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19sep12
El caso Correa D'Andreis
El 17 de junio del 2004, el fiscal 33 de Cartagena, Demóstenes Camargo, dictó medida de aseguramiento contra el sociólogo y profesor universitario Alfredo Correa D'Andreis. Se lo acusaba del "delito de rebelión" por presuntos nexos con las Farc. El funcionario basó su decisión en contradictorios y nunca probados testimonios de desmovilizados de esa guerrilla, quienes le endilgaban el remoquete de 'Eulogio'.
El profesor Correa D'Andreis fue detenido el 17 de ese mes y conducido a los calabozos del DAS en la capital de Bolívar antes de ser remitido a un centro penitenciario. Permaneció detenido del 18 al 15 de julio, hasta que el fiscal seccional 36 de Delitos de Rebelión de Cartagena, Ricardo Carriazo Zapata, le revocó la medida de aseguramiento. El 17 de septiembre, el sociólogo fue asesinado con su escolta en Barranquilla.
En columna del 22 de septiembre del 2011 hice referencia a la carta desesperada que el sociólogo dirigió desde su lugar de reclusión al entonces presidente de la República, Álvaro Uribe Vélez. "Confío en que usted no solamente leerá esta carta sino que (...) orientará rumbos justos para que nadie más en este país sufra y de qué manera, como mi adorada y ejemplar familia", decía en uno de sus apartes.
La carta nunca tuvo respuesta ni el Presidente la posibilidad de "tomar rumbos justos" en este caso. Siete años después, Uribe Vélez aseguró no haberla leído, pero la familia de Correa insiste en que la carta fue radicada en Palacio y que, estando aún vivo el detenido, fue publicada en algunos medios.
Quien quiera recordar sabrá que publicaciones regionales y nacionales informaron sobre las protestas indignadas que este caso estaba provocando en la comunidad académica nacional e internacional y en organizaciones de derechos humanos, mientras la defensa del sindicado ponía en evidencia la falsedad de los testimonios aceptados por la Fiscalía.
Hoy se puede suponer que la carta se quedó atorada en el filtro de secretarios y asesores del Presidente (los mismos que permitieron la entrada de 'Job' a la Casa de Nariño) o que este no le dio importancia a uno de los tantos casos que develaron tramas criminales entre organismos del Estado, informantes amañados y paramilitares.
El caso de Correa no es un rompecabezas difícil de resolver. Es un ejemplo de los "males menores" que se prefirieron ocultar para probar la eficacia de "la lucha antiterrorista", pero las piezas de este rompecabezas perverso repugnan a cualquier Estado de derecho.
El hilo que ata al exdirector del DAS Jorge Noguera con este crimen fue puesto en evidencia por la Corte Suprema de justicia, que lo acusó de haber estado informando a los paramilitares sobre actividades de sindicalistas y opositores. Un breve resumen del fallo de la Corte se encuentra en: http://www.eltiempo.com/archivo/documento/CMS-10358744
El recuerdo de este crimen tiene una justificación: el Tribunal Administrativo de Bolívar acaba de condenar a la Fiscalía General de la Nación por su activa participación en la captura del profesor Correa y a la Nación, a pagar perjuicios morales y materiales a la familia de la víctima.
El tribunal señala que, al no haber certeza de la responsabilidad del sindicado ni ser necesaria para la investigación la orden de aseguramiento dictada por el fiscal 33, se violó la presunción de inocencia. No fue otra la irregularidad que señalamos hace ocho años periodistas, abogados, familiares y organizaciones de derechos humanos, estigmatizadas entonces por el gobierno de la Seguridad Democrática.
[Fuente: Por Oscar Collazos, El Tiempo, Botogotá, 19sep12]
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