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06sep09
La red del Consejo de Estado
Durante tres años muchas interceptaciones telefónicas permanecieron en el congelador. El acceso al expediente generó choque de trenes.
La primera evidencia fue circunstancial. Bastó que el presidente Uribe incluyera al ex consejero de Estado Juan Ángel Palacio en la terna para Fiscal, para que se filtraran a los medios ocultas grabaciones de diálogos telefónicos suyos, insuficientemente aclarados. Días después vino una segunda oleada de filtraciones, esta vez para demostrar que en el interior del Consejo de Estado existía una red de tráfico de influencias. Hoy las sospechas son realidades, ya existen procesados, pero el asunto sacó a relucir un duro enfrentamiento entre la Fiscalía y la Procuraduría.
Lo cierto es que desde hace tres años y tres meses, sin mayor claridad en cuanto a las órdenes judiciales, muchos teléfonos de funcionarios del Consejo de Estado venían siendo interceptados por la Fiscalía, y a pesar de que eran graves las revelaciones derivadas de dichos diálogos, sólo a raíz de los informes periodísticos vino a saberse lo que estaba sucediendo en el máximo tribunal de lo contencioso administrativo. Sin embargo, sigue siendo un tema sometido a los tradicionales vaivenes y discrepancias internas de la justicia colombiana.
Prueba de ello son los términos de la orden impartida el pasado 11 de agosto por el procurador Alejandro Ordóñez a su delegada de investigaciones especiales Alexandra Valencia, para que inspeccionara las pesquisas de la Fiscalía en este caso. Según se lee en la directriz citada, la Fiscalía, "a pesar de tener conocimiento de conductas disciplinarias que prescriben en un corto plazo", no sólo no informó al Ministerio Público sobre su investigación, sino que "se ha venido oponiendo a la inspección de este proceso" argumentando reserva.
La posición de la Fiscalía es otra. Según allegados a esta investigación, el jueves 13 de agosto aparecieron en la unidad especializada en delitos contra la administración pública nueve funcionarios de la Procuraduría exigiendo los documentos y se formó un enfrentamiento que casi termina a los puños. El Espectador estableció que la situación fue tan tensa que el coordinador de la diligencia se refería a los fiscales como integrantes de la "Unidad Nacional de Corrupción", y los fiscales se negaron a entregar sus carpetas de trabajo.
En la Procuraduría dicen que sus investigadores fueron objeto de hostigamientos, retención de sus teléfonos y sistemática negativa a entregar copias del voluminoso expediente de seis cuadernos. En la Fiscalía dicen que curiosamente la actual directora de Investigaciones Especiales de la Procuraduría meses atrás era fiscal de apoyo del mismo caso que hoy está inspeccionando, y que en vez de acatar los protocolos de seguridad para esta clase de delicados expedientes, provocó un choque innecesario entre dos organismos de la justicia.
¿Pero cuáles fueron los hallazgos que supuestamente estaban engavetados y provocaron el choque de trenes entre la Fiscalía y la Procuraduría? Hasta el comienzo de la historia es fortuita. Todo empezó porque hace tres años la Fiscalía estaba investigando al narcotraficante, hoy condenado a 30 años de prisión en Estados Unidos, Manuel Salazar Espinosa, y en una conversación telefónica legalmente interceptada, Salazar hablaba con su abogado de arreglar un proceso en el Consejo de Estado. La Fiscalía decidió ahondar en el caso y descubrió lo que hasta hoy se conoce.
Al parecer, desde hace varios años, en el interior de la Rama Judicial, venía operando una sofisticada red de servidores del Consejo de Estado, la Fiscalía, la Procuraduría y el Consejo Superior de la Judicatura, entre otros organismos, que en apoyo con ex funcionarios de la justicia, congresistas, diputados, gobernadores, alcaldes, concejales o ediles, desarrollaban actuaciones inescrupulosas como manipulación de documentos, arreglo de fallos o retardo de notificaciones a cambio de dinero.
No está claro por qué la Fiscalía no había ordenado capturas, pero en su defecto, desde el pasado 31 de agosto, la Procuraduría decidió actuar y ya tiene a cinco servidores del Consejo de Estado en la mira. Y el eje de la investigación es el oficial mayor y auxiliar judicial en la Secretaría de la Sección Quinta del Consejo de Estado, Carlos Arturo Fernández Trujillo, de quien la Procuraduría cree que se trata del cerebro de una compleja estructura delincuencial dedicada a manipular procesos entre los particulares y el Estado.
Según la Procuraduría, los términos de las conversaciones interceptadas son tan graves que dan para abrir procesos por los delitos de concierto para delinquir, enriquecimiento ilícito, lavado de activos, cohecho propio e impropio, tráfico de influencias de servidor público, abuso de autoridad por omisión de denuncia, utilización indebida de información oficial privilegiada, asesoramiento ilegal, intervención indebida en política, omisión de denuncia, encubrimiento e incompatibilidades para ejercer cargos en la justicia.
En otras palabras, más de diez delitos contra la administración pública, por ahora atribuidos a cinco servidores del Consejo de Estado y a un acusador de fondo: el procurador Alejandro Ordóñez Maldonado, quien antes de ser el jefe del Ministerio Público paradójicamente se desempeñaba como consejero de Estado. Es decir, Alejandro Ordóñez sabe qué terreno está pisando y seguramente puede conocer a los encartados y a sus contactos. El caso es de tal gravedad, que demuestra cómo en la cúpula del Poder Judicial también se mueven oscuros y lucrativos intereses.
Por ahora, la Procuraduría tiene detectado que hacia finales del año 2007, los particulares Harry y John Díaz contactaron a Carlos Fernández para que les ayudara con una demanda por pensión y por esa acción ilícita el ex funcionario de la Sección Quinta del Consejo de Estado al parecer recibió $30 millones. Igualmente, el Ministerio Público sostiene que uno de los principales contactos de Fernández era Javier Socarrás, hombre clave para arreglar procesos disciplinarios y manejar conceptos del Consejo de Estado.
Según las interceptaciones telefónicas, Socarrás mantenía estrechos contactos con Esmeralda Muñoz Collazos, delegada de la Procuraduría para la Vigilancia Administrativa, y a través de ella también se arreglaban procesos. En términos generales, Fernández y sus "asociados", como lo denomina la Procuraduría, tenían un verdadero portafolio de fiscales, miembros de la Fuerza Pública y distintos funcionarios del Estado dedicados a negociar procesos, promover cargos para familiares y amigos, y violar la ley desde los estrados judiciales.
Al parecer la red estaba tan bien desplegada que algunas comunicaciones sugieren arreglos ilegales en el Consejo de Estado y la Procuraduría para resolver dilemas en La Guajira, Arauca, Córdoba y Bolívar. Aunque el eje de las investigaciones es el abogado Carlos Fernández Trujillo, las autoridades indagan asuntos conexos, como las relaciones de familiaridad con el congresista del Polo Jesús Antonio Bernal Amorocho y sus contactos con el ex fiscal Rommel Polanco Padilla, condenado por el delito de concusión desde julio de 2008.
El mismo Rommel Polanco Padilla, quien aceptó los cargos imputados por la justicia, aparece en conversaciones telefónicas con el magistrado del Consejo Superior de la Judicatura José Alfredo Escobar Araújo, aportándole información sobre varios procesos judiciales relacionados con sus pleitos con los medios de comunicación. El pasado 5 de agosto, la Corte Suprema de Justicia confirmó la sentencia contra Rommel Polanco Padilla y le negó la opción de acceder a la libertad a través del mecanismo de la vigilancia electrónica.
El escándalo apenas comienza y muchos interrogantes surgen en el horizonte. ¿Por qué la Fiscalía, después de tres años de recaudar evidencias, no había tomado decisiones? ¿Qué procesos logró encauzar a su acomodo Carlos Arturo Fernández y qué responsabilidad le cabe a su mecenas en la corporación judicial, el ex consejero Ernesto Ariza Muñoz? ¿Cuáles son los nexos entre el condenado Rommel Polanco y Fernández? ¿Por qué la Procuraduría y la Fiscalía terminaron enfrentadas en este caso? Algo huele mal en la justicia y la justicia debe aclararlo.
[Fuente: Por Norbey Quevedo H., El Espectador, Bogotá, 06sep09]
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