Sobre La Mesa de Diálogo
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Indice
Pinochet
19 de octubre de 1998
28 de octubre de 1998
8 de noviembre de 1998
06 de Noviembre de 1998
8 de noviembre de 1998
noviembre de 1998
25 de noviembre de 1998
15 de diciembre de 1998
24 de marzo de 1999
15 de abril de 1999
abril 26 de 1999
15 de septiembre de 1999
13 de enero del 2000
2 de marzo del 2000
24 de mayo del 2000Mesa
agosto 10 de 1999
18 de agosto de 1999
septiembre 9 de 1999
I. Sobre la detención y proceso a Pinochet:
Declaración Pública Santiago, 19 de octubre de 1998
CODEPU, con ocasión de la detención en Inglaterra del ex dictador y actual senador vitalicio Augusto Pinochet Ugarte, declara a la opinión pública lo siguiente:
1. CODEPU expresa su profunda satisfacción por la detención de Pinochet. Este hecho tiene un gran valor ético y jurídico, porque es un claro mensaje para los responsables de crímenes contra la humanidad y materializa, a su vez, una profunda aspiración de justicia del pueblo chileno. Incesantemente los organismos de Derechos Humanos, las propias victimas y sus familiares han exigido el cumplimiento de la normativa internacional vigente que en Chile no ha sido acogida por los tribunales, los cuales en la práctica han avalado la Impunidad.
2. Nadie puede desconocer la gravedad de los crímenes que se cometieron durante los 17 años de la dictadura de Pinochet. Como reiteradamente lo hemos reafirmado, fueron crímenes de genocidio, terrorismo internacional y de lesa humanidad, a los cuales la doctrina Internacional de Derechos Humanos define como imprescriptibles e inamnistiables.
Así está estableado además en los numerosos Tratados Internacionales que el Estado chileno ha suscrito y ratificado y está, por lo tanto, obligado a cumplirlos y respetarlos.
3. El Estado chileno ha abdicado permanentemente de su deber de hacer justicia frente a estos
crímenes. No obstante, la Comunidad Internacional haciendo uso de las facultades que le otorga el derecho internacional frente a estos delitos, con la detención de Pinochet ha generado un hecho histórico, que fortalece al Sistema Internacional de Derechos Humanos al perseguir a los responsables de crímenes de lesa humanidad.
4. Los Derechos Humanos y su defensa son patrimonio de la humanidad. Para su resguardo existe el Sistema Internacional de Derechos Humanos que establece la supremacía de estos a la normativa interna. Ningún país puede ampararse en su legislación nacional para proteger crímenes que son delitos ante la Comunidad Internacional.
5. No estamos frente a un problema de Estado para Chile sino sólo ante un caso de juzgamiento por crímenes de Lesa Humanidad, en los que no cabe la inmunidad diplomática.
6. Nos indigna la actitud que ha asumido el gobierno chileno de respaldo a Pinochet, el principal responsable de las más graves violaciones a los derechos humanos vividas en nuestro país, oponiéndose al debe nacional e internacional de hacer justicia. Por ello. exigimos que no intercedan a favor del dictador y que respeten las acciones emprendidas por la justicia española y británica.
7. Respaldamos categóricamente la resolución adoptada por la justicia española y materializada por la justicia británica. Esperamos que el dictador responda ante la Comunidad Internacional por los crímenes cometidos. La detención de Pinochet y su eventual comparecencia ante los tribunales que lo requieren forma parte de un acto de justicia y dignificación de la conciencia de
la humanidad.
Fabiola Letelier del Solar Presidenta Paz Rojas Baeza Vicepresidenta Víctor Espinoza Cuevas Secretario Ejecutivo
Declaración Pública
Santiago, 28 de octubre de 1998CODEPU con ocasión de la resolución de un juez británico de acoger el recurso de Habeas Corpus presentado por la defensa de Pinochet, expresa a la opinión pública nacional e internacional lo siguiente:
1. El habeas corpus fue acogido basándose en la inmunidad diplomática de que gozaría Pinochet en su calidad de ex jefe de Estado, la que se habría concretado en el otorgamiento por parte del Ministerio de Relaciones Exteriores de un pasaporte diplomático para misiones especiales.
Todo el país sabe que esta misión era falsa y que Pinochet se encontraba en Londres por motivos privados; y todo el país sabe que tampoco tuvo esta "misión especial" la aprobación del Estado Inglés como lo exigen las Convenciones de Viena sobre Relaciones e Inmunidad Diplomática y sobre Misiones Diplomáticas.
Y, el mundo entero sabe que, paradojalmente, al ex dictador se le ha concedido una garantía de derecho que durante su régimen se denegó a un número superior a 40.000 chilenos detenidos arbitrariamente, muchos de los cuales perdieron sus vidas.
2. La conducta de presión indebida del gobierno chileno a las autoridades inglesas determinó la decisión favorable a este recurso de amparo de Pinochet. Ello demuestra una vez más la voluntad política de mantener la impunidad en Chile respecto a las más graves y masivas violaciones a los derechos humanos cometidas en la historia de nuestro país, contra personas nacionales y extranjeras y cometidos tanto dentro del territorio nacional como fuera de él.
3. Exigimos al gobierno chileno que, en esta etapa de apelación del recurso de amparo, se excluya de presionar política y diplomáticamente ante las diferentes autoridades de Inglaterra.
Si mantiene e insiste en estos procedimientos que buscan la impunidad de Pinochet desconocerá el clamor nacional y la conciencia universal de la humanidad que exige justicia frente a los
criminales internacionales. Y con ello borrará también de una plumada su participación en la
Conferencia de Roma la que aprobó la Corte Penal Internacional.4. La decisión final de la justicia británica, cualquiera que ella sea, no modifica en absoluto la conducta ilícita de Pinochet. El durante los 17 años de dictadura, incurrió en la comisión de delitos sancionados en el ordenamiento jurídico chileno y el ordenamiento jurídico internacional, el que los califica de Crímenes de Lesa Humanidad, inamnistiables e imprescriptibles y de protección universal
Fabiola Letelier del Solar
PresidentaVíctor Espinoza Cuevas
Secretario Ejecutivo
Declaración Pública
Santiago, 8 de noviembre de 1998.CODEPU señala a la opinión pública lo siguiente:
Respaldamos y valoramos altamente la decisión de la Justicia y el Consejo de Ministros de España, que ratificó la petición de extradición de Pinochet para ser juzgado en ese país. El juicio a Pinochet en España, es una acción legitima e incuestionable sustentada en los principios y normas del derecho internacional de los derechos humano. Los crímenes por los que se acusa al dictador chileno, dada su gravedad, son sancionados universalmente y no pueden quedar impunes por el transcurso del tiempo o por leyes de autoperdón, como es el Decreto Ley de Amnistía de la dictadura.
Por las mismas razones expuestas, rechazamos la posición asumida por el Gobierno y la derecha que han amparado al dictador en contra de la comunidad internacional que busca hacer justicia frente a la impunidad existente en Chile para Pinochet y los violadores a los derechos humanos. Los defensores de Pinochet señalan que su juzgamiento en otros países estaría violando la soberanía y la territorialidad nacionales.
Esos argumentos son absolutamente falsos, porque desconocen la supremacía internacional y la universalidad de los derechos humanos, como también la vigencia de los Tratados Internacionales aprobados por Chile.
La inmensa mayoría del país conoce la responsabilidad de Pinochet en los crímenes cometidos durante su dictadura y es por eso que anhela verdad y justicia. Ese anhelo mayoritario es respaldado por la comunidad de los países y pueblos democráticos. Además la Organización de Naciones Unidas y la Comisión Interamericana de La O.E.A. han manifestado su rechazo a la impunidad y a la mantención del Decreto Ley de Amnistía. Su aplicación viola la Convención Americana de Derechos Humanos, obligatoria para el Estado chileno.
No habrá democracia ni un real Estado de Derecho mientras no sojuzgue a los responsables de los crímenes y se garantice a las victimas y sus familiares la posibilidad de un juicio justo ante tribunales efectivamente imparciales. La verdad es una condición básica para la convivencia democrática.
Si el Gobierno chileno sigue defendiendo al principal responsable de las violaciones a los derechos humanos, se hace cómplice de estos delitos universales y compromete el prestigio y la seguridad del país ante la comunidad internacional.
Declaración de Abogados de Derechos Humanos sobre la posición asumida por el Gobierno frente al Caso Pinochet.
Entregada en Conferencia de Prensa, el 06 de Noviembre de 1998.
Ante la detención en Inglaterra del ex dictador Augusto Pinochet Ligarte, a patadión de la justicia española, y frente a la postura asumida por el Gobierno de Chile en relación a este caso, los abogados abajo firmantes declaramos ante la opinión pública nacional e internacional
1. Augusto Pinochet Ugarte, principal responsable del golpe militar del 11 de septiembre de 1973 y de las graves y sistemáticas violaciones a los derechos humanos cometidas durante su
régimen de tacto, incurrió durante 17 años en delitos sancionados en el ordenamiento jurídico chileno y en el ordenamiento jurídico internacional, que sólo pueden ser calificados como crímenes internacionales. Su responsabilidad penal en Chile no ha podido hasta ahora hacerse efectiva debido, principalmente, a la impunidad que él mismo se autogarantizó mediante el decreto ley de amnistía del año 1978.
2. La conducta ilícita de Pinochet afectó no sólo a ciudadanos chilenos, sino también a numerosos extranjeros, y sus actividades delictivas se extendieron más allá de las fronteras de Chile: Estados Unidos, con el asesinato de ex Canciller Orlando Letelier, Italia, con el atentado al ex Vicepresidente de la República Bernardo Leighton y Argentina con el homicidio del ex Comandante en Jefe del Ejército Carlos Prats González, todos actos de terrorismo internacional ejecutados por agentes de su principal servido de represión, la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA). Estos crímenes y muchos otros realizados en el extranjero se enmarcaron en la denominada "Operación Cóndor", que vinculó a los aparatos represivos de las dictaduras militares del Cono Sur de América Latina en los años 70 con el propósito de eliminar a quienes se oponían a tales regímenes y luchaban por la restauración de la democracia en estos países.
3. De acuerdo a los numerosísimos antecedentes que han podido reunirse tanto en Chile como en otros Estados, entre ellos los contenidos en el Informe de la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación, creada en nuestro país para investigar las más graves violaciones a los derechos humanos cometidas durante el régimen militar, la Dictadura que encabezó Pinochet es responsable de miles de desapariciones forzadas y asesinatos de chilenos y extranjeros, dentro y fuera del territorio nacional que constituyen graves delitos tipificados en el Derecho Penal Internacional específicamente en el Estatuto del Tribunal de Nuremberg, en la Convención contra el Genocidio de 1948, en los Convenios de Ginebra sobre Derecho Humanitario de 1949, en la Convención contra la Tortura de 1984, en el Convenio para prevenir y sancionar personas internacionalmente protegidas, inclusive agentes diplomáticos, así como en otros numerosos instrumentos que ha adoptado la Comunidad Internacional luego del término de la Segunda Guerra Mundial y de la barbarie nazi que se extendió por Europa.
4. Frente a los crímenes internacionales, tales como el genocidio, la tortura, el terrorismo internacional el asesinato a personas aviles en tiempos de guerra, la desaparición forzada,
entre otros, no cabe amnistía ni prescripción alguna, como tampoco pueden invocarse a su respecto inmunidades diplomáticas o privilegios de cualquier clase. De lo contrario, nunca los responsables de estos crímenes podrían ser juzgados ni condenados.
5. El Gobierno de Chile ha desarrollado, en la actual situación que afecta a Augusto Pinochet una serie de actividades diplomáticas tendientes a garantizar su impunidad, esgrimiendo como argumentos la inmunidad diplomática de que éste gozaría, y la rigurosa territorialidad de la jurisdicción penal que impediría juzgar a Pinochet por tribunales extranjeros. En cuanto a la inmunidad, todo el país sabe que Pinochet se encuentra en Londres por motivos privados y no en "misión especial" como ha querido presentarlo el gobierno, haciendo toda clase de maniobras para ello. Pero aún cuando fuera verdadera la misión oficial que ahora se pretende inventarle, ello no le otorga inmunidad alguna frente a los delitos de genocidio y terrorismo internacional que se le imputan por parte de La justicia española, por así disponerlo el Derecho Internacional.
6. En cuanto a la supuesta violación al principio de la territorialidad por parte de los tribunales españoles, tal argumento carece de todo fundamento. Es sabido que todas las legislaciones del mundo contienen normas de extraterritorialidad penal, como ocurre en Chile con numerosas disposiciones del Código Penal, del Código Orgánico de Tribunales, del Código de Justicia Militar, de la Ley sobre Seguridad del Estado y otros textos legales. En consecuencia, no sorprende y se encuentra perfectamente ajustado al estado actual del derecho, que la Justicia española persiga la responsabilidad penal de sujetos que han cometidos crímenes contra ciudadanos españoles y, por sobre todo, delitos internacional es cuya persecución y castigo se enmarcan dentro del principio de la jurisdicción universal, es decir, que pueden y deber se sancionados por cualquier país, salvo que los responsables ya hayan sido enjuiciados en el Estado del lugar en que fueron cometidos, lo que por cierto no ha ocurrido en el caso de Pinochet.
7. Por último, cabe destacar que la conciencia universal de la Humanidad se opone al perdón de los criminales internacionales, como ha quedado demostrado desde los tiempos del Tribunal de Nuremberg y del Tribunal de Tokio, con ejemplos más recientes en los casos de Ruanda y de la ex Yugoslavia. La aprobación del Estatuto del Tribunal Penal Internacional en la Conferencia de Roma que culminó el 17 de julio pasado, es la más importante manifestación de esta conciencia universal en la hora presente, en el sentido de evitar que en el futuro ninguna grave violación a
los derechos humanos quede impune. Chile, precisamente, contribuyó de manera decisiva a este
importante paso, y por lo mismo no puede el Gobierno de nuestro país, borrando de una plumada
su participación en la Conferencia de Roma, seguir brindando apoyo al ex dictador, en contravención a las normas más fundamentales del Derecho Internacional.
Fabiola Letelier del Solar Juan Subercaseaux Amenábar Verónica Reyna Morales María Cecilia Chinchón Hernán Montealegre Klener Claudia Chaimovich Guralnik Roberto Carretón Merino Pedro Aravena Rivera José Galiano Haensch Alberto Espinoza Pino Pamela Pereira Fernández Rita Díaz Torres Nelson Caucoto Pereira Raúl Devia Ilabaca Julia Urquieta Olivares Mario Zúñiga Héctor Salazar Ardiles Maritza Jara Ramos Sergio Concha Rodríguez José Cavieres K'orn Hugo Gutiérrez Gálvez Amanda De Negri Quintana Graciela Alvarez Gonzalo Moya Myriam Reyes García Ramón Vargas Hiram Villagra Castro Gioconda Catraneo Alfonso Insunza Bascuñán Claudio Llanos Rene Parías Rojo Andrés Cifuentes Eduardo Contreras Mella Hugo Ocampo Garcés María Raquel Mejias Silva Darío Sanhueza Jeria Adil Brkovic Almonte Manuel García Velásquez
Declaración Pública
Santiago, noviembre de 1998CODEPU, a propósito de La resolución judicial de la Cámara de los Lores que le reconoció la inmunidad diplomática a Pinochet y que le permite al dictador volver al país, expresa a la opinión pública lo siguiente:
1. Más allá del fallo judicial de la justicia inglesa, nadie puede desmentir los crímenes contra la humanidad que se cometieron en Chile durante la dictadura militar.
2. Tampoco nadie puede pretender negar la responsabilidad de Pinochet en la comisión de estos delitos. Los burdos subterfugios que fundamentaron su defensa sobre su inmunidad diplomática, su condición de ex jefe de Estado y las razones humanitarias no lo eximen de su culpabilidad en las violaciones de derechos humanos cometidas durante su dictadura. El fallo junto con reconocerle al ex dictador inmunidad diplomática, en su calidad de ex Jefe de Estado, dejó estableado, a su vez, para escarnio internacional la naturaleza de los crímenes cometidos y su culpabilidad y responsabilidad en ellos.
Pinochet, en tanto máxima autoridad nacional durante la dictadura, tenia la responsabilidad y el deber de tomar las medidas necesarias para prevenir los crímenes. No sólo no lo hizo, sino que además tenia el conocimiento real de que existía una conducción de subordinados que planificó y efectuó estos crímenes. Debía, entonces, ejercer autoridad sobre sus subordinados. No lo hizo. Luego, en derecho, le cabe la igualdad de responsabilidad en la ejecución de los crímenes, que sus subordinados. El militar Pinochet no tiene la valentía mínima para asumir esta responsabilidad.
3. El gobierno y la derecha chilena han pretendido hacer creer a la ciudadanía que la detención del ex dictador ha sido un acto que atentó gravemente en contra de las bases de la institucionalidad, que comprometió la seguridad nacional y que significó un atropello a la soberanía.
No se puede seguir engañando al país. Lo que afectó gravemente a las bases de la institucionalidad nacional fueron la ejecución de las violaciones de los derechos humanos más graves, masivas y sistemáticas que se hayan cometido en la historia de nuestro país. Y hoy, más que nunca, queda de manifiesto que la Impunidad de estos crímenes es lo que continúa afectando gravemente a todo el normal desarrollo del país y de la democracia.
4. En la lucha contra la barbarie la detención de Pinochet -por casi un mes- en Londres constituye una significativa victoria para la lucha nacional e internacional por los Derechos Humanos. En efecto, el otrora omnipotente dictador sabe que el mundo entero lo repudia por sus crímenes y sabe que la Comunidad Internacional lo busca para juzgarlo en su calidad de delincuente internacional por crímenes de lesa humanidad. Y, el Sistema Internacional de Derechos Humanos -al descubrir una de sus debilidades- debe enfrentar la tarea de adecuar las retrogradas leyes nacionales al moderno derecho internacional con el objeto de avanzar en eficacia para la defensa y la promoción de los derechos humanos.
5. Sabemos que en Chile hoy no existen las condiciones jurídicas ni políticas que garanticen el ejercicio de la justicia respecto a las graves violaciones de derechos humanos.
Sin embargo, el conjunto de acontecimientos desencadenados en torno a la detención del ex dictador demuestran que en Chile no se puede seguir justificando los crímenes de derechos humanos cometidos, en fundón de la lucha política, y no se puede seguir abdicando del deber de hacer justicia.
Por la reconstitución de una institucionalidad estable y democrática exigimos un gesto de valen- tía que restablezca el imperio de la ley y establezca Verdad y Justicia.
Sólo la Verdad y la Justicia garantizarán la vigencia y el pleno respeto a los derechos humanos y el establecimiento de un proceso democrático y de convivencia pacifica que nuestra Nación exige.
6. Agradecemos a España e Inglaterra el acto de justicia simbólica por el pueblo de Chile que realizaron y agradecemos al mundo el gesto de solidaridad internacional que hace recuperar la dignidad de lo humano.
Corporación de Promoción y Defensa de los Derechos del Pueblo
Declaración Pública
Santiago, 25 de noviembre de 1998En el 50º Aniversario de la Declaración Universal de Derechos Humanos un acto de justicia
CODEPU, con ocasión del fallo en contra de la inmunidad diplomática de Pinochet dictado recientemente por la Cámara de los Lores, expresa a la opinión pública:
1. Las palabras no alcanzan para expresar nuestra inmensa alegría. Estamos frente a un hecho histórico. Los derechos humanos a nivel mundial, más allá de declaraciones de buena voluntad se hacen realidad. El Derecho Internacional ha sido fortalecido con el respaldo que le brindan los tribunales nacionales. Hoy, millones de mujeres y hombres de la tierra nos podemos sentir más protegidos por la comunidad internacional frente a los crímenes y la violencia que ejercen las tiranías.
2. Los violadores de derechos humanos no son inmunes. El ex dictador tiene que responder ahora por las graves, masivas y sistemáticas violaciones a los derechos humanos de su gobierno. La comunidad internacional así lo ha estableado.
3. Pinochet es el principal responsable de los más de 3.000 crímenes cometidos en contra de compatriotas chilenos y de un centenar de extranjeros. Si en el país no existen las condiciones jurídicas ni políticas que garanticen juzgarlo, corresponde entonces, que sea juzgado por la comunidad internacional
4. El conjunto de acontecimientos desencadenados en torno a la detención del ex dictador demuestran que en Chile no se puede seguir justificando los crímenes de derechos humanos cometidos, en función de la lucha política, y no se puede seguir abdicando del deber de hacer justicia.
Es insostenible pretender ampararse en burdos subterfugios que, invocando principios de sobe-
rama y territorialidad, condiciones de inmunidad y determinadas competencias de jurisdicción, sólo pretenden ocultar la gravedad de los delitos cometidos en el país y mantener la impunidad para sus máximos responsables.
5. La derecha chilena, frente a estos hecho ha venido demostrando su absoluta intolerancia para asumir los principios de los derechos humanos. Con la soberbia que la caracteriza ha venido amenazando abiertamente a la democracia y ha creado un clima propicio para desencadenar una inaceptable nueva ola de violencia política.
6. El gobierno debe entender que las bases de la institucionalidad y la seguridad nacional se verán fortalecidas en la medida que en el país se restituya el imperio de la ley y se garantice la vigencia y el pleno respeto a los derechos humanos.
7. Agradecemos a España e Inglaterra por el acto de justicia que han realizado y agradecemos al mundo el gesto de solidaridad internacional que hace recuperar la dignidad de lo humano.
8. Sólo la Verdad y la Justicia garantizarán la vigencia y el pleno respeto a los derechos humanos y restablecerán un proceso democrático y de convivencia pacífica que nuestra Nación exige.
Fabiola Letelier del Solar
PresidentaPaz Rojas Baeza
VicepresidentaVíctor Espinoza Cuevas
Secretario Ejecutivo
Declaración Pública
Santiago, 15 de diciembre de 1998Frente a la situación desencadenada con el arresto del ex dictador Augusto Pinochet en Londres, los abogados de DD.HH. nos sentimos con el deber moral de declarar lo siguiente:
PRIMERO: La Soberanía nacional NO SE ENCUENTRA AFECTADA NI ATROPELLADA. Una sostenida campaña de desinformación, pretende alterar los hechos que motivan la privación de libertad de Pinochet, y encubrir las verdaderas causas del problema que enfrenta con la justicia española e inglesa.
En efecto, Pinochet se encuentra enfrentado a la justicia bajo cargos de tener responsabilidad en asesinatos, secuestros y torturas, todos crímenes gravísimos que no han podido ser juzgados en Chile. Nada de ello tiene que ver con La soberanía, patrimonio de todos los chilenos, y la cual Pinochet no personifica.
Si algo ha afectado efectivamente nuestra soberanía y la dignidad nacionales, fueron precisamente las sistemáticas violaciones a los derechos humanos durante su dictadura, que fueron denunciadas y condenadas internacionalmente durante 16 años.
SEGUNDO: Los declarantes nos hemos sentido todos estos años profundamente afectados en nuestra dignidad personal y de ciudadanos, tanto porque hemos conocido muy de cerca las consecuencias de la actividad criminal de Pinochet, como por haber sufrido en carne propia, muchos de nosotros, esas acciones deleznables.
Lo anterior se ha visto profundizado, al constatar que la institucionalidad heredada por la dictadura ha impedido sistemáticamente que, en nuestra patria y con nuestros jueces, haya sido posible llevar a la gran mayoría de los criminales, junto con Pinochet, ante los Tribunales chilenos.
Tanto es así, que la Comisión de Derechos Humanos de la Organización de Estados Americanos,
ya en dos oportunidades ha sentenciado que en Chile existe DENEGACIÓN DE JUSTICIA en casos de violaciones de DD.HH., pronunciamientos emitidos el año pasado y éste, que puestos en conocimiento de la Corte Suprema, ésta ordenó archivar.
TERCERO: El principio de territorialidad jurisdiccional supuestamente afectado por la acción de los tribunales ingleses y españoles, alegado por nuestras autoridades, es un argumento falso y tendencioso, pues omite deliberadamente tratados internacionales suscritos por Chile hace ya 48 años, que precisamente aceptan la jurisdicción de los tribunales de otros Estados, para crímenes de lesa humanidad cometidos en nuestro país y previstos en tales tratados. Debemos recordar en todo caso, que la organización criminal que dependía de Pinochet, la DINA, extendió sus actividades delictivas más allá de nuestras fronteras, alcanzando incluso a Europa y EE.UU.
CUARTO: Tenemos las más íntima convicción, construida a partir de nuestras propias experiencias como abogados de derechos humanos, que en Chile NO EXISTEN condiciones objetivas ni subjetivas para enjuiciar al ex dictador, y que la circunstancia de encontrarse cumpliendo condena un pequeño grupo de violadores de los derechos fundamentales, no implica, en ningún caso que existan posibilidades que Pinochet sea sometido a la justicia chilena.
En efecto, queremos recordar que en Chile no existe ninguna persona condenada por algún caso de detenido desapareado, y que los que actualmente pugnan benignas condenas, son sólo un puñado de ex uniformados, cuyas responsabilidades pudieron hacerse efectivas, en un redundo número de casos denunciados a nuestros tribunales, fundamentalmente porque fueron objeto de presiones internacionales. Sin embargo, es necesario remarcar que, de todas las denuncias formuladas ante nuestros tribunales por violaciones a los DD.HH., el 99,5% de los casos han sido cerrados sin que hubiera justicia, y lo que es más grave, sin que se haya podido siquiera individualizar a los delicuentes.
QUINTO: Tenemos la más firme convicción que La comunidad internacional, de la cual somos parte como chilenos, ha dado un gigantesco paso adelante, al colocar, finalmente, límites que redundarán en una mayor protección a la persona humana, de lo cual sólo cabe alegrarnos profundamente.
Carmen Hertz Cádiz José Miguel Salazar Zegers Claudia Chaimovich Guralnik Fabiola Letelier del Solar Roberto Garretón Merino Alfonso Insunza Bascuñán Nelson Caucoto Pereira Loreto Meza Van Den Daele Héctor Salazar Ardiles Camilo Marx Alonso Verónica Reina Morales Hugo Gutiérrez Gálvez Sergio Concha Rodríguez Adil Brkovic Almonte Alberto Espinoza Pino Amanda De Negri Quintana José Galano Goentsch Hiram Villagra Castro Juan Subercaseaux Amenábar Julia Urquieta Olivares Gabriel Ascencio Mancilla Myriam Reyes García
Declaración Pública
Santiago, 24 de marzo de 1999CODEPU con ocasión de la resolución de la Cámara de los Lores que reconoce a Pinochet inmunidad diplomática, expresa a la opinión pública lo siguiente:
1. Es sabido que este fallo constituye un hecho histórico para el Derecho Internacional.
Aunque no podemos prever la magnitud de su impacto, consideramos que la justicia británica ha evadido la oportunidad histórica de sentar jurisprudencia mundial para juzgar los crímenes de derechos humanos y con ello fortalecer definitivamente al Sistema Internacional de Derechos Humanos.
2. No obstante lo anterior, en la lucha contra la Impunidad, la detendón de Pinochet durante anco meses en Londres, constituye una significativa victoria.
El otrora omnipotente dictador sabe que el mundo entero lo repudia por sus crímenes y sabe que innumerables Estados nacionales que integran la Comunidad Internacional lo buscan para juzgarlo en calidad de autor de Crímenes de Lesa Humanidad.
3. La decisión final de la justicia británica no modifica en absoluto la conducta ilícita de Pinochet. El dictador, durante los 17 años de su dictadura, incurrió en la comisión de delitos sancionados en el ordenamiento jurídico nacional e internacional, calificados de Crímenes de Lesa Humanidad, inamnistiables e imprescriptibles y de protección universal.
4. Pinochet debe enfrentar ahora la justicia nacional por la responsabilidad que le cabe en los graves crímenes de derechos humanos ocurridos en el país.
Exigimos al gobierno chileno que, en concordancia con lo que han sostenido ante la comunidad nacional e internacional, asuma el deber de Estado de someter a proceso a Pinochet en Chile.
5. En Chile urge restablecer el Estado de Derecho que garantice el justo proceso y el principio de la igualdad ante la ley.
CODEPU tiene la convicción que una convivencia nacional estable se construye en base a La Verdad y la Justicia.
Fabiola Letelier del Solar
PresidentaVíctor Espinoza Cuevas
Secretario Ejecutivo
Declaración Pública
Santiago, 15 de abril de 1999La Corporación de Promoción y Defensa de los Derechos del Pueblo, CODEPU, ante La resolución del Ministro del Interior del Reino Unido señor Jack Straw señala a la opinión pública lo siguiente:
1. Valora altamente la decisión de dar curso al proceso de extradición de Pinochet a España, por cuanto ella constituye una reafirmación del fallo de la Cámara de los Lores pronunciado el 24 de marzo de 1999.
2.- Al adoptar esta decisión el Ministro Straw tuvo como antecedente los 51 casos de tortura enviados por el Magistrado español Baltazar Garzón con posterioridad al fallo de la Cámara de los Lores a la Fiscalía Británica. Igualmente acogió la tesis de Amnistía Internacional respecto de 1198 casos de detenidos desapareados como delitos de tortura continuos, sin prescripción.
3.- Por otra parte, el Ministro Straw rechazó los argumentos de la defensa personal de Pinochet quienes señalaron que los actos de tortura comprendido en el período 1988-1990, no constituían una acción masiva y sistemática por parte de la dictadura militar.
4.- De la misma manera, el Ministro Straw rechazó categóricamente los fundamentos del gobierno chileno, en cuanto a la prioridad para juzgar a Pinochet en Chile, lo cual fortalecería la democracia chilena. El Estado chileno no ha solicitado la extradición de Pinochet, lo que hizo insostenible la tesis de que exista voluntad y posibilidad de juzgarlo en Chile.
5.- Esta resolución representa el anhelo mayoritario de Verdad y Justina del pueblo chileno y constituye un avance para el sistema internacional de los derechos humanos, en cuanto a su carácter universal y que por tanto los criminales internacionales ya no quedaran en la impunidad.
Fabiola Letelier
Presidenta Corporación de Promoción y Defensa de los Derechos del Pueblo
Declaración Pública
Santiago, abril 26 de 1999.La Corporación CODEPU, señala a la opinión pública lo siguiente:
I. Constatamos que las autoridades chilenas persisten en su búsqueda de incapacitar a la Justicia Española en el ejercicio de sus facultades Constitucionales y legales en el enjuiciamiento a Pinochet.
II. Las nuevas medidas que adoptará el Gobierno Chileno, dentro de la estrategia recientemente diseñada para obtener la liberación y pronto regreso de Pinochet a Chile, -cuyo contenido y lineas de acción fue entregada a la Opinión Pública el 23 de abril por el Canciller Señor Insulza-, contempla la solicitud de Arbitraje Internacional que será presentado separadamente a España y Gran Bretaña a objeto de dirimir la discrepancia surgida en tomo a la interpretación de la Convención Internacional contra La Tortura (Art. 30, párrafos 1 y 2) respecto a La competencia o no competencia de la Justicia Española para enjuiciarlo.
III. Ha quedado demostrado que el Gobierno Chileno desde hace meses ha estado impulsando y promoviendo acciones políticas en esa dirección. Una expresión de esta presión política la constituyó la visita realizada por el Presidente del Senado Señor Andrés Zaldívar al Ministro de Asuntos Exteriores de España Señor Matutes, en diciembre de 1998.
Finalizado este encuentro el Señor Matutes señaló a la prensa española: "España estudiará la propuesta chilena para que sea una Corte Internacional de Justicia la que decida que país y que institución es competente para juzgar a Pinochet". (1)
IV. Confiamos que el Gobierno español rechace esta nueva acción del gobierno chileno, respetando así la decisión del Pleno de la Sala Penal de la Audiencia Nacional que declaró su jurisdicción para enjuiciar a Pinochet de los presuntos crímenes de genocidio, terrorismo y tortura como, asimismo la formulada por el Consejo de Ministros de España que ratificó la petición de extradición de Pinochet para ser juzgado en ese país. Lo que se está dilucidando en Londres hoy, es precisamente el tema de extradición entre España y Gran Bretaña dentro del Convenio Europeo de Extradición.
El Estado de Chile no es parte demandante en el Caso Pinochet
V. Ratificamos hoy lo expresado en declaraciones anteriores "el juicio a Pinochet en España es una acción legitima e incuestionable sustentada en los principios y normas del derecho internacional de los Derechos Humanos y en el derecho interno español". (Ley orgánica del Poder Judicial y Código Penal).
VI. Los Crímenes por los que se acusa al dictador chileno, dada su gravedad son sancionados universalmente y no pueden quedar impunes por el transcurso del tiempo o por leyes de autoperdón como es el Decreto Ley 2191-78 de Amnistía impuesto por la Dictadura Militar en 1978.
Este mecanismo de Impunidad continua vigente en nuestro país a pesar de que en dos oportunidades la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha sostenido que este Decreto Ley de Amnistía es incompatible con las disposiciones de la Convención Americana de Derechos Humanos y en consecuencia el Estado Chileno actual -Poder Ejecutivo, Poder Legislativo y Poder Judicial- ha incurrido en denegación de justicia al seguir aplicándolo.
VII. Sostenemos que no habrá democracia ni un real Estado de Derecho en nuestra patria mientras no se juzgue a los responsables de los crímenes y no se garantice a las víctimas y sus familiares La obtención de un juicio justo ante tribunales efectivamente imparciales.
Para la inmensa mayoría del país esta posibilidad podría transformarse en una realidad concreta si Pinochet es extraditado y enjuiciado en España.
VIII. El Gobierno Chileno con esta nueva estrategia política para seguir defendiendo al principal responsable de las violaciones de Derechos Humanos mantiene y profundiza su calidad de cómplice de estos delitos universales y compromete el prestigio y la seguridad del país ante la comunidad internacional
Fabiola Letelier del Solar
PresidentaPaz Rojas Baeza
VicepresidentaVíctor Espinoza Cuevas
Secretario Ejecutivo
Declaración Pública
Santiago, 15 de septiembre de 1999CODEPU con ocasión del protagonismo que busca generar el dictador Augusto Pinochet, mediante el envío de la misiva pública enviada al Presidente del Senado, Andrés Zaldívar, expresa a la opinión pública lo siguiente:
1. Ni la más mínima autoridad moral tiene el principal responsable de los crímenes contra la humanidad cometidos en contra del pueblo de Chile, como para estar enviando una carta hipócrita que se pretende un aporte al fortalecimiento de la democracia, a la unidad nacional y al desarrollo pleno de los chilenos.
2. El otrora omnipotente dictador no aporta nada. Sigue reivindicando la obra de la dictadura, pretende imponer una unidad nacional y ordenar por bando militar la paz.
3. La carta representa la nula disposición de las FFAA y Carabineros a reconocer sus responsabilidades institucionales en los cobardes y crueles crímenes cometidos y su incapacidad para pedir perdón público a la sociedad, por el daño causado.
4. Al insistir en justificar históricamente los crímenes cometidos y al señalar que se les exige a las FFAA y Carabineros "respuestas e interrogantes que no pueden satisfacer en los términos que se le demandan", envía un mensaje claro para evitar que sus seguidores colaboren en la Mesa de Diálogo.
5. CODEPU tiene la convicción que una convivencia nacional estable se construye en base a la Verdad y la Justicia.
Fabiola Letelier del Solar Presidenta Paz Rojas Baeza Vicepresidenta Víctor Espinoza Cuevas Secretario Ejecutivo Comunicado Público
Santiago de Chile, 13 de enero del 2000
Frente a Las declaraciones emitidas por el Ministro del Interior, señor Jack Straw, el 11 de enero del 2000, respecto a que se inclina a liberar al dictador Augusto Pinochet por razones humanitarias, basándose en el informe de los expertos médicos que concluyó que Pinochet "estaría incapacitado para enfrentar un juicio y que no se puede esperar cambio de esta situación", CODEPU expresa a la opinión pública su profunda preocupación:
1. Resulta incomprensible y absurdo que el gobierno británico facilite al dictador evadir la justicia después de haber reconocido la legalidad del procedimiento judicial español. El se fundó en una nueva e importantísima interpretación del Derecho Internacional de los Derechos Humanos y en la convicción ética-jurídica de que Pinochet es responsable de crímenes de lesa humanidad.
2. Consideramos injusto y no transparente el procedimiento que ha seguido la autoridad británica.
Recordemos que el argumento de Las razones humanitarias fue solicitado por el gobierno de Chile sin ser parte en el proceso. Straw decidió, después de contar con la aprobación de Pinochet, designar un equipo de médicos británicos para someterlo a exámenes. Finalmente Pinochet aceptó pero exigió privacidad, no revelando sus contenidos. Cabe destacar que el Ministro británico, en el procedimiento que definió, se negó a aceptar la presencia -en calidad de observadores- de médicos propuesto por Amnistía Internacional y, sin embargo, aceptó la presencia de dos médicos chilenos que están a cargo de la salud de Pinochet.
De este modo Straw fundamentó su decisión en un informe médico secreto que no han conocido las partes. Lo que Las imposibilita evaluarlo y hacer las observaciones que merece.
3. Al no dar a conocer tal informe médico, el Ministerio de Interior inglés transgrede lo dispuesto en el artículo 9.1 de la Convención Contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, que obliga a que los Estados Partes se presten todo el auxilio posible en lo que respecta a cualquier procedimiento penal relativo a los delitos previstos en ella.
4. Nos parece inaceptable que por una decisión médica secreta se ponga fín a un proceso penal que ha concitado el interés y la preocupación del mundo entero. Más inaceptable aún si se tiene presente que si Pinochet es devuelto a Chile no está asegurado que él será sometido a un justo y debido proceso.
5. Por todo lo anterior, solicitamos la creación de una nueva comisión médica de carácter internacional, en que participen profesionales de los países que han solicitado su extradición así como un médico que represente el interés de las víctimas. Así se podrá efectuar un nuevo examen médico que de garantías de confiabilidad a todas las partes involucradas. Sus resultados deberán ser entregados al conocimiento de todas las partes y sometido a la decisión judicial del juez que conoce la petición de extradición presentada por España.
Fabiola Letelier del Solar
PresidentaPaz Rojas Baeza
VicepresidentaVíctor Espinoza Cuevas
Secretario Ejecutivo
Declaración Pública
Santiago, 2 de marzo del 2000CODEPU con ocasión de la resolución del Ministro del Interior británico Jack Straw, de liberar a Pinochet por razones humanitarias, expresa a la opinión pública lo siguiente:
1. Nos embarga un profundo sentimiento de frustración frente a la decisión política de la autoridad británica. Ésta debiera haber sido de orden exclusivamente judicial, dada la importancia para el Derecho Internacional que alcanzó el proceso de extradición.
2. No obstante, sabemos que la detención del dictador en Londres ha sido una trascendental victoria de la justicia y los derechos humanos. Desde el 16 de octubre de 1998, la tortura es efectivamente reconocida como un delito de naturaleza internacional y los autores de crímenes internacionales no tienen inmunidad alguna.
3. La decisión política final del gobierno inglés no modifica en absoluto la conducta ilícita de Pinochet. El dictador, durante los 17 años de su dictadura, incurrió en la comisión de delitos sancionados en el ordenamiento jurídico nacional e internacional y calificados, por este último, de Crímenes de Lesa Humanidad, inamnistiables e imprescriptibles y de protección universal.
4. Pinochet ahora debe responder frente a la justicia nacional por los crímenes que cometió. Le exigimos al gobierno y a los partidos de la Concertación que, en un gesto de mínima concordancia ética con lo que han sostenido, cumplan con el compromiso que establecieron ante la Comunidad Internacional y el país, hagan posible en Chile el juicio al dictador.
5. Este caso ha enseñado que urge restablecer en el país el imperio de la ley. Sólo la verdad y la justicia podrían abrir una vía de reconstrucción nacional Por ello, exigimos el desafuero del dictador, anular ahora el D.L. de Amnistía, limitar la jurisdicción de los tribunales militares y dar curso efectivo a los procesos judiciales por violaciones de los derechos humanos, especialmente, los que lo involucran.
Fabiola Letelier del Solar
PresidentaPaz Rojas Baeza
VicepresidentaVíctor Espinoza Cuevas
Secretario Ejecutivo
Declaración Pública
Santiago, 24 de mayo del 2000La Corporación de Promoción y Defensa de los Derechos Humanos, CODEPU, a propósito de la información extraoficial que da a conocer la resolución del Pleno de la Corte de Apelaciones a favor del desafuero de Augusto Pinochet (con 13 votos a favor y 9 en contra), declara a la opinión pública lo siguiente:
1. Consideramos que la decisión judicial del Pleno de la Corte de Apelaciones que desafuera al dictador, constituye un hito histórico de la máxima importancia para Chile: la justicia acepta juzgar a un ex jefe de Estado, por la responsabilidad ineludible que tiene en una serie de graves violaciones a los derechos humanos que se cometieron durante su gobierno.
No obstante, más allá de esta resolución judicial la comunidad nacional e internacional sabe, con absoluta certeza, que Pinochet es el principal responsable de todos los cobardes y crueles crímenes que se cometieron durante la dictadura.
2. Esta decisión del alto tribunal demuestra la veracidad y la fuerza jurídica de los argumentos de los abogados querellantes en el caso de la Caravana de la Muerte, que claramente acreditan los hechos ilícitos y establecen los méritos que dan lugar para que Pinochet sea sometido a proceso.
3. Esperamos que el más alto tribunal del país, la Corte Suprema, ratifique esta decisión. Ello junto con demostrar que los tribunales de justicia chilena desean recuperar el prestigio que tradicionalmente tuvieron, materializaría un fundamental avance del sistema democrático del país.
4. El fallo, cuya redacción final será entregada a la opinión pública en los próximos días, representa el anhelo de la mayoría nacional y de la comunidad internacional que, para establecer la paz, exigen justicia frente a los crímenes de lesa humanidad.
Fabiola Letelier del Solar
PresidentaVíctor Espinoza Cuevas
Secretario Ejecutivo
II. Sobre La Mesa de Diálogo
Declaración Pública Santiago, agosto 10 de 1999
No al diálogo de impunidad
Frente a la extraña y tardía convocatoria por parte del Ministerio de Defensa a conformar una "mesa de diálogo" que pretendería ingenuamente buscar una solución al problema de los Detenidos Desapareados, CODEPU declara a la opinión pública lo siguiente:
1. Las violaciones de derechos humanos ocurridas en Chile no se reducen a los casos de Detenidos Desapareados y/o la búsqueda arqueológica de sus restos, sino que incluyen a los miles de ejecutados políticos, a cientos de miles de presos y torturados, a los cerca de un millón de exiliados, entre otras violaciones, configurándose así un cuadro de crímenes contra la humanidad cometidos en Chile, delitos que son inamnistiables e imprescriptibles.
2. Rechazamos cualquier intento de montar una operación política tendiente a imponer una salida de Punto Final. En Chile la superación de la situaciones pendientes en materia de derechos humanos pasa necesariamente por el logro de la justicia.
3. Frente a los gravísimos y cobardes crímenes cometidos durante la dictadura sólo corresponde. tal como lo sostienen las agrupaciones de familiares, hacer JUSTICIA NADA MAS, PERO NADA MENOS. Tribunales independientes y autónomos deben investigar, procesar y juzgar de acuerdo a derecho, y específicamente en estos casos, la aplicación de la justicia debe regirse por los principios del Derecho Internacional de los Derechos Humanos.
4. No se pueden confundir los hechos. Al Estado le corresponde crear las condiciones que garanticen el ejercido de la justicia y no puede actuar como intermediario entre las víctimas y los responsables, pretendiendo sobrepasar al poder judicial.
A los diferentes actores políticos nacionales les cabe sumarse a un esfuerzo que acabe con los dos grandes obstáculos de la justicia: el D.L de Amnistía y la justicia militar.
En su calidad de instituciones no deliberantes a las Fuerzas Armadas no les corresponde involucrarse en diálogos políticos tendientes a proteger institucionalmente a algunos de sus funcionarios o miembros autores, cómplices y encubridores de los crímenes de derechos humanos, muchos de quienes permanecen hasta hoy en servicio activo e incluso han obtenido ascensos.
A los abogados e instituciones de defensa de los derechos humanos les corresponde proteger y defender a sus representados. Quienes hemos representado a los familiares de las víctimas directas de la represión, no debiéramos participar en mesas de diálogo y negociaciones en materia de derechos humanos.
5. Algunos piensan que estas transacciones eventualmente podrían liberar a Pinochet
Al respecto, ratificamos que Pinochet esta legítimamente detenido en Londres y debe ser juzgado en España, por el simple hecho que los delitos de los que es responsable están penados por el derecho internacional y están sujetos a una jurisdicción internacional.
Rechazamos categóricamente las pretensiones del gobierno, de la derecha y de las FFAA de intentar sobrepasar a la justicia internacional, por medio de una estrategia engañosa que sólo busca la vuelta del dictador al país, haciendo creer que efectivamente se le podría juzgar en Chile.
6. El pretendido diálogo, es una maniobra destinada al fracaso porque quienes conocen lo sucedido continúan manteniendo una actitud soberbia y hostil respecto de la Verdad y la Justicia. Si no colaboraron con las investigaciones del Informe Rettig, menos lo harán ahora. Sus intenciones son claramente parte de una estrategia para liberar a Pinochet y de una operación que busca imponer una ley de punto final
Ambas pretensiones son rechazadas por el mundo de los derechos humanos, a nivel nacional e internacional, pero especialmente por las agrupaciones de los familiares de victimas que sostienen que las violaciones a los derechos humanos ocurridas en Chile por su naturaleza y gravedad son delitos inamnistiables e imprescriptibles y no están sometidos a negociación alguna ni son materias plebiscitables"
Fabiola Letelier del Solar
PresidentaPaz Rojas Baeza
VicepresidentaVíctor Espinoza Cuevas
Secretario Ejecutivo
Declaración Pública de Abogados de Derechos Humanos sobre La "Mesa de Diálogo" Santiago, 18 de agosto de 1999
Primero: Los abogados de derechos humanos que suscribimos la presente Declaración apoyamos de manera irrestricta la posición de las Agrupaciones de Familiares de Detenidos Desapareados y de Ejecutados Políticos de no participar en La llamada "Mesa de Diálogo" que promueve el Ministro de Defensa, señor Edmundo Pérez Yoma, como tampoco a otorgar representación alguna a quienes concurran a ella. De la misma manera, apoyamos su posición contraria a la propuesta por el Arzobispo de Santiago, Monseñor Francisco Javier Errázuriz, en el sentido de que puedan distinguirse ciertos casos "emblemáticos" de los que conocería la justicia y otros casos, que por no tener dicho carácter, quedarían al margen del enjuiciamiento por los tribunales. La admisibilidad, éxito o fracaso de un caso de violaciones a los derechos humanos llevados a los tribunales de justicia sólo depende de su mérito intrínseco, esto es, de las pruebas que se acompañen, y no de ninguna decisión a priori que será siempre arbitraria.
Segundo: Es un hecho conocido nacional e internacionalmente que la política exterior del Gobierno esta orientada a obtener la liberación y retorno al país del ex-general Augusto Pinochet Ugarte. Para favorecer a Pinochet el nuevo argumento que ahora se utiliza internacionalmente es la supuesta existencia de conversaciones dentro de Chile entre las partes involucradas en el problema a las violaciones de derechos humanos, lo cual se arguye como una razón más para descalificar la competencia de los tribunales españoles y británicos en el caso Pinochet.
Tercero: También es un hecho rédente la ofensiva inconstitucional de un grupo de Senadores de derecha, elegidos y designados, liderados por el Senador Hernán Larraín de la UDI, que agrede al Poder Judicial y a su legitima interpretación de la Ley de Amnistía, en una abierta actitud de desacato. Es, por lo tanto, el momento clave en que los abogados de derechos humanos debemos cerrar filas en torno al ejercicio jurisdiccional del Poder Judicial como única forma de lograr la verdad y la justicia en las violaciones de derechos humanos en nuestro país. La concurrencia a una supuesta "Mesa de Diálogo" distrae la atención nacional desde lo que es la labor eficaz de los tribunales de justicia hacia conversaciones extrajudiciales que no tienen la más mínima posibilidad de prosperar. Pero a diversos sectores políticos nacionales y a ciertos medios de comunicación les interesa sobremanera que la atención nacional se desvíe de los trascendentales fallos que en éste momento están emanando de los tribunales, hada conversaciones carentes de toda seriedad y legitimidad. Esto último se confirma por las últimas declaraciones del general Izurieta a la Revista Qué Pasa, en la que revela la nula voluntad de su institución para llegar a resultado alguno en esta artificial "Mesa de Diálogo". Además, nos preocupa que quien llama a la "Mesa de Diálogo", el Ministro Edmundo Pérez Yoma, ha declarado públicamente que no hay una diferencia moral entre la dictadura militar del pasado y los posteriores gobiernos democráticos en Chile.
Cuarto: La queja de los Comandantes en Jefe de las Fuerzas Armadas y de Carabineros en el sentido de que con los procesos judiciales de derechos humanos se esta provocando "un desfile de uniformados a los tribunales de justician carece de toda base legal y parecerá que la llamada "Mesa de Diálogo" tendería a evitar o a aminorar que éste hecho se produzca. Conviene, ante todo, que los uniformados sepan que ante los tribunales de justicia no se desfila, se comparece. Precisamente porque los uniformados concurren a los tribunales con el ánimo de desfile, no se presentan con la disposición necesaria de quien debe atenerse a La verdad, sólo a la verdad, y a
toda la verdad. Las últimas declaraciones del general Izurieta en el que compromete el apoyo
institucional del ejército a los uniformados que comparecen a los tribunales de justicia, confirman plenamente su declarada y persistente actitud de sólo desfilar ante ellos.
Quinto: Durante veinticinco años los abogados chilenos de derechos humanos hemos llevado a
cabo una tenaz y heroica labor ante la justicia de nuestra patria, porque siempre hemos creído
que sólo a través de los tribunales se logrará la verdad y la justicia sin las cuales es imposible la
reconciliación. La llamada "Mesa de Diálogo" distrae de estos objetivos precisamente en los
momentos culminantes en que nuestra labor de años está dando sus frutos, tanto a nivel de la
justicia nacional como de la justicia internacional y es por tanto, absolutamente inoportuno
que en estos momentos se dé la imagen de que se ha abierto un nuevo frente serio desde el cual
supuestamente podrían surgir bases diversas para una auténtica reconciliación. Por el contrario,
este momento culminante en la justicia chilena aconseja de la manera más perentoria de que
más que nunca tenemos que concentrarnos en ella y no distraernos, ni a nosotros ni a la opinión
pública nacional e internacional sumiendo a todos, y en especial a las víctimas, en una nueva
confusión que atenta contra los logros obtenidos.
Sexto: Aprovechamos la oportunidad de recordar al país que la Comisión Interamericana de
Derechos Humanos y el Comité de Derechos Humanos del Pacto de Derechos Civiles y Políticos de Naciones Unidas han condenado en tres oportunidades, en esta década del noventa, al Estado
chileno por denegación de justicia en razón de que se aplica el decreto ley 2191 de amnistía de
1978, violatorio de los tratados internacionales de derechos humanos que declara estos crímenes como imprescriptibles e inamnistiables. La actual jurisprudencia de la Excma. Corte Suprema está revirtiendo esta condena, y, por tanto, merece la concentración absoluta de todos los abogados de derechos humanos en éste punto vital, sin distracciones de ninguna especie que
hasta pueden llegar a constituir mensajes equívocos a nuestros tribunales.
1. Hernán Montealegre Klener
2. Fabiola Letelier del Solar
3. Carmen Hertz Cádiz
4. José Galiano Haensch
5. Alfonso Insunza Bascuñán
6. Hugo Gutiérrez Gálvez
7. Eduardo Contreras Mella
8. Rene Farías Rojo
9. Jorge Mario Saavedra Canales
10. Juan Subercaseaux Amenabar
11. Roberto Celedón Fernández
12. Carlos Margotta Trincado
13. Julia Urquieta Olivares
14. Graciela Alvarez Rojas
15. Adil Brkovic Almonte
16. Hiram Villagra Castro
17. Sergio Concha Rodríguez18. Borís Paredes Bustos
19. Claudia Chaimovich Guralnik
20. Amanda Oenegri Quintana
21. María Cecilia Chinchón Canales
22. Gioconda Cotroneo Torrone
23. Juan Pavin Villar
24. Raúl Devia Ilabaca
25. Hernán Quezada Cabrera
26. Maritsa Jara Ramos
27. Camilo Marks Alonso
28. Raquel Mejías Silva
29. Carmen Opazo Weizsmein
30. Loreto Meza Van Den Daele
31. Myriam Reyes Gama
32. Carlos López Dawson
33. Ingrid Domke Cádiz
34. Fernando Zegers Ramírez
Declaración Pública
Santiago, septiembre 9 de 1999Ante la creación de la denominada Mesa de Diálogo, y conocida sus finalidades y objetivos, los médicos, psiquiatras, psicólogos, asistentes sedales y personal de salud en general que, desde pocos días después del golpe de Estado en Chile, hemos atendido profesionalmente a numerosas personas, familias y niños afectados por la violencia política en Chile, nos sentimos en la obligación ética y moral de hacer pública la siguiente Declaración:
Hemos conocido muy de cerca en toda su magnitud los graves y profundos trastornos provocados tanto, en la esfera física y mental como a nivel de las relaciones familiares y afectivas en cientos de chilenos y chilenas que pasaron por la experiencia de la prisión, la tortura, el desaparecimiento y ejecución de uno o más de sus familiares. Igualmente, hemos atendido a miles de exiliados, exonerados y retornados al país, todos los cuales en diversos grados, han presentado importantes trastornos individuales y grupales, destacando las rupturas familiares.
Respetando el secreto profesional y fíeles a la confianza depositada en nosotros por aquellos que fueron y son nuestros pacientes, queremos dar testimonio aquí de la profundidad de sus duelos y sufrimientos, de las enfermedades orgánicas y psicosomáticas, de los trastornos familiares, y en fín, de las severas repercusiones a nivel físico, psicológico y social determinadas directamente por los hechos represivos de que fueron víctimas.
Pese a que la Comisión de Verdad y Reconciliación (más tarde Corporación Nacional de Reparación y Reconciliación) dejó al margen innumerables casos de violaciones a los Derechos Humanos, en particular los miles de sobrevivientes de la tortura, reconocemos el mérito de dichas Comisiones al certificar que en Chile se cometieron graves, masivas y sistemáticas violaciones a los Derechos Humanos, causados por agentes del Estado, -cuyos nombres fueron omitidos- entre el 11 de septiembre de 1973 y el 11 de marzo de 1990.
Hoy vemos, con dolor y sorpresa, que la Mesa de Diálogo se ha constituido con la finalidad fundamental de saber donde se encuentran los restos de los detenidos desapareados, pero sin manifestar ninguna voluntad de esclarecer los hechos criminales y hacer pública la identidad de sus autores. Esto ha provocado impotencia, desestabilización, confusión e incluso dolor en las Agrupaciones de Familiares quienes sin embargo, han reaccionado con claridad y valentía, reafirmando sus históricas demandas.
No apreciamos ningún avance en la que debiera ser la tarea central en materia de Derechos humanos: establecer la verdad de lo ocurrido entre 1973-1990. Ya las Comisiones de investigación que sobre las violaciones de los Derechos Humanos impulsó el propio Estado con posterioridad a 1990 no hicieron públicos los nombres de los responsables, pese a que los familiares de las víctimas y los organismos de derechos humanos les hicieran entrega de dicha información.
Como queda dicho, somos testigos directos del trauma humano causado por los agentes del Estado, al que se ha sumado la impunidad. Ella, como lo hemos demostrado a través de documentos avalados científicamente constituye una nueva agresión a la Salud Mental de todo el país.
Finalmente queremos enfatizar el hecho de que en Chile se cometieron Crímenes de Lesa Humanidad y al decir crimen estamos obligados a identificar los dos aspectos fundamentales que lo define: quién fue el agredido y quién fue el agresor. Es esta última figura la que nos preocupa, porque en ella se concretiza la etiología de estos trastornos. Los relatos de nuestros pacientes informan de conductas del agresor desprovista de toda ética y que van desde el abuso de poder hasta el ensañamiento y la bestialidad, lo que nos obliga a prevenir en el futuro este tipo de comportamiento humano. Es por tanto una obligación, para nosotros, para los agentes del Estado que fueron responsables y para todo el país, conocer la integridad de la Verdad y la transparencia absoluta de la Justicia.
Firmantes:
Paz Rojas Baeza Médico Neuropsiquiatra Ramiro Olivares Médico María Inés Muñoz Briceño Psicóloga Katia Reszczynski Padilla Psiquiatra María Soledad Espinoza Cuevas Asistente Social Sergio Pesutic Pérez Médico Patricia Barceló Amado Psiquiatra Rosella Baronti Barella Psicóloga Alfredo Estrada Larrain Médico Terapeuta Familiar Emilia Beniscelli Troncoso Asistente Social Natalia Alfaro Miyaki Psicóloga Eduardo Pérez Arza Psiquiatra Max Santelices Kinesiólogo Vivianne Freraut Contreras Psicóloga Laura Moya Díaz Psiquiatra Sergio Pescio Suau Médico Yolanda Muñoz Psiquiatra Carlos Madariaga Psiquiatra Margarita Mondaca Terapeuta Ocupacional Mónica Díaz Terapeuta Ocupacional Alejandro Guajardo Terapeuta Ocupacional José Miguel Guzmán Asistente Social Laura Millas Kinesióloga Beatriz Brinckmann Educadora en Salud y Derechos Humanos Simona Ruy-Pérez Educadora en Salud y Derechos Humanos Luis Schiack Poblete Médico Neurólogo Pedro Rodríguez Meneses Médico Traumatólogo Patricia Herreros Mediavilla Enfermera Elena Galvez Médico Liliana Fajardo Dentista Abelina Cisternas Médico Erna Acuña Médico Ginecóloga Miguel Vergara Médico Pediatra Alvaro Reyes Bazán Médico Traumatólogo Mónica Gómez Ramírez Médico General Raúl Erazo Corona Médico Pediatra Vilma Armengol Neirottí Médico Terapeuta Familiar Ana María Labarca Oyanedel Psicóloga Edmundo Camus Mario Médico Traumatólogo Ramón Rojas B. Médico Traumatólogo Patricio Bustos Streeter Médico Fanny Pollarolo Médico Psiquiatra. Diputada Cristina Arandbia Caballero Tecnólogo Médico Eliana Ortiz Letelier Asistente Social María Angélica Fuenzalida Tobar Asistente Social Joel Espina Sandoval Psicólogo Marión Cortés Asistente Social Viviana Heller Gutiérrez Asistente Social Mirtha Ossandón Vuskovic Dentista Rosa Lizama Leiva Asistente Social Claudio de la Fuente Pizarro Psicólog-Terapeuta Familiar y de Parejas Edgardo Condeza Vaccaro Médico Patricio Cid Palados Médico Ana Vega País Médico Max Roppert Contreras Médico-Psiquiatra Ivania Blanco Gómez Médico-Psiquiatra María Pellegrim Friedman Médico Francisco Rivas Larrain Médico Neuro psiquiatra Luz María Gómez Droguett Médico Laura Bahamóndez Moya Psiquiatra Mario Villanueva O. Médico Carlos Zúñiga Soto Psiquiatra Manuel Zúñiga Gajardo Médico-Epidemiólogo Marta Rojas Esquivel Enfermera Patricia Morgado Alcayaga Enfermera-Matrona David Villena P. Médico Jaime Sepúlveda S. Médico Estefanie Fleddermann Psicóloga Lilian San Román Figueredo Psiquiatra Juan Manuel Gálvez Villarreal Psicólogo José Manuel Cárdenas Castro Psicólogo Marcela Estrada Vega Psicóloga José Ancan Morales Asistente Social Alicia Várela Hidalgo Licenciada Psicología Nayaret Saud Costa Licenciada Psicología Ricardo Ernst Montenegro Licenciada Psicología Carmen Gloria Acuña Asistente Social Norma Rojas Cuéllar Asistente Sodal Irma Rojas Moreno Enfermera Ada Alvarez Campos Asistente Social Graciela Castañeda Sánchez Asistente Social José Quiroga Fuentealba Médico Eduardo Troncoso Psicólogo María Teresa Aránguiz Asistente Social Karin Berkhoff Médico
Declaración Pública
Santiago, junio del 2000Los abogados de derechos humanos abajo firmantes, que hemos actuado en numerosos procesos judiciales en que se investigan graves crímenes cometidos por agentes de la dictadura militar encabezada por Augusto Pinochet Ugarte, deseamos manifestar nuestro más enérgico rechazo a la rédente declaración de la denominada "Mesa de Diálogo sobre Derechos Humanos":
1.- Respecto a su composición y representatividad
En esta instancia no estuvieron, ni participaron representados, quienes tienen el más legitimo derecho a pronunciarse sobre las violaciones a los derechos humanos en nuestro país, esto es las
Agrupaciones de Familiares de Las Victimas de dichas violaciones. Tampoco estuvieron representados los abogados de derechos humanos que creemos necesariamente en la justicia como el único medio de reparar los aberrantes crímenes cometidos y como el mejor mecanismo para llegar a la verdad.
Los abogados presentes en esta Mesa han actuado a título estrictamente personal ya que sus planteamientos no representan el compromiso que desde siempre y en forma inalterable hemos mantenido los abogados de derechos humanos, ni reflejan el contenido de la Doctrina Internacional de los derechos humanos contemplada en los diversos Tratados y Convenciones vigentes aprobados por la comunidad internacional y ratificados por Chile.
Esta Mesa se autoarroga la representatividad de la sociedad civil, sin tenerla, la cual por el contrario a lo concluido por esta instancia, en repetidas oportunidades incluso en los actos de proclamación del actual Presidente, se ha pronunciado masivamente por la verdad, la justicia, expresada en la demanda de juicio a Pinochet
2.- Respecto al contexto histórico.
El mencionado documento incurre en una grosera tergiversación histórica al explicar el Golpe de Estado que derrocó al Presidente Salvador Allende como una consecuencia de la "espiral de violencia política" que se habría iniciado en la década de los 60, minimizando igualmente la gravedad de tal acto de fuerza al calificarlo simplemente como " los hechos del 11 de septiembre de 1973", "hechos" que los autores de la declaración se encargan de legitimar.
Igualmente, nos preocupa de manera especial que la declaración de la Mesa de Diálogo reduzca las responsabilidades por las violaciones a los derechos humanos cometidas durante la Dictadura solo a ciertos "agentes de organizaciones del Estado", pasando por alto que dichas violaciones tuvieron un carácter sistemático siendo planificadas, ordenadas y ejecutadas por las más altas autoridades valiéndose de todos los medios que les proporcionaba el poder del Estado.
Tal criterio es contrario a lo señalado por el Informe de la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación el cual arroja una gran conclusión respecto al carácter y naturaleza de las viola-
dones a los derechos humanos ocurridas en nuestro país "que en Chile entre el 11 de septiembre de 1973 y el 11 de marzo de 1990, existió una situación de violación grave, masiva y sistemática de los derechos humanos", lo cual constituyó terrorismo de Estado, incluso realizando acciones que violaron la soberanía de otros Estados.
3.- Respecto a Las propuestas de esta Mesa
El "compromiso" asumido por los integrantes de la Mesa de Diálogo se traduce exclusivamente en un llamado a "encontrar los restos de los detenidos desapareados" o a "clarificar su destino" dejando absolutamente de lado la necesidad de hacer justicia en esta materia, como lo exigen por lo demás los tratados internacionales sobre derechos humanos en que Chile es parte.
Las medidas que propone la Mesa de Diálogo para encontrar los restos de los detenidos desapareados, y no para hacer justicia, conducen directamente a la más abierta impunidad: por una parte, se dejaría en manos de las Fuerzas Armadas y Carabineros, principales responsables de los ilícitos cometidos, la tarea de recopilar información útil al efecto; por otra se garantizaría la reserva de la identidad de los informantes, incluso de aquellos que hayan sido responsables de los graves delitos cometidos en contra de los detenidos desapareados. Y la culminación de todo esto sería la designación de Ministros en Visita, cuya fundón se limitaría a: aclarar el paradero de los detenidos desapareados, cumpliendo una labor meramente arqueológica, renunciando a su deber jurisdiccional básico de conocer, juzgar, y hacer ejecutar lo juzgado.
De concretarse las medidas propuestas por la Mesa de Diálogo, la que ha contado con el impulso y beneplácito de la derecha, es de temer un rápido punto final a través de la aplicación de la autoamnistía de 1978, en los numerosos procesos criminales seguidos en contra de Augusto Pinochet Ligarte y otros responsables de secuestros, asesinatos y torturas, perpetrados durante La dictadura militar.
4.- En relación al espíritu de la Mesa
Consecuente con lo anteriormente mencionado, los integrantes de la Mesa de Diálogo manifiestan, que los anima el espíritu de "legar a las nuevas generaciones de chilenos una cultura de convivencia basada en La libertad, la verdad, la tolerancia y el respeto", pero olvidan, por completo, cualquier referencia a una cultura fundada en la justicia.
Finalmente denunciamos el verdadero móvil de la Mesa de Diálogo, cual es el de obtener que el máximo tribunal de nuestro país, la Corte Suprema de Justicia revoque la decisión histórica del Pleno de la Corte de Apelaciones de Santiago, que aprobó el desafuero de Augusto Pinochet Ugarte.
En consecuencia llamamos a los chilenos y chilenas a rechazar los acuerdos de la Mesa de Diálogo por ser todos ellos contrarios a los postulados fundamentales de los derechos humanos y que solo tienden a entorpecer los logros ya obtenidos en esta difícil lucha de años por la verdad y la justicia, valores inalienables para la construcción de una verdadera y auténtica democracia en nuestro país.
Fabiola Letelier Alfonso Insunza Loreto Meza Hernán Montealegre Graciela Alvarez Raquel Mejias Carmen Hertz Alberto Espinoza Ingrid Domke Julia Urquieta Myriam Reyes Raúl Devia Hugo Gutiérrez Ramón Vargas Roberto La Rosa Adil Brkovic Sergio Corvalán Camilo Marks Hiram Villagra Amanda Denegrí Hernán Quezada Eduardo Contreras Sergio Concha Claudia Chaimovich Boris Paredes Rene Farías Raquel Mejías Carmen Opazo Juan Subercaseaux Cecilia Chinchón Juan Pavín
Notas:1. Diario el País del 18 de diciembre de 1998