los muertos. Nosotros somos campesinos y agricultores. Mi esposo nunca ha sido guerrillero. Fuimos atacados como desde medía noche y solo hasta las 8:00 de la mañana pude salir con mis hijos. Pido que por favor se investigue para que se esclarezcan los hechos.
La actuación violatoria de los Derechos Humanos también se vio constatada por parte de Militares del grupo mecanizado 4 Juan del Corral y del Batallón contraguerrilla Granaderos, quienes asesinaron al Ex consejero de paz de Antioquia Alex Lopera y dos personas más que lo acompañaban, cuando se dirigían al municipio de Sonso, el 14 de marzo 1.999.
En el municipio de Nariño, en el mes de agosto de 1999, según denuncia de la Iglesia, como consecuencia de intensos bombardeos, al menos una persona murió. Este hecho ocurrió luego de que la guerrilla atacara el puesto de Policía y tuviera a varios uniformados retenidos. El Comandante de la Policía Antioquia de la Época Coronel Rubén Carrillo Vanegas increpó a los habitantes de la población como partícipes en la incursión armada. No estoy diciendo que todo Nariño atacó la Policía, eso sería un grave error, estoy diciendo que unos malos ciudadanos, que vivían allí y que a diario saludaban a la Policía, se unieron a los guerrilleros. (12)
En El Municipio de Santuario, la situación se ha tornado en extremo delicada. Existe también en esta localidad radicación de un grupo paramilitar que ha venido actuando de manera sistemática y persistente y sólo en el mes de julio del 2000 fueron asesinadas 50 personas. El sitio Alto del Palmar, ubicado sobre la autopista Medellín Bogotá en límites de este municipio con Granada, ha sido escenario de múltiples asesinatos y desapariciones de quienes rutinariamente se desplazan por ese lugar. Las personas son permanentemente bajadas de los autobuses que se dirigen con destino a esa región del oriente.
La instalación de este retén se empezó a evidenciar desde el mes de julio del año 2000 y ha continuado de manera esporádica hasta el presente. Algunas de las personas asesinadas en este lugar han coincidido con los nombres de quienes se encuentran relacionadas en un informe de la central de inteligencia del Ejército Regional No. 6 de Medellín, suscrito el 29 de junio de 2000, el cual empezó a circular desde principios del mes de agosto del mismo año.
De acuerdo con información suministrada por habitantes del oriente cada vez que se instalaba el retén a escaso un kilómetro de allí, en la autopista Medellín Bogotá se encontraba apostado personal militar perteneciente al Batallón Juan del Corral. El martes 22 de agosto de 2000 en la vereda Montañita del municipio de Marinilla fueron asesinados los hermanos Luis Enrique, Pablo Emilio y Albeiro García Hernández, quienes se dedicaban a las labores agrícolas.
Los victimarios se identificaron como integrantes de las AUC amenazando al resto de la familia García Hernández a quienes les dieron una hora para abandonar la región. El nombre de estos labriegos se encuentra relacionado en el informe militar aludido.
Granada también ha sufrido duros ataques por parte de los grupos paramilitares y en noviembre del 2000 fue golpeada por una de las masacres que cobró 19 víctimas y que fue llevada a cabo por el Bloque Metro de las Autodefensas, mientras en la localidad se encontraba instalada tropas del Batallón Granaderos de la IV Brigada. Posterior a esta acción vino la incursión guerrillera a cargo del IX Frente de las FARC que se vio agravada en sus efectos devastadores por la actitud de la Policía que se escudó en innumerables inmuebles de los habitantes del municipio.
De otro lado, la creciente paramilitarización de la región, con la posibilidad de instalar bases permanentes en sitios próximos a instalaciones militares y las amplias facilidades de movilidad y de acometer innumerables crímenes sin ninguna acción que se les contraponga, nos permite inferir que no se trata de una estrategia desconectada o aislada de la fuerza pública que opera simultáneamente en la zona y que se ha trazado la consigna de dejar el territorio para la implementación de los planes y proyectos gubernamentales y exterminar a los que consideran potencialmente afectos de los grupos guerrilleros que allí también actúan.
1.3. En la región del Suroeste Antioqueño:
La actividad más importante de la región es la cafetera, especialmente en la época de la bonanza del grano en 1.981, lo que motivó el desplazamiento de muchos campesinos a esta región. También se destaca la actividad minera en el municipio de Amaga y Titiribí. Hay una débil actividad ganadera pero se está desarrollando con notoria tendencia a favorecer la latifundización. Otro sector que adquiere trascendencia es el turístico, aprovechándose de la crisis del sector cafetero que disminuyó su producción total a un 25.2% entre los años 96-97, promoviendo la destinación de grandes haciendas otrora productoras del grano hacia ese sector.
El papel del narcotráfico para la compra de tierras destinadas al recreo ha influido también en la modificación de la actividad productiva de los campesinos, aumentando el nivel de exclusión.
Así mismo, la región del Suroeste participa como escenario en la planeación del modelo de desarrollo del departamento, en la lógica de integrar a Antioquia con el pacífico.
En esta perspectiva se proyecta la construcción de la carretera Medellín Urrao Bahía Solano, la transversal sur que unirá Puerto Berrío - Puerto Triunfo Argelia Sonso - Santa Bárbara- Támesis Jardín.
El plan vial también incluye la terminación de anillos subregionales que establecen polos de desarrollo en Támesis y Andes en el Suroeste.
En el triangulo de los municipios formado por Titiribí, Amaga y Venecia (Bolombolo) se tiene programada la construcción de una termoeléctrica que generar 160 Megavatios para la utilización regional y posible interconexión nacional. Para su operación se requieren unas 500.000 toneladas de carbón al año, las cuales abastecen el potencial carbonífero de la zona garantizando una vida útil de 20 años al proyecto.
El costo es de US 200 millones aproximadamente. El estudio de factibilidad lo están realizando el consorcio Integral - Aene Ltda. y la selección de tecnología la harán BGL (British Gas Lurgi), Texaco y Kopperstotzek.
La planeación del desarrollo de la subregión del Suroeste se ha venido acompañando con el incremento de la militarización paralelo a la implementación del paramilitarismo. El periodo anterior (1.995 - 1.997) se caracterizó por la inclusión de esta zona dentro de la estrategia de las Autodefensas Unidas de Colombia AUC y las CONVIVIR, con el decidido apoyo del grupo de Ernesto Garcés Soto que completaba el cerco de control desde el municipio de Concordia, lo que condujo al incremento de la victimización especialmente de campesinos que se vieron forzados a abandonar sus parcelas; pero también se presentó una fuerte arremetida contra líderes sindicales y comunales, afectando notoriamente el derecho de asociación, como ocurrió con Sintraofan en Salgar y Sintragrícola, entre otros.
En el periodo 1.998 - 2.000, el accionar violento de los grupos paramilitares no se redujo al anterior, pero en cambio afinó sus tácticas de arrasamiento especialmente en el municipio de Urrao. De otro lado, las acciones directas de la Fuerza Pública demostraron el tratamiento que les merece la población inerme y lo que se oculta detrás de sofismas como el de 'muertes en combate' tal como se verá a continuación.
1.3.1 Betulia y Urrao:
En el corregimiento Luciano Restrepo, veredas El Indio, Aguamal, Aguamalita y La Mina, en el municipio de Betulia, el 13 de noviembre 1.999, un grupo perteneciente a las Autodefensas Unidas de Colombia asesinó a 4 personas y ocasionó el desplazamiento de 130 personas a las cabeceras municipales de Urrao y Betulia. Las víctimas fueron Gloria Dennis Aguirre González, Wilson de Jesús Vargas, José Fabin González Urrego, Arsecio Molina. (13)
El 5 de diciembre de 1.999 en el municipio de Betulia, un comando de los paramilitares interceptó un bus escalera, hizo bajar a todos los pasajeros y uno de ellos señaló a Elkin de Jesús Urrego Benítez, Héctor Alvarez Rodríguez, Janeiro de Jesús Henao Bravo y Jorge Ardila a quien se llevaron y los asesinaron en la quebrada Chorro Blanco. (14)
El cuatro de febrero de 2000 en el municipio de Urrao, una incursión de las AUC dejó diez muertos. 8 fueron hallados en la carretera que conduce a la vereda la Honda, otro fue encontrado a orillas del río y el último en la vía que conduce a Betulia. Siete de las 10 víctimas fueron identificadas como León Jaime Vargas, vendedor ambulante, de 20 años; Argiro San Martín Urn, conductor de la linea que va a Pabón, de 49 años; Arbey Montoya Navarra también conductor de escalera, de 27 años; Adriano de Jesús Pérez Higuita, de 47 años; Alcides Hernández Flores, de 32 años; Rigoberto Sepúlveda Seguro, ayudante de carro, de 24 años; Y Héctor Ibarra Flores, de 32 años. otros dos hombres fueron reportados como desaparecidos. Estas personas iban en dos carros escalera que fueron incinerados junto con tres automóviles de servicio veredal. (15)
Otra arremetida paramilitar produjo el asesinato de los agricultores Jorge Iván Álvarez Giraldo, de 28 años y Francisco Ospina Taborda, de 31, en la vereda El Yerbal, la incineración de dos casas y más de 900 campesinos desplazados, en varias veredas del municipio de Betulia. Las autoridades indicaron que el comando armado llegó inicialmente, la tarde del 6 de junio de 2000, a las veredas del León y El Seis, en los límites con Urrao, y les dieron un plazo de 24 horas a sus habitantes para abandonar la región. Luego los integrantes del grupo siguieron hacia las veredas El Piñonal, San Antonio, Los Ánimes y El Yerbal donde sacaron a los labriegos de sus residencias.
Las versiones de los desplazados además señalan que varias personas eran llevadas amarradas, cuyos nombres no tenían registrados en su lista.
1.3.2 Cercanías a Medellín:
En el municipio de Heliconia, cercano a la ciudad de Medellín, el día 10 de octubre de 1999, un grupo paramilitar llegó hasta las veredas Altos del Corral, Honduras, Pueblito y Armenia y en el sitio conocido como El Chuscal dieron muerte en el recorrido criminal a Oscar Darío Celis Montaño, Elvis Rolando Celis Montaño, Hernán Darío Uribe Torres, Elkin Bedoya Bedoya, John Henry Taborda, Alexis Álvarez Cartagena, Adolfo Quiceno Betancourt, Rodrigo Restrepo Ardila, Ramiro de Jesús Cano, Gustavo Vásquez Gil y Wilson Román Castaño. (16)
En Angelópolis, el 30 de mayo de 2000 fueron asesinados, tres mineros y 2 agricultores en el caso urbano y en una vereda del municipio.
Entre el 25 y 26 de junio de 2000 comandos armados de las Autodefensas Unidas de Colombia asesinaron a cinco campesinos en los municipios de Angelópolis y Armenia Mantequilla. Los labriegos fueron sacados de sus viviendas y tras ser acusados de colaborar con la guerrilla fueron acribillados a tiros. En la primera de las poblaciones mencionadas fueron muertos Roberto Tamayo, de 38 años, y los hermanos Wilson y John Sánchez y en área rural del municipio de Armenia, los paramilitares atacaron y asesinaron a Juan Eusse, de 22 años, y a Luis Bedoya de 23. En su huida los criminales abandonaron un vehículo en el que las autoridades encontraron munición de diferente calibre.
1.3.3. Niños 'dados de baja en combate'.
Un hecho de trascendental gravedad fue el ocurrido en la vereda la Pica del municipio de Pueblo Rico en el cual tropas del Ejército dieron muerte a seis niños y dejaron heridos a varios, al atacar a un grupo de estos que se encontraba en paseo escolar el 15 de agosto de 2000. El comandante de la IV Brigada, General Herrera Verbel, reiteró que se trató de un enfrentamiento con una columna del ELN, sin embargo los testigos y especialmente quienes vivieron los horribles acontecimientos, sostuvieron que en el lugar no se presentó ningún combate y que era imposible confundir a un grupo de pequeños, que vestían su uniforme escolar con guerrilleros, ya que la hora e iluminación permitían excelentes condiciones de visibilidad para los militares.
Por su parte, la Fiscalía una vez realizó algunas investigaciones en el lugar de ocurrencia de los sucesos, calificó como 'homicidio culposo' la muerte de los seis pequeños por parte del Ejército y descartó que se hubiera tratado de un hecho intencional.
El Fiscal vinculó al episodio a un Suboficial y a 22 soldados que al momento adelantaban patrullaje en la vereda La Pica. Pero además de ser benévolos con la calificación jurídica del delito cometido por los uniformados, el Fiscal Alfonso Gómez Méndez envió las diligencias a la Justicia Penal Militar diciendo que se trató de un acto propio del servicio, y no como un crimen de Lesa Humanidad. Indicó que la comisión que investigó los hechos encontró que no existió intención en disparar a los menores, pero se les disparó sin intención de asesinarlos.
Después de un mes y medio de investigación, la Justicia Penal Militar colombiana exoneró provisionalmente a 16 de los 30 militares comprometidos en el caso. El juez 25 de Instrucción Penal Militar de la IV Brigada del ejército decretó el cese de procedimiento judicial y de las órdenes de detención para algunos militares; a los restantes los continuo investigando. Se supo posteriormente que a estos militares se les desvinculó del proceso y se les exoneró de toda responsabilidad penal.
1.4 Situación en el Norte de Antioquia:
1.4.1 Caso de Ituango: Proyecciones Económicas
En mayo de 1.977 la Junta Directiva del Inderena delimitó la extensión del Parque Nacional Paramillo con una extensión de 460.000 hectáreas, de Estas, 300.000 corresponden al departamento de CÓRDOBA (municipios de Montelibano, Puerto Libertador y Tierralta) y el resto a Antioquia (Peque, Dabeiba e Ituango), con la finalidad de sustraerlas de los procesos de colonización que desde principios del siglo pasado se vienen impulsando y que han dado lugar a la creación de poblados, que posteriormente fueron conformando los municipios. Además de las intenciones medioambientales de la creación del Parque Natural, que restringen la presencia de pobladores, se destinan sus ricos territorios surtidores de importantes ríos para la ampliación del uso de la central hidroeléctrica Urra, actualmente en funcionamiento y cuya implementación ha permitido desalojar violentamente a los indígenas nativos de la región.
El proyecto hidroeléctrico Pescadero es otro de los grandes planes que se han diseñado para la localidad, y que por su amplia extensión cubre los municipios de Peque, Ituango, Liborina, Toledo, Sabanalarga, Briceño, el cual cuando entre a funcionar modificar sustancialmente la vocación económica de sus pobladores, que ya se han visto afectados por el accionar del paramilitarismo particularmente en las zona de influencia de este macro proyecto económico.
1.4.1.1. Antecedentes del cercamiento del municipio
El 25 de octubre de 1997 el corregimiento del Aro fue destruido por un grupo paramilitar que asesinó a varios de sus pobladores bajo el pretexto de ser colaboradores de la guerrilla, dando lugar al desplazamiento forzado de todos sus habitantes en dirección hacia el municipio de Puerto Valdivia. El recorrido paramilitar se inició desde esta misma localidad atravesando las veredas Santa Bárbara, Pensilvania, Remolinos, Puerto Escondido y la América en jurisdicción de Valdivia y del municipio de Ituango, los pobladores iban emigrando a medida que subían los uniformados. Fueron cinco días de infierno en el Aro, cuando llegaron los paramilitares y empezaron a sacar a la gente de sus casas para reunirlas en el parque, al frente de la iglesia.
Sin ninguna fórmula de juicio y en medio de la población, donde había muchos niños, asesinaron a las primeras víctimas. Cayeron fusilados Andrés Mendoza y Wilmar Restrepo Torres, luego el turno vino para Rosa María Barrera y Dora Ángela Areiza..." (17). A las seis de la mañana todos tenían que estar filados en el parque, a las once ordenaban a las mujeres que fueran a cocinar y de dos a seis permanecían parados con el sol encima. Asesinaron a Marco Aurelio Areiza de 64 años de edad, comerciante del caserío luego de someterlo a intensas torturas. En la zona rural asesinaron a Alberto Correa Sucerquia y a un joven N.N. de 16 años de edad.
En esa ocasión un helicóptero verde llegó al corregimiento y aprovisionó de víveres a los paramilitares y trajo también a un presunto guerrillero herido que luego se les murió; sin embargo lo descuartizaron delante de todos los habitantes. Muchos labriegos quisieron abandonar el caserío cuando advertían un descuido de sus captores, pero eran devueltos en el camino por personal del ejército que impedía continuar la marcha. Sólo hasta el 30 de octubre cuando simultáneamente ingresaron las tropas del Ejército salieron los paramilitares y se produjo el Éxodo masivo hacia la cabecera municipal de Puerto Valdivia. En su paso, los campesinos detectaron que otras personas habían sido asesinadas, entre ellas Arnulfo Álvarez de 68 años de edad, Olguín Jair Díaz Pérez, Fabio Antonio Zuleta Zabala y Omar de Jesús Ortiz Carmona.
En Noviembre de 1997 otra incursión paramilitar afectó a las comunidades del corregimiento de Badillo, veredas Buena Vista, Santa Bárbara, La Manga, Birri Birri y Guaimaral ubicadas en el Nudo de Paramillo en límites con el departamento de Córdoba, ocasionando el desplazamiento masivo de todos sus habitantes hacia el casco urbano de Ituango debido a las amenazas y a la destrucción de las casas y la escuela rural.
De estos desplazados, un grupo de 400 campesinos en abril de 1998 retornó individualmente a esta región del Río San Jorge sin el apoyo estatal, pero fueron nuevamente obligados a abandonar las tierras porque según los paramilitares ellos no habían autorizado el regreso de nadie. Para ese entonces los medios de comunicación advertían el incumplimiento de las ayudas ofrecidas por las autoridades encargadas de prestar asistencia a los desplazados. (18)
En Ituango, un alto número de pobladores han sido asesinados y desaparecidos forzosamente por un grupo paramilitar allí instalado desde 1996 y que ha operado de manera continua en el casco urbano con libre movilización hacia la zona rural de la localidad sin ser combatido ni perseguido por la Fuerza Pública.
El abogado defensor de los derechos humanos Jesús María Valle, en reiteradas oportunidades denunció cómo en Ituango "se percibe esa connivencia entre Comandantes de la Policía y del Ejército con aquellos agentes armados que cometen una serie de asesinatos en el perímetro urbano de nuestros municipios" (19), lo que se demostró a raíz del ataque efectuado por la guerrilla a un grupo combinado de ejército y paramilitares que se movilizaba en un bus escalera y perdió la vida un militar y resultaron heridos varios soldados y paramilitares en julio de 1997. Siete meses más tarde sería asesinado el Dr. Valle en la ciudad de Medellín.
El Batallón Girardot de la IV Brigada del Ejército instaló una base militar en el municipio desde 1995 luego de la última toma guerrillera de las FARC al casco urbano en el mes de julio, y permaneció hasta poco tiempo después de haberse denunciado vehemente por el Dr. Jesús María Valle la connivencia de los militares con los grupos paramilitares
1.4.1.2 Continúan el Éxodo y la Muerte en Ituango
El día 15 de septiembre de 2000 un grupo paramilitar transportado en dos helicópteros, incursionó en el sector conocido como el Cañón de Ríosucio, corregimiento de Badillo, destruyó e incineró las casas que conformaban los caseríos de las veredas San Pablo, la Flecha, La Canturrona, La Esmeralda y Maritú, las escuelas y un Puesto de Salud. En esta acción criminal asesinaron a los agricultores William García, Rodrigo Antonio Echevarria y Gabriel Ángel Muñoz. Así mismo detuvieron y desaparecieron a los labriegos Hubel Taborda Gil, Carlos López y a Adriana Duque Graciano, Esta última apareció asesinada dos días después. Los paramilitares obligaron a más de 700 campesinos a iniciar un éxodo hacia la cabecera municipal y les prohibieron el retorno a sus lugares de origen, debiéndose instalar en la Escuela Rural de la Vereda Quebrada del Medio a donde aún permanecen sin haber recibido asistencia humanitaria de las entidades estatales encargadas del apoyo a los desplazados, como la Red de Solidaridad y el Departamento de Antioquia. Estos campesinos colonos de la región del parque natural de Paramillo fueron sorprendidos por funcionarios de Corantioquia con la propuesta de reubicación sobre la base del no retorno a la zona para conservarla y favorecer la vida útil del embalse de Urra
Ese mismo día, 15 septiembre de 2000, simultáneamente en la vereda la Manga fue detenido y desaparecido el educador Robinsón Taborda Tuberquia profesor de la Escuela Rural de la misma vereda, hasta la fecha se desconoce su paradero.
El 1º de noviembre del 2000 los habitantes de las veredas El Cedral y Quebrada del Medio, esta última receptora de los desplazados del Cañón del Ríosucio se vieron sometidos a similares hechos de violencia por un grupo paramilitar que incursionó destruyendo las viviendas de los caseríos, impidiendo la continuidad de la construcción de un acueducto veredal y asesinando a siete campesinos identificados como Jair de Jesús López García, Abelardo de Jesús Arango Porras, Norman Emilio Arango Quiroz, Leonel Piedrahita Zapata (Presidente de la Junta de Acción Comunal de la Vereda El Cedral), Rubén Darío Piedrahita Piedrahita, Ángel Antonio Galeano, Alberto Elías Mesa Guzmán e hirieron a Pastor Emilio Valderrama García y a otros campesinos. Esta situación dio lugar a que más de 450 personas se desplazaran hacia el casco urbano de Ituango permaneciendo asentados en la Escuela El Porvenir sin asistencia humanitaria ni ayuda de emergencia estatal.
El 30 de noviembre de 2000, el corregimiento de Santa Lucía fue sitiado por otro comando paramilitar que igualmente quemó y destruyó las casas, obligó a las 25 familias que lo poblaban a abandonar la región y posteriormente asesinó a los campesinos Javier de Jesús Montoya Cossio y Norberto Agudelo Areiza. Los labriegos se dirigieron hacia el casco urbano del municipio en donde no han contado con la suficiente ayuda y protección de las autoridades encargadas de solucionar la problemática de los desplazados.
1.4.1.3 Reflejos del Proyecto hidroeléctrico Pescadero Ituango:
Otros municipios del Norte del departamento y del occidente que sufrirá el impacto con la central hidroeléctrica Pescadero Ituango, también se han visto afectados por acciones criminales dirigidas contra los pobladores del campo. En Toledo, el 8 de enero 1999 un grupo paramilitar que se identificó como miembros de las ACCU, irrumpió en zona rural y dio muerte a los campesinos Víctor Jiménez Echevarria, Hernn de Jesús Céspedes, Lázaro A. Osorio Taborda, Baudilio Rojas, Benjamín Carvajal Ariza, llamándolos con lista en mano y sindicándolos de ser colaboradores de la guerrilla. En Santa Fe de Antioquia, por su parte, en la misma fecha, fueron asesinados Rubén Darío Agudelo Buriticá, Luis Herney Parra Naranjo, Jesús Basilio Gómez Rincón en las veredas La Aldea y El Rodeo de este municipio. Hacia estas veredas, y la Azulita, el 16 de febrero retornaron los paramilitares y asesinaron a tres campesinos más, todos ellos bajo la acusación de ser auxiliadores de la guerrilla. Al día siguiente, irrumpieron en las veredas Piedras, Nan Dui y Pantanillo del corregimiento La Antigua, preguntando por varios campesinos; después de identificar a 6 de ellos los obligaron a salir de sus viviendas para asesinarlos. Las víctimas se identificaron como Ferney de Jesús Vargas, Orlando Antonio Salas, Rubén Darío Gutiérrez, José Antonio García y dos NN.
En el municipio de Uramita en la vereda Peñas Blancas, Rivera del río sucio, el 24 de marzo de 1.999 fue hallada una fosa común con restos de 4 personas. El 11 de junio miembros de las ACCU irrumpieron en la inspección de Policía El Pital y asesinaron a Ricardo Zarrazola Villa, Aicardo Zarrazola Holguín (17 años), NN femenino de 14 años.
Con el mismo pretexto, el 18 de diciembre de ese mismo año, en San Andrés de Cuerquia, en la vereda Los Naranjos, en el sitio Partidas de San Miguel, este mismo grupo asesinó a Wilson Posada Mazo, Robeiro de Jesús Sepúlveda Londoño, Arcángel Jaramillo Vera, Luis Alfonso Orozco Montaño, José de Jesús Montaño, y el mismo día, en zona rural del municipio de Toledo, en las veredas El Limón, Las Brisas, Miraflores y Corregimiento El Valle, fueron asesinadas 6 personas, entre ellas Juan Céspedes, Fabio Uribe Osorio, Ovidio Ignacio Jaramillo Mazo, Orlando Oquendo Muñoz.
1.5. El Desplazamiento Forzado.
Efecto cruel de la guerra sucia
El desplazamiento, que se define como el abandono forzado que las personas deben hacer de sus lugares de residencia ante la amenaza de su vida, integridad física y seguridad, es provocado por las diferentes acciones de terror utilizadas para atemorizar y desarraigar a los campesinos. Estas acciones como masacres, amenazas de muerte, desapariciones forzadas, quema de las viviendas, bloqueo en las vías de acceso a los municipios y control de la cantidad de alimentos, son el pan de cada día en Antioquia, sin que las autoridades civiles y militares hagan algo para evitarlo. Las víctimas de este crimen se han visto obligadas no sólo a abandonar sus tierras sino a perder todas sus formas de sostenimiento y trasladarse a zonas urbanas de los municipios y a la ciudad de Medellín para supuestamente proteger sus vidas.
El desplazamiento produce daños físicos, psicológicos y culturales en la vida de las familias campesinas. También son discriminados por los habitantes de las zonas receptoras quienes los ven como una amenaza para su seguridad, pues son considerados como guerrilleros, razón por la cual tienen que permanecer encerrados en sus ranchos ya que pueden convertirse en blanco de las balas de las bandas delincuenciales o de los mismos paramilitares que llegan a los asentamientos y continúan la agresión contra estos.
El futuro de estas personas es incierto pues la ley establece una ayuda que debe entregarse por tres meses, prorrogables por el mismo tiempo, pero pasados los cuales, pierden su condición de desplazados y no hay más ayuda y la referida estabilización socioeconómica que señala la Ley 387 de 1.997 no se ha fijado como una política social del Estado.
1.5.1 Realidad de la tragedia del desplazamiento forzoso en Antioquia
En diversos escenarios públicos, La Asociación Campesina de Antioquia (ACA) y el Movimiento Social de Desplazados de Antioquia (MOSDA) han explicado la grave situación del desplazamiento en el Departamento, promovido por razones de implementación de las políticas neoliberales y aperturistas, los megaproyectos que fomentan las grandes industrias y las multinacionales para que sean competitivas en el ámbito internacional, buscan generar concentración de las mejores tierras agrícolas del país para destinarlas a tal fin, en tanto que a la población campesina le reservan las zonas marginales y en la mayoría de los casos los desplazan por la fuerza con los grupos paramilitares auspiciados por las estructuras estatales nacionales e internacionales.
En el año 2020 Antioquia ser la mejor esquina de América, justa pacífica educada, pujante y en armonía con la naturaleza según lo vienen promoviendo e impulsando no sólo el gobierno local sino el nacional, buscando promocionar el internacionalmente la región a costa del desangre, arrasamiento y desarraigo del pueblo Antioqueño. Esto permite entender porque Antioquia es una de las regiones más golpeada por el proyecto paramilitar, aportando más del 70% de los desplazados del país, convirtiEndose Medellín la segunda ciudad más receptora de los campesinos.
En Antioquia el censo del DAPARD da cuenta de 71.000 personas desplazadas; sin embargo las cifras se quedan cortas porque muchas de las víctimas de la violencia huyen de sus lugares de origen sin dejar registro. Más de 70 municipios del departamento están siendo afectados por el problema del desplazamiento. (20)
El registro del Movimiento Social de Desplazados de Antioquia MOSDA, se da cuenta de 350.000 desplazados, los cuales se encuentran en 35 asentamientos que existen en la ciudad de Medellín, en algunas cabeceras municipales y la gran mayoría de personas se encuentran en el Área Metropolitana, conviviendo familiares o amigos, en condiciones infrahumanas.
De estas 350.000 personas desplazadas, el MOSDA conoció de la reubicación de 19 familias en el municipio de Campamento, aunque por parte del Gobierno se dijo haber reasentado a 3.982, situación que nos resistimos a creer ya que no se han presentado programas estatales con grupos de desplazados, salvo los que se han logrado gracias a la presión de las víctimas, como por ejemplo Bellacruz. Con respecto al retorno en el año de 1999, regresaron 35 familias del municipio de Angelópolis a la finca La Mica, los cuales fueron re-desplazados por los paramilitares después de asesinar a tres de sus pobladores. El Gobierno también mostró la cifra de 16.139 personas que han vuelto a sus sitios de origen, sin embargo, han sido casos aislados y varios de ellos han sido asesinados.
Las regiones del Bajo Cauca, Magdalena Medio, Norte Antioqueño, Suroeste y Nordeste, se destinarán para proyectos de agroindustria, y esto aparece directamente relacionado con la reducción de la población campesina y la conservación de minifundios por parte de estos, lo primero es misión del proyecto paramilitar y lo segundo es función de la orientación política y económica del poder.
La región de Urabá tiene una significativa importancia en el plano internacional, con los proyectos del canal Interoceánico, la explotación del oro, petróleo, cobalto, Uranio y las diferentes vías del transporte que la proyectan hacia el pacifico, guarda una estrecha relación con la arremetida que ha dejando miles de muertos y desplazados sin que el Estado se preocupe por resolver esta critica situación.
1.5.2. Sobre los Asentamientos en Medellín y su área Metropolitana.
Desde 1995 los desplazados que llegaban a la ciudad de Medellín, iniciaron una serie de acciones tales como: la Loma a la iglesia La Candelaria por 75 familias que se asentaban en el sector de Villatina (zona de alto riesgo) y que fueron desalojados por la fuerza pública. Tras un acuerdo con los desarraigados fueron trasladados por Bienestar Social al albergue de Belencito, y luego de dos años de permanencia en ese lugar fueron reubicados apenas 19 familias en la finca el Diamante, situada en el municipio de Campamento, prometiendo el gobierno garantizarles la estabilidad socioeconómica, pero poco ha cumplido, hasta el punto en que los desplazados llegaron a realizar varias tomas a diferentes entidades públicas para exigir lo pactado. Aún en este albergue quedan 20 familias sin recibir ninguna alternativa de solución por parte del Gobierno.
En el mes de octubre de 1996 se produjo la toma de la Universidad de Antioquia, con un grupo de 120 familias desplazadas de diferentes regiones del departamento, la cual tenía por objetivo demostrarle al gobernador de ese entonces Álvaro Uribe Vélez, la realidad de los desplazados en la ciudad y la necesidad del apoyo por parte del gobierno, en vista de que aseguraba que en Antioquia no se estaba presentando este fenómeno; esta acción trajo como resultado la retención y reseña de todas las personas que allí se encontraban; después de ocho días de negociación se logró un acuerdo, que ha sido incumplido en un alto porcentaje.
En diciembre del mismo año, 170 familias ocuparon unas tierras en el barrio El Picacho, (El Esfuerzo) trayendo como resultado la detención de varios de los líderes y la muerte de otros por parte de las autoridades del municipio de Bello.
Ante la resistencia de las familias se firmó un acuerdo, comprometiéndose el municipio a reubicarlos en un terreno urbano e iniciar un proyecto de vivienda, hoy después de varios años, nunca dio marcha a ese programa y en cambio si se abandono definitivamente.
El Pinal ubicado en el municipio de Bello es uno de los asentamientos más antiguos, caracterizado por una importante organización de los desplazados y su resistencia frente a constantes intentos de redesplazamiento, hasta el grado de que sus moradores han sido víctimas de varias masacres y muertes selectivas que han cobrado la vida de 200 personas; además de detenciones y desapariciones.
Los días 11 y 12 de septiembre de 1997 se efectúo el Foro Regional de desplazados convocado por la Asociación Campesina de Antioquia -ACA-, la Asociación Nacional de Ayuda Solidaria ANDAS, La Fundación y Educación para el Desarrollo FEDES y el Colectivo de Derechos Humanos Semillas de Libertad CODEHSEL, con la participación de 550 líderes desplazados de diferentes regiones de Antioquia que se encontraban en diversos asentamientos de la ciudad, además se contó con la presencia de 50 representantes de ONG's. que dejó en evidenciada la gravedad de la situación del desplazamiento en el Departamento.
El día 27 de junio del 2000 un grupo de 3.000 desplazados taponó la autopista Medellín Bogotá en el sector denominado la curva de Rodas, con el objetivo de solicitarle al gobierno nacional, departamental y de los municipios receptores, el cumplimiento de la ley 387 y los demás acuerdos suscritos por los representantes de los desplazados desde 1995. Luego de esta acción se presentó una fuerte arremetida paramilitar en los diferentes asentamientos, asesinando y desapareciendo a algunos de los participantes, además hay que resaltar que los acuerdos que se han firmado sólo se quedan en el papel porque la situación sigue siendo la misma para la población.
En el diseño de los proyectos Medellín 2015 y Antioquia Visión Siglo XXI llama la atención la contradicción planteada sobre la necesidad de reducir la población; no se desarrollan propuestas para atender a los desplazados en el Área Metropolitana y el Departamento de Antioquia proyecta disminuir la población campesina. Ante este panorama, surge la pregunta inevitable, ¿cuál será la situación de los campesinos, los desplazados, los excluidos, los marginados que día a día sigue generando el sistema?. (21)
1.6. Los responsables de la guerra contra los campesinos
El desplazamiento forzado ha sido y sigue siendo una estrategia de guerra. En la mayoría de los casos la fuerza pública y los paramilitares obligan a abandonar sus tierras a la población sospechosa de auxiliar y apoyar a grupos guerrilleros y que está ubicada en zonas estratégicas por su riqueza natural, agroindustrial, hídrica, turística, etc. Luego estas tierras son adquiridas por personas cercanas a estos a un precio inferior a su valor real.
Muchas Organizaciones de Derechos Humanos han dado a conocer las sistemáticas y persistentes violaciones de los derechos humanos ante los gobiernos departamental, nacional y la comunidad internacional pero pocos son los avances que en este sentido se han logrado y en su mayoría estos hechos se han quedado en la más intolerable impunidad.
En una entrevista para el periódico El Colombiano, el 9 de octubre de 1998, el Director de la organización no gubernamental Human Rights Watch, José Miguel Vivanco reiteró que las Fuerzas Militares en Colombia permiten el accionar de los grupos paramilitares y en algunas ocasiones participan con ellos en masacres. afirmó que Antioquia y Chocó se constituyen en ejemplos claros de relación entre grupos paramilitares y el ejército a la hora de efectuar masacres.
La Fuerza Pública no sólo ha efectuado ataques a la población en conjunto con los paramilitares sino que también lo ha hecho directamente a través de ataques o bombardeos a las zonas y personas cuando ha habido presuntos enfrentamientos con la insurgencia, como lo relacionamos en varios de los casos en este informe reseñados.
La Oficina del Alto Comisionado de los derechos humanos en Colombia enfáticamente aseveró frente a la conexión entre el Estado y los paramilitares que históricamente, la legislación y las políticas estatales también han desempeñado un papel innegable en la actual magnitud y características del paramilitarismo..." (22) , por ello, es plausible comprender que no se trata simplemente de acciones individuales, de responsabilidades aisladas sino, efectivamente de la aplicación desde tiempo atrás de la vieja doctrina diseñada por el gobierno norteamericano tendiente a exterminar todo lo que hipotéticamente le represente la idea de comunismo; proyecto que se ha venido reacomodando a los actuales desafíos del capitalismo en el país.
2. Los obreros catalizadores de las protestas populares.
2.1. Resisten y persisten en la lucha contra el modelo neoliberal
En tiempos de protestas populares, donde el pueblo rechaza y exige mejores condiciones de vida y de respeto a los Derechos Económicos, sociales y culturales, la represión se convierte en una de las salidas por parte del ente estatal, todo esto sumado a las diferentes directrices trazadas desde políticas externas para la aplicación e imposición de medidas económicas que han llevado y llevan a los colombianos a sufrir la peor de las realidades, impidiéndonos vivir dignamente.
El Gobierno actual quiere agravar aún más la situación de los trabajadores, en la medida en que sigue viendo en las exiguas garantías laborales la razón de la crisis del empleo y de los empresarios; por ello, continúa con propuestas para desregularizar o flexibilizar la relación obrero-patronal. Al respecto plantea medidas tales como: renegociación de las convenciones colectivas vigentes; eliminación de horas extras, recargo nocturno, pago de festivos; disminución de la jornada laboral y con ello rebajar el salario mínimo, reducción de los montos de la indemnización por despidos unilaterales; contratos de aprendizaje sin prestaciones sociales; contratos para jóvenes sin prestaciones ni seguridad social; rebaja o desaparición de las cargas parafiscales (SENA, ICBF, Cajas de compensación); salario mínimo integral y disminución de la licencia de maternidad. Esto significa que el espectro de la situación social es de suprema preocupación.
Con las medidas aperturistas de principios de la década del noventa, muchas empresas se vieron avocadas al cierre con el consecuente despido de cientos de trabajadores. Las condiciones de varias empresas en el Departamento de Antioquia, de sus trabajadores y familias son en extremo injustas. Algunas de ellas como Edinalco Ltda, Industrial Papelera, Cerámicas Continental, Plásticos y Varios, Gacela, Quintex, los patronos han suspendido el pago de salarios, primas y cesantías, aportes parafiscales, del sistema de seguridad social, han insistido en los despidos masivos de trabajadores, se niegan a cubrir sus obligaciones con otros acreedores y propician como medida evasiva los concordatos y en consecuencia la liquidación de las empresas.
La causa primordial que ha favorecido la agudización de los conflictos Obrero-Patronales ha sido obviamente la imposición de medidas aperturistas permitiendo el libre ingreso de cualquier clase de productos al país, aunado a la política de desindustrialización dando paso a la generalización del desempleo
Los derechos de asociación, de negociación de convenciones colectivas también han sido vulnerados por las empresas, tal como ha ocurrido con el sindicato Nacional de trabajadores de Avinco, donde la empresa se ha negado sistemáticamente a negociar una convención colectiva e impuso un Pacto colectivo. Con SintraUPB, el Rector de la citada Universidad ha incumplido los preacuerdos convencionales suscritos y dejó precluír la etapa de arreglo directo obligando a un Tribunal de Arbitramento.
Los trabajadores de Prodenvases se han visto sometidos a despidos y a la extinción paulatina del sindicato, igual viene aconteciendo con los trabajadores del IMPAC donde solo queda un trabajador afiliado. En Kafesuav los patronos intentaron sacar la maquinaria de las instalaciones de la empresa, lo cual obligó a los obreros a hacer vigilancia permanente para impedirlo.
El Sindicato de Empresas Varias viene negociando una nueva convención colectiva con muchas dificultades porque las directivas de la empresa han presentado un contrapliego. Una de las principales reivindicaciones de los obreros de las EEVV ha sido la de no permitir la privatización a través de la venta de los activos en la Plaza Mayorista, la Central Ganadera y Matadero, así como incidir en la Comisión de regulación de agua potable y saneamiento ambiental.
2.2 La Represión contra el Sector Sindical
Las medidas de ajuste del modelo neoliberal dictadas por el Fondo Monetario Internacional al Gobierno de Andrés Pastrana fueron consignadas en el Plan de Desarrollo Cambio Para Construir la Paz, dando lugar a una permanente lucha de reivindicación de los derechos de los trabajadores que se manifestaron en paros, protestas y acciones de hecho.
El 25 de septiembre de 1998, tres trabajadores fueron lesionados en el desalojo forzoso de la planta eléctrica de Fábrica de Licores de Antioquia (FLA) en un operativo realizado por la policía Metropolitana de Medellín, quienes en forma grotesca y arbitraria los privaron de su libertad. Sinaltralic manifestó su preocupación por los atropellos sufridos cuando estos en forma pacífica exigían sus derechos laborales. (23)
Mientras se desarrollaba en la ciudad de Medellín una marcha pacífica el 28 de abril de 1.999, por los sectores gremiales y estudiantiles que exigían al gobierno de Andrés Pastrana abstenerse de adelantar el proceso privatizador fueron agredidos por agentes de policía cinco personas. De la misma manera integrantes de la policía que se hicieron presentes al mando del oficial Zapata en el sitio conocido como Camilo C, vía que lleva al Municipio de Amaga del Suroeste antioqueño procedieron a tomar fotos a los dirigentes de los educadores y del sector campesino quienes en forma pacífica adelantaban una toma de la vía.
Los dirigentes sindicales afiliados a SUTIMAC Seccional Puerto Nare y Caracolí, han sufrido la más violenta arremetida sometiEndolos al destierro y a amenazas de muerte. El 28 de octubre de 1.998 fue asesinado por parte de sicarios que deambulaban por las calles de Puerto Nare, Luis Osdulio Camacho, ex -trabajador y jubilado de dicha empresa.
Las instalaciones de la empresa Canteras fueron visitada por hombres los cuales se identificaron como Autodefensas Campesinas de CÓRDOBA y Urabá, Bloque Metro, estos portando lista en mano y después de reunir a la comunidad, fueron llamados uno a uno haciEndoles serias amenazas, según ellos aparte de los allí reunidos, de igual forma declararon objetivo militar a toda la dirigencia sindical.
De la misma manera la Central Unitaria de Trabajadores de Colombia-CUT Antioquia denunció el asedio y la persecución que ha sufrido en muchas oportunidades.
Debido a la grave crisis por la que están atravesando los líderes sindicales, populares y de derechos humanos en los últimos meses, 23 edificios que sirven de sede a diversos Sindicatos se han convertido en verdaderos búnkeres. El Gobierno se vió obligado a blindar puertas, paredes y ventanas de las edificaciones y puso en emergencia un plan de protección para 35 principales dirigentes sindicales, el cual incluye 80 escoltas.
La situación es tan lamentable que en 1998 los sindicalistas develaron ante la Organización Internacional del Trabajo la política deliberada de persecución contra el sindicalismo; las centrales obreras por parte del Gobierno y denunciaron el incremento de asesinatos, las desapariciones, las amenazas y los atentados. El dato más alarmante se registró en 1997 con el asesinato de 172 trabajadores. Aseguró Luis Eduardo Garzón 'que aquí a todo el mundo le parece natural que maten a un sindicalista y nunca se sabe quien fue el autor'. La estrategia del Gobierno ante la visita de la OIT fue la de advertir que estamos preparados para defendernos como un León herido palabras de la ministra de trabajo Gina Magnolia Riaño. Además puntualizó que para evitar una posible sanción hay que mostrar a la comunidad internacional avances en materia de protección de los derechos de los sindicalistas y de actualización de la legislación laboral. (24)
De igual manera los sindicalizados de Antioquia presentaron ante la OIT denuncias respecto a la persecución de su labor sindical, homicidios selectivos, desapariciones, desplazamiento por amenazas de muerte y atentados dinamiteros a las sedes sindicales.
Durante 1.999 fueron asesinados al menos 69 sindicalistas en Colombia, 19 de los cuales eran dirigentes de diferentes organizaciones obreras. Aunque la cifra es menor a la de 1.998 cuando el número de asesinatos llegó a 91, durante la década pasada los activistas sindicales asesinados fueron 136, las amenazas de muerte llegaron a ser de 676, el más alto reportado en los últimos años; hubo 13 ataques fallidos y 20 sindicalistas debieron abandonar el País. Más de la mitad de las violaciones a los derechos de asociación sindical se registraron en Bogotá y Antioquia, 75% de los ataques se dirigieron contra trabajadores afiliados a FECODE; sólo en Antioquia fueron asesinados 23 activistas obreros. (25)
La Central Unitaria de Trabajadores de Colombia-CUT Subdirectiva Antioquia ha puesto en conocimiento del Colectivo de Derechos Humanos Semillas de Libertad 'CODEHSEL' los siguientes casos: La desaparición del Presidente del sindicato de trabajadores y empleados Universitario de Colombia SINTRAUNICOL GILBERTO AGUDELO MARTINEZ desaparecido en el mes de junio del año 2000. La desaparición el 3 de marzo de 2000 de JAIRO BEDOYA, asesor de la Organización Indígena de Antioquia, promotor de la campaña 'para que Embera Viva' . De desplazamientos fueron víctimas los directivos de SUTIMAC, trabajadores de Cementos Nare y Caracolí. También han sido desplazados varios obreros del Municipio de Vegachí afiliados a SINTRAOFAN. Fue asesinado el 18 de Junio del 2000 Gildardo Uribe, directivo sindical de trabajadores oficiales de Antioquia SINTRAOFAN en el municipio de Vegachí.
Durante el año 1997 se presentó un atentado a la sede sindical de los textileros, donde funciona también una organización de derechos humanos no gubernamental, viEndose seriamente afectados todos los enceres y la parte locativa. RepitiEndose la oleada de ataques contra las sedes sindicales ocurridos en 1996 contra SINTRALEONISA, SINTRATELSA, SINTRATEXTIL Y FEDETEX, SINDICONS, SINTRAMUNICIPIO, SINTRAEEPP, Y SINTRAINAGRO en el Municipio de Apartadó, Antioquia.
La gran catástrofe que se ciñe sobre los trabajadores es preocupante, la política estatal de brindar protección a los dirigentes y trabajadores sindicalizados no deja de ser un paño de agua tibia, pues el incumplimiento reiterado de las normas internacionales en materia de derechos humanos es persistente, y no se tiene la voluntad política para cumplirlos, reduciendo su garantía a la entrega de chalecos y mínimas medidas de seguridad a las sedes sindicales, sin erradicar el problema fundamental del terrorismo de Estado, que se consolida con la estrategia paramilitar en el país.
El citado informe de la Oficina de Derechos Humanos de Naciones Unidas en Colombia observó como en el año 2000 la violencia se ha proyectado no solo contra dirigentes de los sindicatos más representativos, sino también contra las bases del movimiento sindical en distintas regiones del país. Esto ha provocado un debilitamiento del movimiento sindical, sobre todo en las regiones, y una pérdida de redes de información y de base social. Muestra de ello es la amenaza proferida por paramilitares a los trabajadores municipales de Segovia y Remedios (Antioquia), a quienes se les prohibió cualquier actividad relacionada con derechos humanos bajo la amenaza de convertirlos en 'objetivo militar'. Las cifras aportadas en el seno de la comisión inter institucional para la defensa, protección y promoción de los derechos humanos de los trabajadores, arrojan un total de por lo menos 112 sindicalistas muertos en el año 2000. La mayoría de los ataques son atribuidos a grupos paramilitares. Estas cifras representan un aumento dramático de víctimas en comparación con los dos últimos años. (26)
3. La educación en Antioquia, un derecho que se lucha o que se compra.
3.1. Sinopsis del conflicto:
La defensa de la Educación pública estatal (consigna que unifica a maestros, estudiantes, padres de familia y sindicatos y la razón del conflicto que con las entidades estatales y gubernamentales se desata), surge por la definición de su privatización como política oficial, acomodándose a los parámetros del Fondo Monetario Internacional y dem s organismos multilaterales de crédito.
Las leyes 30 de 1992 y 115 de 1994 formulan las directrices para la ejecución del modelo neoliberal aplicado al sistema educativo. El afianzamiento del programa privatizador en el sector educativo se manifiesta a través de diversas estrategias, una de ellas, acentuado el déficit económico de las instituciones de Educación pública, por medio del recorte presupuesta por parte de la Nación, la entrega tardía de las transferencias con el objeto de profundizar la crisis, provocar el cierre de estas o buscar su autosostenimiento por la vía del aumento de matriculas y venta de servicios. A esto se le agrega la descentralización del servicio de la Educación a los entes territoriales, a los cuales día a día se le disminuyen las transferencias de la Nación, presionando al aumento de gravámenes a los ciudadanos para que sean los que se comprometan con esa obligación estatal, con el consabido traslado de una función pública a los particulares, quienes en definitiva suplen las falencias del Estado.
Ante el Congreso de la república se presentó en las sesiones de fines del año 2.000, el proyecto de acto legislativo Nro. 12, el cual se convirtió en el actual instrumento de la política privatizadora, y que generó fuertes controversias; al respecto, según FECODE y las asociaciones de maestros del país, Este hace parte del paquete de reformas estructurales del acuerdo extendido de Colombia en el Fondo Monetario Internacional, que profundiza la estrategia neoliberal de la reestructuración capitalista mediante un drástico programa de ajuste económico. Según dicho acuerdo. (27)
En el convenio suscrito por Colombia ante el FMI se ratifica que el más importante de los esfuerzos por controlar el gasto público en el mediano plazo es el acto legislativo (una enmienda constitucional) que fue presentado al Congreso con el propósito de mantener constantes en términos reales el valor de los fondos que se trasfieren a los gobiernos locales bajo los acuerdos de participación en los ingresos corrientes de la Nación.
Así las cosas se afianza la maniobra de recortar las trasferencias de la Nación a las entidades descentralizadas, quienes en últimas deberán suplir las funciones generales del Estado, sobre la base de ampliar los tributos a los ciudadanos.
Lo anterior se ratifica cuando en el acto legislativo No. 12 en uno de sus apartes se establece que la Nación no podrá pagar, directa ni indirectamente, gastos en servicios que hayan sido señalados como de competencia de las entidades territoriales, con las excepciones que la ley establezca teniendo en cuenta el principio de la concurrencia.
De otro lado, se promueve la creación de instituciones privadas, permitiéndoles la participación en instancias decisorias a través del Sistema de Educación Superior y dotándolas de las garantías para su sostenibilidad, financiándoles algunas actividades o gestiones con dineros del erario público, por ejemplo: Colciencias aporta recursos para el pago de nóminas de profesores que se vinculen a proyectos de investigación, sin embargo, no se acepta esa financiación si son de universidades públicas.
También el ICETEX otorga créditos para estudiantes de instituciones privadas, tal como lo referencia la Federación Nacional de Profesores Universitarios en la revista de esa agremiación No. 1 de enero de 1997.
La cobertura educativa se ha convertido en una apariencia en la medida en que, se amplían de forma irresponsable los cupos, sin un programa de expansión localitiva, dotación e incremento de la planta de personal en detrimento de la calidad educativa; incluso en este último aspecto, se restringe la vinculación de profesores de tiempo completo y medio tiempo, por hora cátedra, con la consecuente disminución de la estabilidad laboral e idoneidad en la labor, por que en muchas ocasiones tienen que emplearse por salarios irrisorios y en condiciones frágiles en varias instituciones. Este esquema de contratación de docentes, puede influir en un retroceso del derecho de asociación y la factible desaparición de los sindicatos por falta de afiliaciones.
La Asociación de Institutores de Antioquia (ADIDA) en su informe sindical de enero de 2001 denunció, la incertidumbre existente para 56.208 estudiantes de 81 instituciones en 104 municipios por el fracaso del programa de ampliación de cobertura, donde adeudan a 1600 maestros los sueldos del año 2000, sin embargo se insiste en continuar con esa estrategia de privatización de la Educación.
Con las estrategias privatizadoras se surtir n cambios en los programas académicos universitarios, muchos de los cuales descender n a la categoría de tecnologías y se desestimular la continuidad de algunas carreras en ciencias sociales. El porcentaje destinado para la investigación apenas ser del 0.08% del PIB
En medio del nudo del conflicto social y político que las directrices neoliberales imponen a los ciudadanos y particularmente a los sectores sociales vinculados con el sector educativo, se provoca la legitimidad de la protesta y la oposición como expresiones que se manifiestan en el escenario público, la respuesta estatal ha sido el agravamiento de la crisis de derechos humanos, donde el terrorismo de Estado y la vía represiva se convierten en los instrumentos viables para poner en marcha las citadas medidas económicas y políticas.
En medio de este conflicto por la defensa del derecho a la Educación pública y para la generalidad del pueblo colombiano, la aplicación de las medidas privatizadoras se intensificó la violación de los derechos humanos de quienes están a favor de considerarla como un derecho fundamental e inalienable. Al respecto trataremos, los hechos, los escenarios, las circunstancias y principalmente las víctimas de la violencia oficial en el periodo de análisis.
3.2. La tenaza neoliberal y la reacción Social:
Mientras en el Congreso de la República se discutía, en los meses de abril y mayo de 1999, la aprobación del Plan Nacional de Desarrollo 'Cambio para construir la Paz', varios sectores de la sociedad se venían manifestando a través de movilizaciones y protestas a las que se vincularon los diversos estamentos de las Universidades públicas, gremiales, sindicales, estudiantiles y de profesores de la ciudad y del departamento de Antioquia.
Los alumnos de diversos centros de Educación pública se conglomeraron en la Mesa Inter institucional estudiantil, promoviendo asambleas permanentes, marchas, mítines, con el objeto de analizar y evaluar los hechos que estaban afectando la Educación pública superior. Una marcha de antorchas liderada por los estudiantes de la U. de A., U. Nacional, el Politécnico Jaime Isaza Cadavid, INEM José FÉLIX de Restrepo, el Pascual Bravo, el Liceo Marco Fidel Suárez, fue reprimida violentamente por la policía acatando una orden proferida por el alcalde de Medellín Juan GÓMEZ Martínez contenida en el decreto No. 326 del 5 de mayo de 1999 que restringía el libre derecho constitucional a la movilización y expresión. Producto de estas acciones fueron capturados y acusados por el delito de Terrorismo John Freddy Consuegra Hernández, estudiante de la facultad de Educación y Jesús Ovidio Carmona, empleado de una cafetería de la U. de A.
En medio de los crecientes hechos de violencia contra los estudiantes asociados en la Mesa Inter institucional, estos se convocaron para discutir sobre los diferentes problemas afrontados por las instituciones públicas de Educación en el departamento de Antioquia, definiendo una jornada de protesta por las calles de Medellín, ante la cual respondió la Policía con gases lacrimógenos y la detención de varios estudiantes que fueron sometidos a tratos crueles y degradantes.
3.3 No cesa la vulneración de los derechos humanos en la Universidad de Antioquia
En la Universidad de Antioquia no ha sido gratuito que las organizaciones gremiales de este importante centro de Educación superior del país, que han liderado con mayor ahínco la lucha contra la privatización y todos sus efectos, sea una de las más golpeadas a través de la historia. Muchos de los activistas estudiantiles y profesores han sido víctimas de crímenes perpetrados por agentes estatales o paramilitares.
En el periodo de las administraciones de Alberto Builes Ortega y Juan GÓMEZ Martínez, en la U. de A. se dieron las siguientes situaciones:
3.3.1 La Corporación Taliber:
Fundada por estudiantes y profesores de la facultad de derecho de la U. de A. en 1.989, obtuvo personería jurídica en 1.992, con la finalidad de asistir a los detenidos de la cárcel nacional Bellavista, Buen Pastor de la ciudad de Medellín; es un esfuerzo académico y humano contra la cárcel dicen sus integrantes, lo que quiere decir, que hay un compromiso por entender al preso como el resultado de la sociedad que afuera, en el exterior, no funciona nada bien.
Carlos Castaño, jefe paramilitar de las AUC señaló a través del periódico el Tiempo a su director y a la institución de ser subversiva Este señalamiento produjo que el número de estudiantes que la conformaban se redujera por la consecuente amenaza contra la vida e integridad personal que ello genera, al ser catalogados como 'guerrilleros', y colocarlos por esta razón en el marco del conflicto armado. Esta acción trajo consigo la desarticulación de esta organización, a raíz del exilio de uno de sus más destacados representantes, el abogado Juan Fernando Gutiérrez y el abandono de otros, de las actividades que realizaban.
Las diversas instancias de la Universidad de Antioquia y sectores académicos y organismos de derechos humanos se sumaron a las voces de protesta resaltando la altruista labor desempeñada por la institución y respaldando el compromiso social de sus integrantes en el ámbito carcelario de la ciudad de Medellín.
3.3.2 Los estudiantes:
En abril de 1.999 se discutía en la Universidad de Antioquia el Plan de Desarrollo de la misma, con la participación de los profesores, sindicatos, estudiantes y directivas del Alma Mater. Se ponía en la mesa de las conversaciones el futuro de la universidad sobre la base de posturas en pro y en contra de su privatización. Otro tema fundamental tenía que ver con la exigencia de la libre expresión de las ideas al interior del claustro universitario. Todo lo anterior se le sumaba la discusión sobre el cuantioso endeudamiento que el gobierno departamental tenía y aún persiste con la U. de A, que ascendía para la Época a $54.000 millones de pesos.
Simultáneamente apareció en la ciudad universitaria un grupo paramilitar liderado por Carlos Castaño denominado Autodefensas de la U. de A. y en otras ocasiones llamándose 'mano negra', dando a entender la aparición de otra agrupación de derecha imponiendo condiciones para el relacionamiento de todos los estamentos universitarios. Amenazaron a varios líderes estudiantiles acusándolos de ser subversivos, quienes denunciaron ante las directivas del centro educativo, sin embargo estas asumieron ante los hechos una actitud negligente. Es de anotar, que por su parte los supuestos integrantes de las AUDEA solicitaron audiencia con los Altos mandos militares del país para explicar las razones por las cuales decidieron agruparse..." (28)
Gustavo Marulanda García, dirigente estudiantil, también coordinador de la mesa de relaciones externas del Comité de estudiantes y alumno del séptimo semestre de Filosofía, fue asesinado el 7 de agosto de 1.999 por cinco sicarios a nombre de las Autodefensas de la U. de A. en inmediaciones del claustro universitario. Había sido amenazado junto con los dirigentes y miembros de las organizaciones sindicales de trabajadores, profesores y 3 estudiantiles asociados al interior de la universidad a quienes tildaron de 'señores revoltosos' advirtiéndoles que quedaban notificados señores terroristas.
No sobra recordar que en el mes de febrero de 1994 Gustavo Marulanda, había sido detenido por la SIJIN dentro de las instalaciones del liceo Nacional Marco Fidel Suárez, después de haber efectuado una requisa y retención de todos los estudiantes de esa institución por más de 10 minutos, colocándolos boca abajo.
Organizaciones como la Coordinadora Estudiantil de la U de A, Consejo Estudiantil de la Facultad de Odontología (CAFA), SINTRAUDEA, SINRAUNICOL y UER con antelación a estos hechos habían tramitado las denuncias ante la Fiscalía y organismos internacionales, como la Oficina del Alto Comisionado para los derechos humanos de Naciones Unidas y la Cruz Roja Internacional, negando cualquier vinculación con organizaciones insurgentes y manifestando la necesidad de que se investigara a los grupos paramilitares en la Universidad.
Gustavo Marulanda había sostenido a los medios de comunicación que no es cierto que haya una confrontación armada, lo que sí existen son debates ideológicos y de alguna manera políticos, pero eso no significa que los alumnos estemos con un fusil al hombro como lo han hecho creer publicaciones como la revista Semana y el mismo diario El Colombiano... Por eso, por pensar distinto y dar una opinión nos están acusando de guerrilleros. El día 29 de mayo de 1.999 el periódico El Colombiano en un artículo titulado qué pasa en la U. de A, hizo serios señalamientos en contra de los activistas del movimiento estudiantil, reproduciendo como ciertas las afirmaciones esgrimidas por Carlos Castaño como pretexto para imponer el terror en la universidad y 'justificar' los crímenes que perpetúa". (29)
La situación se tornó tan aguda que la sola circunstancia de portar el carné de la universidad era y sigue siendo suficiente para ser estigmatizados por la Policía y el Ejército. Estudiantes como Carmiña Zapata, Carlos Oliveros, Eder Navarro, Huber García, Jorge Correa y Jorge Maldonado miembros de la CEUA fueron amenazados y tuvieron que abandonar el país. La desaparición forzada fue también la desgracia sufrida por el profesor de la Facultad de ingeniería de la U. de A. Nelson de Jesús Cañola Correa y su sobrino James Humberto González Bedoya cuando se movilizaban por la vía Bolombolo - Betulia en dirección al corregimiento de Altamira, en hechos ocurridos el 1º de septiembre de 2.000. Con antelación, el 5 de mayo de 1.999 había sido asesinado el investigador del Instituto de Estudios Regionales INER y catedrático, Hernán Henao Delgado y el 5 de agosto el asesinato de Hugo Ángel Jaramillo administrador de la Cafetería de la facultad de derecho.
El 19 de agosto de 1.999 el Rector del alma mater Jaime Restrepo Cuartas se reunió con Carlos Castaño (30) , según El con la finalidad de dirimir la difícil situación vivida en la Universidad de Antioquia, y un día después de la visita a este paramilitar, citó a un plebiscito invocando la necesidad de que la Universidad siguiera abierta y en Paz, sin embargo la mayoría de los estamentos universitarios criticaron la manipulación del mismo, en tanto no enfatizaba en la necesidad de que la universidad siguiera abierta sobre la base de su no privatización, sin cierre de salones, plazoletas, corredores, auditorios, bibliotecas, reas deportivas y donde se garantizara la libertad de expresión, organización y movilización.
Las fuerzas especiales urbanas de las AUC se atribuyeron el crimen de Gustavo Marulanda y como distractor 'justificaron' el hecho, acusándolo de haber ordenado el asesinato dos días antes de Hugo Angel Jaramillo administrador de la cafetería de la facultad de derecho de la Universidad y de ser integrante del E.L.N.
3.4 En la Universidad Nacional también se sintió la represión
También la U. Nacional se unió a las jornadas en contra de la aprobación del Plan Nacional de desarrollo del Presidente Andrés Pastrana. La respuesta de la Policía Metropolitana fue su ingreso en forma violenta a los predios universitarios, amedrentando a los estudiantes, lo cual dejó una decena de retenidos, un número no precisado de heridos y destrozos materiales en el bloque administrativo y en una de las casetas de entrada a la universidad.
La Vicerrectora Olga Mestre de Tobán se manifestó contrariada por el atropello de la fuerza pública y sostuvo 'que pese a que el espíritu de la manifestación fue pacífica, los estudiantes fueron hostigados y doy fe y me da mucha pena decirlo, la policía no sólo entró a agredir a los estudiantes sino a los funcionarios y a las instalaciones que sufrieron destrozos en varios bloques y se preguntó porqué la policía se ensaña de esta forma con los bienes de la universidad, porqué demuestra una vez más su odio ante los miembros de la sociedad colombiana (31). En igual sentido se pronuncio la Asociación de Empleados No Docentes de ese claustro universitario.
Dos meses después, en Julio de 1999 circuló en el ambiente universitario un volante en el cual se anunciaba la incursión de las Autodefensas de la Universidad Nacional siguiendo según el texto el ejemplo de la Universidad de Antioquia, donde las autodefensas expulsaron a los extremistas guerrilleros.
Uno de los más destacados líderes de la Universidad Nacional y directivo sindical de SINTRAUNICOL Gilberto Martínez Agudelo, promotor de las protestas contra el Plan de desarrollo y de los paros de los empleados estatales llevados a cabo en mayo y octubre de 1999, fue amenazado por las Autodefensas Unidas de Colombia junto con otros reconocidos activistas sociales y políticos. Fue detenido desaparecido el día 8 de junio de 2000 cuando se desplazaba vía terrestre hacia la ciudad de Bucaramanga donde cumpliría funciones propias de su actividad gremial. A través de medios radíales las AUC se reivindicaron la acción criminal.
3.5 Al Politécnico Jaime Isaza Cadavid, lo defendieron de la corrupción y la privatización
El 10 de mayo de 1.999 fue reprimida violentamente una expresión de protesta de los estudiantes del Politécnico acampanada por los alumnos del Liceo INEM José FÉLIX de Restrepo. En esa ocasión la Policía retuvo a varios estudiantes menores de edad y los colocó como escudos humanos para enfrentarse a los manifestantes que se encontraban en la avenida en Poblado, en un momento de amplia circulación de vehículos, protestando contra las medidas adoptadas en el Plan Nacional de Desarrollo del Presidente Andrés Pastrana.
Se tuvo conocimiento de la apertura de un proceso disciplinario contra los uniformados que procedieron irregularmente, colocando en riesgo la vida de los menores de edad, sin que hasta la fecha no se hayan dado a conocer los resultados de la investigación.
No obstante, llama la atención, que aunque se pudo observar públicamente los abusos de la Policía, el Secretario de Gobierno Municipal en declaraciones de prensa dijo que 'las autoridades actuaron de acuerdo a la Ley y si hay algunas personas retenidas, fue porque la Policía las encontró con las causas suficientes y necesarias para reténerlas y entregarlas a las autoridades correspondientes. (32)
Por parte de las autoridades policiales se retuvo a los estudiantes Juan Fernando Guzmán, José Nicolás Torres, Hugo Palacio Peña y Héctor Hernán Arias quienes fueron acusados de terrorismo y puestos a disposición de la Fiscalía que adelantó un proceso penal bajo esta sindicación.
El día 13 de junio de 1999 fue asesinado el estudiante de contaduría Carlos Mario Osorio Giraldo, quien venía denunciando algunas irregularidades presentadas en esta institución universitaria. Aquel día cuando salía de su residencia fue abordado por varias personas y luego lo asesinaron. Este líder durante aquel año estuvo al frente de un movimiento mediante el cual los estudiantes buscaban el desmonte de unos convenios que se establecieron entre el Politécnico y la Universidad Cooperativa de Colombia, institución que es regentada por el cuestionado dirigente político César Pérez García.
La lucha de los estudiantes tenía entre sus proyecciones discutir acerca del reglamento estudiantil, la reestructuración administrativa, medidas preventivas, tales como la no apertura de procesos disciplinarios a los líderes y la recuperación del tiempo mientras persista la Asamblea Permanente, el incremento de matriculas decretadas por las autoridades universitarias y la corrupción que se gestaba desde las directivas. Igualmente estaba entre los puntos la necesidad de superar el déficit presupuesta a cargo del departamento de Antioquia deudor de la institución por sumas millonarias.
El día 29 de marzo del año 2000 los estudiantes del Politécnico reunidos en asamblea general decidieron realizar una manifestación pacífica con el fin de reclamar del Gobierno departamental de Antioquia la entrega de algunos recursos presupuestales que le adeudaba a la institución y rechazar la posible fusión del Instituto Tecnológico de Antioquia con el Politécnico, lo cual implicaría el agravamiento del problema presupuesta por el que atravesaba. El rector, Guillermo Mejía, bajo el falaz argumento de la infiltración del movimiento estudiantil por agentes subversivos, ordenó la incursión de la fuerza pública a los predios universitarios, arremetiendo violentamente en contra los estudiantes provocando heridas a decenas de ellos y reteniendo de manera ilegal a 85 universitarios.
Desde el 4 de octubre de 2000 más de 9.000 estudiantes del Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid declararon la asamblea permanente para denunciar la corrupción, los manejos administrativos que obedecen a intereses políticos y para exigir la no reelección del rector Guillermo Mejía Mejía, quien desde los inicios de su investigación venía siendo duramente cuestionado y denunciado por sus comportamientos irregulares.
El movimiento estudiantil se ha caracterizado por ejercer pacíficamente el derecho fundamental a la protesta apelando a la realización de asambleas, mítines y campañas de graffittis, mediante los cuales se pide la renuncia del rector Guillermo Mejía Mejía o su no reelección por parte del Consejo Directivo de la institución.
La investigación se ha valido de los servicios de una compañía de vigilancia privada -Sepecol-, encargándola del seguimiento de las actividades adelantadas por los líderes estudiantiles, realizando tareas represivas tendientes a intimidarlos. Prueba de ello es que por solicitud interpuesta directamente por el Director de Servicios Generales, señor Carlos Arango, se inició investigación disciplinaria en contra de uno de los líderes del movimiento estudiantil, a quien se le imputa cargos por la realización de pintas o graffittis en los que pide la renuncia del rector y por haber sido sorprendido en momentos en que presuntamente fumaba marihuana.
El martes 16 de enero del 2001 efectuaron llamada telefónica a la residencia del dirigente estudiantil Mauricio GÓMEZ Patiño, en la que le anunciaban que de seguir persistiendo en el paro se tendría que atener a las consecuencias y que le iba a ir muy mal.
Este hecho inmediatamente fue denunciado ante la Defensoría del Pueblo. Así también se evidencia la persecución y el asedio contra los dirigentes estudiantiles, cuando el 18 de enero del 2001, en las horas de la noche llegaron 3 hombres y una mujer portando armas de fuego hasta la residencia Francisco Toro ingresando de manera violenta en su búsqueda, afortunadamente, logró escapar tras oponer resistencia al secuestro o desaparición del cual estaba siendo objeto.
A esta situación de persecución y hostigamiento hacia la acción estudiantil, se le suma el hecho de que en el mes de diciembre del año 2000, otra líder estudiantil del Politécnico, Marta Luz Rojas, también estuvo a punto de ser secuestrada.
Todos estos hechos indudablemente constituyen un mecanismo para presionar el levantamiento del movimiento estudiantil que se llevó a cabo en el Politécnico y para reprimir, perseguir y acabar con la vida del grupo de estudiantes que lo han liderado.
3.6 Maestros: Amenazados y Asesinados, Más Grave Si Están Sindicalizados:
Los docentes agremiados en la Asociación de Institutores de Antioquia ADIDA han sido igualmente objeto de persecución, amenazas y asesinatos. Esta organización sindical ha promovido en el departamento innumerables acciones de presión en busca de las reivindicaciones propias del sector, y muy en especial en defensa de la Educación pública. Así mismo muchos de sus integrantes, se vinculan a expresiones organizativas sociales y comunitarias en sus respectivas localidades, lo que aumenta el nivel de riesgo y vulnerabilidad.
Ello se ha evidenciado con el acaecimiento de crímenes como el ocurrido con la profesora Rosmira Jiménez Álvarez del corregimiento El Jordán, en el municipio de San Carlos, al igual que otros docentes había sido amenazada de muerte; pero su situación no fue atendida en debida forma, viéndose obligada a regresar a su actividad laboral. El día 24 de marzo de 1.998 fue asesinada junto con otros líderes comunitarios en la localidad.
Con antelación habían sido asesinados los docentes Carlos Alberto Lopera, representante del comité de derechos humanos del Nordeste e integrante de la Unión Patriótica en el municipio de Remedios el 8 de agosto de 1.997; Fabio de Jesús Higuita en Cañas Gordas el 30 de octubre de 1997.
El docente y líder social y comunitario Guillermo Adolfo Parra López fue asesinado por un comando paramilitar en el municipio de Montebello el 24 de enero de 2000, junto con dos integrantes del desmovilizado grupo insurgente Corriente de Renovación Socialista, cuyos cuerpos aparecieron días después en poder del Ejército en el municipio de El Carmen de Viboral, a quienes dieron muerte supuestamente en combates, por ser sorprendidos en un intento de voladura de una torre de energía. Sin embargo cuando se descubrió la acción sincrónica de los paramilitares y ejército actuando conjuntamente, los cuerpos sin vida de estos fueron raptados de la morgue del lugar, sin que hasta la fecha se sepa del sitio donde se hayan sepultados.
Juan Cástulo Jiménez Gutiérrez fue asesinado en el corregimiento de Mesopotamia el 26 de abril de 2000, Jesús Ramiro Zapata asesinado en el municipio de Segovia el 3 de mayo de 2000, Jaime Enrique Barrera el 11 de junio de 2000 en el municipio de Anzá, Luis Rodrigo Restrepo Gómez, delegado y presidente e la subdirectiva de Adida en el municipio de Ciudad Bolívar. Vicente Romaña asesinado en el municipio de Medellín el 5 de agosto de 2000.
El docente Ramiro Zapata era integrante del Comité de Derechos Humanos del Nordeste y hasta el último día de su existencia denunció abiertamente ante las autoridades nacionales e internacionales las estructuras de terror que impusieron el miedo en el municipio de Segovia y las relaciones existentes con las fuerzas armadas del estado.
3.7. Efectos Sociales:
Se ha venido hablando por parte de Representantes de las Universidades, Autoridades civiles y militares de la ciudad de Medellín, que existe o se libra una confrontación militar al interior de las Universidades públicas, se sostiene incluso que el conflicto se desarrolla entre paramilitares y guerrilleros; sin embargo, las víctimas de las agresiones son líderes sociales, dirigentes estudiantiles o gremiales que se oponen a las políticas neoliberales aplicadas en el sector educativo, y la estrategia de agresión y terror se manifiesta públicamente a través de la acción propagandística de las Autodefensas Unidas de Colombia, apoyada por la estigmatización del movimiento de protesta y las practicas represivas orientadas por la Fuerza Pública, en especial la Policía Metropolitana al mando del General Luis Alfredo Rodríguez Pérez. En una reunión de Seguridad de la Alcaldía Municipal este policía reivindicó con agrado la 'tensa' calma respirada en la U. de A., luego de la aparición mediante volantes de las AUDEA amenazando a integrantes de las organizaciones estudiantiles, sindicales y de profesores de la misma, y del aleve asesinato de Gustavo Marulanda García.
La recurrente estigmatización de ser guerrillero a quien se manifiesta en contra de las políticas estatales, y la consecuente eliminación de los líderes más reconocidos, se convierte en la maniobra a través de la cual, obstruyen los canales democráticos de discusión política y conducen un asunto meramente académico y político, al terreno militar. Mientras se protestaba contra la corrupción, el Plan de desarrollo Nacional, el no cierre de establecimientos educativos, mejores condiciones para los educadores, simultáneamente se incrementaron las violaciones de los derechos humanos y se generó un ambiente de terror que influyó en las aulas, pasillos, investigaciones, hay un fondo que no permite pensar y reconocer los centros de Educación superior como espacios de debate público y análisis de problemas. El ambiente es pesado, tiende al silencio, al cuidado de intervenir en clase y, de alguna manera, se ha restringido el ambiente propicio para una amplia deliberación. (33)
En un comunicado a la opinión pública suscrito el 6 de julio de 1999 por la Mesa de actividades estudiantiles expresaba las razones por las cuales se estaba sembrando el temor y la duda acerca de la calidad de dirigentes estudiantiles de sus miembros y decía que esta situación no es nueva, pues en diversas ocasiones y durante toda la historia de la universidad de Antioquia, precisamente en aquellos momentos en que el movimiento estudiantil ha cuestionado políticas estatales e institucionales en contra de los intereses de la Educación pública o del estudiantado, han aparecido como por arte de birlibirloque rumores, amenazas, vínculos del movimiento estudiantil de pertenecer y ejecutar acciones de grupos insurgentes, desapariciones y persecuciones políticas y hasta asesinatos de líderes estudiantiles.
Para los estudiantes de la U. de A. no es entonces una sorpresa que hoy vuelvan a correr rumores como estos, que tratan en vano de menoscabar la imagen, la credibilidad y honestidad de los líderes estudiantiles o de estudiantes en general que protestan en contra de políticas privatizadoras o de tinte dictatorial y autoritario que prohíbe la libre expresión de la voluntad general y la movilización y organización popular en contra de medidas neoliberales injustas
4. Agravamiento de la situación de las organizaciones políticas de oposición.
4.1 Quebrantamiento endémico de la democracia
La historia de Colombia, parece repetirse a través de los años. Para sólo hablar de épocas más recientes, desde la mitad del siglo pasado encontramos la constante de la aniquilación del movimiento popular, de sus líderes, de las organizaciones políticas diferentes a los partidos tradicionales, en una sola palabra, de la oposición.
En los últimos tres años en Antioquia, para tristeza, desazón y desequilibrio del movimiento popular, muchos son los casos ilustrativos de la persecución y el exterminio oficial. Han sido hostigadas organizaciones de oposición y de ex combatientes o reinsertados, quienes desde espacios institucionales y legales proponen al país otro pensamiento político e ideológico, el cual no incluye el empleo de las armas, sin embargo, son mirados como enemigos al cual hay que aniquilar. Sin temeridad alguna se puede decir que aquellas personas que deciden dejar las armas y se reincorporan a la vida civil, el Estado las continúa considerando parte del enemigo interno y por lo tanto, objetivo militar de su sangriento aparato, el paramilitarismo.
Similar suerte han corrido muchas organizaciones sociales, gremiales y políticas. No es necesario ser un líder de oposición, basta sólo participar, reclamar, luchar por la exigencia de los derechos fundamentales para ser la víctimas de la estrategia de aniquilamiento.
4.2. Asedio contra los Líderes Cívicos y Populares:
En el Oriente Antioqueño y de manera muy especial el municipio de San Carlos, muchos de los líderes sociales han sido asesinados y los pocos que han logrado colocar a salvo sus vidas, han tenido que desplazarse forzadamente de la región. La sistematicidad de los sucesos acontecidos en esta localidad permiten deducir una clara orientación hacia la exclusión de líderes y organizaciones sociales y políticas que a través del ejercicio de la democracia han liderado proyectos alternativos para la gran mayoría de la población.
Así por ejemplo, los consejos municipales de planeación, las Juntas de acción comunal, los grupos productivos, se han visto afectados en su dinámica por la continua victimización de sus integrantes y el permanente hostigamiento por parte de grupos paramilitares.
Entre el 24 y 25 de octubre de 1.998 un grupo de paramilitares incursionó en el municipio de San Carlos y asesinó a doce personas, varios de los cuales, Mariano Bedoya y Victor Velásquez habían sido activos participes de la Coordinadora cívica del oriente antioqueño que en los primeros años de la década del 80 protestaron resueltamente en contra del alto costo de las tarifas de energía. Otras de las víctimas eran líderes cívicos de las nuevas expresiones políticas del municipio y venían cuestionando el manejo que ISAGEN le estaba dando a la construcción de la linea San Carlos San Marcos.
En el municipio de San Rafael, el 6 de abril de 1998, cinco hombres identificados como paramilitares con armas de corto y largo alcance, asesinaron a Luis Norberto Henao de 52 años de edad, quien se desempeñaba como Presidente de la Acción Comunal de la Vereda El Topacio.
En la ciudad de Medellín, los asesinatos de líderes comunitarios no ha disminuido, muy por el contrario, dirigentes barriales y de agrupaciones culturales han sido objeto de la guerra sucia. Luis Rojas, miembro de la Junta de Acción Comunal de la Comuna Uno, fue asesinado en noviembre de 1998, Darío Naranjo, Presidente de la Junta de Acción comunal del Popular Uno, fue muerto a medíados de enero de 1999, Fabio Beltrán Arenas, lideraba procesos de paz, entre bandas del municipio de Bello, también fue asesinado. Edid Alfonso Carvajal, Presidente de la Junta de Acción Comunal de Santo Domingo Uno, fue muerto el 5 de febrero de 1999. Manuel Paternina, Promotor de la Casa Juvenil y del proceso cultural en el barrio Villa del Socorro, sufrió la misma fatalidad, José Rubiel Zapata Tabarez, Vocal de la Acción Comunal de Popular Uno, fue ultimado a comienzos de febrero de 1999. Gabriel Bolívar, veterano dirigente comunitario del sector Doce de Octubre y Aristbulo Giraldo Ospina, líder cultural del barrio Doce de Octubre y miembro del grupo musical Los Araucos fueron asesinados.
4.3. Militantes de Organizaciones Políticas y Reinsertados:
A la Fundación Simón Bolívar y la Corporación Verdecer se les hizo llegar un aviso en el cual se les advertía que antes de 60 días deberán clausurar sus organizaciones y salir del país o de lo contrario se tomarán medidas extremas. A la primera de ellas, pertenecen personas que fueron militantes del M-19 convencidos de que a partir de estos espacios no gubernamentales podían hacer un nuevo ejercicio de la política y la acción social, pero, como se evidencia, nunca se les dejar de ver como guerrilleros a quienes hay que eliminar.
Otros reinsertados dedicados a la actividad campesina, a través de proyectos productivos también se les ha perseguido. En enero 23 de 2000 fueron asesinados los ex miembros de la Corriente de Renovación Socialista Uberley Giraldo y José Evelo Gallo, primero fueron reténidos - desaparecidos en el municipio de Montebello, Suroeste Antioqueño, por un comando de hombres que se identificó como de las Autodefensas Unidas de Colombia, luego sus cuerpos sin vida fueron hallados en la morgue del cementerio de El Carmen de Viboral de donde fueron sustraídos posteriormente.
El crimen fue inicialmente reivindicado por las AUC, pero dos días después el Ejército en su boletín oficial informó que dos guerrilleros de la cuadrilla Carlos Alirio Buitrago del ELN fueron abatidos en la ofensiva militar adelantada por el ejército para proteger la infraestructura eléctrica en el departamento de Antioquia. Una vez se comprobó que las víctimas supuestamente dadas de baja por el Ejército eran aquellas retenidas por las AUC sus cuerpos fueron desaparecidos de la morgue y hasta la fecha se encuentran desaparecidos.
La historia de represión contra la Unión Patriótica no parece cesar en el país. Su aniquilamiento concebido desde su surgimiento en Noviembre de 1985 ha producido una acción genocida dirigida a desvertebrar un importante sector político de oposición que logró a pesar de su corta existencia poner en peligro la hegemonía de los grupos tradicionales.
En plena época pre-electoral, el día 8 de septiembre del año 2000, Heliodoro Durango Hernández candidato a la Asamblea de Antioquia fue asesinado en la ciudad de Medellín.
4.4. Defensores de los Derechos Humanos:
La situación de los defensores de derechos humanos, es similar a la de todos los líderes populares y la del pueblo colombiano en general, es decir, de permanente persecución y represión por parte de las diferentes instituciones del Estado y sus fuerzas paramilitares, que les cobran su posición crítica frente a la grave, sistemática y permanente violación de los derechos fundamentales.
Es así como en este periodo fuimos testigos de asesinatos, desapariciones y amenazas contra miembros de diversos organismos de derechos humanos, así como de líderes de organizaciones sindicales, estudiantiles y comunitarias que se dedican a la labor de defensa, investigación y promoción de los derechos humanos.
Dentro de los casos más conocidos estuvo el asesinato del abogado Jesús María Valle, de los miembros del Comité de Solidaridad con los Presos Políticos de Medellín (fcspp): Julio Ernesto González y Jesús Puerta, el secuestro de los cuatro miembros del Instituto Popular de Capacitación (IPC) y la desaparición forzada de los funcionarios de la Asociación de Familiares de Detenidos Desaparecidos (ASFADDES): Claudia Monsalve y Ángel Quintero.
El Estado colombiano ha tratado de limpiar su imagen, mostrando ante la comunidad internacional su aparente compromiso con el tema. Tanto el expresidente Ernesto Samper Pizano como Andrés Pastrana expidieron directrices presidenciales exigiendo respecto por esta labor. En la actual investigación se nombró al vicepresidente Gustavo Bell Lemus como encargado de la promoción de los derechos humanos e interlocutor con la comunidad internacional. Pese a ello, todo resultó ineficaz puesto que no existe una política real de acabar con el paramilitarismo, principal obstáculo para avanzar hacía mejores condiciones de respeto por la dignidad humana.
A lo anterior se suma la contradicción de nombrar a Gustavo Bell como ministro de defensa, con lo que resulta que el máximo encargado de la política de derechos humanos es a la vez la cabeza de las fuerzas armadas, en una jugada política que pretende legitimar a la institución como la principal garante del respeto a los derechos fundamentales, limpiando su imagen y propiciando la represión en la más absoluta impunidad.
De esta manera se torna imposible creer en la voluntad del gobierno, prueba de ello es que el señor Bell ha aprovechado su doble cargo para posicionar a las fuerzas armadas como las víctimas de la guerra en Colombia, guardando categórico silencio sobre su responsabilidad en la guerra sucia.
La retórica del Estado NO alcanza para evitar las muertes:
Al iniciar su gobierno en 1998, Andrés Pastrana se comprometió con la política de derechos humanos y la protección de los defensores de los mismos; fue así como presentó su propuesta en Nueva York ante la Asamblea de Naciones Unidas y el 28 de enero el vicepresidente Gustavo Bell Lemus ratificó este compromiso ante Pierre Sané, secretario general de AmnistIa Internacional, durante una reunión celebrada en Ginebra (COLOMBIA la protección de los defensores de los derechos humanos, un paso adelante y un paso atrs, AmnistIa Internacional 2000, pag. 3).
Sin embargo, la realidad del departamento de Antioquia, y del paIs en general, muestra que el discurso va por un lado y la tragedía por otro ya que la situación no mejoró y por el contrario el costo en vidas humanas aumentó. Se necesitó del secuestro de los cuatro funcionarios del Instituto Popular de Capacitación (IPC) y el asesinato de los miembros del Comité de Solidaridad con los Presos PolIticos en Medellín para que el presidente Pastrana accediera a reunirse con delegados de las organizaciones no gubernamentales de derechos humanos y de organizaciones sociales para tratar la problemtica y escuchar sus propuestas, pero tampoco se logró concretar acciones eficaces y debieron salir sólo con la promesa del gobierno de revisar las propuestas de los defensores que se concretan en:
- Pleno reconocimiento de la legitimidad de la labor realizada por los defensores de derechos humanos, principalmente por parte del ejército, la policía y le personal de inteligencia.
- Exigencia para que el gobierno nacional de a conocer los archivos de inteligencia del ejército que contengan información donde se criminaliza la labor de estos organismos y se abre la posibilidad de que sean judicializados, en el mejor de los casos, o asesinados o desparecidos como suele ocurrir. Tal es el caso de CODEHSEL que en un informe de inteligencia es señalado con fachada de la subversión, como ya se denunciaba en septiembre de 1997: La investigación contra CODEHSEL se basa en un informe de inteligencia militar, presentado por el Batallón Nº 6 adscrito de la Brigada XX, que afirma tajantemente que esta coordinación regional de organizaciones sociales y de derechos humanos es un 'organismo de fachada de la subversión'. El mismo informe señala que se debe a que existe una actividad por parte de organizaciones miembros de CODEHSEL de vigilar y acompañar el desarrollo de los diferentes procesos penales que la justicia adelanta contra elementos vinculados a la subversión, a los cuales denominan 'presos políticos', razón por la cual es común ver un miembro de 'semillas de libertad' (sic) obstaculizando el desarrollo de diligencias legales utilizando artimañas y demás estrategias fraudulentas¨.
El informe citado, también se sustenta sobre afirmaciones provenientes de la inteligencia militar que dicen que CODEHSEL y sus miembros han efectuado montajes a la fuerza pública sobre esupuestas violaciones a los derechos humanos, con el animo de entablar cuantiosas demandas al Estado. Paralelamente promueven denuncias a través de organizaciones como Amnistía Internacional e informes a la Organización de Naciones Unidas. También se expresa así mismo el Colectivo Semillas de Libertad se encarga de presionar a las autoridades civiles y militares de acuerdo a los intereses de los movimientos extremistas, promoviendo foros, reuniones, marchas e investigaciones calumniosas, además de ejercer cierto nivel de beligerancia a nivel sindical y obrero¨
- Desmantelamiento y desarme de los grupos paramilitares que operan con la complacencia de las fuerzas armadas
- Medidas eficaces de protección individual y colectiva para las ONG y sus integrantes.
De todos los puntos arriba señalados sólo el cuarto ha sido medíanamente impulsado, con medidas de protección aprobadas desde el ministerio del interior y que han demostrado su fragilidad cuando se trata de prevenir eficazmente la vida de los defensores y de los líderes populares en general.
Por lo anterior el 16 de abril de 1998 la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los derechos humanos (documento ONU E/CN.4/1998/16) recomendó "a las autoridades colombianas que hagan efectivo el reconocimiento del derecho de los defensores de los derechos humanos a desarrollar sus actividades sin injerencia ni impedimentos ilegítimos, y en condiciones de plena seguridad para su vida, su integridad y su libertad".
Pese a ello la represión continuó y nuevamente la Alta Comisionada se pronunció deplorando "que durante 1998 hayan continuado los asesinatos, las amenazas y los ataques difamatorios contra personas que cumplen, individualmente o en grupo, tareas de protección y promoción de los derechos humanos y recomendó que se reconozcan, respeten, protejan y respalden sus actividades propias, y sobre todo se les provea de condiciones especiales de seguridad para su vida, integridad y libertad, así como que se les brinde público respaldo" (Doc. ONU E/CN.4/1999/8).
Ante las presiones de Naciones Unidas y de los organismos nacionales de derechos humanos, el 9 de septiembre de 1999 el presidente de la república Andrés Pastrana expidió la Directiva Presidencial 07 sobre irespaldo, interlocución y colaboración del estado con los derechos humanos, que recoge los puntos expuestos en la directiva 011 de junio de 1997. En ambas se ordena a todos los servidores públicos respetar la legitimidad de las organizaciones de derechos humanos y se prohíbe hacer falsas acusaciones o calumnias en contra de los miembros de estos organismos. Sin embargo nada dice sobre las sanciones a dichos funcionarios cuando desacaten la Directiva, tampoco hace referencia a los grupos paramilitares principal obstculo para avanzar en el tema.
En la práctica los funcionarios estatales cuando desean hacerlo acusan a los defensores de los derechos humanos y a los líderes sociales de estar articuladas a la subversión , legitimando así la persecución y represión de parte de la fuerza pública y los grupos paramilitares. A lo anterior se suma el papel que cumplen los medios de comunicación que en muchas ocasiones señalan a organizaciones de sociales y de derechos humanos de ser enemigas de las fuerzas armadas y servir a los intereses de la subversión, permitiendo que sus argumentos sirvan para "justificar" acciones de guerra sucia contra los integrantes de estos organismos, tal como sucedió en febrero de 1999 cuando grupos paramilitares justificaron sus acciones contra los defensores de los derechos humanos y declararon abiertamente su intención de 'depurar' a las organizaciones de derechos humanos de lo que consideran 'guerrilleros que han infiltrado las ONG'.
En este sentido se puede ver con claridad la intencionalidad de los crímenes cometidos contra los defensores de los derechos humanos y que permanecen en la más absoluta impunidad, pese a que el gobierno conocía de las amenazas y que muchas de las víctimas aparecen en los informes de inteligencia de las fuerzas armadas sin que nadie haga nada.
Dentro de los crímenes cometidos contra los defensores en Antioquia podemos reseñar los siguientes:
• El 27 de febrero de 1998 fue asesinado el abogado defensor de derechos humanos Jesús María VALLE JARAMILLO por sicarios que ingresaron a su oficina. El hecho se produjo después de haber recibido amenazas por las denuncias que realizó donde cuestionaba los vínculos entre el ejército y los grupos paramilitares que operan en el municipio de Ituango. Por estos hechos había sido denunciado por el General OVALLE comandante de la IV Brigada del Ejército imputándole el delito de calumnia. Además también fue señalado públicamente por el entonces gobernador de Antioquia Álvaro Uribe Velez de favorecer los intereses de la guerrilla.
• El doctor Valle era presidente del Comité Permanente por la defensa de Derechos Humanos Héctor Abad Gómez, en Medellín. Por este hecho la fiscalía formuló cargos contra Carlos Castaño Gil y capturó a ocho paramilitares que posteriormente fueron absueltos de toda responsabilidad. Por los hechos no se ha investigado la responsabilidad del gobernador de Antioquia y de los oficiales de la fuerza pública denunciados por el doctor Jesús María Valle.
• El 28 de enero de 1999 hombres pertenecientes al bloque metro de las AUC ingresaron a la sede del Instituto Popular de Capacitación IPC y secuestraron a cuatro de sus integrantes con el argumento de que según informaciones que tenIan estaban vinculados con grupos subversivos... En el mes de agosto del mismo año la sede de este Instituto fue nuevamente atacada lanzándole explosivos que afectaron gravemente su estructura física.
• El 30 de enero de 1999 EVERARDO DE JESÚS PUERTA y JULIO ERNESTO GONZALEZ, funcionarios del comité de Solidaridad con los Presos PolIticos, viajaban en autobús en la ruta Medellín Bogotá. En el corregimiento de Doradal, municipio de Puerto Triunfo, el bus fue detenido por dos hombres y una mujer fuertemente armados que los separaron del resto de pasajeros y procedieron a asesinarlos. Al día siguiente sus cadáveres fueron entregados a sus familiares a quienes les argumentaron que se trató de un robo y que ellos opusieron resistencia, lo cual fue desmentido por versiones de testigos de los hechos.
• El 2 de marzo de 2000, el asesor de la Organización IndIgena de Antioquia JAIRO BEDOYA HOYOS fue detenido desaparecido forzosamente, en hechos que son atribuidos al bloque metro de las autodefensas unidas de Colombia. El señor Bedoya venía impulsando la campaña 'Para que embera viva', que busca el respeto de la vida de las comunidades embera del departamento que han sido afectadas y victimizadas por su oposición a la construcción de la represa Urra en sus territorios tradicionales, razón por la cual han sufrido la represión de grupos paramilitares que operan en la región con la connivencia de las fuerzas de seguridad del Estado.
• El 5 de octubre de 2000, a la sede del Instituto Popular de Capacitación de Medellín (IPC) un grupo de hombres fuertemente armados se hizo presente en el lugar sin identificación alguna, aduciendo posteriormente que eran agentes de la Policía de la Estación Guadalupe y del Cuerpo Técnico de Investigaciones de la Fiscalía, actuando en respuesta a informaciones de que los funcionarios de este organismo de derechos humanos se encontraban secuestrados al interior de la sede.
• El día 6 de octubre de 2000 fueron desaparecidos Angel José Quintero Mesa y Claudía Patricia Monsalve Pulgarin, el primero de ellos funcionario de la Asociación de Detenidos Desaparecidos ASFADDES Seccional Medellín y Representante legal del Comité Permanente de Derechos Humanos Héctor Abad Gómez, y la segunda afiliada a esa misma Organización de víctimas del crimen de la desaparición forzada. Los antecedentes de persecución de estas dos personas se remonta a la circunstancia de que ambos vienen siendo protagonistas en la lucha contra la Impunidad, y en especial en la búsqueda inquebrantable de sus seres queridos. Hasta el día de hoy se desconoce su paradero.
5. Cercamiento de Medellín y el área metropolitana.
Hablar de la compleja situación de los barrios en el área metropolitana de Antioquia en relación con el tema de los derechos humanos es reconocer la realidad de exclusión y pobreza generalizada, agudizada por la profundización del conflicto social y armado que ahora se vive en el escenario de lo urbano, principalmente en los sectores más populares de Medellín. Por lo anterior no debe extrañar la constante vulneración de los derechos fundamentales y la negación de las garantías ciudadanas a sus pobladores. La ciudad es la expresión del escalamiento de la guerra y muestra como la estrategia de guerra sucia sigue siendo un método válido para el Estado y que es connatural a él la violencia.
5.1 Militarización y paramilitarización de los barrios
La doctrina contrainsurgente del Estado colombiano sigue tomando a la población no combatiente como blanco de sus acciones; como lo hemos afirmado en otras ocasiones, se culpabiliza a las comunidades pobres del desarrollo del conflicto político armado y de paso se reprimen todas las iniciativas de la organización popular.
Para mantener el control absoluto de la población y evitar a toda costa la organización y la protesta de las comunidades se ha militarizado todo el país, además cada día se le permite a las fuerzas armadas ejercer mayor control sin importar que desconozcan las garantías ciudadanas y los derechos fundamentales. A esto se suma la estrategia paramilitar, que le ha dado excelentes resultados al Estado ya que le ha permitido fortalecer su aparato represivo, de terror y guerra sucia, al tiempo que se fortalece su imagen internacional haciendo aparecer el conflicto como un asunto de disputa territorial entre insurgencia y paramilitares donde él (Estado) es una víctima más que ejerce como 'juez neutral' persiguiendo a la delincuencia que atenta contra el país.
Para algunos el escenario de la guerra se ha trasladado a lo urbano debido a la presencia del movimiento insurgente en las grandes ciudades, además de los grupos de milicias urbanas que hacen presencia y desarrollan iniciativas políticas en los barrios populares del área metropolitana.
Esta situación ha sido fuertemente reprimida por la policía, el Ejército y todos los organismos de control del Estado quienes no sólo persiguen a estos grupos, sino que han estigmatizado a toda la población de ser colaboradores y auxiliadores convirtiéndolos en blanco fácil de represión.
Pero si bien la consolidación de la presencia del movimiento insurgente es una realidad en las ciudades, hay que decir que no es este hecho el que justifica la militarización y paramilitarización de la ciudad, que detrás de ello se esconden intereses más estratégicos relacionados con los factores económicos y políticos que nacional e internacionalmente se disputan el departamento de Antioquia.
En la ciudad de Medellín se concentran dos realidades que expresan la contradicción de un modelo económico que privilegia los intereses de unos pocos a costa del bienestar y la dignidad de las grandes mayorías. Por un lado la ciudad es el centro industrial y comercial del grupo empresarial antioqueño que monopoliza la riqueza del departamento. También es uno de los centros de control del negocio de los cultivos ilícitos. Estas dos realidades han incrementado la miseria y la negación de los derechos fundamentales, así como la delincuencia común ligada al negocio del narcotrfico.
Desde la década de los ochenta cuando se incrementó el negocio de la droga y se consolidó lo que se conoció como 'cartel de Medellín', los capos de la droga se dieron a la tarea de organizar, armar y entrenar bandas de sicarios que prestaban sus 'servicios' de terror a cambio de altas sumas de dinero. Fue así como las comunas de la ciudad se llenaron de bandas juveniles que prestaban sus servicios al mejor postor, las cuales demostraban su 'eficaz' accionar con el trabajo sucio de asesinar y masacrar a quienes eran considerados 'obstáculo' o 'incomodo' para el negocio. Así cayeron no sólo personas ligadas al negocio del narcotráfico, sino también opositores políticos y líderes de organizaciones populares.
Es decir que los barrios de Medellín han servido para reclutar jóvenes en las bandas de sicarios, tristemente célebres, que por poco dinero sirven a los intereses de narcos y de paramilitares.
Desde inicios de la década de los 90 las autoridades municipales y departamentales diseñaron una estrategia a largo plazo con el fin de 'pacificar la ciudad', es decir, derrotar militar y políticamente a las milicias populares que se consolidaron en las comunas como una forma de alternativa a los altos niveles de exclusión económica, política y social, y simultáneamente acabar con la delincuencia común que según las autoridades sembraban el terror en los barrios y son la causa de la mayoría de muertes violentas que en ella ocurren.
Esta política se consolidó con en la investigación de Álvaro Uribe Vélez, con la llamada política de convivencia ciudadana los pactos de dilogo y negociación que ya venían siendo impulsados por María Emma Mejía cuando fue consejera de paz para Antioquia.
La política de convivencia ciudadana:
Esta política se ha convertido en el programa bandera del departamento y del municipio, incluso adoptado por otras grandes ciudades como Bogotá y Cali, lo que no resulta casual ya que al parecer obedece a una política de orden nacional ligada a factores de control social a través de pactos de desmovilización y no agresión con las bandas delincuenciales de la ciudad, desarrollada con el fin de adecuar la ciudad a los intereses de los inversionistas nacionales e internacionales.
Origen del programa
Desde inicios de los años noventa se empezó a estructurar esta política con el fin de hacer de Medellín un proyecto viable como ciudad para el crecimiento, es decir, para la inversión privada, ligada al macroproyecto de Antioquia la mejor esquina de América, donde la ciudad está pensada como un gran centro de negocios internacionales. Para ello el municipio contrató un empréstito con el Banco Interamericano de Desarrollo para financiar el programa, el cual se concretó en la investigación de Juan Gómez Martínez, además contó con aportes del sector privado y del presupuesto municipal.
Para el diseño de la política se contrató a "expertos internacionales" en temas de violencia, quienes señalaron que lo que vive la ciudad es una 'epidemia de agresión mortal que debe ser atacada', convirtiendo de esta manera el conflicto social y político en un asunto de salud pública.
A grandes rasgos la estrategia planteada fue la de desarrollar procesos de reinserción y amnistIas con bandas delincuencias y milicias populares, pactos de no agresión, pedagogía de la tolerancia, acercamiento de la comunidad a la policía y el Ejército para involucrarlos en actividades de inteligencia en programas como "ciudadanos vigilando", alarmas comunitarias, etc,. Para lo anterior se conformó el Consejo Metropolitano de Seguridad y las Juntas de Participación y Conciliación Ciudadana.
Simultáneamente se puso en marcha el fortalecimiento del control militar en sectores concretos de la ciudad de Medellín. Se aumentó el pie de fuerza en 400 efectivos para la policía y 400 policías bachilleres, se impulsó la construcción de estaciones y subestaciones de policía, se aumentó el control del ejército en los sectores populares e invirtieron significativamente en la compra de modernos equipos de comunicación para los organismos de inteligencia, además se creo la Unidad Antiextorsión y Secuestro UNASE.
Desarrollo del Programa:
En 1994, durante la investigación de Luis Alfredo Ramos Botero, se aprobó el Plan Estratégico de seguridad para Medellín y el área Metropolitana que dentro de sus objetivos generales preveía el 'mantenimiento del orden ciudadano a través de medidas coercitivas para el control social'. Así mismo, definió la creación de un 'Sistema de resistencia vecinal' con el fin de que las comunidades operaran como una red de inteligencia ligada a la fuerza pública. También se dio vía libre a la contratación de empresas de vigilancia privada con el propósito, según el municipio, de inscribirlas en el sistema integral de seguridad de la ciudad, lo que fue perfeccionado por Álvaro Uribe Vélez quien absolutizó la privatización de la seguridad pública a través de las Cooperativas de Vigilancia Privada CONVIVIR ligado todo ello a la estructura paramilitar.
En 1995 se implementó el Plan Integral de Seguridad, con el fin de adelantar programas de paz y convivencia pacífica en torno a componentes como:
• Programa de pedagogía para la tolerancia, donde se parte del supuesto de la concertación y la conciliación y un rechazo a la protesta popular, a la oposición y la organización comunitaria. Se trató de adecuar ideológicamente a toda la población para que en ningún caso fuera oposición frente a las políticas institucionales.
• Impulso de pactos de paz con las bandas de la ciudad. Con ellas se concerta su 'desmovilización' pero sin desarmarlos. Se les entrega el control de la seguridad en los barrios y autonomía para imponer sus códigos de conducta.
• Acercamiento de las bandas delincuenciales con el fin aparente de resocializarlas e incorporarlas a la vida civil, entregandoles el control de la seguridad del barrio.
Todos estos planes han sido financiados con empréstitos de la banca multilateral (banco interamericano de desarrollo) y con aportes privados. En Medellín catorce prestigiosas empresas y fundaciones se unieron en un programa conocido como "entre todos" para captar recursos y apoyar las diferentes estrategias.
A manera de conclusión:
No deja de ser paradjico que lagunas comunas como la 1, 2, 5, 6, 8 y 13 fueran priorizadas en estos programas, justamente cuando compobamos que es en ellas donde hoy se da la mayor implementación del proyecto paramilitar y la presión contra estas comunidades.
Además dentro del balance realizado en el año 2000 en la ciudad había cerca de 800 jóvenes armados, de los cuales el 84% estaba ligado a bandas de delincuencia común, el 10% a milicias populares y el 6% al paramilitarismo.
Hoy estas cifras se han invertido y es evidente que ese 84% lo controla el paramilitarismo, las bandas han sido cualificadas y ahora manejan armas largas y la inseguridad y la muerte en la ciudad ha aumentado.
Parece ser que la política de privatización de la ciudad es directamente proporcional al auge e imposición del proyecto paramilitar y la represión en los barrios, que se ha nutrido bsicamente de la transformación de las bandas de delincuencia común, en bandas fuertemente armadas articuladas a las estructuras paramilitares.
Efectos de la represión en los barrios de Medellín y el Área Metropolitana:
A continuación presentamos algunos de los hechos de violación de los derechos humanos ocurridos durante este período en las diferentes comunas de la ciudad.
Las comunas uno, dos, tres y ocho... el delito de ser pobres:
Los últimos años han mostrado el incremento de los atropellos contra estos barrios, donde se evidencia no sólo la realidad de pobreza y exclusiUn sino la tragedía en los asentamientos de desplazados forzosos, llegados de diferentes partes del departamento.
La mayoría de las denuncias provienen de los barrios: Santo Domingo Uno y Dos, La Avanzada, Carpinelo, La Esperanza, Los Tablones, El Chispero, La Torre, La Silla, La Cruz, Carambolas, Manrique, El Pinal, entre otros, que al ser estigmatizados como milicianos o colaboradores de la insurgencia deben afrontar la represión legal e ilegal del estado que actúa a través de la policía y el ejército o medíante la penetración paramilitar de este sector.
Estos barrios hacen parte de lo que en la década del ochenta y noventa se conoció como la comuna nororiental. El sector está conformado por cerca de treinta barrios donde lo común es el abandono estatal y todas las necesidad bsicas insatisfechas. El desempleo supera ampliamente los índices del departamento más o menos 60% ya que la mayoría de la población se dedica al rebusque del día a día, además carecen de servicios de salud, educación, recreación, vivienda digna, etc., situación que se agrava en el caso de las comunidades desplazadas que carecen de absolutamente todas las condiciones de bienestar y dignidad.
Estas comunas son geográficamente estratégicas por ser un corredor que comunica con la autopista Medellín Bogotá y por tanto con la salida al oriente antioqueño, una región vital para el control del capital nacional e internacional, como se ve en otra parte de este informe. De allí la importante de que estos barrios sean totalmente copados y controlados por las bandas paramilitares y la fuerza pública.
Al igual que en otros sectores de la ciudad, lo que se evidencia es la cooptación de las bandas de delincuencia común que operan en los diferentes barrios, al servicio del paramilitarismo con la protección y aquiescencia de la fuerza pública que incluso les posibilita armamento y entrenamiento, como se ha denunciado en diversas ocasiones.
Tal es el caso de la banda conocida como 'la 29', que opera principalmente en los barrios de Santo Domingo. Esta banda, según denuncias de la comunidad (34), "está integrada por jóvenes entre los 14 y 25 años que no estudían ni trabajan, son entrenados en campamentos paramilitares como el que se encuentra ubicado en el sector conocido como El Tambo, por la antigua carretera al municipio de Guarne, en inmedíaciones de la represa y parque natural de Piedras Blancas, que anteriormente servía como centro de entrenamiento de las fuerzas militares". Sin embargo éste no es el único caso, también está el caso de la banda de "Los Triana" que opera principalmente en el sector de Zamora y que agrupa a otros combos, centralizando la colaboración al servicio del paramilitarismo.
Los habitantes de este sector han denunciado el hostigamiento frecuente por parte de miembros de la fuerza pública durante este perIodo (1998-2000), principalmente se señala a la Inspección de Policía del barrio Santo Domingo Uno, donde los agentes Mosquera, Granada, Quintero y Días ejecutan tratos crueles e inhumanos en contra de la población, generalmente a los jóvenes que son detenidos transitoriamente para ser investigados, lo que además constituye un acto de detención ilegal denunciado reiterativamente. En los años 98 y 99 también se denunció este tipo de atropellos cometidos por miembros del ejército ubicados en la base militar de Santo Domingo que posteriormente fue levantada. Las denuncias hablan de que también en este barrio la fuerza pública se apoya, en su accionar en contra de la población, en la colaboración de la banda la 29.
Actualmente las denuncias se dirigen en contra de miembros de el Batallón Bombona, el comando de policía ubicado en el barrio San Blas y la estación de policía de Guadalupe; estos últimos en igual complicidad con la 'banda de la 29'. En la oficina de la Personería de Medellín reposan denuncias de la población con testimonios que evidencian las torturas y atropellos cometidos contra la población. Hasta el momento no se conocen procesos de investigación en contra de estos funcionarios y por el contrario la comunidad sigue denunciado los atropellos cometidos por agentes de policía de ambas estaciones, donde los detenidos son sometidos a torturas y tratos crueles e inhumanos como golpes, violaciones, y el método de 'La bruja' que consiste en taparlos con una cobija para que los demás presos se abalancen contra ellos indiscriminadamente golpeándolos. También los obligan a drogarse tapándoles la nariz.
A continuación presentamos algunos de los casos que evidencias la violación permanente de los derechos humanos y la complicidad de la fuerza pública con los grupos paramilitares en estas comunas.
• En marzo de 1998 el joven JUAN ALBERTO GONZALES HIGUITA, de 16 años, en el sector de la terminal de buses del Santo Domingo 1 fue bajado del bus cuando iba de regreso a casa y posteriormente asesinado por miembros de La Banda de la 29.
• El día 29 de abril de 1998, en el barrio El Pinal, fueron detenidos desaparecidos y asesinados: EDGAR DURANGO, LUIS PINEDA, MIGUEL GUERRA JHONES, MOISÉS ANTONIO QUIROZ, HENRY RODROGUEZ RIVERA, RUBÉN DARIO SEPÚLVEDA BENITEZ (menor de 14 años). Sólo fueron recuperados los cadáveres de las cinco primeras víctimas.
Según denuncias de la comunidad y de familiares de las víctimas, el hecho fue cometido por la policía del municipio de Bello conjuntamente con la banda denominada 'Pacheli' comandada por alias 'Condorito' y contó además con la complicidad del entonces alcalde municipal Rodrigo Cadavid, quine tenIa conocimiento de los hechos y les brindó protección. Posterior a este hecho se incrementaron los allanamientos, patrullajes y amenazas por parte del ejército nacional que se encontraba ubicado en la base situada en el barrio Santo Domingo a escasos cinco minutos del asentamiento El Pinal, lugar donde ocurrieron los hechos. Horas antes, el ejército estuvo patrullando el barrio y recogiU las identidades de los líderes comunitarios del barrio, acusando a varios de ellos de ser auxiliadores de la guerrilla.
• Durante el mes de octubre de 1998 el señor RAMÓN PEREZ de 73 años y la señora MAROA LUISA SÁNCHEZ de 52 años, fueron amenazados y obligados a desplazarse del barrio La Silla.
• El 5 de noviembre de 1998, en el Sector de La Torre, el señor MANUEL SALVADOR OLAYA, fue herido por una bala de fusil que traspaso las paredes de su casa durante un hostigamiento cometido por miembros de la banda de la 29 contra la población del sector de La Torre. En las mismas circunstancias el 14 de agosto de 1999 fue herido el menor JORGE HUMBERTO LLOREDA, de 13 años, por miembros de la banda de la 29 que dispararon indiscriminadamente contra la población del sector La Torre.
• El 4 de febrero de 1999 es asesinado el líder comunitario ALFONSO CARVAJAL de 44 años de edad, ex presidente de la acción comunal del barrio Santo Domingo 1, por miembros de grupos paramilitares.
• En marzo de 1999 fue asesinado el señor FABIO FLORES, de 34 años, conductor, en el sector llamado La Finquita del barrio Santo Domingo Sabio, por miembros del grupo paramilitar denominado 'Banda de la 29'.
• El 6 de octubre de 1999 fueron asesinadas DORA GIRALDO QUINTERO, de 25 años y su esposo DANIEL TORO GONZALES de 34 años. Ambos cadáveres fueron encontrados con señales de tortura y quemaduras con cido. La pareja trabajaba como venteros ambulantes de comestibles en el centro de la ciudad de Medellín.
• En día 22 de octubre de 1999, hacia las 12 del día fueron sacados de su vivienda los señores: JUAN FELIPE ECHAVARRIA y MIGUEL Ángel LONDOÑO, y llevados a una cancha deportiva ubicada en el sector denominada 'La Polvorera' donde fueron amarrados, golpeados y amenazados de muerte por ser, supuestamente, Milicianos. Después de algunas horas fueron dejados en libertad. En los días siguientes la familia de ambas víctimas fue amenazada de muerte obligndolas a desplazarse del lugar.
• El 11 de diciembre de 1999 el señor JORGE ELIECER ALVARAN fue asesinado, como consecuencia de un hostigamiento realizado por miembros de la banda de la 29 contra habitantes del sector de la Silla. El 29 de mayo de 2000, en un allanamiento a todo el sector fueron detenidas ilegalmente sesenta personas, principalmente hombre, sin que medíara ninguna justificación legal ni orden de captura. Prueba de ello es que en los días siguientes todas fueron dejadas en libertad, incluso las que habIan sido judicializadas la fiscalía no encontró mérito para abrir investigación. Es reiterativo que los allanamientos se realicen a las residencias de los líderes comunitarios.
• En los días del 27 al 30 de junio del 2000, un grupo de aproximadamente tres mil desplazados de los diferentes asentamientos de la ciudad de Medellín se tomó pacíficamente un tramo de la autopista Medellín Bogotá, en el sitio conocido como 'la Curva de Rodas', con el objeto de exigir a las autoridades municipales y departamentales el cumplimiento de acuerdos pactados con las comunidades y de los derechos consagrados en la ley 387 de 1997. Las comunidades denunciaron, además del incumplimiento de las obligaciones asumidas por las autoridades para garantizar su retorno o reubicación, la violación sistemtica de sus derechos a la vida, la salud, la Educación, la vivienda y el trabajo.
La protesta pacífica de los campesinos desplazados fue calificada por el Comandante de la Cuarta Brigada, General Eduardo Herrera Verbel, con sede en Medellín, como una acción promovida por el noveno frente de las FARC que opera en el oriente antioqueño, versión que fue difundida por los medios de comunicación regional y nacional, poniendo en grave riesgo la vida de los manifestantes, como evidentemente aconteció en los días siguientes.
El primero de julio las comunidades desplazadas y los delegados del gobierno nacional, departamental y municipal llegaron a un acuerdo para levantar el bloqueo. Inmedíatamente los manifestantes retornaron a sus lugares de asentamiento.
El 2 de julio de 2000, un grupo de hombres fuertemente armado, vestidos de civil, que se identificó como perteneciente a las Autodefensas Unidas de Colombia AUC, llegó al bario El Pinal, intimidó a la población y retuvo a uno de sus pobladores amarrándolo durante toda la noche. Al día siguiente lo dejaron en libertad y le manifestaron que pronto volverían para asesinar a varios habitantes del barrio por ser guerrilleros.
El grupo de paramilitares llevaba consigo una lista con nombres de personas para ser asesinadas. Está acción coincide con la realización de reténes por parte de los paramilitares en la antigua vía que de Medellín conduce al municipio de Guarne.
El 3 de julio de 2000, un grupo de jóvenes que se desplazaba hacIa el parque natural de Piedras Blancas fue abordado en uno de dichos reténes, allí fue detenido desaparecido uno de ellos, sin que hasta el momento se sepa de su paradero. Este mismo día, un grupo de once policías llegó hasta el barrio La Cruz, hostigó a la población haciendo tiros al aire y manifestaron que en ese barrio había miembros de la guerrilla que debían abandonar la zona.
Por lo anterior la comunidad denunció a la Cuarta brigada y exigió que se investigar la relación existente entre los señalamientos efectuados por el comandante Eduardo Herrera Verbel y la violación de los derechos humanos que luego de la firma de los acuerdos se presentó en contra de estas comunidades por parte de hombres que se identifican como miembros de las autodefensas unidas de Colombia.
• El 1 de julio de 2000 se produjo la detención arbitraria del señor ORMINSON ALFONSO LOPERA GUERRA, de 22 años, quien por los señalamientos realizados por miembros de la 'banda de la 29' que lo acusaron de porte ilegal de armas y organización de grupos armados al margen de la ley. En el operativo participó la policía del Comando de San Blas y la 'Banda de la 29'.
• El 8 de julio de 2000 la comunidad debió soportar un nuevo allanamiento en el sector de la Avanzada y La Esperanza, realizado por miembros del ejército del Batallón Bombon quienes, según sus pobladores, estaban acompañados de reconocidos integrantes de las Autodefensas Unidas de Colombia -AUC-.
• Posteriormente un bus de la empresa Coopetransa No.71, conducido por un hombre al que le apodan 'Marcela', ingresó con 20 hombres que se identificaron como miembros de las AUC, quienes portaban armas largas y cortas. Amenazaron a la población y les dijeron que tenían de 6 a 24 horas para salir de la zona y que habían llegado para quedarse. Además invitaron a los jóvenes a unírseles si no querían abandonar el barrio. Varios de los hombres que llegaron en el bus fueron reconocidos por la comunidad porque ya los habían visto en la 'Banda de la 29'. Estas amenazas se repitieron en contra de la comunidad de desplazados que tienen asentamiento allí.
• El 29 de agosto de 2000 en un operativo realizado por integrantes del Batallón Pedro Berrio fueron allanadas algunas viviendas, en una de las cuales fue torturado el joven FABIO DE JESÚS MORENO CALLEJAS, de 22 años, quien se desempeña como ventero ambulante.
El operativo estaba comandado por el sargento Gutiérrez; igualmente agredieron verbalmente a la Señora NELY MONTOLLA, empujándola y amedrentándola con una posible detención por 'encubrir guerrilleros' que operan en la zona. Este hecho es realizado después de que el 20 de agosto hizo presencia en el sector un grupo de aproximadamente 12 hombres, que vestían prendas militares, boinas verdes y armas largas, que estaban acompañados por una mujer encapuchada e igualmente uniformada. Estas personas indagaron a varios miembros de la comunidad y anunciaron una posible masacre para esta zona por parte de paramilitares. En las noches siguientes aparecieron graffitis en las paredes de los barrios anunciando la masacre paramilitar señalada por los uniformados.
• El día 2 de septiembre del 2000 se produjo la detención desaparición y posterior asesinato de YEINER ALEICER GUERRA. La víctima fue sacado de su vivienda ubicada en el barrio Manrique frente a la unidad intermedía 'La Piloto' por cuatro hombres que se identificaron primero como miembros de la Fiscalía y posteriormente como miembros de grupos paramilitares.
• El 4 de septiembre de 2000 fueron detenidos desaparecidos los hermanos CARLOS MARIO y FABER ANDRÉS GÓMEZ ROLDÁN de 17 y 14 años respectivamente, y GUASTAVO ADOLFO VILLA VÁZQUES de 14 años. Los hechos ocurrieron en el sector El Chispero del barrio Santo Domingo Nº 1. Los cadáveres de las tres víctimas fueron encontrados el 6 de septiembre y presentaban señales de tortura. La comunidad señaló como responsables a los grupos paramilitares que están operando en el sector.
• El 24 de noviembre de 2000, integrantes del la Policía Metropolitana, del Cuerpo Técnico de Investigaciones -CTI- y la Fiscalía, llegaron al barrio Santo Domingo Savio Nº 2 con el fin capturar a presuntos integrantes de las milicias. Al parecer se presentó un enfrentamiento entre la policía que se encontraba acantonada dentro del colegio Concentración Educativa Fe y Alegría del mismo barrio con integrantes de las milicias, dejando como resultado la muerte de un policía (de quien se desconoce su identidad) y del joven Germán Antonio Durango.
Posteriormente los integrantes de la Policía procedieron a allanar indiscriminadamente algunas residencias del sector y capturaron a los jóvenes del grupo Ecológico Mi Rio quienes fueron sacados por la fuerza de la residencia donde se encontraban, ocasionando daños materiales en la misma y destruyendo la línea telefónica al percatarse que una de las personas estaba avisando a la presidenta de la Junta de Acción Comunal sobre el allanamiento. A la señora MAGNOLIA RAMOREZ, presidenta de la Junta de Acción Comunal del barrio Santo Domingo Nº 2 la golpearon en la cara, la insultaron y amenazaron por haberse atrevido a tomar fotografIas de los hechos ya que así se lo sugirieron miembros de la Personería de Medellín, donde se comunicó para denunciar los hechos. Los miembros de la fuerza pública se burlaron de ella diciéndole que ya no tenía ninguna prueba y que ellos allí hacían lo que se les diera la gana.
Al joven MAURICIO FERNANDO SALAS, de 19 años de edad lo detuvieron en la calle, posteriormente lo llevaron a la casa de una prima donde fue torturado severamente.
El hecho fue denunciado ante la Procuraduría quien lo remitió a Medicina Legal para que fuera evaluado.
Otras personas del barrio fueron golpeadas, hostigadas y amenazadas tildándolas de guerrilleras porque reclamaban a la policía el que antes del operativo hubieran dejado en libertad a dos miembros de la banda de la 29 que estaban aparentemente detenidos y que fueron reconocidos por la comunidad como Ramón Emilio y un alias 'Guerrero'. Le dijeron a varias personas que iban a volver a acabar con todo el mundo y que mucho cuidado que lo que allí iba a haber era una masacre. Simultáneamente al operativo se tomaron fotografías a los pobladores, a las casas y hacían tiros al aire para intimidar y dispersar a la comunidad que protestaba por la irregularidad del operativo.
A todo lo anterior, se suma la negligencia por parte de los organismos de control y protección de los derechos humanos (Defensoría del Pueblo, Procuraduría, Personería municipal) quienes fueron avisados del operativo, de los atropellos y actos irregulares que se estaban cometiendo, sin embargo no se hicieron presentes en el lugar manifestando todos 'extrañamente' que no contaban con vehículos para movilizarse al sector.
El 28 de noviembre de 2000 fueron nuevamente allanadas varias residencias del barrio Santo Domingo y detenidos los jóvenes: ROBINSON ARBOLEDA, menor de 17 años, LUIS FERNANDO GIRALDO RODROGUEZ, GONZALO GÓMEZ, quienes fueron señalados por un individuo encapuchado que acompañaba a la fuerza pública. Posteriormente fueron dejados en libertad, después de ser fotografiados.
Desplazados de Villatina:
En desarrollo del Paro Nacional Estatal llevado a cabo el 22 de marzo de 2000 un grupo de desplazados del sector de Villatina fue objeto de detención arbitraria cuando se disponían a participar de las actividades propias de esta jornada de Paro, convocado por las centrales obreras.
Estas personas hacían parte de un grupo de aproximadamente 70 familias que instalaron un asentamiento desplazados en una zona marginal ubicada al oriente de la ciudad de Medellín, procedentes en condición de desplazados forzados de diferentes regiones del departamento de Antioquia. Los testimonios de la comunidad señalan a agentes de la policía, quienes se movilizaban en las patrullas 30700 y 30375, de agredir violentamente a los manifestantes y detener arbitrariamente a otros, incluso el señor HAWER ALVAREZ TOBON fue herido con proyectil de arma de fuego.
La comandancia de la Estación de Policía del barrio Villatina elevó cargos en contra de los manifestantes como presuntos autores del delito de violencia contra empleado oficial. Las diligencias fueron asumidas por la Fiscalía Seccional que procedió a ordenar la libertad inmedíata de los señores WILTON JANIER AGUIRRE, José ALCIABIADES VILLEGAS, HAWER ALVAREZ TOBON y José ARIEL ARISTIZABAL, por no encontrar razones para investigar y probarse la captura ilegal de estas personas.
La decisión de otorgar libertad inmediata a favor de este grupo de desplazados evidenció el injusto y arbitrario proceder del cual fueron víctimas por parte de la policía, quienes no tenían otra intención que menoscabar el derecho a la legItima protesta pacífica.
Comuna nueve: represión a la organización popular
En esta zona también se ha incrementado la presencia paramilitar medíante la reconversión de bandas delincuenciales al servicio del paramilitarismo que actúan en connivencia con la fuerza pública, tal es el caso del grupo paramilitar 'la Sierra'. Los barrios más afectados por esta realidad han sido: Santa Lucia, Caicedo, La Asomadera, La Sierra, Juan Pablo II, Ocho de Marzo, La Milagrosa y el Salvador.
• Uno de los muchos casos ocurrió el 21 de Agosto de 2000, en el barrio Ocho de Marzo, donde asesinaron siete personas, en un hecho que fue presentado a la opinión pública como enfrentamientos entre bandas del sector, pero que la comunidad denunció como un ataque de grupos al servicio del paramilitarismo que atentaron contra líderes y personas conocidas en el barrio. El hecho se cometió con toda tranquilidad por los victimarios, que no fueron perseguidos a pesar que el sector es ampliamente controlado por encontrarse cerca a las instalaciones del Batallón de artillerIa Nº 4 ubicado en el barrio Buenos Aires. En diferentes ocasiones las autoridades han señalado al sector de estar controlado por grupos de milicias populares pertenecientes al Ejército de Liberación Nacional -ELN- y a la comunidad de ser auxiliadores de Estas.
El proyecto de ampliación de la carrera 76:
La investigación municipal de Medellín, en cabeza del alcalde JUAN GOMEZ MARTINEZ, preténdió imponer autoritariamente el proyecto de ampliación de la carrera 76 en el barrio Belén, para lo cual dispuso el cobro de un elevado gravamen de valorización a todos los propietarios de inmuebles aledaños a la vía, lo que generó para las familias del sector un gasto desproporcionado que se suma a los diferentes problemas de tipo económico que aquejan a la comunidad. Por ello se conformó un comité cívico encargado de oponer a dicho proyecto que no contaba con su aprobación y que lo que buscaba a largo plazo era que las familias perdieran su vivienda por no tener con qué pagar los altos impuestos.
Como consecuencia de lo enunciado, la comunidad afectada emprendió diferentes acciones como la de manifestar su inconformidad ante el Concejo Municipal, actuaciones de tipo judicial como la demanda de la obra y acciones de tutela y cumplimiento. Adicional a ello, la comunidad organizó diferentes movilizaciones de protesta ciudadana en aras a oponerse contra la suntuaria y onerosa obra diseñada por la alcaldía. Sin embargo fueron constantemente agredidos y vulnerados sus derechos por la fuerza pública y la alcaldía municipal que intentó desarrollar la obra a costa de los intereses y derechos fundamentales de las personas que habitan este sector de la ciudad.
El Comité organizador de las diferentes manifestaciones de protesta decidió la toma pacífica de la mencionada vía, en determinados tramos, para la mañana del miércoles 10 de noviembre, pero los organizadores de la movilización, fueron sorprendidos y reprimidos violentamente por la fuerza pública a eso de las 5:30 a.m., en operativo coordinado al mando del Coronel ABADÍA y el Capitán VALLEJO; presentándose la detención de varios ciudadanos, así mismo el lesionamiento de varios personas por parte de la policía, como es el caso del señor MARTÍN URREGO, quien fue herido de gravedad por lo que debió ser recluido en las instalaciones de la Unidad Intermedía de Belén.
Las personas detenidas por esta Acción fueron:
- FABIO HERNÁNDEZ
- DIEGO RUA
- GUILLERMO ALVAREZ
- LUIS GUILLERMO AGUIRRE
- JORGE GOMEZ
- MARIO RUA
- GONZALO ATEHORTUA
- WILDER AVENDAÑO
- SAMUEL GONZALEZ
- NAPOLEON PAREJA
- JUAN DAVID SALAZAR
El caso de la comuna trece:
Los habitantes de las comunas siete y trece de la ciudad de Medellín ( donde se ubican barrios Olaya Herrera, Veinte de Julio, Blanquizal, San Javier, Las Independencias, El Corazón, El Salado, Villa Laura, Belencito, Betania, entre otros) se caracterizan por haber adelantado en los últimos años fuertes procesos organizativos en varios de los barrios en procura de reivindicar sus derechos individuales y colectivos, lo que ha generado el que sean objeto de criminalización y señalamiento permanente de diferentes entes gubernamentales, al ser considerados como simpatizantes o integrantes de grupos insurgentes. Por ello no es de extrañar que en los últimos años los grupos paramilitares hayan querido penetrar y dominar la zona para acabar con todo el proceso comunitario bajo el pretexto de siempre de perseguir a la insurgencia, en connivencia con la fuerza pública, principalmente de parte de la base militar asentada en inmedíaciones de Blanquizal y Olaya Herrera.
También en estos barrios ha quedado al descubierto la paramilitarización de los barrios aprovechándose de las bandas de delincuencia juvenil que allí operan, quienes operan con el fin de 'limpiar' las comunas de procesos organizativos que propicien oposición a los megaproyectos proyectados para la ciudad en el marco del macroproyecto 'Antioquia la Mejor esquina de América'. Es el caso de estas dos comunas que se encuentran terreno que ser afectado en la construcción del túnel de occidente y que además es el corredor que comunica con la carretera al mar, a la subregión de occidente y del Urabá.
Así mismo las organizaciones sociales comprendidas entre los barrios El salado, El Corazón, La Divisa, Conquistadores, La Independencia, El 20 de Julio constantemente son señaladas como aliadas de la insurgencia de modo tal que quedan absolutamente descalificadas para servir de representantes ante diferentes instancias oficiales encargadas de realizar la inversión social para la zona. Por ello este tipo de inversión durante los últimos años ha rebajado en un 80%.
Algunos de los hechos que muestran el atropello en contra de la población son:
• La comunidad del barrio La Divisa participaba, el 1º de septiembre de 1999, en la jornada de paro cívico nacional cuando fue brutalmente reprimida por integrantes de la policía nacional quienes asesinaron con arma de fuego a 3 manifestantes, hirieron gravemente a otro y detuvieron ilegalmente a 104 ciudadanos, judicializando a 14 de ellos como presuntos autores del delito de terrorismo.
• En el mes de agosto de 2000, un grupo armado incursionó en el Barrio Veinte de Julio, ejerciendo acciones intimidatorias en contra de los habitantes del sector, a quienes temerariamente señalan como colaboradores de agrupaciones insurgentes. Este mismo mes un grupo de hombres fuertemente armados y encapuchados pintaron en los muros de varias residencias del sector de San Javier leyendas alusivas a las Autodefensas Unidas de Colombia.
• El viernes 15 de septiembre de 2000, un grupo de aproximadamente quince hombres uniformados con vestidos negros, que portaban armas de uso privativo de la fuerza pública y brazaletes alusivos a las AUC, patrullaron los sectores de los Barrios la Independencia y el Veinte de Julio profiriendo amenazas en contra de los pobladores; la presencia del grupo de autodefensas fue repelida por otro grupo armado que hizo presencia en el lugar, sin que se tenga conocimiento de la legalidad o ilegalidad del mismo.
• En octubre del año 2000 habitantes de algunos barrios del sector fueron duramente reprimidos cuando se opusieron a la instalación de unos contadores de energía por parte de la Empresas Públicas de Medellín, medíante los cuales se les quería aumentar el costo de sus servicios públicos.
6. Exigencias al Estado colombiano.
Los distintas organismos internacionales de derechos humanos han recavado al Estado Colombiano en la necesidad de adoptar medidas serias y coherentes de respeto y cumplimiento de los innumerables pactos y convenios relativos a la vigencia de los derechos humanos que ha suscrito. Instancias de Naciones Unidas como la Comisión de Derechos Humanos, la Oficina del Alto Comisionado, relatores temáticos que han pasado por el país y otros entes como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos han formulado urgentes recomendaciones que nunca se logran implementar.
La comunidad internacional está convencida de la responsabilidad estatal en la ejecución de crímenes de lesa humanidad, y que ellos se corresponden con la aplicación de la doctrina de la seguridad nacional. Sin embargo, ello no ha servido para que su poder de "persuasión" y "coerción" impidan la consolidación de la barbarie y que sus autores continúen amparados por la impunidad característica en nuestro país.
A demás de estos obstáculos del orden político internacional, el Estado Colombiano ha sabido asegurar cierta legitimidad de su accionar criminal y radicar la causa de las innumerables violaciones de los derechos humanos en actores ilegales particulares que en nada vinculan a los agentes estatales, llamase paramilitares y guerrilleros. A través de la fuerza, de instrumentos legales y su aparato judicial ha afianzado la implementación del terrorismo de Estado y su consecuente impunidad.
No obstante lo anterior, surgen también desde la perspectiva social y popular propuestas que propugnan por la reconstrucción de la memoria histórica de las víctimas de los crímenes de lesa humanidad, que reclaman el derecho a la Verdad y la Justicia. En ese sentido serán siempre exigencias de las organizaciones sociales, las comunidades y las víctimas la superación de la impunidad y la reparación integral de todos los perjuicios sociales, morales y patrimoniales sufridos.
El Padre Javier Giraldo manifestó al respecto que por lo menos mientras el Estado se reconstruye o se reinventa, la sociedad civil tiene el desafío de no claudicar en la búsqueda de la verdad (por fuera de los expedientes y de los procesos judiciales); en la búsqueda de una pedagogía social sancionatoria, regeneradora y reconciliadora, y en la búsqueda de procesos de reparación o de reconstrucción de lo que se destruyó. (35)
Estos retos se sumarán siempre a las permanentes luchas sociales y reivindicaciones de las organizaciones que difieren y confrontan de las políticas estatales violatorias de los derechos económicos, sociales, políticos y culturales.
Notas Finales.
1. Periódico El Colombiano pag. 3, diciembre 11-1999.
2. Periódico El Colombiano. Diciembre 11 de 1999
3. Periódico El Colombiano 11 dic 1.999 pag. 3A
4. Periódico El Colombiano Marzo 12 de 2000 Pg 7A
5. 5 Informe de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los derechos humanos sobre la Oficina en Colombia. Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2000. Bogotá.
6. El Periódico El Mundo abril 2 de 2000 pag. 4
7. Periódico El Colombiano abril 5 de 2000 pag. 7ª
8. Periódico El Colombiano. Octubre 5 de 2000 Pg 7A
9. Periódico Voz Proletaria febrero 9 de 2000 pag 8
10. El Colombiano, sep 3/2.000 pag. 6 A.
11. Cinep Justicia y Paz, Noche y Niebla, revista N 12 pag. 129.
12. Periódico El Colombiano. Pg 7A Agosto 5 de 1999
13. Sistema de Alerta Temprana . SAT . Naciones Unidas. Defensoría del Pueblo pag. 35-54 febrero de 2000
14. Sistema de Alerta Temprana, febrero de 2000; pag. 52
15. Periódico El Colombiano febrero 5 de 2000 pag. 7 A
16. Sistema de Alerta Temprana pag. 49 febrero de 2000
17. Periodico El Colombiano, Noviembre 14 de 1997 pag. 2A.
18. Periodico El Colombiano Abril 4 de 1998
19. Periodico El Colombiano, Febrero 28 de 1998 pg 2ª
20. El Colombiano abril 11/2.000 pag.3
21. Ponencia del MOSDA a la audiencia especial sobre desplazamiento forzado en el marco de las Audiencias Publicas sobre crecimiento económico y de empleo, San Vicente del Caguan. Septiembre 30 del 2.000.
22. Informe de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los derechos humanos sobre la Oficina en Colombia. Del 1º de enero al 31 de diciembre de 2000. pg. 30
23. El Colombiano sep. 25/1.998 pag. 11 a
24. Revista Cambio enero 31-2000 Pag. 52 la otra desertificacion
25. El Colombiano septiembre 13 de 2000 Pag 9A
26. Informe cit.
27. ADIDA. Informe Sindical IL, Medellín, enero de 2001. pg
28. Revista Cambio. Julio 5 de 1999. pg 36
29. Comunicado de las AUC dirigido el 8 de agosto de 1999 al Rector de la U. de A. Jaime Restrepo Cuartas.
30. El Espectador. Agosto 24 de 1999
31. El Colombiano. Mayo 7 de 1999 pg 12ª
32. El Colombiano. Mayo 15 de 1999 pg 2ª
33. Entrevista a Gonzalo Medina. ¡Las Universidades Publicas deben debatir. La U., de la guerra a la reflexión. Por Edwin Jaramillo y Otro. El Colombiano. pg 9 A Septiembre 22 de 1999. Medellín.
34. Informe presentado a Amnistia Internacional. 7 de septiembre de 2000. Medellín.
35. Giraldo, Javier. SJ. La impunidad. Consecuencias jurídicas y políticas. En Revista Justicia y Paz. Vol 2. Nro. 5, junio de 1997.
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