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19jun11
Andrés Felipe Arias y su lucha para evitar la cárcel
El caso AIS ya le costó una embajada y el embargo de dos cuentas.
El ex ministro Andrés Felipe Arias se ha dedicado, en los últimos meses, a defender a capa y espada a cinco de sus escuderos del Ministerio de Agricultura, implicados en el desembolso de más de 4.500 millones de pesos que terminaron, en forma de subsidios, en los bolsillos de un puñado de familias ricas de la Costa. Pero ahora es su propia suerte la que está en juego.
El 21 de julio, el antes consentido del gobierno Uribe deberá acudir a una audiencia de formulación de cargos y, si el juez así lo considera, podrá quedar detenido ese mismo día, como pasó con sus ex subalternos.
Esta es la segunda decisión que la justicia toma en su contra en menos de cinco meses.
En febrero, la Contraloría rastreó sus bienes y le embargó lo único que le encontró: una cuenta corriente, con 16 millones de pesos, y otra, de ahorros, con 2 millones. "No hay nada más a su nombre", dice un investigador.
La razón -según lo estableció EL TIEMPO- es que el ex ministro y su esposa liquidaron la sociedad conyugal ante un notario, de manera que el apartamento que comparten quedó a nombre de ella, al igual que la hipoteca.
La diligencia se efectuó a finales del año pasado, cuando la Procuraduría ya indagaba sus actos, poco antes de que le abrieran la investigación penal y de que le reabrieran los procesos fiscales, algunos cerrados por la Contraloría de Julio César Turbay.
"No fue un divorcio ficticio, fueron una especie de capitulaciones legales. Pero él no renunció a los gananciales, o sea a sus ahorros; por eso los bloquearon", aclara uno de sus mejores amigos. Y agrega que no hay tal finca en Córdoba cuya propiedad se le atribuía al líder conservador.
Tampoco pudieron embargarle las dos camionetas blindadas en las que se moviliza porque son del Ministerio del Interior, que le mantiene un esquema de protección por amenazas que, dice Arias, la Fiscalía no ha investigado.
Pero los 18 millones no son lo único que se ha congelado en la vida del otrora precandidato presidencial por cuenta del escándalo del programa Agro Ingreso Seguro (AIS).
Su vida política también entró en un paréntesis, que se hizo más evidente hace ocho meses, cuando tuvo que declinar la embajada en Italia.
En suspenso quedaron los augurios que lo posicionaban como el sucesor de Álvaro Uribe, especialmente por sus posturas frente a la Seguridad Democrática.
De hecho, el ex presidente, que en su momento le hizo el guiño para catapultar su carrera, hoy sale a defenderlo.
Por ejemplo, reprodujo en su cuenta de Twitter el comunicado en el que su ex ministro asegura que va a responder ante la justicia y que siempre ha actuado "de manera transparente, honorable y ajustada a la ley".
Evidencias en su contra
Lo concreto es que ante la justicia, Arias tendrá que demostrar ahora por qué no debe perder su libertad.
La fiscal general, Viviane Morales, pedirá que se la quiten, al considerar que es responsable de la firma y la ejecución irregulares del convenio con el Instituto Interamericano de Cooperación Agropecuaria (IICA), que estableció criterios para asignar los subsidios.
Como EL TIEMPO lo anticipó, en su contra obran 50 correos electrónicos aportados por Julián Gómez, ex gerente del AIS, que evidencian que su despacho tomó decisiones claves en este caso.
Andrea Silva, ex secretaria privada de Arias, es pieza fundamental en este punto, pues de su computador salieron algunos de esos mensajes.
Ante este panorama, el ex funcionario -de 43 años y con un PhD en economía de la Universidad de California- está metido de cabeza en códigos y sentencias de las altas cortes para tratar de evitar, primero, que le quiten su libertad y, luego, que lo condenen.
Su abogado ante la Fiscalía es el ex magistrado Jorge Aníbal Gómez (ex candidato a Fiscal). Ante la Procuraduría lo representa Carlos Andrés Gómez, hijo del primero.
Ambos pretenden demostrar que su cliente no va a evadir la acción de la justicia, que no hay posibilidades de que entorpezca la investigación y que no es peligroso.
La estrategia va a ser similar a la que usó Bernardo Moreno, ex secretario privado de la Casa de Nariño, para quedar libre en el caso de las 'chuzadas' del DAS mientras se le resuelve su situación.
Si el ex ministro supera esa prueba, ya en el juicio su defensa exhibirá conceptos de abogados -como el ex procurador y ex candidato a fiscal general Carlos Gustavo Arrieta- que dicen que el convenio con el IICA se ajustó a la ley.
También piensan probar que seis ex ministros de Agricultura, incluido el actual, han firmado 46 convenios similares al cuestionado.
Finalmente, entregarán un estudio del doctor en matemáticas Álvaro Riascos, según el cual los subsidios no se concentraron en familias ricas.
Esos documentos serán usados también por Andrés Fernández, sucesor de Arias y cuya suerte -también en manos de la Fiscal General- está ligada a la de su ex jefe.
Libres, los Vives Lacouture
A pesar de que miembros de la familia Vives Lacouture fueron los beneficiados con los subsidios y las trampas, la Fiscalía no pidió su arresto. Tienen medida de aseguramiento por peculado y falsedad en documento público.
Denuncia
Faltan más nombres
Si bien la Fiscalía ya tiene en audiencia de juzgamiento a al menos 25 implicados en este escándalo, la fiscal Morales advirtió que aún faltan unas 50 personas por indagar. Por ahora, se les imputará cargos (el 28 de junio) a cinco ex contratistas del IICA, entre ellos a Julián Gómez, ex director de AIS. Ese mismo día serán citados los ex coordinadores del programa, Daniel Montoya y Jairo Cano Gallego, así como los técnicos Carlos Polo y Enrique Angarita, quienes estuvieron implicados en la estructuración y ejecución del AIS. Según la Fiscalía, no los cobija ningún fuero a pesar de trabajar para un ente externo. En la lista de pendientes también hay otros beneficiarios de los subsidios que tendrán que explicar cómo accedieron a ellos.
[Fuente: Unidad Investigativa, El Tiempo, Bogotá, 19jun11]
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