Amnistía Internacional
COLOMBIA Paramilitares, «desapariciones» e impunidad Junio de 1998
Índice AI: AMR 23/39/98/s
Distr: SC/CR/GR (26/98)
SECRETARIADO INTERNACIONAL, 1 EASTON STREET, LONDRES WC1X 8DJ, REINO UNIDO TRADUCCIÓN DE EDITORIAL AMNISTÍA INTERNACIONAL (EDAI), ESPAÑA COLOMBIA
Paramilitares, «desapariciones» e impunidad
«Desaparecidos»
Miguel Ángel Amariles Zapata, 40 años
Francisco Fáber Toro Toro, 38 años
Luis Alfonso Martínez Suárez, 42 años
Alfonso Peláez Vega, 47 años
Henry de Jesús Jiménez Arroyave, 17 años
Darwín de Jesús Cifuentes Sánchez, 52 años
Ramón Octavio Augudelo Castro, 44 años
Álvaro Carmona Franco, 35 añosEl 14 de agosto de 1996, ocho hombres de negocios del municipio de San Roque, departamento de Antioquia, se desplazaron al municipio vecino de Puerto Berrío para renovar sus permisos de armas en el cuartel militar de la XIV Brigada. Según informes, miembros de un grupo paramilitar los secuestraron esa misma tarde cuando regresaban a San Roque. Hasta el día de hoy continúan en paradero desconocido.
Las familias de las víctimas y las organizaciones no gubernamentales de derechos humanos que están interviniendo en su favor han solicitado reiteradas veces que se lleve a cabo una investigación exhaustiva e imparcial sobre estas «desapariciones» que establezca su paradero y que los responsables de su secuestro comparezcan ante los tribunales. Aunque se emprendió una investigación oficial, ninguna de sus conclusiones se hicieron públicas, continúa sin conocerse la suerte que han corrido los «desaparecidos» y nadie ha comparecido ante los tribunales.
El caso vuelve a poner de manifiesto la impunidad con que actúan las fuerzas paramilitares en Colombia: a pesar de los serios indicios que parecen apuntar a la implicación de un conocido grupo paramilitar, la investigación oficial no ha hecho ningún progreso apreciable. En el pasado se ha dejado que las investigaciones emprendidas sobre casos similares se estancasen, con lo que se permitió que los responsables de la comisión de violaciones de derechos humanos se beneficiasen de la impunidad. Durante el último año, el gobierno colombiano ha reiterado su compromiso público de hacer frente firmemente a las organizaciones paramilitares. Este caso ofrece a las autoridades una nueva oportunidad de demostrar este compromiso reiterado procediendo a una investigación exhaustiva de la «desaparición» de los ocho hombres de negocios de San Roque y haciendo públicos los resultados de la investigación.
En febrero de 1996, Luis Alfonso Martínez Suárez, Alfonso Peláez, Darwín Cifuentes Sánchez, Francisco Fáber Toro Toro, Ramón Octavio Agudelo Castro, Álvaro Carmona Franco y Miguel Ángel Amariles Zapata, hombres de negocios de la localidad, solicitaron a las autoridades militares de la región la renovación de sus permisos de armas. Es habitual que los hombres de negocios y los comerciantes locales dispongan legalmente de armas de pequeño calibre (revólveres del calibre 32 y 38) para fines de autodefensa, dado que su trabajo les expone a niveles de delincuencia y violencia muy elevados. Las autoridades militares de la región conceden estos permisos una vez al año. En este caso se indicó a los hombres citados anteriormente que acudieran al cuartel de la XIV Brigada, en Puerto Berrío, municipio vecino, a recibir sus nuevos permisos el 14 de agosto de 1996 por la mañana.
Los hombres salieron de San Roque el 14 de agosto a las cuatro de la mañana en un vehículo todoterreno. Ramón Octavio Augudelo Castro, el conductor del vehículo, invitó a Henry de Jesús Jiménez Arroyave a que se uniera al grupo en su desplazamiento. Ninguno de ellos iba armado, pues sólo llevaban la documentación necesaria para renovar los permisos. Cuando llegaron al cuartel militar de Puerto Berrío, les indicaron que debían volver por la tarde para completar los trámites de los nuevos permisos.
El comandante de la XIV Brigada confirmó por escrito posteriormente que los hombres salieron del cuartel alrededor de las tres de la tarde con sus permisos renovados.
Después el grupo fue visto en el restaurante de carretera, La Alpina, en las afueras de la localidad de Puerto Berrío. Según algunos informes, fue entonces cuando Alvaro de Jesús Carmona Franco se unió al grupo y les pidió que le llevaran a San Roque en el vehículo todoterreno. Esto contradice otras versiones, como la proporcionada por las autoridades militares. En la respuesta escrita que envío a los familiares de las víctimas que habían solicitado información a las autoridades militares, el comandante de la XIV Brigada afirmó que Alvaro Jesús Carmona fue uno de los siete hombres que renovó su permiso de armas en el cuartel militar el 14 de agosto de 1996.
Tras la comida, el grupo salió del restaurante en el vehículo todoterreno. Se ha confirmado que fueron vistos por última vez aproximadamente a las siete y media de la tarde en una parada de la carretera llamada El Brasil, todavía en los límites del municipio de Puerto Berrío, pero ya en la carretera hacia San Roque. Se han recibido informes de que el vehículo todoterreno fue visto posteriormente volviendo en dirección a Puerto Berrío, pero no se pudo identificar a los ocupantes. Ni los ocho hombres ni el vehículo han vuelto a ser vistos desde esa tarde.
Tras la «desaparición», hubo reiterados informes de que el secuestro de los ocho hombres fue obra de un grupo paramilitar activo en la zona. Según informes, miembros de un grupo paramilitar afincado en la cercana aldea de Cristales manifestaron a los habitantes de la localidad que ellos habían secuestrado y posteriormente dado muerte a los ocho hombres.
Los pasajeros de un autobús que viajaba por la carretera en la que «desaparecieron» los ocho hombres han informado de que aproximadamente a la misma hora en que se les vio por última vez en El Brasil, un grupo de hombres armados vestidos de uniforme paró el autobús y les dijeron que debían esperar hasta que pasara un vehículo en el iban unos delincuentes. Se han recibido otros informes según los cuales los hombres de negocios fueron secuestrados por miembros del ejército colombiano y conducidos a una base militar, denominada Guasimal, en las afueras de Puerto Berrío, donde, al parecer, estuvieron recluidos tres meses antes de ser ejecutados extrajudicialmente. Según informes, otro testigo ha confirmado que vio cómo un grupo de hombres armados sacaban a los ocho hombres del vehículo todoterreno y los introducían por la fuerza en otro vehículo. Al percatarse los secuestradores de que estaban siendo observados, al parecer, indicaron a los testigos que no miraran porque estaban tratando con delincuentes. Según los informes recibidos, los testigos fueron amenazados posteriormente. Hasta la fecha, las autoridades se han negado a revelar si este testigo ha prestado declaración o si se la citado a declarar en la investigación oficial.
Al día siguiente de la «desaparición» de los ocho hombres, sus familiares iniciaron su búsqueda. Visitaron todas las granjas, casas y negocios situados en la carretera de San Roque y Puerto Berrío para intentar conseguir más información. Sin embargo, en aquel momento sólo consiguieron confirmar los testimonios de que fueron vistos por última vez en El Brasil.
Las investigaciones
A pesar de la denuncia oficial de las «desapariciones» realizada por los familiares, las autoridades del Departamento de Antioquia mostraron escaso interés por el caso y no hicieron ningún intento de investigar las «desapariciones». Las autoridades tardaron casi dos meses en enviar una comisión del Cuerpo Técnico de Investigaciones de la Fiscalía Regional para que visitara a las familias e investigara la zona en que habían «desaparecido» los hombres. Según informes se produjeron avances en la investigación pero las autoridades se han negado a hacer público ninguno de los datos recopilados.
Se han recibido informes de que durante una reunión con las autoridades locales, el entonces alcalde de San Roque y un comandante militar de la zona indicaron a algunos de los familiares de los «desaparecidos» que dejaran de buscarlos porque un grupo paramilitar los había matado. El comandante militar afirmó que esta información le había sido confirmada en una reunión con el grupo paramilitar responsable. Una vez más no hay constancia de que la comisión de investigación citase al ex alcalde ni al comandante militar para que explicasen la relación entre las autoridades municipales y militares de la zona y el grupo paramilitar responsable del secuestro.
Las familias de las víctimas, en colaboración con la organización de derechos humanos Asociación de Familiares de Detenidos Desaparecidos (ASFADDES) han recabado información sobre la investigación a todas las autoridades pertinentes. Sin embargo, todos sus esfuerzos han resultado infructuosos dado que todas las autoridades a las que se dirigieron manifestaron que carecían de competencia en el caso y recomendaron a los familiares que se dirigieran a otras instancias. En mayo de 1997, la Dirección Nacional de Fiscalías reconoció que la investigación de las «desapariciones» era competencia suya, pero informó a las familias de que la oficina regional de Medellín ya estaba investigando el caso y que no podía realizarse ningún comentario hasta que se recibiera el informe pendiente del caso. Sin embargo, las familias no han vuelto a ser informadas del suceso y se desconoce si se ha realizado algún informe al respecto. Como en tantos otros casos similares, los familiares de los «desaparecidos» se han visto inmersos en una pesadilla burocrática, cuyo fin aparente es garantizar la impunidad de los responsables de las «desapariciones» y frustar los intentos de aquellos que intentar conseguir más información y proseguir con las investigaciones.
El conflicto armado y la labor de los grupos paramilitares
Dos casos diferentes ocurridos en junio y noviembre de 1996 pusieron de manifiesto las intensas operaciones paramilitares registradas en la zona alrededor de San Roque en el momento de la «desaparición» de las personas citadas en este documento. Amnistía Internacional realizó entonces dos llamamientos urgentes manifestando su preocupación por la seguridad de los habitantes del municipio tras la ejecución extrajudicial de ocho miembros de la comunidad y la «desaparición» de uno a manos de grupos paramilitares (AU 155/96, AMR 23/36/96/s, del 26 de junio de 1996 y su actualización). Según informes, el grupo paramilitar responsable llevaba a cabo sus operaciones desde Cristales, pueblo cercano a la carretera entre San Roque y Puerto Berrío.
Los grupos paramilitares respaldados por el ejército son responsables actualmente de dos de cada tres homicidios políticos cometidos en Colombia. La táctica del terror utilizada por estos grupos paramilitares está desempeñando una labor cada vez más importante en la lucha de contrainsurgencia del ejército contra la oposición armada, especialmente en Antioquia, uno de los departamentos más afectados por el prolongado conflicto civil. En Antioquia hay activos varios frentes guerrilleros de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y del Ejército de Liberación Nacional (ELN), responsables ambos de numerosas violaciones de los principios del derecho internacional humanitario, como el homicidio deliberado y arbitrario de civiles y la toma de rehenes. Es por ello que muchas zonas del departamento, como la que rodea a San Roque, cuentan con una fuerte presencia militar.
En los últimos años, los grupos paramilitares han puesto en práctica con creciente frecuencia el homicidio selectivo de dirigentes cívicos rurales considerados como partidarios reales o potenciales de la guerrilla. Las fuerzas paramilitares utilizan muchas veces «listas de la muerte» para identificar a los miembros de la comunidad antes de secuestrarlos y matarlos. El objetivo de estos homicidios muchas veces es someter a las comunidades aterrorizadas dando muerte a sus dirigentes. Las fuerzas de seguridad y sus aliados paramilitares acusan con frecuencia a los miembros destacados de las comunidades, como comerciantes y hombres de negocios locales, cuyas actividades profesionales les exigen viajar y transportar artículos frecuentemente, de servir suministros a las organizaciones guerrilleras. Estas personas acusadas de simpatizar o colaborar con la guerrilla se convierten muchas veces en víctimas de amenazas, «desapariciones» y ejecución extrajudicial.
Aunque las fuerzas armadas y las fuerzas de seguridad siguen negando todo vínculo con las fuerzas paramilitares, los datos recopilados por Amnistía Internacional y muchas otras organizaciones, entre ellas las Naciones Unidas, han confirmado repetidas veces que las fuerzas paramilitares actúan con el apoyo y la complicidad de las fuerzas armadas. Las violaciones de derechos humanos se cometen muchas veces en el contexto de operaciones planeadas y ejecutadas conjuntamente.
Las autoridades colombianas han recibido reiterados llamamientos internacionales para que disuelvan las organizaciones paramilitares y lleven ante los tribunales a los miembros y simpatizantes de estas organizaciones responsables de la comisión de violaciones de derechos humanos. A pesar de que las autoridades colombianas se han comprometido reiteradas veces a acabar con la violencia paramilitar, no ha habido auténtica voluntad política de hacer frente a estas organizaciones y no se han tomado las medidas adecuadas para disolverlas. La falta de voluntad política del gobierno colombiano ha fomentado la impunidad con la que actúan los grupos paramilitares, y con ello ha aumentado la confianza que tienen las organizaciones paramilitares de poder cometer violaciones brutales de los derechos humanos.
Conclusiones y recomendaciones
Hasta ahora, las autoridades colombianas no han cumplido con su obligación de investigar exhaustivamente la «desaparición» de los ocho hombres, de lograr avances en la determinación del paradero de estos «desaparecidos» y de llevar a los responsables ante la justicia. Por ello, Amnistía Internacional recomienda a las autoridades colombianas que:
lleven a cabo una investigación exhaustiva e imparcial de las «desapariciones» que establezca la suerte que han corrido los ocho hombres y que pongan a los responsables en manos de la justicia;
hagan pública toda información relativa al caso recopilada hasta la fecha por las autoridades judiciales y, en caso de que las autoridades conozcan su paradero, que se lo hagan saber a los familiares de las víctimas;
investiguen exhaustiva e imparcialmente las relaciones entre los grupos paramilitares y las fuerzas de seguridad en los municipios de San Roque y Puerto Berrío, departamento de Antioquia, y garanticen que los miembros de las fuerzas de seguridad responsables de adiestrar, respaldar y colaborar con los grupos paramilitares serán llevados ante la justicia;
tomen medidas inmediatas para que se disuelvan las organizaciones paramilitares que actúan en Antioquia y se ponga a disposición de los tribunales a los responsables de la comisión de violaciones de derechos humanos.
PALABRAS CLAVE: FUERZAS PARAMILITARES1 / DESAPARICIONES1 / HOMBRE/MUJER/GENTE DE NEGOCIOS / INVESTIGACIÓN DE ABUSOS / IMPUNIDAD / EJECUCIÓN EXTRAJUDICIAL / TESTIGOS
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