"La aplicación de la Ley de Amnistía de 1978 la semana pasada por el Ministro Instructor de la Corte Suprema encargado del caso de Carmelo Soria Espinoza, representa un retroceso en la lucha contra la impunidad en Chile", ha declarado Amnistía Internacional.
El 4 de junio de 1996, casi veinte años después del asesinato de Carmelo Soria Espinoza, el Ministro Instructor aplicó la Ley de Amnistía declarando la causa sobreseída total y definitivamente, aunque clasificó la muerte como "delito de homicidio".
"Esta manera de cerrar el proceso es vergonzosa. Cuántos casos más deberán ser cerrados antes de que los responsables de violaciones de derechos humanos durante el período militar sean llevados ante la justicia?" dijo Amnistía Internacional.
Carmelo Soria Espinoza, funcionario de las Naciones Unidas de doble nacionalidad, chilena y española, fue encontrado muerto en un canal de Santiago en julio de 1976. Los abogados de la familia Soria han argumentado que, al ser Carmelo Soria Espinoza funcionario de las Naciones Unidas, el Estado tiene la obligación de castigar a los culpables de su muerte en aplicación de la Convención de Viena sobre la Prevención y Castigo de Delitos contra Personas Internacionalmente Protegidas Inclusive los Agentes Diplomáticos. Sin embargo, el fallo niega la inmunidad diplomática de la victima y establece que las modificaciones constitucionales que determinan el predominio de tratados internacionales sobre protección y respeto de los derechos humanos no pueden ser aplicadas con efecto retroactivo. Un nuevo recurso de apelación ha sido presentado.
"Este fallo demuestra claramente la falta de compromiso de la justicia chilena en aplicar las normas constitucionales e internacionales a la hora de afrontar la impunidad de las violaciones de derechos humanos del pasado" dijo Amnistía Internacional.
El caso de Carmelo Soria Espinoza ha sido sobreseído y abierto de nuevo en varias ocasiones. De hecho, ya se habían llevado a cabo numerosos intentos de aplicarle la Ley de Amnistía. El Decreto Ley 2.191, introducido por el gobierno militar en 1978, contiene una ley de amnistía que evita el procesamiento de individuos implicados en ciertos actos criminales cometidos entre septiembre de 1973 y marzo de 1978.
La Ley de Amnistía ha sido aplicada sistemáticamente para cerrar los procedimientos judiciales en centenares de casos de violaciones de derechos humanos. Amnistía Internacional ha argumentado reiteradamente que la Ley de Amnistía Chilena de 1978 y la forma en que se ha aplicado contravienen las normas internacionales de derechos humanos. La organización ha pedido en repetidas ocasiones que se anule la Ley de Amnistía y que los responsables de violaciones de derechos humanos sean procesados.
| Información del Servicicio de Noticias 106/96 de
Amnistía
Internacional. ÍNDICE AI: AMR 22/04/96/s - 11 de junio de 1996 |
| Editado en Madrid a 20 de junio de 1996 por el Equipo
Nizkor nizkor@derechos.org |