Equipo Nizkor - El General ® Rito Alejo Del Río: baluarte del paramilitarismo bajo el blindaje de la impunidad.

El General (hoy retirado) RITO ALEJO DEL RÍO ROJAS ocupó el cargo de comandante de la brigada 17 del ejército con sede en Carepa, Antioquia, desde diciembre de 1995 hasta diciembre de 1997. En tal período fueron perpetrados centenares de crímenes de lesa humanidad contra las comunidades más vulnerables de la zona cuya responsabilidad, al menos por omisión, se atribuyó a sus tropas, las cuales fueron vistas habitualmente actuando en unidad de acción con las más reconocidas estructuras paramilitares. Muchos miles de campesinos, afrodescendientes e indígenas fueron desplazados violentamente de sus aldeas y el paramilitarismo tomó el dominio completo de la región. Pero el General Del Río no llegó a Urabá sin antecedentes inquietantes que fueron configurando una trayectoria y un perfil fuertemente contrarios a lo que la ética y el derecho demandan de la milicia. Una serie de acusaciones han quedado registradas en numerosos expedientes judiciales y disciplinarios, que si bien la justicia colombiana con sus arraigados métodos de impunidad que la caracterizan ha dejado sin investigar ni sancionar, llegando incluso el Fiscal General de la Nación a precluir el proceso contra él (9 de marzo de 2004), sus sustentos probatorios ineludibles llevan a definir el perfil de este General como uno de los más tozudos impulsores y gestores del paramilitarismo en Colombia y lo hacen responsable de numerosos crímenes de derecho internacional.

1. Ya desde 1982 el oficial DEL RÍO le quitaba horas de sueño al mismo Ministro de Defensa, que era un General de derecha, quien por esos mismos meses salió en defensa de 59 militares acusados por la Procuraduría de integrar la estructura paramilitar denominada MAS (Muerte A Secuestradores). Según lo relató el General Fernando Landazábal (+) a un Mayor del ejército hoy retirado, el General DEL RÍO aprovechó su estadía en Israel entre 1982 y 1983, donde coincidió con Carlos Castaño Gil |1|, líder nacional de los paramilitares, para conseguir arsenales de armas con destino a la estructura paramilitar. Cuando el General Landazábal, entonces Ministro de Defensa, se enteró del asunto por fuentes confiables, envió a Israel a un periodista de su plena confianza y además ex militar, para investigar si todo ello era cierto. El periodista Ovidio "Peter" Charria pudo comprobarlo todo sobre el terreno y le informó por teléfono al General Landazábal que ya estaba preparado un avión (el Hércules 1003 de la fuerza aérea colombiana) cargado con dichas armas, que debía aterrizar en Bogotá el 18 de octubre de 1982 y que él mismo pensaba regresarse en ese vuelo. El Ministro de Defensa preparó un operativo en el aeropuerto militar de CATAM para recibirlo con una inspección minuciosa, pero el 17 llegó la noticia de que el avión había caído al mar, a 280 kilómetros de New Jersey, por el sobrepeso que traía, pereciendo allí el mismo periodista Ovidio Charria. Entre los 13 ocupantes, casi todos militares de la fuerza aérea, excepto el periodista y un capitán del ejército, se salvaron 8 que fueron rescatados por un barco liberiano capitaneado por un canadiense, quien declaró su extrañeza de ver que los ocupantes "perdían tiempo" -según él- "arrojando la carga", ya que solo tenían gasolina para 10 minutos y podrían amarizar sin riesgo de incendio. |2|

2. Las jerarquías castrenses no juzgaron, sin embargo, conveniente, interrumpir la carrera militar del oficial DEL RÍO. De su paso por la comandancia del batallón "Rafael Reyes", con sede en Cimitarra (Santander), de 1985 a 1986, ya como Coronel, queda la denuncia de uno de los activistas paramilitares más comprometidos que se han arrepentido y develado infinidad de crímenes. Alonso de Jesús Baquero Agudelo, alias "El Negro Bladimir", en su indagatoria del 8 de agosto de 1995 en la penitenciaría de Palmira (Valle), confesó que se reunió muchas veces con el Coronel DEL RÍO y otros oficiales del batallón Reyes para coordinar las actividades paramilitares en la zona. |3|

3. Otro antecedente inquietante que revela en la conducta del General DEL RÍO maneras de actuar de esas que obedecen a impulsos muy afianzados pero contrarios a toda ética, lo denuncia un Cabo Primero retirado del Ejército |4|, quien perteneció al batallón Girardot, con sede en Medellín, del cual el entonces Coronel DEL RÍO fue Comandante entre 1986-87. A comienzos de 1987 el Coronel DEL RÍO le dio la orden a dos Cabos de infiltrar una finca en cercanías de la población de Santa Rosa de Osos (Antioquia) a cuyos moradores se acusaba de "colaborar con la guerrilla". A pesar de que los Cabos com-probaron que se trataba de falsas acusaciones y así se lo informaron al Coronel DEL RÍO, éste les ordenó, dos horas después de recibir el informe, que con 5 soldados vestidos a la usanza de la guerrilla se pusieran a órdenes de un informante, y que cuando llegaran al objetivo debían eliminar a todos los presentes sin dejar testigos. Cuando el Cabo denunciante descubrió que se trataba de la misma familia que ellos habían investigado poco antes, impuso su autoridad sobre el informante y le impidió perpetrar el crimen, pero allí mismo descubrió que el " informante" quería eliminar a esa familia, vecina suya, para no pagarle una deuda grande que tenía con ella por compra de ganado. El General DEL RÍO se enfureció con el Cabo a quien sancionó por no haber obedecido sus órdenes y lo envió a combates altamente riesgosos, lo que la víctima interpretó como una intención de hacerlo matar. Por esto, el Cabo tomó la decisión de fugarse. |5|

También el Mayor Óscar de Jesús Echandía Sánchez, uno de los fundadores del grupo paramilitar MAS en Puerto Boyacá (1982), en su confesión ante el DAS, en Bogotá, en febrero de 1990, declaró que él sirvió como intermediario de las razones que el Coronel DEL RÍO, entonces comandante del batallón Girardot, le enviaba a HENRY PÉREZ, líder paramilitar y narcotraficante de Puerto Boyacá, sobre "posibles operativos en la zona de Puerto Boyacá y nombres de personal del ejército con quienes se podía o no tratar para que colaboraran con las autodefensas y el narcotráfico". Luego afirma que DEL RÍO aprovechó su posición en la Sección E-1 del ejército para designar oficiales y suboficiales del batallón Bárbula, BR-4 y BR-14 que tuvieran simpatías con las autodefensas y fueran susceptibles de sobornos por el narcotráfico. También afirma que en 1985, con el apoyo del Coronel DEL RÍO, él colaboró en el transporte de 100 subametralladoras MP5 entre Medellín y Puerto Boyacá. Afirma que " Las letras de matrícula de las armas eran YU, todas nuevas, compradas por El Mejicano (el narcotraficante Gonzalo Rodríguez Gacha, nota fuera del texto) en Europa" |6|

4. La llegada del General DEL RÍO a la comandancia de la brigada 17 del ejército, con sede en Carepa (Antioquia), en diciembre de 1995, estuvo seguida a las inmediatas por un caso de desaparición forzada de personas, crimen que fue perp etrado en las mismas instalaciones de la brigada. En efecto, el 16 de diciembre de 1995, a las 12 del mediodía, en el sitio La Arenera, del corregimiento de Currulao, municipio de Turbo, fueron retenidos, ante la vista de muchos testigos, por miembros del batallón Vélez, los campesinos ALCIDES TORRES ARIAS y ÁNGEL DAVID QUINTERO, ambos padres de familia con varios hijos, y llevados a las instalaciones de la brigada 17. En el momento de su retención se dirigían hacia la casa de la madre de Alcides, en una motocicleta marca Honda, de color rojo, de placa No. DCU-35. Según declaró ante medios de prensa el General DEL RÍO, las capturas tuvieron lugar en medio de operativos contrainsurgentes de la brigada. Según él, a otros capturados, cuyos nombres no dio, los habrían enviado a fiscalías de Medellín, y en cambio a éstos los habían "dejado en libertad" |7|.

Los familiares pudieron visitar a los retenidos en las instalaciones de la brigada los días 17 y 18 de diciembre, llevarles ropa, cobijas y comida, pero el día 19 les pusieron obstáculos para ingresar a visitarlos y los hicieron esperar varias horas en la guardia de entrada, supuestamente mientras llegaba el fiscal, quien debería dar los permisos de visita. En su larga espera en la entrada, los familiares observaron la salida de un vehículo de color rojo con personas en su interior que ellos no pudieron identificar. Dicho vehículo se varó al atravesar la vecina población de Currulao, donde tuvo que esperar alrededor de un cuarto de hora para continuar su marcha. Varios pobladores de Currulao, que conocían personalmente a los desaparecidos, pudieron observarlos en el interior del vehículo. Sin embargo, los militares le informaron a las familias que ellos ya habían sido "dejados en libertad". No se explica cómo no reclamaron la motocicleta (la que permaneció por mucho tiempo en la brigada); ni vieron ni saludaron a sus familiares que estaban esperando en la entrada; ni firmaron la Orden de Libertad que supuestamente el fiscal les envió. Nunca se volvió a tener noticia de sus paraderos.

Aunque el caso fue denunciado antes las diversas instancias penales y disciplinarias, en pocos meses fue archivado. Hoy día la Comisión Interamericana de Derechos Humanos se ocupa del mismo. |8|

5. Iniciada la comandancia del General DEL RÍO en la brigada 17 de Urabá, (diciembre de 1995), ya serán algunos de sus mismos subalternos, así como algunas autoridades civiles e incluso el Capitán que dirigía el organismo de Inteligencia de la Policía en la zona, quienes descubrirán su conducta como radicalmente contraria al ordenamiento legal y a los principios más elementales de la moral pública. Sin embargo, el mar de co mplicidades en que él se apoya y que se evidencia a través de las mismas denuncias, hace que los denunciantes sean de alguna manera excepcionales y que tengan que enfrentar altos riesgos y graves perjuicios al decidirse a denunciar.

El Coronel Carlos Alfonso Velásquez Romero, segundo comandante de esa misma brigada 17 y jefe de su Estado Mayor, quien ocupó el cargo desde junio de 1995 hasta junio de 1996, se vio obligado a enviarle un informe al comandante general de las fuerzas militares el 31 de mayo de 1996, en el cual le expresaba su co nclusión de que el General DEL RÍO no tenía convencimiento alguno de que los paramilitares fueran un factor peligroso de desorden y violencia y esa misma convicción la irradiaba en sus subalternos. Desde su llegada se había dejado de actuar en absoluto contra los paramilitares y el tema había sido eliminado de toda planeación estratégica y de toda reunión de comando. Aún más, las propuestas del Coronel Velásquez para abordar el tema fueron siempre rechazadas y el mismo Coronel fue relegado progresivamente, para anular toda su asesoría en materias de inteligencia, de estrategia y de operaciones. En su Informe, el Coronel Velásquez hizo referencia a un caso concreto en que los paramilitares atravesaron sin problema por un retén militar y a otro en que no se quiso detener a un grupo numeroso de paramilitares que fueron identificados, ni tampoco investigar disciplinariamente la omisión o complicidad de los militares al no detenerlos. En declaración posterior ante la Fiscalía, el Coronel Velásquez manifestó que sospechaba que había una filtración permanente de información desde la brigada hacia los paramilitares de Carlos Castaño, de modo que éstos supieran a diario dónde había y dónde no había tropas del ejército. |9| Sin embargo, el comandante del ejército, General Harold Bedoya, en lugar de investigar al General DEL RÍO, ordenó investigar más bien al denunciante y lo hizo llamar a calificar servicios el 1 de enero de 1997, excluyéndolo del ejército.

6. Por su parte, la Alcaldesa de Apartadó, la Trabajadora Social Gloria Isabel Cuartas Montoya, se presentó a la Fiscalía General de la Nación el 24 de abril de 1997 para denunciar el auge aterrador de la violencia paramilitar en su jurisdicción desde la llegada del General DEL RÍO |10|, así como la falta de colaboración del ejército para combatirla, y para describir hechos concretos en los que ella había sido testigo directo de la colaboración entre militares y paramilitares. Posteriormente, el 6 de diciembre de 1997 y el 21 de octubre de 1998 la Alcaldesa declaró nuevamente en la Unidad Nacional de Fiscalías de Derechos Humanos y afirmó que la unidad de acción entre el ejército y los paramilitares era de público dominio en la región y que los paramilitares ingresaban a las instalaciones de la brigada 17 en motocicletas y otros vehículos sin ningún obstáculo. Expresó además que las denuncias hechas antes los superiores jerárquicos del General DEL RÍO habían sido inútiles. También denunció que el modelo de cooperativas de seguridad denominadas CONVIVIR, implantadas por el entonces gobernador de Antioquia, ÁLVARO URIBE VÉLEZ (hoy Presidente de Colombia) de una manera inconsulta con los mandatarios locales, había agudizado en extremo la violencia, pues la selección de sus miembros se dejaba en manos de la brigada 17 y ni siquiera los alcaldes podían enterarse de la verdadera identidad, ocupación y comportamiento social de los integrantes de esos grupos, a los cuales se confiaba la seguridad de la población, predominando la convicción de que actuaban en estrecha alianza con los paramilitares. Dejó constancia, además, de que el hecho de que militares y paramilitares compartieran retenes a muy poca distancia, evidenciaba su unidad de acción en muchos crímenes. |11|

7. El 2 de febrero de 1999, el ex soldado profesional Oswaldo de Jesús Giraldo Yepes, quien había sido integrante de uno de los batallones que combatieron en Urabá bajo el mando del General DEL RÍO entre 1996 y 1997 |12|, hizo revelaciones escalofriantes ante delegados de la Oficina de Investigaciones Especiales de la Procuraduría General de la Nación, mientras estaba detenido en una cárcel de Santa Rosa de Osos (Antioquia), acusado de "porte ilegal de armas", pues ya se había retirado del ejército. Posteriormente declaró repetidas veces ante la fiscalía |13| y se ratificó en sus denuncias, las que concretó mucho más.

Su testimonio trasciende las prácticas de la brigada 17, pues se refiere también a la brigada 11, a la cual estuvo integrado antes (1994-95), a la brigada móvil No. 3 y al batallón Granaderos de la brigada 4 (últimos meses de 1997). En sus reiterados testimonios se destapa una verdadera Política de Estado que articula solapadamente el accionar paramilitar con las operaciones del ejército en una estrategia integral. Afirma reiteradamente que fue obligado a trabajar en apoyo y en unidad de acción con las estructuras paramilitares que operaban en Urabá con miles de efectivos, y que la directriz permanente del comandante de la brigada, que era el General DEL RÍO, era trabajar con ellos. Afirma que en toda el área, tanto de la brigada 11 como de la brigada 17, así como en lo poco que conoció de otras brigadas, se trabajaba en estrecha coordinación con los paramilitares. Menciona numerosos nombres de líderes paramilitares nacionales, regionales y locales que se reunía frecuentemente con el General DEL RÍO en la sede de la brigada 17, en Carepa (Antioquia).

Una de las prácticas que impresionan fuertemente en el testimonio del ex soldado Giraldo Yepes es la práctica de las "legalizaciones", como asumidas y respaldadas por sus comandantes de compañía, batallón y brigada. En una de sus declaraciones las describe así: "significa coger a los campesinos, vestirlos de bandoleros, ponerles un fusil encima pa(ra) cuando llegue la Fiscalía decirle que sí era bandolero. Eso lo vi mucho tiempo y lo viví" |14| En efecto, describe varias masacres concretas en que las víctimas fueron "legalizadas". Cuando investigadores de la fiscalía trataron de confrontar esos datos con otras fuentes, encontraron correspondencias fundamentales, aún teniendo en cuenta que los informes oficiales se hacen de modo que se acomoden a pautas legales de acción, y que los informes de los medios se apoyan en los oficiales. |15| También describe el ex soldado en su testimonio los retenes que el Capitán Jaime Remolina Fontalvo hacía en cercanías del poblado de Pavarandó, en compañía de 5 soldados y 8 ó 10 paramilitares, en los cuales hacían bajar a muchos campesinos de los camperos Uaz y las "chivas" de transporte público que recorrían esa vía; los llevaban forzados a un campo abierto y allí los fusilaban, los desmembraban y los arrojaban al río. Afirma que en un lapso de 15 días le tocó presenciar entre 50 y 60 casos similares. |16|

Pero al mismo tiempo el caso del ex soldado Giraldo Yepes revela la profundidad de las estructuras de impunidad que imperan hoy en Colombia. Mientras la fiscalía y la procuraduría, en algunas de sus instancias, afirman haber comprobado la veracidad de su testimonio, hasta llegar a rechazar una "retractación" que bajo presiones y amenazas hizo el 25 de julio de 2002, sin embargo solo utilizaron esa verdad contra él mismo para enjuiciarlo por "concierto para delinquir" (al obedecer las órdenes de todos sus comandantes), pero no han utilizado esa verdad para llamar a juicio a todos los que tenían responsabilidad de mando o participaron mucho más que él en los crímenes. Si el valeroso denunciante es el único enjuiciado, y la "verdad comprobada" solo vale contra él pero no contra los denunciados, �quién puede dudar de que lo que se quiere es castigar la denuncia? Esto sin tener en cuenta los varios atentados de que ha escapado el testigo y las numerosas amenazas recibidas en la prisión sin que sus clamores por una protección oficial hayan sido escuchados.

Por eso en su inválida retractación el ex soldado afirma: "Yo no deseo rendir esta declaración, y me retracto de todo lo que he denunciado porque la Justicia Colombiana no ha actuado como se debe, en contra de los corruptos; solo me tiene a mí pagando cárcel nada más, debido a mi colaboración con la Justicia, que siempre he tenido el deseo y las ganas de denunciar lo mal hecho y las atrocidades que se ven en Colombia por parte del Ejército, Policía, SIJIN y empleados públicos" |17| Con razón la procuraduría, al evaluar dicha "retractación" la considera inaceptable, arguyendo: "está motivada por aspectos afectivos y no por un acto de espontaneidad, pues resulta inaceptable que luego que suministra datos que han sido verificados por las autoridades, llegue nuevamente al plenario indicando que se retracta de lo anotado porque no quiere saber nada de esto, siendo esta postura explicable cuando señala que se encuentra vinculado a la presente investigación, y como lo arguyó, lo que hizo fue denunciar hechos cometidos por los miembros del estamento militar al cual perteneció; por lo anterior, no se le da validez a lo sostenido en su retractación, más aún cuando se ha demostrado que muchos de los diferentes hechos narrados y aceptados por él, (y que [sic]) realmente ocurrieron" |18|

8. El Capitán, hoy retirado, de la policía nacional, Gilberto Cárdenas González, quien fue jefe de la SIJIN de Urabá (Sección de Investigaciones Judiciales e Inteligencia, de la policía) de 1996 a 1998, luego de indagar durante 4 años, por todos los medios legales, por qué fue destituido en septiembre de 1998, sin lograr obtener respuesta alguna, y habiendo escapado a 3 atentados contra su vida, buscó protección fuera del país y decidió denunciar, en noviembre de 2002, ante los organismos de control del Estado y ante órganos de las Naciones Unidas, lo que experimentó en carne propia en Urabá, cuando el General DEL RÍO comandaba la brigada 17 y dirigía la Guerra Sucia en la región. |19|

Afirma que todos sus esfuerzos por reprimir el accionar paramilitar en Urabá, detectando y capturando a sus líderes y activistas, se estrellaron siempre contra el poder del General DEL RÍO, quien impulsaba y protegía a los paramilitares, y contra todo el engranaje de complicidades y colaboraciones que el General estructuró en la zona, en el cual se involucraban las mismas jerarquías regionales de la policía, así como fiscales, jueces, procuradores, personeros y alcaldes de la zona, sin descontar a empresarios nacionales y extranjeros que se asentaban allí.

En la primera página de su denuncia afirma: "Los paramilitares los creó el propio Gobierno colombiano para que hicieran el trabajo sucio, es decir, para que mataran a todas las personas que según el Ejército y la Policía son guerrilleras. Pero para hacer eso, tenían que crear un grupo al margen de la ley para que nadie sospechara del Gobierno de Colombia y de sus Fuerzas Militares. Es así como los paramilitares son entrenados por el mismo Ejército y la Policía de Colombia y son auxiliados y ayudados por éstos. Hasta miembros del Ejército y la Policía patrullan hombro a hombro con los paramilitares (...) Los paramilitares también favorecen los intereses de las multinacionales con intereses en Colombia, ya que se encargan de limpiarles el terreno de personas contrarias a sus intereses, como sindicalistas o líderes populares, a los cuales desaparecen o asesinan aduciendo que son guerrilleros" |20|

Según el ex Capitán Cárdenas, el 12 de abril de 1997, en un operativo que hizo a cubierta junto con otros dos investigadores de la SIJIN que más tarde fueron asesinados |21|, pudo observar de cerca la reunión que sostuvo el General RITO ALEJO DEL RÍO con 11 líderes paramilitares de la región, todos con órdenes de captura registradas minuciosamente en su denuncia, y 3 representantes legales de la cooperativas CONVIVIR más fuertes de la zona. En dicha reunión, que tuvo lugar entre las 18 y las 21 horas, en una finca del corregimiento El Totumo, entre Turbo y Necoclí, también los aco mpañó el Coronel Jorge Eliécer Plazas Acevedo, jefe del B-2 (Sección de Inteligencia) de la brigada 17 |22|. Esto revela con nitidez la unidad de acción entre la brigada 17 , los paramilitares y las CONVIVIR. |23|

El CORONEL ANATOLIO CORREA FIGUEROA, comandante de la policía de Urabá en 1997 y por lo tanto jefe directo del entonces Capitán Cárdenas, se opuso a que los contactos y apoyos del General DEL RÍO respecto a los paramilitares fueran objeto de seguimientos, investigaciones y denuncias. Pero tanto dicho Coronel Correa, como quien lo precedió en el cargo el año anterior (1996), el CORONEL LIBARDO MOLINA CELIS, se plegaron co mpletamente a las exigencias del General DEL RÍO, de no perseguir a los paramilitares. En efecto, el testimonio del Capitán Cárdenas menciona con detalles 4 casos de capturas importantes de paramilitares que él realizó o en las que tuvo que intervenir por oficio, en las cuales sus superiores lo obligaron, siguiendo órdenes del General DEL RÍO, a dejar el caso en manos del Coronel Plazas, del B-2 de la brigada 17, quien le daba libertad inmediata a los capturados. Un libreto similar se repetía con ocasión de las capturas: una vez capturados los paramilitares, se presentaban en el comando de la policía de Urabá el Coronel Plazas y algunos de los representantes legales de las CONVIVIR y se llevaban al detenido "por orden del General DEL RIO", dejándolo en libertad el mismo día. |24|

Son abundantes también las denuncias del testigo sobre el CORONEL SANTIAGO PARRA RUBIANO, comandante de la Policía-Urabá en 1998, quien se opuso a investigar a otros altos oficiales de la policía de su jurisdicción que colaboraban de manera pública con los paramilitares |25| o se negaban a tomar medidas contra ellos. El testigo afirma que este Coronel recibía 30 millones de pesos mensuales de los paramilitares para que les guardara sus espaldas y que cuando él capturó a los dos asesinos de la Concejal de Apartadó, Gloria Elena Cardona (+ 21.01.98) el Coronel le rogó que los dejara en libertad porque esas capturas no le iban a agradar, ni al jefe de los paramilitares, Carlos Castaño, ni al General Martín Orlando Carreño, nuevo Comandante de la brigada 17 (1998). En esa ocasión le suplicó: "entienda cómo se trabaja acá en Urabá; no se meta con los paramilitares; déjelos hacer su trabajo; ellos solo matan a los h.p. guerrilleros; o es que quiere usted que se llene esto de guerrilleros y después nos maten? (...) deje las cosas así; no se meta en problemas; lo que está buscando es que lo maten o lo echen de la Policía". |26| De todos modos, los asesinos de la Concejal fueron puestos después en libertad por la fiscalía.

A través de sus 54 páginas, el testimonio del ex Capitán Cárdenas menciona a numerosos miembros del ejército y de la policía involucrados en el apoyo y protección a los paramilitares, no solo en Urabá, sino también en Puerto Boyacá, donde él trabajó como Sub-teniente de la SIJIN en 1992. Pero uno de sus escalofriantes capítulos, a cuál más grave, acusa a los mismos órganos de control del Estado, como la fiscalía y la procuraduría, de ser colaboradores del paramilitarismo en la región. Allí denuncia al fiscal regional de Apartadó, Darío Eduardo Leal Rivera, cuyo despacho avocaba necesariamente todos los procesos relacionados con paramilitares en la zona, quien archivaba al menos el 80% de los expedientes. Familiares y testigos de las víctimas, que eran llamados a rendir declaraciones, con frecuencia aparecían luego asesinados. La esposa de dicho fiscal, Astrid de Leal, era la jefe del CTI (Cuerpo Técnico de Investigaciones) de Urabá y uno de sus investigadores, Ivo Jaime Díaz Salazar, fue reconocido por un testigo que pretendió colocar allí una denuncia, como alguien que patrullaba conjuntamente con los paramilitares que incu rsionaron en su finca. Las denuncias puestas por el mismo ex Capitán contra dicho fiscal ante el Consejo Seccional de la Judicatura de Medellín, fueron todas archivadas. |27|

9. El 28 de julio de 1999 se presentó a la fiscalía general de la nación otro ex soldado que quería también denunciar pro cedimientos delictivos de la brigada 17 . Había ingresado al ejército en noviembre de 1997 y fue asignado al batallón Voltígeros, que tenía su sede en Carepa (An-tioquia), en las mismas instalaciones de la brigada 17. Dados sus conocimientos en informática, lo dedicaron a labores de oficina, en el área de Operaciones (S-3).

Entre sus denuncias, el ex soldado afirmó que detrás de la brigada existía una base paramilitar que luego fue convertida en la sede de una CONVIVIR, y que dichos paramilitares, que aparecían como integrantes de la CONVIVIR, entrenaban en el polígono de la Brigada por concesión del General DEL RÍO. El entonces soldado vivió muy impresionado, según lo afirma en su testimonio, por el altísimo nivel de violencia y brutalidad al que se sometía a las gentes de las comunidades pobres de la zona, mientras las unidades militares, en lugar de defender a la gente, le cubrían las espaldas a los paramilitares que eran los que realizaban las acciones más atroces y tenían la brigada como su propia casa. En su trabajo de digitador, incluso conoció el borrador de un documento escrito por un Teniente que comandaba un batallón anexado temporalmente a esa brigada, en el cual confrontaba al General DEL RÍO por no proteger a la gente que era víctima de semejantes atrocidades; sin embargo, el Teniente tuvo que retirar su documento y callarse, siendo enviado luego a un lugar selvático. Cuando el soldado posteriormente quiso saber algo del incidente, el único comentario del Teniente fue: " el que manda, manda".

El ex soldado describe con precisión, respaldada con fotografías, la presencia paramilitar en los diversos asentamientos que se ubican en la vía que va desde Turbo a San Pedro de Urabá, zona conocida por él minuciosamente a causa de sus raíces. Muestra cómo las bases paramilitares están situadas a muy corta distancia de las bases militares para apoyarse mutuamente. Todo corona en la inmensa base paramilitar asentada en el corregimiento de Santa Catalina, a pocos minutos del centro urbano de San Pedro de Urabá y a no más de 20 minutos de la sede del batallón Francisco de Paula Vélez. El testigo afirma que allí hay más de 350 paramilitares con sus familias, protegidos por tres anillos de seguridad o "Puestos de Avanzada de Combate" -PAC-, separados por distancias de 1 kilómetro. A pesar de que el testigo entregó los números de muchas placas de vehículos utilizados por ellos, fotografías y descripciones minuciosas de la base más frecuentada por Carlos Castaño, cuatro años después ningún organismo de control del Estado se había interesado por investigar y abrir juicios al respecto.

El entonces soldado fue testigo de cómo, bajo la comandancia del General DEL RÍO, en 1997, se dio orden a unidades militares de retirarse de San José de Apartadó hacia una vereda lejana, con el fin de que los paramilitares entraran a asesinar pobladores. Una vez perpetrados los crímenes, se les dio la orden de regresar. También presenció personalmente una "acción cívico militar" en Bajirá, en 1998, y comprobó que patrullaban en fila india, intercalados entre militar y paramilitar. Ubicó, además, con croquis y fotografías, varias fosas donde fueron sepultadas muchas víctimas. Cuando cavaron algunas de esas fosas, en dos fincas situadas entre Apartadó y Turbo, les pagaban a los niños del lugar 3.000 pesos por cada hueco. Los pobladores pudieron observar que allí no sepultaron cadáveres completos, pues todas las víctimas estaban descuartizadas. |28|

10. Pero si ha habido miembros del ejército y de la policía que han decidido develar los horrores de que fueron testigos por dentro, en el accionar conjunto de militares y paramilitares, también ha habido integrantes de los grupos paramilitares que han denunciado lo que vivieron desde sus posiciones. Así, el 13 de febrero de 1998, se entregó ante delegados del cuerpo técnico de investigaciones de la fiscalía, en Santa Rosa de Osos (An-tioquia), el paramilitar Francisco Enrique Villalba Hernández, quien había ingresado desde 1994 a la estructura paramilitar de Carlos Castaño. La fiscalía lo interrogó en 9 ocasiones, entre febrero de 1998 y febrero de 1999. |29|

Su testimonio confirma, de manera muy concreta, la coordinación entre militares y paramilitares. Al describir varias masacres en concreto, relata cómo algunos de sus jefes visitaban de antemano a los comandantes de los batallones militares de la zona y de los distritos de la policía para que retiraran los patrullajes que estaban operando en la zona seleccionada, o para que de ningún modo bloquearan las operaciones paramilitares. En ocasiones, como en la Masacre del Aro (Ituango, Antioquia, 25 de octubre /97) algunos suboficiales y oficiales del ejército participaron en directo en la masacre, al lado de los paramilitares, y un helicóptero del batallón Girardot les prestó apoyo en abastecimiento de munición y medicinas. Afirma también que el ejército los dotaba de carnets de las CONVIVIR, que era una especie de contraseña para poder pasar con armas, sin obstáculos, por los retenes militares.

El relato sobre el entrenamiento que recibió, en 1994, en la hacienda "Las Tangas" (Valencia, Córdoba) de propiedad de la familia de Carlos Castaño, no puede ser más escalofriante: la "prueba de coraje" consistía en desmembrar a una persona. Según él, cada 15 días llevaban a la hacienda 8 personas para descuartizar.

Tenían, además, un trato hecho con el batallón Voltígeros, de la brigada 17. Ellos (los paramilitares) capturaban a supuestos "guerrilleros" y se los entregaban al ejército en un sitio acordado, ordinariamente una tienda del camino, y los militares les pagaban con fusiles, granadas y uniformes de camuflaje. En marzo de 1997 entregaron a 8 presuntos "guerrilleros" y les pagaron por ellos una ametralladora M-60, 6 fusiles AK-47 y varias granadas. En los contactos de comandante a comandante circulaban listas de personas para matar.

11. También el 19 de abril de 2000 se entregó ante delegados del cuerpo técnico de investigaciones de la fiscalía, en Medellín, el paramilitar Carlos Alberto Bonilla Gutiérrez. Entre los operativos que relata, en los cuales participó personalmente, están los de la toma de Riosucio (20 de diciembre de 1996) y de Vigía del Fuerte y Bellavista (22 de mayo de 1997). Según su testimonio, la toma de Riosucio fue coordinada con el Coronel Coronado, del ejército. Habían acordado que primero entraran los paramilitares para hacer su oficio (matar y desaparecer) y luego se internarían en el monte cuando el ejército comenzara a llegar, como en realidad se hizo, según él. Cuando en un enfrentamiento con un destacamento guerrillero en esa zona fueron muertos 57 guerrilleros, el Coronel Coronado solamente reportó 15 ó 20 muertos, para poder entregar las demás armas incautadas a los paramilitares.

En la toma de Vigía del Fuerte, la policía del lugar no los reconoció en un primer momento y los recibió con fuego, pues los confundió con guerrilleros, pero luego les pidió disculpas y los acogió con entusiasmo. Allí en Vigía, el testigo conoció más en directo al paramilitar apodado "Mochacabezas", el cual llevaba una motosierra para decapitar a sus víctimas y luego arrojarlas al río. En ocasiones obligaba a los capturados a sacar una ficha de una bolsita que portaba, para que probaran suerte en el tipo de muerte que sufrirían, según las tres opciones que ofrecían las fichas: descuartizamiento, fusilamiento o degollación. Una vez sacada la ficha, la víctima era ejecutada con el método allí marcado. El testigo fue asesinado posteriormente en la misma ciudad de Medellín, donde se había entregado. |30|

12. No solo algunos militares y paramilitares decidieron develar ante la justicia atrocidades que presenciaron y que cargaron por diversos tiempos como peso insoportable de conciencia. También algunos civiles lo hicieron. Un acomodado ganadero que visitó en 1995 varios corregimientos del municipio de Unguía (Chocó), aconsejado en confesión por un alto jerarca de la Iglesia, decidió denunciar, bajo la condición de que se guardara reserva de su identidad. En sus correrías por la zona se había encontrado repetidas veces con integrantes de un frente guerrillero de las FARC cuyo comandante era llamado "Víctor" y su segundo comandante "Vicente". Avanzado el año 95, se enteró de que "Vicente" había desertado de la guerrilla y vivía en un batallón militar de la zona, donde dos comerciantes de Balboa, conocidos cercanos del testigo, quienes fueron retenidos por el ejército, pudieron verlo directamente, unifo rmado de militar.

El testigo afirma que con posterioridad al 15 de octubre de 1995 la zona comenzó a ser invadida por paramilitares comandados por "Vicente", quienes se movilizaban al lado del ejército regular. Él mismo pudo observar en directo, mientras esperaba una embarcación en la playa del caserío de Titumate, cómo el 16 de octubre de 1995, en la barcaza "Amerindia", propiedad del acaudalado terrateniente y narcotraficante Conrado Builes, desembarcó en Titumate un destacamento de paramilitares comandado por "Vicente", a quien él reconoció en directo, acompañados, en la misma barcaza, por un contingente de militares.

El declarante relaciona este hecho con el comienzo de un período de represión brutal que se vivió en los asentamientos integrados a los municipios de Unguía y Ríosucio, que llevó a éxodos masivos. Menciona el asesinato brutal de un comerciante de Balboa a quien le sacaron los ojos y le hicieron otras atrocidades que él no se atreve a describir, y la muerte igualmente brutal de un pobre hombre que sacaba arena del río, hechos todos perpetrados por el grupo de "Vicente", que andaba siempre acompañado por unidades militares.

Quizás, por las referencias que da de otros hechos, el declarante puede estar equivocado en el número del año (podría ser 1996 en lugar de 1995), pero de todos modos ubica el accionar paramilitar de "Vicente" y de su estructura paramilitar a partir de los dos últimos meses de 1995. Si se tiene en cuenta que el General DEL RÍO llegó a Urabá en diciembre de 1995, como comandante de la brigada 17 que comprende toda esa zona, se entiende que el testigo acuse directamente a este General por no haber entregado a "Vicente" a las autoridades competentes de la Justicia " en acatamiento a las leyes de la Constitución que el Señor General debió haber jurado defender", sino haberlo mantenido en los batallones adscritos a la brigada, respaldando su accionar criminal que se integraba de manera perversa con el accionar del ejército regular, como el mismo testigo lo analiza: "era muy fácil tener como retaguardia al ejército legítimamente constituido, pero en ciernes en actos delincuenciales, por estar protegiendo una vanguardia criminal dirigida por un ex guerrillero que iba sobre seguro a sitios donde presumiblemente el ejército nunca hubiera penetrado y a actos que desde luego no ejecutaba el ejército pero lo permitía de otros, tal como se estableció como conciencia colectiva". |31|

13. Otro civil, pequeño empresario, que trabajó con dragas en algunas zonas mineras del Nordeste de Antioquia, fue interrogado el 2 de mayo de 2000, en la Cárcel de Bellavista, de Medellín, por fiscales delegados de la Unidad Nacional de Fiscalías de Derechos Humanos. Según su testimonio, en 1995, cuando logró ubicarse con su draga y sus trabajadores en una finca de aluvión, entre los corregimientos de Cristales y San José del Nus, del municipio de San Roque (Antioquia), pronto fue convocado por el jefe paramilitar de la zona que tenía su sede en Cristales pero que departía constantemente con la policía de San José del Nus. Dicho líder paramilitar, de nombre John Jairo, alias "Filo", lo encañonó durante un buen rato para matarlo porque pagaba cuotas exigidas por la guerrilla y terminó obligándolo a pagarle a él una cuota mensual de 250.000 pesos.

Meses más tarde, cuando el testigo se vio en crisis económica por la baja rentabilidad de su trabajo minero, "Filo" lo recomendó para que le permitieran trabajar en los dominios de la hacienda "Guacharacas", propiedad del entonces gobernador de Antioquia, Alvaro Uribe Vélez (hoy Presidente de Colombia), administrada por el Señor Luis Villegas Uribe. Entre febrero y marzo de 1997, el testigo se trasladó a la hacienda "Guacharacas". En todo el relato testimonial queda claro que la zona aludida estaba dominada por estructuras paramilitares apoyadas por todas las autoridades y los hacendados de la región. Don Luis Villegas Uribe, el administrador de la hacienda, le recomendó al testigo pagar fielmente la cuota mensual a los paramilitares y él mismo se ofreció de intermediario de los pagos.

Luego llegó otro jefe paramilitar, alias "Beto", quien se instaló con 40 paramilitares más en la hacienda "Guacharacas" del hoy Presidente de la República Alvaro Uribe Vélez. El testigo pudo constatar, entonces, que de allí salían en las noches a matar gente, y que con ellos se movilizaba un militar que iba siempre acompañado por un Señor de nombre Fernando, oriundo del municipio de Cisneros, alias "El Cojo". En una ocasión, le pidieron al testigo que prestara su camioneta para ellos ir a matar a un comerciante del corregimiento El Rubí, del municipio de Yolombó, a quien acusaban de simpatizar con la guerrilla. Aunque él no prestó su camioneta, al comerciante lo asesinaron un sábado muy cerca de la media noche.

El testigo afirma que "Filo" gritaba en las reuniones públicas que él había matado en tres meses a más de 138 personas y que desafiaba a que se le acercaran todas las autoridades "y no nos hacen nada porque somos los mismos". Cuando el testigo le preguntó a "Beto" quién le enviaba las armas, él respondió que el General RITO ALEJO DEL RÍO, " que es un duro del ejército".

En su testimonio, este sufrido empresario afirma, además, que durante su permanencia en la hacienda "Guacharacas" apareció un día allí Ramiro Cevallos, persona a la que acusaban de haber participado en un ataque a la hacienda, pero él pedía que lo escucharan y que le permitieran trabajar, pues estaba en la miseria. Cuando el testigo intercedió para que lo escucharan, el líder paramilitar "Beto" le respondió que había que "llevárselo al Patrón", Alvaro Uribe Vélez, para que él decidiera. Dos días después, un lunes, los paramilitares fueron a buscar a Ramiro y a su hermano, para "llevarlo ante el Patrón", sin que se hubiera vuelto a tener noticia de sus paraderos |32|.

14. La impunidad en que todos estos crímenes se mantienen, encuentra un blindaje en las mismas medidas de seguridad con que se protegen los victimarios, amparadas por leyes y decretos y que sirven para obstaculizar cualquier investigación sobre sus conductas. En efecto, el 18 de octubre de 2000, una investigadora judicial, en cumplimiento de un despacho comisorio emanado de la unidad nacional de fiscalías de derechos humanos, practicó una inspección judicial en la dirección de inteligencia del ejército, con el fin de establecer los números de teléfonos celulares asignados al comandante y al subcomandante de la brigada 17 en esos años. La respuesta dada por la Sra. Nelly Corzo Ribero, Asesora Jurídica de la Dirección de Inteligencia, es muy significativa: manifestó que tal información "no se encuentra disponible por cuanto los números de los celulares se mantenían en reserva y solamente existiría un dato contable genérico donde resulta del todo imposible identificar y descubrir los teléfonos solicitados (...) más, habida cuenta del tiempo transcurrido, que por razones de orden público y seguridad, han sido archivadas y en oportunidades incineradas". |33|

A nadie se le oculta que con tal blindaje de los instrumentos que ayudarían más a la investigación de un crimen o de una cadena de crímenes, se crea un espacio de "manos libres" que facilita enormemente la perpetración de los crímenes al garantizar su impunidad.

Mejor suerte corrieron, sin embargo, quienes investigaban el secuestro y asesinato del joven empresario israelí Benjamín Khoudari y de otras personas en 1998, cuando el entonces General DEL RÍO era Comandante de la brigada 13 en Bogotá. En efecto, los instructores del expediente 35.487, al realizar una inspección en la empresa MEL-TEC, S. A., de telefonía celular, comprobaron que tres números involucrados en llamadas relacionadas con esos secuestros correspondían a celulares asignados el Señor RITO ALEJO DEL RÍO ROJAS, representante legal de la brigada 13.

15. Otro campo en que la seguridad de los militares se puede confundir con el blindaje de los crímenes, es el de las comunicaciones radiales. La ejecución de muchos crímenes, como lo denunciaron los mismos soldados, fue coordinada por esos medios. Y en efecto, cuando la Fiscalía quiso indagar sobre el funcionamiento de los sistemas de seguridad en las comunicaciones radiales, el Mayor Emiro José Barrios Jiménez, en su declaración rendida ante la procuraduría general de la nación el 22 de junio de 2000, afirmó: "La Brigada 17 contaba con radios de comunicación que tienen un mecanismo de seguridad de voz (...) Para escuchar lo que se dice por el radio las unidades deben poseer el mismo tipo de radio, la misma frecuencia y las mismas claves electromagnéticas internas. Complementariamente a la seguridad que se obtiene a través de los equipos de comunicación, los comandantes cuentan con un documento llamado IOC (Instrucciones de Operaciones de Comunicaciones), documento de carácter secreto donde se reemplazan las letras y palabras comunes y corrientes por códigos, por números que permitan garantizar el secreto y la seguridad en las comunicaciones, desorientando al enemigo sobre la realidad de las acciones militares" |34|

Cualquiera puede apreciar que estos mecanismos, diseñados para una seguridad informativa frente a un enemigo bélico, se pueden utilizar al mismo tiempo, como de hecho ocurrió, para encriptar los procesos de ejecución de los crímenes y blindarlos frente a cualquier investigación judicial de modo que su impunidad quede garantizada.

16. La vinculación del General DEL RÍO a acciones criminales paramilitares no cesó, sin embargo, con su desvinculación del ejército, decidida por el Presidente Pastrana el 10 de abril de 1999. Un ex Suboficial del ejército, que en otra ocasión había denunciado ante la justicia comportamientos criminales del General DEL RÍO, los cuales habían motivado que el testigo abandonara el ejército, ya como un trabajador del agro se volvió a encontrar a dicho General en similares andanzas, doce años después. En efecto, los días 27 y 28 de septiembre de 2000, un ex Suboficial del ejército y ahora agricultor, rindió declaración juramentada ante la Unidad Especializada de Fiscalías de Medellín. |35|

Según su testimonio, en la semana del 10 al 16 de septiembre de 2000, a la "Hacienda La Veinticuatro", de la vereda de Puerto Tulape-La Laja, del municipio de Necoclí (Ant.), llegó el ex General DEL RÍO a reunirse con Carlos Castaño Gil, líder nacional de los paramilitares, y con otros líderes de la misma agrupación criminal, como los hermanos Salvatore y Pascual Mancuso, los hermanos Carlos Arturo y Carmelo Cogollo Lara, el ganadero Lisney Negrete, y otros líderes paramilitares del Magdalena Medio y del Cesar. Cuatro días después, un grupo paramilitar de cerca de 60 hombres armados, comandados por alias "Cobra" y alias "Salado", salían de esa misma hacienda hacia una finca de Tierralta (Córdoba) donde masacraron a un elevado número de campesinos a quienes un "informante" habría señalado como "simpatizantes de la guerrilla" |36|. Tres de las víctimas fueron llevadas vivas a la Hacienda La Veinticuatro por los paramilitares en su regreso, y allí fueron torturadas y descuartizadas y luego sepultadas en una montaña de la finca, donde, según dice, están sepultadas muchas otras víctimas. Como el testigo se negó a conducir un vehículo para realizar la masacre y además se resistió a ingresar en las filas de los paramilitares, un trabajador le informó esa semana que ya se había decidido su asesinato y le ayudó a escapar.

A pesar de que el testigo describió con detalles el funcionamiento de la estructura paramilitar en toda el área comprendida entre los municipios de Necoclí y San Pedro de Urabá, entregando información abundante sobre la ubicación de las bases, sobre las personas que comandan y apoyan, sobre los vehículos utilizados, etc., sin embargo los órganos judiciales del Estado nada han hecho hasta ahora para someter a investigación y juicio tan enorme estructura criminal. Según el testigo, toda la población rural de la zona es forzada por los paramilitares a cultivar hoja de coca y a reconocerlos a ellos como autoridad suprema, y tienen como bases principales las haciendas "La Veinticuatro" y "La Cincuenta y Dos" en Necoclí, y " La Treinta y Cinco" como base central en San Pedro de Urabá, todas ellas frecuentadas por Carlos Castaño. La policía y el ejército, de acuerdo con su testimonio, solo "pasan" por allí y conversan mucho con los paramilitares, pero no tienen bases permanentes en los caseríos de Necoclí.

17. La tendencia a solucionar todo problema mediante acciones delictivas, parece más arraigada de lo que uno pueda imaginarse en la personalidad del ex General DEL RÍO. En efecto, cuando las investigaciones penales sobre su conducta parecían estar avanzando en la fiscalía, recurrió a montajes contra personalidades del mundo sindical, de la izquierda política y del movimiento por la paz, para acusarlas de ser las instigadoras de las denuncias contra él, para lo cual se habrían servido de métodos inconfesables.

Así fue como en octubre de 1998 consiguió que dos trabajadores que habían estado vinculados a la campaña presidencial del ex General Harold Bedoya Pizarro y a su movimiento político "De Pié Colombia", sobornaran, cada uno a una persona que estuviera en grandes aprietos económicos, prometiéndoles recompensas si declaraban en la fiscalía que Hernando Hernández (Presidente de la Unión Sindical Obrera), Ana Teresa Bernal (Presidenta de la Red Nacional de Iniciativas por la Paz -REDEPAZ-) y Jaime Caicedo (Secretario del Partido Comunista de Colombia) los habían presionado para que acusaran a los generales Rito Alejo Del Río y Fernando Millán de ser patrocinadores de grupos paramilitares, y si lo hacían, tendrían, fuera del pago en dinero, un asilo asegurado en un país extranjero.

Los intermediarios del soborno, Luis García y Rubén Salazar, lograron que un hombre y una mujer cayeran en la trampa. Los días 6 y 28 de agosto de 1998 la fiscalía registra dichas "denuncias". El hombre fue llevado previamente a las instalaciones de la Brigada 13, cuyo comandante era el General DEL RÍO, y allí un Teniente Rojas le presentó a una supuesta abogada quien lo condujo a la fiscalía de la vecina localidad de Usaquén donde depuso su calumnia. La mujer solo le firmó un papel en blanco a Rubén Salazar y éste completó por su cuenta los trámites fraudulentos.

Cuando en abril de 1999 la revista CAMBIO publicó una entrevista al General Millán, realizada por el periodista Plinio Apuleyo Mendoza -un periodista de larga trayectoria en calumnias contra las ONGs de derechos humanos-en la cual defendía la "ino cencia" de los generales DEL RÍO y MILLAN y aseguraba que las acusaciones contra ellos se fundaban en montajes y sobornos de ONGs, mencionando en particular a Ana Teresa Bernal, ésta acudió a la fiscalía para que investigara todo el montaje. Y en efecto, entre junio y julio de 1999 la fiscalía logró ubicar a los supuestos "declarantes" quienes confesaron plenamente el chantaje en el que habían caído, presionados por sus apuros económicos. El hombre relató cómo el General DEL RÍO lo había recibido en las instalaciones de la brigada 13 luego de su "declaración"; cómo lo había abrazado y agradecido, brindándole un almuerzo en la brigada y enviando a su chofer para que lo llevara a tomar un bus de regreso a su casa. |37| En ambos casos, las sumas ofrecidas por los sobornadores no habían sido canceladas sino parcialmente.

18. Pero la disuasión de declarantes asumió contornos más trágicos en septiembre de 2001, cuando la investigadora judicial II del cuerpo técnico de investigaciones de la fiscalía se vio forzada a enviar un informe a su director, el General ® Ismael Trujillo Polanco, para hacerle saber que dos días antes se había enterado de que había sido asesinado el ex Concejal de Apartadó José de Jesús Germán, quien se disponía a rendir una declaración en la fiscalía contra el General DEL RÍO. |38| La investigadora afirma que ella había evaluado en una entrevista previa, tanto la importancia como la credibilidad del testigo, y había llegado a la conclusión de que "era un testigo muy importante para la investigación que se sigue contra el General -R-Rito Alejo del Río Rojas".

El testigo había retardado su declaración porque en una entrevista con el Dr. Eduardo Alejandro Meza Cadena, coordinador de la Unidad de Fiscalías de Derechos Humanos, éste le inspiró mucha desconfianza al no manifestar interés alguno por su problema de seguridad. Curiosamente el Dr. Meza sería el primero en enterarse, dentro de la fiscalía, del asesinato del testigo.

En sus relatos previos a la investigadora, el testigo aseguró tener pruebas de que el General DEL RÍO había ordenado el homicidio de un compadre suyo en Apartadó y dijo estar en capacidad de presentar testigos y aportar otros elementos sobre masacres ocurridas en la región. La investigadora evaluó que tales aportes comprometían al General DEL RÍO y a otros militares, así como a personas civiles que colaboran con el paramilitarismo en la región. La víctima afirmó, además, que estaba aún vivo, a pesar de ser militante y haber sido Concejal por la Unión Patriótica, gracias a que se presentaba públicamente como "comerciante" y no como miembro de la U.P.

19. Todo esto muestra que la "investigación penal" contra el General DEL RÍO se convirtió en un campo de alto riesgo para quienes en ella intervenían. El Informe sobre Colombia hecho público en noviembre de 2002 por la organización internacional Human Rights Watch, afirma:

"En las semanas posteriores a las críticas públicas de Osorio (Fiscal General de la Nación desde el 31 de julio de 2001) a la actuación de la Unidad Nacional de Derechos Humanos en el caso DEL RIO, por ejemplo, se desencadenó una campaña de persecución a los funcionarios judiciales que habían trabajado en el caso. Dos investigadores recibieron invitaciones a sus funerales, lo que provocó su huida del país. Los fiscales que firmaron la orden de detención contra el General DEL RIO también salieron de Colombia tras recibir amenazas. Los dos funcionarios forzados a renunciar a su puesto por el Fiscal General Osorio, Pedro Díaz (Jefe de la Unidad de Derechos Humanos de la Fiscalía) y Pablo Elías González (Vice-Fiscal General de la Nación) también salieron del país por temor a su seguridad" |39|

A pesar de las numerosas pruebas testimoniales y objetivas que demostraban la responsabilidad del General DEL RÍO en el impulso, desarrollo y protección de las estructuras paramilitares que perpetraron centenares de crímenes de lesa humanidad, el Fiscal General de la Nación, LUIS CAMILO OSORIO ISAZA, precluyó la investigación contra él el 9 de marzo de 2004. Para poder cubrir al General DEL RÍO con una imp unidad tan audaz y desafiante, el Fiscal decidió ignorar el recaudo probatorio adelantado en el período de su antecesor, lo que había conducido a la fiscal de conocimiento de entonces a ordenar la captura del General el 21 de julio de 2001, siendo luego excarcelado mediante un recurso de Habeas corpus, fallado por un juez que luego fue procesado por dicha decisión |40|. El Fiscal OSORIO reorientó el proceso bajo el principio del solo testimonio, pero ordenando escuchar solamente a oficiales del ejército que fueron subalternos del investigado y que, por lo tanto, en caso de acusar al General DEL RÍO se auto-acusarían simultáneamente como cómplices o encubridores. Pero todos, por el contrario, lo hicieron aparecer como "perseguidor de los paramilitares" mediante declaraciones cuyos textos uniformes no dejan duda de estar obedeciendo a un libreto memorizado de antemano y mediante "documentos de archivo" aportados años después por los propios sindicados, cuyas fechas de redacción ya es imposible establecer. Los testimonios de cargo antes allegados al proceso, fueron descalificados mediante opiniones arbitrarias del Fiscal, que ni siquiera se fundaron en pruebas periciales cuando emitió conceptos psiquiátricos para invalidarlos, lo que se articuló a una negativa empecinada de confrontarlos con pruebas técnicas e inspecciones "in loco". No obstante obrar en el expediente acusaciones sobre numerosos crímenes de asesinatos, masacres, desapariciones forzadas, torturas, desplazamientos forzados, bombardeos, actos de violencia sexual, incineraciones de bienes de supervivencia de los pobladores, pillajes, etc, no se ordenó una sola prueba objetiva sobre la ocurrencia de los hechos, ni sobre la existencia de las víctimas, ni sobre las circunstancias en que fueron cometidos los crímenes. A pesar de que miembros retirados del ejército y de la policía, así como paramilitares y civiles, dieron numerosas informaciones concretas sobre localización de bases paramilitares, fosas comunes, retenes coordinados de militares y paramilitares, vehículos y placas utilizados por los criminales, etc., ni una sola inspección in loco ni prueba técnica alguna fue practicada. Cuando por orden imperativa de la Corte Constitucional el Fiscal tuvo que admitir una Parte Civil en el proceso, en calidad de Actor Popular, se negó a responder 150 preguntas que la Parte Civil formuló sobre irregularidades protuberantes del proceso. No admitió llamado alguno a aplicar el Derecho Internacional que rige en Colombia en virtud de la Constitución y de numerosos tratados internacionales suscritos y ratificados por Colombia, ni a aplicar siquiera el Derecho Internacional Consuetudinario, imperativo para todos los países civilizados según la doctrina de las Naciones Unidas. Importantes principios rectores del Código de Procedimiento Penal fueron también flagrantemente violados. El Fiscal se negó a declarar la conexidad de los crímenes, como lo exige el artículo 90 del CPP, como elemento básico para poder investigar las conductas en cuanto "sistemáticas" y en consecuencia como Crímenes de Lesa Humanidad, ya que tales cadenas de crímenes se ciñeron a unos mismos parámetros que fueron aplicados en prolongados períodos de tie mpo y en lugares distantes, no obstante el relevo permanente de los agentes estatales comprometidos, lo que evidenciaba una Política de Estado. También se negó a vincular al proceso a un elevado número de funcionarios, como presidentes de la república, altos y medios oficiales de la fuerza pública, empleados de los órdenes administrativo y judicial, cuya responsabilidad por acción o por omisión, o por falta grave al deber de garantía, salta a la vista. Igualmente se negó a investigar las extorsiones, sobornos, amenazas y asesinato de testigos que se produjeron durante el proceso y a proteger a uno de los testigos de cargo sometido a presiones extremas contra él y contra su familia, como fue el caso del ex soldado Oswaldo Giraldo Yepes, a pesar de que en el mismo expediente quedaron huellas evidentes de todos esas violencias. Ni siquiera quiso investigar las persecuciones y amenazas de que fueron objeto los mismos funcionarios de la Fiscalía que tuvieron parte en la investigación que condujo a la captura del General DEL RÍO en 2001, todos los cuales se vieron obligados a abandonar el país por amenazas. También se negó a investigar acusaciones muy graves contra el Presidente Uribe que obraban en el expediente, fundadas en declaraciones bajo juramento, así como los vínculos entre el Presidente Uribe y el General Del Río, que llevaron al entonces candidato Uribe a ofrecer un homenaje a Del Río en el momento en que éste era retirado del ejército en previsión a la investigación penal, lo que no podía leerse sino como un desafío a la justicia y una posible complicidad en las conductas delictivas. Finalmente el Fiscal OSORIO recurrió, en su sentencia, a un argumento que revela perversidad y mala fe, además de insensibilidad extrema frente al sufrimiento de las víctimas y ausencia de todo sentido de justicia: intenta descalificar a la Comisión de Justicia y Paz por haber denunciado permanentemente a través de extensos escritos los delitos perpetrados en la región, y con el fin de estigmatizarla e invalidar sus denuncias, echa mano de una calumnia que los mismos victimarios depusieron ante un juzgado de Riosucio (Chocó) saturada de falsedades e infamias y que la Fiscalía y la Procuraduría aceptaron como fundada antes de cualquier investigación, sin ocultar en el mismo texto la molestia que les causaba que una ONG exigiera justicia para centenares de víctimas de crímenes de lesa humanidad y denunciara los atajos ilegítimos de la impunidad.

Es difícil encontrar un proceso donde haya habido niveles tan elevados, desafiantes y aberrantes de parcialidad, de arbitrariedad y de impunidad. En cuanto tal, es un caso paradigmático que deja al descubierto la corrupción extrema de lo que en Colombia se llama "justicia" y que la historia ha dejado ya registrado en los anales de la infamia.

[Fuente: Centro de Investigación y Educación Popular - CINEP, Noche y Niebla, Deuda con la humanidad - Paramilitarismo de Estado en Colombia 1988-2003, 2005]

Notas:

1. En su autobiografía titulada "Mi Confesión", el líder paramilitar Carlos Castaño Gil afirma que estuvo en Israel en 1983, cuando cumplió 18 años (pg. 107); que allí hizo un curso de un año en el cual tenían 3 meses de trabajo y 1 de descanso y en éste él viajaba a Colombia (pg.108); que ese curso no tenía nombre sino un número: el 562, en el cual aprendían "fundamentos de armamento atómico y manejo psicológico de operaciones" y en lo práctico aprendían a "bloquear un carro blindado y utilizar las granadas de fragmentación para romper entrando a un objetivo, practicamos con lanzagranadas múltiple y entrenamos para dar golpes certeros con RPG7, o introducir un proyectil de un obús por una ventana (... ) miras nocturnas y paracaidismo, incluso aprendimos a fabricar explosivos manuales" (pg. 109). Allí mismo afirma que tuvo la oportunidad de conocer a militares colombianos del Batallón Colombia con los cuales se reunía en los días de descanso (pg. 110). [Cfr. CASTAÑO, Carlos, "Mi Confesión", Editorial Oveja Negra, Bogotá, 2001]. Por su parte, el GERENAL RITO ALEJO DEL RÍO, en su versión libre rendida el 26 de agosto de 1998 ante un Fiscal Delegado de la Unidad Nacional de Derechos Humanos, afirmó: "En 1983 llegué al país procedente del Batallón Colombia destacado en el Sinaí donde me desempeñé como Oficial de Operaciones en la Fuerza Multinacional de Paz, era Mayor" (pg. 1-2) [Volver]

2. Ver edición del diario El Tiempo, de Bogotá, del 21 de octubre de 1982, pag. 2 y 6 A. El siniestro fue reseñado en los diarios de Colombia con titulares de primera página casi durante toda la semana siguiente. La información sobre el cargamento de armas enviado por el oficial DEL RÍO para los paramilitares le fue confiada por el General Landazábal a un Mayor del ejército, quien la narró ante organismos de derechos humanos y ofreció ratificarla ante tribunales internacionales. [Volver]

3. Dicho documento hace parte del expediente penal No. 4239, y es parte de la indagatoria realizada el 8 de agosto de 1995, folio 2. [Volver]

4. [Volver]

5. El Cabo retirado rindió declaración sobre estos hechos en la Unidad Nacional de Fiscalías de Derechos Humanos, en Bogotá, el 31 de mayo de 1999. Ante controversias procesales que se presentaron, debido a que había diferencias de apellidos entre su documento de identidad militar y su cédula de ciudadanía, la Fiscalía pudo comprobar plenamente su identidad en una nueva declaración que rindió en Bogotá el 21 de junio de 2001. [Volver]

6. Documento elaborado por el DAS en febrero de 1990 con la confesión del Mayor -R- Óscar de Jesús Echan-día Sánchez, retirado del ejército en 1988 para dedicarse de lleno a las Autodefensas, pg. 37 [Volver]

7. Ver diario El Colombiano, domingo 7 de enero de 1996, pag. 7b. [Volver]

8. La Fiscalía archivó el caso en 1999. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos abrió el exp ediente 597/2000 sobre este caso. [Volver]

9. El Coronel Velásquez rindió además declaración en la Unidad Nacional de Fiscalías de Derechos Humanos, en Bogotá, el 8 de mayo de 1998, donde ratificó todas sus acusaciones. [Volver]

10. En efecto, el documento "CODIGOS DEL SILENCIO", elaborado en la unidad local del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses de Apartadó, como lectura transversal de las actas del COMITÉ DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA EN VIOLENCIA y de estadísticas anteriores, muestra que a los años 1995 y 1996 corresponden las más elevadas cifras de necropsias por muertes violentas (655 y 677 respectivamente) durante toda la década de los 90. (pag. 3 de dicho documento, cuadro) [Volver]

11. Estas declaraciones sucesivas de la Alcaldesa fueron asumidas dentro del expediente penal radicado bajo el No. 366 y posteriormente bajo el No. 426, en la Unidad Nacional de Fiscalías de Derechos Humanos. [Volver]

12. Este soldado prestó su servicio militar en Melgar en 1991 y luego se inscribió como soldado profesional. Luego de un receso de 6 meses en 1993 para reubicarse en la carrera militar, en 1994 fue adscrito al batallón de Contraguerrilla No. 11 "Cacique Coyará", de la brigada 11 con sede en Montería. En diciembre de 1995 todo el batallón Coyará es enviado a Ura-bá a integrarse a la brigada 17 al mando del General DEL RÍO. En septiembre de 1997 el soldado entra en conflicto con algunos paramilitares y militares por expresar opiniones contrarias al trabajo conjunto que están haciendo en la zona. Escapa a un intento de asesinato y logra que lo envíen a otra unidad militar, siendo adscrito entonces a la brigada móvil No. 3 que opera en Cundinamarca; de allí es enviado luego al batallón Granaderos, que hace parte de la brigada 4 con sede en Medellín y allí pide la baja definitiva al constatar que en todas las unidades militares que conoce hay prácticas de Guerra Sucia, trabajando en estrecha alianza el ejército con los paramilitares. [Volver]

13. El 10 de marzo de 1999 declaró ante un fiscal regional comisionado en Manizales (Radicado 24.458). El 26 de mayo de 1999 declaró en Medellín ante un fiscal delegado de la Unidad Nacional de Fiscalías de Derechos Humanos, dentro del proceso que se seguía allí contra el General DEL RÍO. Habiendo sido tomadas como creíbles sus denuncias, la Fiscalía ordenó su captura e inició un proceso penal contra él por pertenencia a grupos paramilitares (al obedecer las órdenes del General DEL RÍO) y rindió indagatoria en Yarumal (Antioquia) el 11 de febrero de 2002. [Volver]

14. Declaración del 10 de marzo de 1999, folio 3 [Volver]

15. En las declaraciones rendidas ante la Procuraduría General de la Nación el 28 de julio de 2000 por el Mayor del ejército Guillermo Antonio Chinome Soto, comandante del batallón Coyará al cual estaba adscrito el soldado Giraldo Yepes, es posible encontrar las referencias fundamentales de al menos las tres principales masacres relatadas por el ex soldado Giraldo. Evidentemente el Mayor acomoda su relato a pautas legales, eliminando toda participación de los paramilitares y presentándolas como combates contrainsurgentes desarrollados dentro de marcos legales. [Volver]

16. Declaración del 10 de marzo de 1999, folio 5. [Volver]

17. Declaración rendida en la Cárcel de Bellavista, de Medellín (se nota claramente que bajo fuertes presiones), el 28 de julio de 2002, ante funcionarios de la procuraduría general de la nación, dentro del proceso disciplinario 155-73307-2002. [Volver]

18. Concepto precalificatorio emitido por la representación del Ministerio Público en el proceso Radicado 426, el 24 de septiembre de 2002. [Volver]

19. El 6 de noviembre de 2002 el Capitán [R] de la Policía Gilberto Cárdenas González, rindió declaración en la Procuraduría General de la Nación e hizo entrega de un documento de 54 páginas dirigido al fiscal general de la nación, acompañado de 97 anexos probatorios, documento que hizo llegar también a la defensoría del pueblo, a la oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, en Bogotá, y a la embajada de los Estados Unidos de América. [Volver]

20. Documento citado, pag. 1 y 3 [Volver]

21. Los investigadores de la SIJIN, Efraín Tirado Amado y Ever René Guerra Padilla, fueron asesinados en agosto de 2001, en Medellín, de acuerdo con el testimonio, pg. 7 [Volver]

22. Este Coronel fue trasladado a la brigada 13, con sede en Bogotá, cuando el General DEL RÍO fue comandante de la misma, en 1998, donde continuó siendo el jefe de la sección de inteligencia (B-2), y en abril de ese mismo año participó en el secuestro y asesinato del joven empresario israelí Benjamín Khoudari, siendo condenado a 40 años de prisión en noviembre de 2002, dado que uno de sus colaboradores denunció todos los pormenores del crimen. [Volver]

23. Ver páginas 4 a 7 del testimonio citado. [Volver]

24. Ver denuncia citada, pg. 7 a 9 [Volver]

25. El Teniente Carlos Alberto Camargo Zamora, jefe de la policía de San Juan de Urabá, prestó escolta al líder paramilitar con orden de captura Pascual Rovira Peña Solera, quien asistió a la posesión del alcalde de San Juan en enero de 1998 y fue filmado en video. El Teniente Carlos Alberto Osorio Cardona, jefe de la policía de Dabeiba, apareció en un noticiero de Teleantioquia patrullando el pueblo junto con los paramiliares (a finales de 1997). [Volver]

26. Ver páginas 17 a 20 de la denuncia [Volver]

27. Ver páginas 36 a 40 de la denuncia. [Volver]

28. El soldado rindió su testimonio el 28 de julio de 1999 ante fiscales de la Unidad Nacional de Fiscalías de Derechos Humanos, dentro del expediente UDH-426, en una extensión de 17 folios. [Volver]

29. Indagatorias que tuvieron lugar: el 16 de febrero, el 21 de febrero, el 2 de abril, el 27 de abril, el 17 de septiembre, el 16 de octubre y el 21 de octubre de 1998, y el 4 de febrero de 1999, dentro del Radicado No. 333 que cursaba en la Unidad Nacional de Fiscalías de Derechos Humanos. [Volver]

30. El testigo rindió indagatoria el 20 de abril de 2000, en el Cuerpo Técnico de Investigaciones de Antioquia, de la Unidad de Fiscalía Delegada ante los Jueces Penales del Circuito Especializados, de Medellín. [Volver]

31. El testigo declaró, con reserva de identidad, bajo el código 001, ante la Unidad Delegada ante los Jueces Regionales, de Medellín, el 14 de agosto de 1998. Nuevamente declaró, para ampliar algunas denuncias, ante el Fiscal Regional de la Unidad Nacional de Fiscalías de Derechos Humanos, en Medellín, el 24 de agosto del mismo año. La cita textual se toma del quinto folio de su primera declaración. [Volver]

32. El testigo rindió su declaración en la Cárcel de Bellavista, de Medellín, el 2 de mayo de 2000, ante fiscales delegados de la Unidad Nacional de Fiscalía de Derechos Humanos. [Volver]

33. Cfr. Informe No. 106300, del 9 de noviembre de 2000, procedente de FGN.CTI.GDH.-C15, dirigido al Jefe Sección Investigaciones de la Dirección Nacional del CTI, en cumplimiento de Despachos Comisorios # 641 del 11 de mayo y 1052 del 3 de octubre de 2000, dentro del Radicado No. 426 UNDH- M. T. No. 4747, fol. 3�. [Volver]

34. El Mayor Barrios Jiménez, quien se desempeñaba en 2000 como Jefe Administrativo y Logístico de la Escuela Militar de Cadetes, en Bogotá, había estado en el batallón Vélez, de la brigada 17, en Urabá, entre 1995 y 1997, algún tiempo como su segundo comandante. Declaró en la procuraduría general de la nación los días 21 y 22 de junio de 2000, dentro del radicado de Indagación Preliminar No. 009-22576-99. El texto se toma de la segunda sesión de declaración (junio 22), primer folio. [Volver]

35. El ex Suboficial del Ejército declaró en la Unidad Especializada de Fiscalías, de Medellín, los días 27 y 28 de septiembre de 2000, en tres sesiones, dentro del proceso radicado bajo el No. 383705. [Volver]

36. La Prensa de esas fechas reportó una masacre realizada por paramilitares el día 20 de septiembre de 2000, en la finca El Guineo, de la vereda Naín, de Tierralta (Córdoba), en la cual fueron ejecutadas 11 personas y una más quedó herida, ocasionando el desplazamiento forzado de muchos pobladores. También reporta otra masacre el 21 de septiembre de 2000 en zona rural de Tierralta, en la cual fueron ejecutados 9 campesinos y para cuya ejecución los paramilitares fueron apoyados por helicópteros artillados suministrados por el batallón Arhuacos, del ejército. También reporta un combate entre ejército y guerrilla el 21 de septiembre, en el cual habrían muerto 6 guerrilleros. También reporta un ataque de paramilitares apoyados por helicópeteros, al poblado indígena de Widó, en Tierralta (Córdoba), el 16 de septiembre de 2000, en la cual fueron asesinados tres indígenas y otros 22 fueron desaparecidos. [Volver]

37. El hombre sobornado rindió declaración en la Unidad Nacional de Fiscalías de Derechos Humanos el 23 de junio de 1999, dentro de la investigación preliminar 502. La mujer lo hizo el 23 de julio de mismo año. [Volver]

38. Informe No. 4579 FGN.CTI.GDH.C15 dirigido a Radicado 426 y 426� - Ver también El Espectador, edición del 16 de septiembre de 2001, pg. 5 A, y edición del 21 de octubre de 2001, pg. 9 A. [Volver]

39. Cfr. Informe "UN GIRO ERRÓNEO", emitido por Human Rights Watch en noviembre de 2002, (Internet: www.hrw.org/spanish/informes/2002/giro_erróneo.html) (pag. 4) [Volver]

40. El Boletín de Prensa de la Procuraduría, No. 65, del 4 de marzo de 2002, informó que un fiscal acogió el concepto de la Procuraduría y ordenó la detención preventiva del Juez 31 Penal del Circuito, Augusto Camacho Machado, por aceptar el recurso de Habeas corpus a favor del Gral. Rito Alejo Del Río, cuando éste ya tenía orden de captura, debiendo alegarse dentro del proceso. [Volver]

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