publicados en "Derechos Humanos Hoy"
|
publicados en "Derechos Humanos Hoy" |
Indice
La detención de Pinochet
la justicia británica
La verdad & Pinochet
La justicia no es negociable
No a la Mesa de Diálogo
Un año detenido
Juicio a Pinochet
La Memoria exige justicia
Implicaciones de la Mesa de Diálogo
Detención de Pinochet y la lucha contra la impunidad
El regreso de Pinochet
Querellas hasta Marzo 2000
Presentación
La detención del dictador en Londres (16/10/98) y la resolución de la Corte de Apelaciones en favor del desafuero (05/06/2000) para someterlo a proceso constituyen, en lo nacional e internacional dos fundamentales hitos históricos para la justicia y los derechos humanos.
La detención del dictador generó un importante avlitar chilena, permitieron por primera vez llevar a militares de alta graduación a declarar a los tribunales y varios de ellos han estado siendo declarados reos o encarcelados preventivamente.
Pero, muchas veces, el avance de la justicia es incompatible con los fines del poder político. Sucedió entonces la liberación del otrora omnipotente dictador y, recientemente, el llamado Acuerdo de la Mesa de Diálogo.
Este acuerdo con el objeto de aplicar al corto plazo el DL de Ley de Amnistía y garantizar la impunidad de Pinochet, al entregar, en seis meses más, antecedentes sobre los restos de los detenidos desaparecidos, instala una salida de Punto Final a la demanda de verdad y justicia frente a las violaciones de derechos humanos.
Para ello no se dudó en tergiversar la historia, desacreditar la tarea de la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación, minimizar la gravedad de los delitos cometidos y exculpar la responsabilidad del Estado y sus instituciones armadas en la comisión de crímenes de lesa humanidad que horrorizan la conciencia de la humanidad
Ante la gravedad de la situación de derechos humanos que se está creando en el país, consideramos oportuno dar a conocer una serie de documentos y declaraciones públicas que constituyen un testimonio de consecuencia con los principios de verdad y justicia que sustenta la Doctrina Internacional de Derechos Humanos.
Esto es especialmente importante en un momento en que la operación política de la Mesa de Diálogo es posicionada a través de una mega campaña comunicacional que, por una parte, aplaude la hipotética paz alcanzada y, por otra, censura toda opinión disidente.
Frente a esta campaña CODEPU ha querido dedicar el Número 6 de la Serie Opinión y Perspectivas a reproducir lo que ha sido nuestra opinión institucional sobre este tema desde 1998 a la fecha. Para ello, presentamos una recopilación de diversos artículos publicados en el período en nuestro Boletín Informativo, así como las Declaraciones Públicas tanto de nuestra institución como de un numeroso grupo de abogados de derechos humanos chilenos. Publicamos, además, el Informe Médico de tres profesionales chilenos acerca del estado de salud de Pinochet, que analiza críticamente diversos documentos, informes y bibliografía elaborados por médicos ingleses, españoles y de otras nacionalidades, acerca de la salud del dictador y, por último, un Anexo con el Resumen de las Querellas contra Pinochet presentadas entre enero de 1998 y junio del 2000.
Esperamos que esta recopilación, junto con reafirmar una vez más el inclaudicable compromiso de CODEPU con el derecho a la verdad y la justicia, sea un aporte a la memoria de un país que quiere y necesita encontrarse con su historia.
Santiago, junio del 2000
I Parte
Artículos publicados en el Boletín Informativo de CODEPU
"Derechos Humanos Hoy". Septiembre-octubre de 1998 a mayo-junio del 2000La detención del dictador abre de nuevo las grandes alamedas
Editorial Informativo CODEPU Derechos Humanos HOY Nº 19, septiembre-octubre 1998Este año se conmemora el 50º aniversario de la Declaración Universal de Derechos Humanos. Podría interpretarse como una ironía de la historia el hecho de que la celebración de este medio siglo coincida con la detención en Londres del ex-dictador chileno. Augusto Pinochet, la que abre una posibilidad cierta de que tenga que responder por los crímenes de lesa humanidad cometidos durante su régimen militar.
Este caso emblemático ha acaparado la atención de la prensa y la opinión pública en vastos sectores del mundo por su enorme importancia en, al menos, tres niveles problemáticos:
el jurídico, el político y el ético. Desde la perspectiva jurídica, se interroga por la competencia de tribunales extranjeros para juzgar crímenes de derechos humanos más allá de las jurisdicciones tradicionales de administración de justicia, poniendo a prueba con ello la verdadera efectividad de las decenas de Convenios Internacionales que reconocen la naturaleza fundamental de estos derechos.
En el mundo político, el caso Pinochet interpela la voluntad de las autoridades gubernamentales de los países involucrados para hacer efectivo el concepto de universalidad de crímenes contra la humanidad, evitando toda forma de impunidad, mediante una actitud de compromiso con la verdad y la justicia, y otorgando así, signos inequívocos para eventuales crímenes de esta índole en el futuro.
Éticamente, tanto las diversas querellas presentadas contra el ex-dictador, como también las múltiples manifestaciones realizadas en distintas partes de Europa, demuestran el repudio moral y cívico que el mundo siente frente a este tipo de delitos, en los que se atenta no sólo contra una persona individual o un pueblo determinado, sino que se trata de violencia ejercida contra la humanidad como tal. Es la estrecha cooperación y solidaridad internacional las que pueden perfilar una verdadera acción internacional por la promoción y protección del ser humano en cuanto humano.
Entre los tantos significados jurídicos del caso Pinochet, uno de los más importantes es la validez de los Convenios Internacionales. Aunque existan muchos tratados al respecto, como el Estatuto de Nuremberg, la Convención para la Prevención y Sanción del Delito de Genocidio de 1948, los Cuatro Convenios de Ginebra de 1949, la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes de 1984, entre otros, el Derecho Penal Internacional es relativamente nuevo y no presenta una amplia jurisprudencia. Por eso, la actual invocación de los Estados Europeos a dichos pactos -en el caso Pinochet- está reconociendo su poder y su solidez. De los principios se ha pasado a la acción jurídica sentando con ello una jurisprudencia histórica en el derecho internacional penal.
La persecución sin fronteras, el concepto de universalismo, presenta una perspectiva jurídica y otra política. Ambas juegan roles importantes. A pesar que esta jurisdicción universal de los crímenes contra la humanidad se origina hace 50 años, ha sido poco utilizada por los Estados debido a sus implicaciones políticas, en el sentido que este derecho internacional es superior al derecho nacional, aunque reclamen que es una intromisión en los asuntos internos.
El caso Chile, el de Ruanda y el de la ex-Yugoslavia, están demostrando que cuando los delitos son tan graves, la comunidad internacional tiene la obligación de intervenir. Como afirman los catedráticos expertos. Diego López Garrido y Mercedes García Aran, "España está interesada en perseguir estos crímenes porque es miembro de una comunidad internacional que ha sido lesionada por ello...España no sólo puede, sino que está obligada a perseguir, juzgar y condenar a los culpables de esos crímenes."
La otra perspectiva política que se juega en este caso, es la impunidad. Esta decisión política, de no juzgar a los responsables de violaciones a los derechos humanos, se basa en un tipo de auto-amnistía que se otorgan los gobiernos para asegurar que sus crímenes queden impunes. Los defensores de Pinochet argumentan que, en su calidad de jefe de Estado, no tiene que responder por sus delitos, es decir, que quede impune. Las leyes de amnistía buscan lo mismo, impunidad.
Esa decisión política de esconderá los criminales de la justicia es completamente contraria al derecho penal internacional. El cuestionamiento a la supuesta legitimidad política de la impunidad, no sólo en Chile sino que en el mundo, aparece hoy con más fuerza que nunca. Cada día que pasa, el ocultamiento de estos crímenes será más difícil, así como también evitar el juicio a sus responsables. Al respecto, el artículo IV de la Convención para la Prevención y Sanción del Delito de Genocidio, establece que las personas que hayan cometido genocidio serán castigadas, se trate de gobernantes, funcionarios o particulares, y el artículo VII señala que, para Los efectos de extradición, este tipo de delitos no es considerado como delito político.
El juicio a Pinochet ha concitado un amplio respaldo mundial Este respaldo se interpreta como un repudio a lo que la conciencia de la humanidad ha sancionado como principio ético mínimo: en la acción política no todo está permitido. La acción política debe encaminarse hada la promoción de la paz, de la convivencia pacífica y del respeto a los derechos y la dignidad de las personas, en especial si se trata de la conducta de los poderes del Estado. Ya no se pueden seguir aceptando juicios tales como el que sostenía un joven que participaba en una manifestación de apoyo al ex dictador "[Pinochet está preso] porque asesinó a mucha gente y a muchos extranjeros, pero no es justo juzgarlo porque él nos salvó del comunismo" (El Mercurio, l/ll/ 98).
Seguramente en las semanas venideras nuevas polémicas y teorías sobre el caso Pinochet serán debatidas y, aunque el destino del ex-dictador chileno sea incierto, hay algo que es seguro: las cuestiones que su caso ha levantado se mantendrán en el tapete. Se ha entrado en una nueva etapa del derecho penal internacional Por ahora, España e Inglaterra ha realizado una acción de justicia simbólica y los gestos de solidaridad internacional están recuperando la dignidad de lo humano, a dos años de un nuevo milenio.
Pinochet: otra vez ante la justicia británica
Editorial Informativo CODEPU Derechos Humanos HOY Nº 20, noviembre-diciembre 1998En los próximos días en Londres, ante la Cámara de Los Lores, se va a decidir nuevamente la situación del dictador Augusto Pinochet Ugarte, después de la anulación del fallo anterior. Chile y la opinión pública internacional, están expectantes ante este nuevo pronunciamiento de la Cámara de los Lores que tiene una vez más un carácter histórico ya que sentará un precedente jurídico desde la perspectiva de la normativa internacional de los derechos humanos.
Este nuevo fallo no partirá de cero, pues tiene como antecedente los fundamentos jurídicos del fallo anterior pronunciado por los Lores. Este tuvo la importancia de reafirmar un principio jurídico fundamental, que no cabe la inmunidad diplomática en los casos de crímenes de lesa humanidad, como lo establecen diversas convenciones internacionales, en especial la Convención Internacional contra el Genocidio.
Durante este período se han intensificado los esfuerzos de la derecha y el pinochetísmo, que han contado con la complacencia del Gobierno de la Concertación para lograr que este nuevo fallo sea favorable a Pinochet. Pero, a pesar de esto, la condena internacional es tan fuerte que incluso el viaje del presidente del Senado Andrés Zaldívar, no tuvo los resultados esperados.
Sin embargo, el estado de alerta se mantiene, aún más ante los anuncios de la derecha de movilizarse masivamente para ir a Londres. Desde el mundo de los derechos humanos, una delegación formada por abogados, familiares y victimas viajará hasta la capital inglesa, con el fin de ir a testimoniar y sensibilizar a la opinión pública y autoridades británicas respecto a la verdad de lo que ocurrió en Chile y a la necesidad de que Pinochet sea extraditado a España, para que sea sometido ajuicio. La presidenta de CODEPU, abogada Fabiola Letelier, y la presidenta de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos, Sola Sierra, forman parte de esta delegación.
El Gobierno de la Concertación ya ha puesto en marcha su estrategia de defensa del dictador, desde que ésta se resolvió por el Consejo de Seguridad Nacional, y ha solicitado formalmente comparecer ante la Cámara de los Lores, lo que fue aceptado. Esta postura vergonzosa del gobierno chileno, contrasta con su absoluta despreocupación hada las victimas, las que no han sido escuchadas. Frente a esta actitud La Agrupación de Familiares de Detenidos Desapareados resolvió permanecer frente a La Moneda con el fin de ser recibidas. Finalmente, después de varias horas, se les comunicó que el Presidente de la República, les daría audiencia próximamente.
La posición del gobierno no tiene sustento jurídico frente al avance que ha tenido el derecho internacional de los derechos humanos y la supremacía que estos tienen más allá de la soberanía de cada país, en virtud de los tratados internacionales vigentes y ratificados por Chile. Ningún país puede escudarse en su soberanía nacional para amparar a criminales de lesa humanidad.
En las últimas semanas, el gobierno chileno ha intensificado su estrategia destinada a convencer que es posible juzgar a Pinochet en Chile, sin embargo todos sabemos que las condiciones institucionales y jurídicas existentes en nuestro país impiden que esto sea posible. La demostración más palpable, es la existencia del Consejo de Seguridad Nacional que se ha constituido en un suprapoder por sobre el gobierno, mediante el cual las fuerzas armadas ejercen su poder.
La detención de Pinochet en Londres dejó en evidencia dos aspectos esenciales. Por un lado, que no existe en nuestro país una verdadera democracia y que los enclaves dictatoriales estableados en la Constitución de 1980, creada por Pinochet, actúan eficientemente para servir a los intereses del pinochetismo -como ha ocurrido, por ejemplo, con los senadores designados y vitalicios quienes por sí y ante sí resolvieron suspender el funcionamiento del Senado-; por otro lado, se ha demostrado el fracaso de la transición que se quiso imponer sobre la base de la impunidad, tratando de relegar el tema de los derechos humanos a un segundo plano y desconociendo que las principales crisis políticas han estado vinculadas al tema, como ocurrió con los ejercicios de enlace, el boinazo entre otros.
Hoy la mayoría de los sectores coinciden en lo que el mundo de los derechos humanos hemos planteado por años, que no habrá una verdadera democracia mientras no exista verdad y justicia.
La carta que Pinochet dirigió a los chilenos, es la más clara muestra que las posibilidades de reconciliación en nuestro país están bastante lejanas, ya que no existe -por parte de quien fue el principal responsable de las violaciones a los derechos humanos- ninguna disposición a reconocer sus crímenes ni cooperar en la búsqueda de la verdad. Asimismo, junto con tergiversar La historia, contiene mentiras evidentes como es señalar que un tercio de las victimas eran miembros de las fuerzas armadas.
Un primer paso para el reencuentro real de los chilenos pasa por aceptar que en este país se impuso un terrorismo de Estado cuyo resultado fueron miles de victimas.
Por otra parte, en el marco de la crisis política que se ha generado, el Poder Judicial, ha apareado comprometido abiertamente con la impunidad. Así se lee en las propias declaraciones de su presidente, quien ha reafirmado varias veces que debe ser aplicada la amnistía, la prescripción o la cosa juzgada. En este sentido, no ha variado sustancialmente la condena que el Informe de la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación realizó hacia el Poder Judicial, por su denegación de justicia durante la dictadura. Es en este contexto adverso para la causa de los derechos humanos que, sin embargo, aparece como un signo positivo uno de los últimos fallos de la segunda sala penal de la Corte Suprema, que ha revocado la amnistía en el Proceso de Parral. En este proceso se investiga la detención y desaparición de 34 detenidos desapareados en esa localidad. La Corte ordenó reabrir la causa, por considerar que el secuestro es un delito de carácter permanente y que la investigación no se encuentra agotada mientras no se identifique a los responsables. En este proceso se ha mantenido vigente tres auto de procesamiento hada los responsables de las detenciones y posterior desaparecimientos.
Sin embargo, como dice el refrán, una golondrina no hace verano, ya que en esencia la amnistía sigue siendo el principal instrumento de impunidad, junto a la existencia de la justicia militar para estos casos y la presencia del Auditor General del Ejército en la Corte Suprema. Pero, el principal problema en Chile está en la ausencia de voluntad política que para juzgar a Pinochet, a pesar que la mayoría del país ha reafirmado en sucesivas encuestas que quiere verdad y justicia.
La expresión más clara de la impunidad existente en nuestro país en lo jurídico, es el hecho que de las 3.197 victimas de violaciones a los derechos humanos declaradas con convicción por el Informe de La Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación y la Corporación Nacional de Reparación, en sólo 11 de ellas se ha logrado que sus procesos culminen en sentencias condenatorias, de las cuales, con excepción de una, todas corresponden a casos posteriores a la amnistía. En lo moral, es el hecho que destacados miembros de la dictadura mencionados en diversos procesos, ocupan cargos legislativos y hasta hoy no responden de sus crímenes.
Es por esto que, junto a la gran mayoría de los chilenos, esperamos que el fallo en Londres sea nuevamente negativo a Pinochet. Si así no fuera, no cabe duda que seguiremos luchando, a pesar de los obstáculos por hacer justicia en Chile.
La verdad & Pinochet
Editorial Informativo CODEPU Derechos Humanos HOY Nº 22, marzo-abril de 1999La detención de Pinochet en Londres ha desatado una batalla legal trascendental para el futuro de los derechos humanos y ha obligado al ex-general a buscar costosos expertos jurídicos para su defensa. Junto a ello, hay también un no menos costoso equipo de asesorías comunicacionales que han tratado de revertir la imagen mundial de dictador de la que goza Pinochet. En una batalla legal, con muchas influencias políticas, la imagen internacional es un elemento importante de considerar ante mandatarios que no se mueven sin una encuesta en la mano y una opinión pública cada vez más consciente de los derechos humanos.
Tras este objetivo se han editado numerosas publicaciones que se distribuyen a miles de destacados e influyentes europeos, se han asegurado espades en medios de prensa escrita, televisión e internet, y se han realizado múltiples viajes de parlamentarios de derecha y grupos empresariales a Inglaterra para contar su verdad.
En Chile esta campaña ha tenido un fin muy explícito: proyectar el gobierno de Las FFAA -principalmente sus logros económicos- y al ex general como uno de los grandes presidentes y estadistas de Chile. A través de publicaciones de destacados historiadores, preparación de archivos con materiales secretos y eventos realizados por universidades afines a la derecha, se revisan y exponen los antecedentes que permiten justificar el golpe militar en la visión de quienes lo gestaron. El Ejército ha concluido recientemente dos seminarios donde se concientiza e instruye a los nuevos oficiales sobre los logros del Gobierno Militar y la supuesta guerra a la que se enfrentaron.
Dentro de esta misma estrategia apareció la "Carta a los chilenos", que Pinochet escribió detenido en Londres y que fue publicada el 11 de diciembre pasado. Ella marca una pauta sobre los argumentos que justifican la acción militar e ilustran el papel de "héroe" que Pinochet se asigna a si mismo. Con estas iniciativas, los asesores y colaboradores de Pinochet esperan contrarrestar a una opinión pública que ya ha dado su veredicto. Esta, en su mayoría, cree que Pinochet efectivamente es culpable de las violaciones de las que se le acusan. (1)
El trabajo desarrollado por los organismos de derechos humanos, y por las propias victimas, para dejar testimonio e investigar sobre las violaciones a los derechos humanos y sus consecuencias, permiten contrarrestar la tergiversación que se quiere hacer de los hechos y han contribuido a evitar la impunidad total.
El Relator Especial de Naciones Unidas para el tema de Impunidad de los autores de violaciones para los derechos civiles y políticos, Louis Joinet, incluye en su informe -como principio- el derecho inalienable de un pueblo al conocimiento de la verdad. Este "derecho a la verdad" reconoce a las victimas y sus familias el derecho a saber cómo se cometieron estas violaciones, y al pueblo a tener y resguardar una memoria sobre esto. Una tarea en donde el Estado tiene una responsabilidad ineludible: el "deber de recordar". El relator plantea dos formas de trabajo: las comisiones extrajudiciales y la conservación de archivos públicos. (2)
El aporte más reconocido del Estado chileno ha sido el Informe Rettig, emitido en marzo de 1991. Aunque se limitó a las violaciones al derecho a la vida, tuvo un efecto político importante. Pero no tuvo un papel educativo más relevante, ya que los intentos de masificar sus contenidos y recomendaciones fueron prontamente abortados por el gobierno tras la muerte del Senador Jaime Guzmán, en abril de 1991 y, hasta ahora, no se han hecho esfuerzos por generar acciones concretas que permitan a la sociedad romper con las barreras del olvido y la negación que de los hechos se quiere hacer. Aún más, los gobiernos de Aylwin y Frei más bien han apoyado iniciativas políticas y legales que pretendieron dar un punto final al tema, las que afortunadamente no prosperaron.
Tampoco se ha creado un archivo nacional y público que recopile toda la información de las comisiones creadas por el gobierno y permita divulgar y acceder a los numerosos testimonios y trabajos de investigación realizados en Chile.
Las propuestas del Informe Rettig sobre reparación y prevención de violaciones a los derechos humanos comprometen al Estado en tareas que permiten la búsqueda y proyección histórica de la verdad, iniciativas que hoy están en el olvido. Al contrario, desde la detención de Pinochet en Londres el gobierno ha dejado las puertas abiertas para el proceso de revisión de la historia que pretende hacer el mundo pinochetísta, y no cuestiona la realización de actos y seminarios en la Escuela Militar.
En un Manifiesto elaborado y suscrito por un importante grupo de historiadores chilenos se refuta la manipulación que hay detrás de la Carta de Pinochet y del enfoque que se quiere dar al proceso histórico que llevó a los militares a dar el Golpe de Estado, y se denuncian los énfasis que hace la derecha política y los colaboradores de Pinochet cuando resaltan antecedentes que permiten justificar el Golpe Militar, con el pretexto del fantasma del marxismo. (3)
Si se intenta cubrir con un manto de impunidad las violaciones sistemáticas a los derechos humanos realizadas bajo la dictadura, resulta muy difícil pensar en que efectivamente podamos avanzar hada una sociedad donde el derecho a la verdad pueda ser realizado colectivamente. Y, una vez más, el papel del gobierno ha sido prácticamente irrelevante en la generación de iniciativas que rescaten del olvido la memoria colectiva. Como plantean los historiadores en su Manifiesto, conocer y discutir estos temas no sólo es hablar del pasado sino también del futuro, y estamos ante un acomodo de la verdad de ciertos sectores para finalmente imponernos una mentira o, en otros casos, silenciar y rehuir la verdad de los hechos .
La proyección de Pinochet y la gestión de la fuerzas Armadas que éstos sectores se arrogan, junto a la inercia y la falta de iniciativas para discutir y procesar una parte importante y traumática de la historia del país, son consecuencia de esta transición pactada y tiene efectos
negativos en la consolidación de una real democracia. A Pinochet lo reconforta saber que dejó todo amarrado y tutelado y que cuenta con los medios para seguir proyectándose, y en esa linea se esforzará al máximo para no sólo morir creyendo que tema la verdad, sino también, para que sus seguidores y todo el país, vean en él, en las Fuerzas Armadas y en sus empresarios la reserva moral que necesitan para transitar al siglo veintiuno.
Sin embargo, ahora la historia nos ha dado una nueva oportunidad, donde un Pinochet vanidoso y prepotente ha conocido la prisión, el exilio y el olvido paulatino. A miles de chilenos esto les ha dado la confianza para sentir una mayor libertad y gozar de momentos de justicia e incluso afirmar que Chile puede funcionar y soportar la lejanía de Pinochet. Un momento en que el pueblo puede hacer un nuevo esfuerzo por dejar fluir toda la verdad, desprenderse de sus miedos y lograr que La anhelada justicia también quede grabada en la historia.
El Juicio a Pinochet en Europa rompió esa aureola de omnipotencia que el dictador tenia. Lo dejó desnudo enfrentado a la humanidad que lo ve como el ejemplo de lo que no se puede permitir luego de 50 años de avance de los derechos humanos. Pinochet seguirá, sin duda, escuchándose a si mismo y, posiblemente, morirá como el héroe que siente que es, pero la historia necesita mucho más que eso para escribirse, y hoy la pluma está en manos de quienes fueron sus víctimas, de quienes entienden y defienden el valor de la justicia y de quienes luchan persistentemente por los derechos humanos, contra el olvido y la impunidad.
La justicia no es negociable
Editorial Informativo CODEPU Derechos Humanos HOY Nº 23, mayo-junio de 1999Las violaciones a los derechos humanos ocurridas en Chile son delitos inamnistíables e imprescriptibles y no están sometidos a negociación alguna ni son materias plebiscitables. Frente a estos gravísimos y cobardes crímenes sólo corresponde hacer justicia.
La detención de Pinochet restableció por la fuerza de los porfiados hechos una verdad que diversos sectores políticos quisieron negar. La transición política no estaba acabada porque dos de sus más esenciales problemas no han sido resueltos: verdad y justicia frente a las graves violaciones de derechos humanos que ocurrieron en el país y las reformas constitucionales que permitan un verdadero ensanchamiento del proceso democrático.
Con Pinochet detenido en Londres se desencadenaron una serie de hechos que buscan hacerlo volver al país. Las fuerzas armadas han presionado al gobierno para que asuma una defensa más decidida del dictador. A esta presión, el propio gobierno la ha llamado «deliberación conducida» en las FFAA, que persigue evitar un golpe militar. Circuló la noticia que había una reactivación de grupos ultraderechistas que estarían desarrollando una estrategia de desestabilización del país a través de la violencia terrorista, puesto que consideran que es la única forma de traer a Pinochet. Las políticas gubernamentales pasan de una estrategia jurídica a una política de negociación entre jefes de Estados o de apertura a un espacio de negociación política entre Estados; o, las otras estrategias serían no reconocer la jurisdicción, en especial la de España o bien se harán parte del proceso o buscarán el desafuero de Pinochet en Chile e insistirán en la denuncia de atropello a la soberanía nacional.
A nivel de la justicia, con incredulidad se observa el avance de las investigaciones de los tribunales chilenos en una serie de procesos de violaciones de derechos humanos. Los juicios por los llamados casos Tucapel Jiménez, Operación Albania y Caravana de la Muerte, entre otros, tienen en este momento procesados a 33 miembros del Ejército, Carabineros, Fuerza Aérea e Investigaciones.
Si bien estos avances de la justicia son significativos, también podrían explicarse como una estrategia que busca la vuelta del dictador al país, en razón de que se haga creíble que efectivamente acá se le puede juzgar. Esta sospecha surge especialmente en el caso de la Caravana de la Muerte, que está directamente relacionada con el juicio que se lleva contra Pinochet en Chile.
Estos hechos, por el evidente clima de tensión que generan, han puesto alterna pendiente de derechos humanos en el eje de la agenda política nacional.
Y ahora toda la acción se centra en las negociaciones entre los sectores políticos de la Concertación y la oposición de derecha, avaladas por las respectivas comisiones de derechos humanos del senado y de diputados en torno a lograr un acuerdo en tópicos como las modificaciones constitucionales; la Ley de Amnistía que permita investigar hasta dar con el paradero de los detenidos desaparecidos, modificando la resolución de sobreseimiento temporal por el definitivo después de un año de investigaciones y, que luego aquella se aplique; facilitar al máximo la entrega de información sobre detenidos desapareados, penalizando al que la oculte y para quien la entregue, atenuante, atenuante calificada o, incluso la fórmula de delación compensada; "compensaciones efectivas" tendientes a mejorar considerablemente la calidad de vida vía un programa especial Y, como fórmula de legitimación política se plebiscitaría la "acordada solución".
Dada la historia de impunidad que existe frente a estos crímenes, se ve con preocupación la posibilidad que en definitiva se esté montando una operación política que terminará imponiendo una salida de Punto Final, que negocia la abdicación de justicia a cambio de mayores espacios de democracia.
Ello constituiría un profundo error, que sólo daría continuidad a este drama nacional. Los familiares de las victimas y los organismos de derechos humanos han sostenido categóricamente que, fundamentados en el derecho internacional, las violaciones a los derechos humanos ocurridas en Chile por su naturaleza son delitos inamnistiables e imprescriptibles, por lo que no están sometidos a negociación alguna ni son materias plebiscitables. Frente a estos gravísimos y cobardes crímenes sólo corresponde hacer justicia.
En este sentido, al Estado le corresponde generar las condiciones para garantizar el ejercicio de la justicia y los diferentes actores políticos nacionales debieran sumarse a un esfuerzo que acabe con los dos grandes obstáculos de la justicia: el D.L. de Amnistía y la justicia militar. Derogada aquella y delimitada el rol de ésta, tribunales independientes y autónomos debieran investigar y juzgar inspirados en el derecho nacional, que a su vez debe regirse por los principios del derecho internacional, dado los compromisos que ha asumido el Estado nacional frente a la comunidad internacional.
Pero esta cuestión tan simple, aún no quiere ser aceptada por muchos en el país. Nos
preguntamos, por ejemplo, qué busca el General Ricardo Izurieta cuando con voz amenazante por lo que el poder de las armas representa para nuestra sociedad- sostiene que "el tratamiento de los derechos humanos... se puede abordar con alturas de miras, con un gran acuerdo, sin olvidar el contexto histórico en que estos hechos ocurrieron". A qué llama los "hechos que ocurrieron". Quizás el primer paso que necesita el país para avanzar en la justicia sea que las FFAA reconozcan las violaciones de derechos humanos que cometieron durante su gobierno. Lo que no puede pretender el general es encontrar justificación alguna en ningún "contexto histórico" para exculpar a la dictadura militar de sus cobardes y crueles crímenes de lesa humanidad.Quienes pretenden negociar en las cúpulas del poder debieran escuchar a ese puñado de mujeres que desde hace más de 25 años tuvieron el valor y la dignidad de denunciar -con riesgos de sus vidas- lo que en el país ocurría , y con ello fueron sembrando las semillas que alentaron las luchas por la recuperación de la democracia y el restablecimiento de un Estado de derecho, que devolviera al país una institucionalidad que venga a garantizar efectivamente la convivencia pacifica y civilizada al interior de nuestra sociedad. Hoy más que nunca hay que escucharlas en su clara exigencia de JUSTICIA NADA MAS, PERO NADA MENOS.
No a la Mesa de Diálogo
Editorial Informativo CODEPU Derechos Humanos HOY Nº 24, julio-agosto de 1999El violento malestar que ha causado en las FFAA y Carabineros y en la derecha nacional la detención de Pinochet en Londres por requerimiento de los tribunales de justicia españoles (16/ 10/98) y los inéditos avances de las investigaciones de los tribunales chilenos en una serie de procesos de violaciones de derechos humanos (casos Tucapel Jiménez, Operación Albania, Caravana de la Muerte, entre otros) como era de suponer, ha generado a su vez, una fuerte presión de estos sectores hada el gobierno, con el objeto que éste busque fórmulas para volver al dictador al país y evite que los tribunales juzguen a los responsables directos de los crímenes cometidos. El gobierno se ha dejado presionar. Obsecuente con las presiones, ha diseñado una estrategia que procura liberar a Pinochet y volverlo al país.
Esta debilidad del gobierno se sustenta en dos falsos supuestos. El primero, suponer que al enfrentar el tema de las violaciones graves a los derechos humanos con una voluntad clara y decidida en apoyo a la verdad y justicia dividiría al país; y segundo, que la liberación de Pinochet bajaría la presión a la creciente tensión que se vive por causa del malestar del militarismo. O también podría ser que esta debilidad sea aparente, si ya existe la decisión gubernamental de garantizar definitivamente la impunidad de las violaciones de derechos humanos.
Así se explica la nerviosa preocupación del mundo político que desencadenaron, especialmente, los discursos y entrevistas del General Izurieta, Comandante en Jefe del Ejército, en los que ha criticado la lentitud e ineficacia de las gestiones del gobierno, ha respaldado institucionalmente a los miembros del ejército involucrados en las violaciones de derechos humanos y requeridos por la justicia y ha afirmado, una vez más, que las instituciones castrenses no tienen información sobre los crímenes cometidos. Esta preocupación se tradujo, finalmente, en la llamada Mesa de Diálogo, que debería culminar fuera de ella con un proyecto de ley que zanje el problema de las violaciones de derechos humanos.
En efecto, durante el mes de agosto el gobierno, a través del Ministro de Defensa Edmundo Pérez Yoma, convocó a la Mesa de Diálogo. Se constituyó el 21 de agosto, en el edificio Diego Portales que fue la sede de gobierno de la dictadura militar, con 24 personalidades del mundo gubernamental, militares, representantes de iglesias, intelectuales y 5 abogados de derechos humanos, con el objeto de crear una instancia formal orientada a encontrar los restos de los detenidos desaparecidos y buscar una solución al tema de los derechos humanos.
Simultáneamente, la Mesa se levantó con el apoyo de una fuerte campaña comunicacional que censuró férreamente la expresión disidente, ha resaltando el prestigio y la figura de las personalidades que la componen y, consecuentemente, acusa a las personas y organismos que la rechazan de antidemocráticos e intransigentes porque se niegan a dialogar.
A pesar de ello, las Agrupaciones de Familiares de Víctimas, organismos de derechos humanos, cerca de 40 abogados de derechos humanos, ONG, organizaciones sociales, gremiales, políticas, y múltiples personalidades ligadas a La defensa de los derechos humanos han expresado su categórico rechazo a la formación de esta Mesa, fundado en una legitima sospecha que emerge de la propia realidad país. Son los hechos transcurridos por más de 25 años, los que fundamentan y legitiman la sospecha que nos asiste sobre las intenciones últimas de la mesa de diálogo: imponer una salida de Punto Final
Los cobardes y crueles crímenes cometidos, la negación de la comisión de estos crímenes, desligar la responsabilidad institucional y señalar que fueron excesos cometidos por unos pocos, pretender justificar los crímenes en un contexto histórico de violencia, la existencia del Decreto Ley de Amnistía que garantiza la impunidad, la falta de voluntad política del gobierno para garantizar la realización de la justicia, la soberbia de la derecha y del militarismo, la institucionalización de todas estas conductas, etcétera, es lo que nos induce a sospechar. ¿Por qué ahora, cuando la justicia internacional detiene a Pinochet y la justicia nacional avanza en las investigaciones, diversos sectores nacionales están tan repentinamente interesados en solucionar el problema pendiente de verdad y justicia, más aún, cuando muchos de ellos mismos nunca han demostrado disposición alguna al respecto? ¿Por qué debemos confiar en sectores que continúan dando respaldo institucional a los autores materiales de los graves crímenes cometidos? ¿Por qué debemos confiar en instituciones que niegan tener información de los crímenes que ellas mismas cometieron? ¿Por qué se puede confiar en instituciones que se niegan a reconocer los delitos que cometieron y a pedir perdón público al país?
Tal como lo señalaron los abogados de derechos humanos en declaración pública reiteramos que es un hecho conocido nacional e internacionalmente que la política exterior del Gobierno está orientada a obtener la liberación y retorno al país del dictador Augusto Pinochet Ugarte, con la Mesa de Diálogo se favorece a Pinochet con un nuevo argumento que se utiliza intemacionalmente: existen supuestas conversaciones dentro de Chile entre las partes involucradas en el problema a las violaciones de derechos humanos. Con ello se arguye una razón más para descalificar la competencia de los tribunales españoles y británicos en el caso Pinochet
Ahora que es el momento clave para cerrar filas en tomo al ejercicio jurisdiccional del Poder Judicial -que reinterpreta el Decreto Ley de Amnistía- como única forma de lograr la verdad y la justicia en las violaciones de derechos humanos en nuestro país, la concurrencia a la llamada Mesa de Diálogo distrae la atención nacional desde lo que es la labor eficaz de los tribunales de justicia hacia conversaciones extrajudiciales que no tienen la más mínima posibilidad de prosperar.
Si durante veinticinco años en Chile se ha llevado a cabo una tenaz y heroica labor ante la justicia de nuestra patria para que ejerza efectivamente sus atribuciones, la llamada Mesa de Diálogo distrae de estos objetivos, precisamente en los momentos culminantes en que nuestra labor de años está dando sus frutos, tanto a nivel de la justicia nacional como de la justicia internacional, y es por tanto, absolutamente inoportuno que en estos momentos se dé la imagen de que se ha abierto un nuevo frente serio desde el cual supuestamente podrían surgir bases diversas para una auténtica reconciliación. Por el contrario, este momento culminante en la justicia chilena aconseja de la manera más perentoria de que más que nunca tenemos que concentrarnos en ella y no distraernos, ni a nosotros ni a la opinión pública nacional e internacional sumiendo a todos, y en especial a las victimas, en una nueva confusión que atenta contra los logros obtenidos.
Por estas razones se apoyó, de manera irrestricta, la posición de las Agrupaciones de no participar en la Mesa de Diálogo que promueve el señor Edmundo Pérez Yoma, como tampoco a otorgar representación alguna a quienes concurran a ella. Esta decisión de las Agrupaciones fue esencial para vaciar de cualquier legitimidad a la mesa. No podía ser de otra manera, si esta iniciativa de diálogo pretende situar a los victimarios en el mismo nivel de las victimas, si pretende reducir el problema de las violaciones de derechos humanos a los detenidos desapareados y a encontrar sus restos, y si pretende que la información con la que cuentan las Fuerzas Armadas y Carabineros frente a los crímenes que se investigan sea entregarla en la Mesa de Diálogo y no a los tribunales de justicia, como es su obligación legal
No se puede ser ingenuo. La llamada "Mesa de Diálogo" sólo es parte de una estrategia que persigue volver al dictador al país y garantizar la impunidad, con lo que falsamente se cree garantizar la paz social.
Celebramos un año de la detención del dictador
Editorial Informativo CODEPU Derechos Humanos HOY Nº 25, septiembre-octubre 1999Junto a las múltiples celebraciones realizadas en diversas partes del mundo, en Santiago, el 16 de octubre pasado más de 15 mil personas también celebramos un año de la detención del dictador en Londres, con una marcha carnavalesca por la Alameda.
¿Qué celebrábamos? El simple hecho de saber materializado el principio de justicia que nos ha sido negado en nuestro país por más de 25 años. Habríamos preferido que el dictador fuese juzgado en su propio país. Pero, como es sabido, en Chile impera la impunidad y no hay condición alguna para la Verdad y la Justicia de los crímenes de lesa humanidad cometidos.
Después de la detención de Pinochet se evidenció, en forma de crisis, que el tema de las violaciones de derechos humanos no se podía seguir postergando ni manteniendo en la impunidad. Pareció entonces, que su detención en Londres llevaría a los diversos sectores nacionales a reconocer que había llegado el momento de asumir que nos habíamos equivocado en La fórmula que aplicamos para resolverlo, y que era urgente entonces generar condiciones para restablecer La igualdad ante la ley y el derecho, propiciando el autónomo funcionamiento de los tribunales para el conocimiento de la verdad y la realización de la justicia.
Nos equivocamos. Inmediatamente después de la detención, con la soberbia de siempre, la derecha nacional implemento una campaña que se ha sustentado en el miedo, amenazando soterradamente a la población con la repetición de la violencia de un golpe militar. Además, ha pretendido justificar los crímenes cometidos afirmando que existió un contexto histórico de violencia que, según ellos, habría originado la izquierda chilena. Cuando algunas voces aisladas de ella reconocen los crímenes cometidos. Lo hacen blanqueando la obra del gobierno militar al argüir que estos fueron excesos de algunos pocos y elevando siempre a la categoría de héroe nacional al dictador.
Por su parte, mientras la justicia británica daba luz verde a la extradición, el gobierno en una actitud obsecuente implemento una serie de políticas para liberar al dictador y volverlo al país con el sólo objeto de que con esta acción se restablezca la "estabilidad democrática" amenazada. Para ello miente cuando dice que Pinochet debe ser juzgado en su país. Para ello debilita al sistema internacional de derechos humanos cuando desconoce la gravedad de los crímenes de los que está acusado el dictador y cuando insiste en defender la inmunidad diplomática y la soberanía jurisdiccional de un violador de derechos humanos que, además, no titubeó en cometer actos criminales de terrorismo de Estado en países extranjeros. Este desconocimiento al derecho internacional ha llegado a niveles extremos ahora que Chile buscó y logró un apoyo mayoritario para rechazar la aplicación extraterritorial de la ley en la Cumbre de Presidentes en La Habana, con el cual los gobiernos de la comunidad iberoamericana se cubren de un nuevo manto de impunidad ante las violaciones de derechos humanos del pasado, presente y futuro. Pero, sobre todo, estos argumentos niegan los cambios que se están produciendo en el mundo: la justicia, la política, la economía, ya no pertenecen a un pueblo sino que son patrimonio de toda la humanidad.
Y, como último recurso, cuando ya no encuentra fundamentos jurídicos que le permitan liberar al dictador, acude a las "razones humanitarias", para intentar resolver por la vía política lo que por la vía de la justicia ha sido inaceptable.
Los hechos nos dan la razón. Una serie de medidas que se han impuesto al país para solucionar el llamado problema pendiente de derechos humanos, como por ejemplo la creación de la llamada Mesa de Diálogo, no son más que parte de una estrategia que tiene por finalidad engañar a la comunidad internacional haciéndola creer que en Chile hay voluntad para juzgar a Pinochet, y así fundamentar más sus argumentos que buscan garantizar su liberación y retorno.
Lo demuestra sobre todo la actitud de las FFAA. A un año de la detención del dictador caen, como vaso de agua fría en contra del gobierno, las palabras de las FFAA que por medio de
una de sus figuras más representativa, el Comandante en Jefe del Ejército, Ricardo Izurieta, critica los juicios contra los militares que llevan los tribunales nacionales al sostener que "el desfile de los militares ante los tribunales ha causado en nuestras tropas y en parte importante de la ciudadanía sentimientos encontrados, que no siempre es fácil mantener en los cauces que todos quisiéramos"; que "la lealtad, el espíritu de cuerpo o el compañerismo...es la filosofía que nos hace sentirnos emocionalmente y afectivamente solidarios con quienes, arriesgando sus vidas a diario, debieron enfrentar la subversión en forma directa y valerosa"; que "no nos parece éticamente aceptable caer en la tentación de juzgarlos por hechos acaecidos en un contexto en que imperaba la lógica de guerra y odio impuesto por los enemigos de Chilew; y que "no podemos aceptar el supuesto de algunos sectores que sostienen, sin fundamentos, que poseeríamos las respuestas que lleven a conocer la verdad de tantos y tan complejos asuntosw (La Tercera, 10/ 11/99). Sin esfuerzo hermenéutico alguno, respectivamente se dice que existe la posibilidad de que se desate una nueva ola de violencia golpista; se ratifica la solidaridad del cuerpo militar con todos los violadores de derechos humanos y se continúa sosteniendo que sus cobardes crímenes fueron actos de heroísmo patrio; se descalifica la conducta de los jueces que están juzgando a los criminales; y se niega una vez más que las FFAA tengan información alguna sobre los crímenes que ella misma cometió.
Esto dichos confirman la rotunda negativa a reconocer su responsabilidad en las graves violaciones a los derechos humanos ocurridas en Chile durante 17 años de dictadura, desconociendo y descalificando incluso lo que ya todo el país conoció a través del Informe Rettig. Resulta sorprendente que se insista en estos argumentos cuando todo el país sabe del poder que ostentaron las FFAA, y especialmente el ejército, cuando miles de chilenos eran torturados, apresados, allanados, expulsados del país, ejecutados, detenidos y desapareados, indefensos y sin ninguna posibilidad de defensa. ¿Cómo es posible sostener a esas alturas tales argumentos?
Días antes de la declaración de Izurieta, uno de los abogados de derechos humanos que participa en la Mesa de Diálogo sostuvo ante los medios de comunicación que en el país había llegado el momento de reconocer públicamente la gran disposición y buena voluntad de las FFAA y Carabineros para dar con una solución al problema de los derechos humanos. Este nivel de ingenuidad nos parece grave. Acaso resulta posible que luego de las afirmaciones de Izurieta, algunos sectores sigan creyendo que la Mesa de Diálogo puede conducir a la verdad respecto a algunas de las violaciones a los derechos humanos como es saber, por ejemplo, lo sucedido con los detenidos desaparecidos.
Las fuerzas armadas en Chile jamás han reconocido su responsabilidad frente a estos crímenes y jamás van a aceptar ser juzgados por ello. Si no, ¿cómo se entiende que se señale como éticamente inaceptable que militares sean procesados por estos delitos? En este contexto ¿es posible pensar que Pinochet pueda ser juzgado en Chile? Resulta absurdo pensar que alguien pueda continuar teniendo dudas al respecto.
A un año de la detención del dictador pareciera que la sociedad chilena, al menos esa que tiene acceso a los medios de comunicación, no ha aprendido nada. El acusador continúa siendo transformado en acusado, el gobierno aún no se atreve a señalar claramente que los violadores de derechos humanos son criminales y además, los grupos de ultraderecha se vuelven a organizar e intentan amedrentar a quienes luchamos por la verdad y la justicia. A pesar de esto celebramos. Celebramos un gesto mínimo de justicia y esperamos celebrar el juicio y el castigo en España.
Juicio a Pinochet
Editorial Informativo CODEPU Derechos Humanos HOY Nº 27, enero-febrero 2000Esta vez no se podrá argumentar razón de Estado para justificar la impunidad de los autores de violaciones a los derechos humanos, porque el gobierno fundamentó su defensa a Pinochet en el derecho que le cabía al Estado chileno de juzgarlo en su propio país.
Las principales discusiones políticas del último año del gobierno de Frei giraron en tomo alterna de la verdad y la justicia frente a las violaciones de derechos humanos que ocurrieron en el país durante la dictadura; ello, aunque al inicio de aquel gobierno el tema había sido absolutamente excluido de su programa, en razón de que se estaba frente a una temática que "dividía a los chilenos y ponía en riesgo la paz social".
La tremenda vigencia que ha alcanzado el problema pendiente en derechos humanos se debe, no tanto a la legitimidad ética de esta reivindicación básica, como al impacto que provocó la detención del dictador en Londres y su posterior liberación. Tanto es así que al asumir el nuevo Presidente de la República todos fuimos testigos en los actos masivos de asunción de Lagos de un clamor común que exigía: ¡Juicio a Pinochet1
Queda en evidencia entonces, el profundo error que ha cometido la Concertación en 10 años de gobierno al abdicar del principal compromiso que había asumido en la campaña del NO, en 1988, con la verdad y la justicia frente a las violaciones de derechos humanos.
El problema está ahí y ahora existe una última oportunidad para ser resuelto. Lagos lo entiende así al reconocer que la transición política no está finalizada y al indicar que "terminar con el proceso de transición es un tema complejo, ya que para ello se necesita solucionar los temas pendientes de derechos humanos. Además, se debe crear una Carta Constitucional que represente a todos los chilenos".
Es cierto, las materias de derechos humanos no se reducen al problema de verdad y justicia. La verdad y justicia; la tortura y los abusos de poder; las reformas políticas para superar los enclaves autoritarios; el sistema binominal de elecciones; la censura; los déficit de salud, educación y vivienda; la flexibilización del trabajo, el desempleo y las leyes laborales; la discriminación, el servicio militar obligatorio; la pobreza y la marginación; la riqueza y la monopolización; y muchos otros son los problemas que el nuevo gobierno tendrá que enfrentar.
Sin embargo, el relacionado con la justicia frente a las violaciones graves de derechos humanos es el más urgente, porque el gobierno quedó comprometido ante la comunidad internacional con enjuiciar al dictador en el país, después que en su política de defensa a Pinochet alegó ante el gobierno inglés del derecho que le cabía al Estado chileno de juzgarlo en su propio país, por sus propios tribunales.
Frente a esto los organismos de derechos humanos siempre sostuvimos que en Chile Pinochet no sería juzgado, porque los poderes tácticos, las leyes y las Fuerzas Armadas no lo permitirían ni lo tolerarían. Ahí están los gestos que nos dan la razón. Al arribo del dictador se le rindió honores de héroe y comandos de guerra amenazaron con la violencia y el terror.
Nos preocupa también que Pinochet continúe con el engaño de aparecer como un "hombre enfermo", tal como lo sostuvo la razón humanitaria en la que Straw basó su decisión, porque entonces no podrá ser juzgado en Chile, o al menos, esto constituiría una contradicción. Así, el gobierno tendrá que enfrentar una nueva vergüenza ante el mundo y explicar sin credibilidad alguna que el dictador no será juzgado.
Por eso, nos embargó un profundo sentimiento de frustración frente a la decisión política de la autoridad británica que liberó a Pinochet. Aquella decisión debiera haber sido de orden exclusivamente judicial dada la importancia que alcanzó el proceso de extradición para el Derecho Internacional.
No obstante, tenemos la certeza que la detención del dictador ha sido una trascendental victoria de la justicia y los derechos humanos, toda vez que, desde el 16 de octubre de 1998 la tortura es reconocida como un delito de naturaleza internacional y los autores de crímenes internacionales no tienen inmunidad alguna. Y sabemos también, que los ex funcionarios de la dictadura nunca más podrán salir del país.
Existen, sin embargo, signos alentadores para nuestra exigencia de justicia. En el país acaba de ser publicada una encuesta de opinión pública que sostiene que el 57% de la población piensa que Pinochet debe ser juzgado aunque se encuentre enfermo.
También es un hecho que durante la detención de Pinochet se dio el más significativo avance judicial en los procesos por violaciones de derechos humanos. Se reinterpretó el D.L. de Amnistía y se han sometido a procesos a cerca de 70 militares de alta graduación vinculados a los aparatos represivos. El Estado chileno, a través del Consejo de Defensa del Estado, también acordó "por estimarlo conveniente a los intereses de la sociedad y el Estado" hacerse parte en el proceso contra Sergio Arellano Stark y Augusto Pinochet en el caso de la Caravana de la Muerte.
A su vez, desde el extranjero está el exordio del Distrito de Columbia para que se someta a declarar a 46 personalidades políticas de la dictadura militar por el crimen terrorista de Orlando Letelier y Ronni Moffitt, cometido en Washington DC. Además, el Estado italiano ha pedido la extradición de Manuel Contreras Valdebenito y Raúl Eduardo Iturriaga Neumann, director y encargado exterior de la DINA, respectivamente. También, el gobierno de Bélgica, y seguramente otros, se harán parte en el proceso contra Pinochet.
Sabemos que esta vez no se podrán argumentar razones de Estado para justificar la impunidad de los criminales. Por ello, exigimos el desafuero del dictador, anular ahora el D.L. de Amnistía, limitar la jurisdicción de los tribunales militares y dar curso efectivo a los procesos judiciales por violaciones de los derechos humanos, especialmente, los que involucran al máximo responsable.
La memoria exige justicia
Editorial Informativo CODEPU Derechos Humanos HOY Nº 28, marzo-abril 2000"Se trata no de detenidos desapareados, se trata de algo que probablemente es todavía peor, Ilustrísimo Señor: se trata de personas que estaban detenidas, que fueron ejecutadas y luego de ser inhumadas o depositados sus restos en lugares desconocidos o en alguna tumba no determinada en un cementerio, sus cuerpos no han podido ser encontrados, o identificados entre los restos que han sido descubiertos" (sic). Estos argumentos arguyen para exculpar a Pinochet los mismos que, con despiadada dureza, exigen todo el rigor de La ley para el pobre ladrón de gallinas.
Los artificios argumentativos de la defensa del dictador suponen que los chilenos hemos olvidado el terrorismo de Estado que se ejerció, con La fuerza y la impunidad que permite el poder absoluto, en contra no sólo de un enemigo demonizado (la Unidad Popular) sino que en contra de toda la población. Estas insensibles leguleyadas reproducen ahora aquel odio de clase que se desató después del Golpe y que jamás fue imaginado como posible por nuestras conciencias: después del secuestro violento, en las cárceles secretas de la dictadura se torturó, violó y asesinó a cuerpos indefensos de hombres, mujeres y niños. Se burlaron del dolor de los familiares; se les ocultó y negó la verdad a ellos, a la sociedad y al mundo, como si las imágenes del suplicio y del horror que inferían cruelmente a los otros los avergonzaba a ellos mismos y ponía
en evidencia sus cobardías.Después del horror de la dictadura el país no es lo mismo. Por el horror vivido nuestras mentes no pueden olvidar lo sucedido. Por eso están ahí el Informe Rettig y las miles y miles de páginas que registran y guardan la historia vergonzosa de la patria secuestrada, torturada, desaparecida. Como ahora no pueden negar los crímenes, niegan su responsabilidad en ellos, acusan a sus subalternos, se traicionan, o buscan soberbiamente legitimarlos.
Ya no están los tiempos para los dichos del dictador. No podría responder a la ingenua espera del gobierno de un mínimo gesto del ejército, que pidiera perdón al país, con un: "por eso, cuando algunos en forma tan torpe piden que les pidan perdón a ellos, ¿a quién les vamos a pedir perdón?, ¿a los que trataron de matarnos?, ¿a los que trataron de liquidar a la Patria?, ¿A quién? Ellos tienen que pedir perdón por todos los desmanes que causaron antes del 11 de septiembre" (La Época, 12/09/94). No olvidamos sus crueles expresiones, cuando ante el encuentro de restos de detenidos desaparecidos en el Patío 29 del Cementerio General, en septiembre de 1991, exclamó a la prensa que "felicitaba a los buscadores de cadáveres"; luego, cuando se le consultó su opinión sobre el hecho que en muchas tumbas habían de a 2 cadáveres, él respondió "pero qué economía más grande" (sic) (La Nación, 03/09/91). Hablaba aún el despótico y omnipotente dictador que afirmó que en el país no se movía ninguna hoja sin su consentimiento.
Con la detención del dictador en Londres todos sus defensores afirmaron que debía ser juzgado en el país. Durante la campaña presidencial, la estrategia del candidato pinochetísta fue distanciarse lo más posible de éste y sostuvo, las pocas veces que se refirió alterna, que en Chile todos somos iguales ante la ley, cualquiera puede ser procesado y los fallos judiciales deben ser respetados. Detrás de esta demagogia efectista se alineó toda la derecha nacional.
Pues bien, hoy se desdicen de lo que sostuvieron ayer. Afirman que un eventual desafuero a Pinochet no corresponde a los términos de la transición pactada y afirman que un juicio al general pone en grave riesgo a la estabilidad democrática y la paz social A su vez, las FFAA, en particular el ejército, claramente proclaman a Pinochet como su líder natural, amenazan que no permitirán ofensas a su persona, y que cualquier afrenta al general es una ofensa al ejército de Chile. Incluso el Cuerpo de Generales yendo más lejos, le otorgó la "dignidad de Comandante en Jefe Benemérito del Ejército de Chile", con lo cual testimoniaron su compromiso de gratitud, respaldo y apoyo por siempre. Por eso que el General (R) Jorge Ballerino afirmó con total desfachatez que "indudablemente está el riesgo de juzgamiento. ¿Pero cree que las FFAA van a permitir el juicio del general Pinochet en Chile?...No creo que las instituciones armadas, por los principios y valores que han tenido siempre, soporten el enjuiciamiento al general" (Revista Caras, 06/08/99). Por eso tanta reunión de generales e inquietud en la familia militar. Pero, ¿por qué las FFAA, especialmente el ejército no tienen una actitud semejante en el caso del General Carlos Prats?, ¿por qué el ejército no ordena una investigación interna que aclare este acto de traición criminal con su ex Comandante en Jefe? Sólo guardan un silencio cómplice.
Pablo Longueira, presidente de la UDI, fue el más soberbio: "no soporto las cosas sin sentido común", por eso llamó a los tribunales "a parar la chacota" porque no resulta serio que los jueces estén sosteniendo que los desapareados están secuestrados, después de 30 años y cuando el propio Informe Rettig consignó que esas personas están muertas. Con qué respaldo ético emite este tipo de juicios hoy. Acaso no es de sentido común saber de las violaciones de derechos humanos de la dictadura, por qué no sostiene directamente que Pinochet es culpable de los crímenes, pero hay que aplicarle la ley de amnistía. También, debiera saber que el Informe Rettig señala que era "un deber de conciencia", es decir, un deber moral y no jurídico lo que los llevaba a declarar la muerte de los detenidos desaparecidos.
Por su parte, la actitud del gobierno frente a estos hechos es insuficiente. No basta con La política de la triple vía para solucionar el tema de los derechos humanos: el caso de Pinochet en los tribunales, el caso de los detenidos desaparecidos en la mesa de diálogo y las reformas constitucionales en el parlamento coordinadas por el presidente del Senado. El gobierno en relación a las violaciones de derechos humanos debe respetar los compromisos internacionales que obligan al Estado a hacer justicia, en este sentido todos los poderes del Estado deben garantizarla.
No obstante, cada vez más decididamente emerge la posibilidad real de la justicia. Justicia que representa, nacional e internacionalmente, un anhelo democrático fundamental y es la medida de reparación básica para una futura reconciliación y paz social. En efecto, la reciente resolución del Pleno de La Corte de Apelaciones de Santiago que aprueba el desafuero de Pinochet, con 13 votos a favor 9 en contra, constituye uno de los hitos históricos más importantes para Chile, porque la justicia está aceptando juzgar a un ex jefe de Estado por la responsabilidad ineludible que tiene en una serie de graves violaciones de derechos humanos que se cometieron durante su mal gobierno. Asimismo demuestra la veracidad y la fuerza jurídica de los abogados querellantes en el caso de la Caravana de la Muerte, que claramente acreditan los hechos ilícitos y establecen los méritos que dan lugar al procesamiento del ex senador vitalicio.
Puesto que este fallo se ha dado a conocer en forma extraoficial, nos asiste la sospecha que por efecto de las fuertes presiones de los poderes tácticos al poder judicial para que falle a favor del dictador, se modifique su decisión antes que su redacción final sea entregada a la opinión pública o que el máximo tribunal del país, la Corte Suprema, no lo ratifique. Nada sería peor, porque más allá de cualquier fallo judicial, todos sabemos con absoluta certeza que Pinochet es el principal responsable de los cobardes y crueles crímenes de los que se le acusa. El descrédito de la justicia y del gobierno chileno serían total al confirmarse que el viejo dictador no puede ser juzgado en su país.
Nuestra inclaudicable y porfiada exigencia de justicia se sustenta en el hecho que no queremos olvidar, nos negamos al olvido, porque él es quien garantiza un NUNCA MAS para nuestros hijos y los hijos de nuestros hijos, por siete veces.
Implicaciones de la Mesa de Diálogo
Editorial Informativo CODEPU Derechos Humanos HOY Nº 29, mayo-jumo 2000La Mesa de Diálogo, después de casi nueve meses de funcionamiento, ha terminado con la emisión de un documento final de 4 páginas. La cuidadosamente escenificada presentación pública de este documento, hecha por el Presidente Lagos en compaña de las más altas autoridades del país junto a la oposición de derecha, buscó demostrar a la opinión pública el amplio apoyo que concita "el diálogo" y, de paso, da cuenta de la fuerte voluntad política que existe por evitar el fracaso de esta iniciativa, porque ella constituye la fórmula para poner fin al problema de las violaciones de derechos humanos ocurridas en el país.
El documento indica un nuevo camino en el que todos los poderes del Estado se comprometen, o están siendo comprometidos, a realizar una parte de la tarea de cierre de la situación pendiente sobre derechos humanos, cuya primera repercusión estuvo en la rápida tramitación que hizo el Congreso del proyecto sobre secreto profesional para quienes reciban información de los detenidos desaparecidos, surgido como iniciativa de esta Mesa. Así, más que los contenidos de esas 4 páginas, sus implicancias marcarán el trabajo de derechos humanos en los próximos meses.
La primera situación que llama la atención, y donde radica el cuestiona miento que hemos hecho a la Mesa, es la oportunidad en que fue creada: cuando Pinochet estaba detenido en Londres, y hoy, la oportunidad en que sale su acuerdo: cuando la Corte Suprema de Justicia está pronta a ratificar o revocar la decisión histórica del Pleno de la Corte de Apelaciones de Santiago que aprobó el desafuero del dictador. El esperado pronunciamiento de la Corte Suprema será, sin duda, el hito más importante en la búsqueda de castigo para los responsables de violaciones de derechos humanos y, por ende, para la realización del principio de igualdad ante La Ley en la historia nacional.
Sin embargo, el mensaje de la declaración de la Mesa de Diálogo abre una brecha en el trabajo de años efectuado por los familiares de las victimas y los abogados de derechos humanos y la futura tarea de los tribunales de justicia. En efecto, los avances efectuados por los tribunales desde la detención de Pinochet en Londres han sido fundamentales. Al fin se había logrado ir superando en muchos casos las leyes de impunidad (la ley de amnistía y las atribuciones de la justicia militar) y habían comenzado a prevalecer los Convenios Internacionales por sobre la impunidad que ampara la legislación interna. Hasta la defensa de Pinochet llegó a invocar estos Convenios para garantizar su debido proceso. Pero las implicancias de la Mesa pueden propiciar un fuerte retroceso si se les pide a los tribunales terminar rápidamente con el desfile de militares y cerrar las causas aplicando la ley, es decir, la ley de amnistía, luego de determinar el paradero de los detenidos desapareados. Esto para muchos constituye la finalidad última del acuerdo de la Mesa de Diálogo.
Otra implicancia es el sentido histórico que se le está atribuyendo a un acuerdo que otorga el rol más relevante a las FFAA. Llama la atención el compromiso solemne que ellas han hecho ante todo el país, con un plazo de seis meses, de buscar y entregar la información sobre los detenidos desapareados. No podemos ser ingenuos. Esta es una operación de transformismo político, en la que se sentaron en esta Mesa las FFAA siendo los principales responsables y salen de ella sin esa responsabilidad y como los protagonistas en la búsqueda de una información que representa el máximo horror de los crímenes cometidos por la dictadura militar.
En una sociedad donde se adoctrina, desde niño, con un fuerte respeto a las FFAA, este hecho puede significar la absoluta legitimidad, de aquello que a los militares y a la derecha les interesa de sobre manera: que el gobierno de las FFAA trascienda impune, limpio, olvidado de las violadores de derechos humanos que cometió. Pareciera que, nuevamente, los soldados de la patria se sacrifican en aras del bien común. Por cierto, el bien común es la sociedad creada por la dictadura, con sus limitaciones institucionales y su modelo económico, donde ellos siguen siendo los garantes. Pronto los criminales harán un gesto que será publicitariamente valorado.
Otro efecto negativo es la sobre valoración que se ha pretendido hacer de este acuerdo, por sobre La contundencia del trabajo efectuado por La Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación y luego por la Corporación Nacional de Reparación y Reconciliación. Existe un evidente cuestionamiento al contexto histórico que la Comisión Rettig desarrolló en un capitulo y que desató, en su época, los principales debates y críticas. La Mesa, en su reinterpretación de los hechos históricos, en dos párrafos, justifica y legitima el Golpe Militar al sostener que este se produce como consecuencia inevitable de la "espiral de violencia política" iniciada en la década del 60.
Más grave aún es que se niegue la institucionalización de los crímenes cometidos al desconocer en el documento la existencia de una política de Estado que causó las más graves, masivas y sistemáticas violaciones de derechos humanos ocurridas en La historia del país, que generó un largo proceso de terrorismo de Estado, y que contó, a su vez, con todos los medios materiales y jurídicos, políticos y sociales, que las hicieron posible y que garantizaron su impunidad. Asimismo, es muy grave, que se reduzcan las responsabilidades de estos crímenes sólo a "agentes de organizaciones del Estado" y no se responsabilice de ellos a las más altas autoridades políticas de la dictadura.
Se continúa entonces con una política de tergiversación de los hechos y minimización de las trágicas circunstancias que causaron tanto dolor a miles de personas, familias y a la sociedad toda.
Otro tema preocupante como resultado de esta Mesa, es qué pasa con los efectos de una información que movilizará a las agrupaciones de víctimas y desencadenará severas descompensaciones a cientos de familias en todo el país, que siempre han esperado encontrar los restos de sus seres queridos. Los organismos de derechos humanos están con limitadas capacidades para cubrir la actual demanda en atención social, jurídica y psicoterapéutica en estos temas; por su parte, son conocidas Las insuficiencias y limitaciones de las leyes de reparación y los espacios profesionales de atención PRAIS creados por el Estado.
Para enfrentar los resultados de la Mesa de Diálogo se hace necesario comprender La complejidad de los desafíos que ella implica para los trabajadores de derechos humanos. Hoy, aunque es más necesario que nunca abordar este tema en lo legal, esta sola perspectiva es también insuficiente. Es cierto que cientos de familias están en la total desprotección jurídica, ya que no existen suficientes profesionales que las atiendan adecuadamente en sus procesos judiciales, y en la eventualidad de supervisar y hacerse parte en el trabajo de Ministros en Visita que se designen en la búsqueda de desaparecidos, será prioritario contar con ellos para asesorar y acompañar. Por cierto, ante esta situación, en si cuestionable, no se puede permitir el accionar exclusivo de Ministros y de otros, que aparecerán como "muy preocupados por los derechos humanos". También habrá que asumir la responsabilidad hada las familias afectadas, estableciendo instancias que permitan atender la situación social y psicoterapéutica que se provocará al enfrentar la búsqueda de sus familiares.
La Mesa de Diálogo ha logrado imponer un sospechoso cambio en la situación actual de los derechos humanos y una preocupación por el futuro del tema en los tribunales de justicia. No obstante, el trabajo por la verdad y la justicia siempre ha estado sembrado de desafíos que hemos sabido enfrentar y superar, por el derecho que les asiste a Las victimas y al país de saber qué paso, de juzgar a sus responsables y de reparar el daño causado.
La detención de Pinochet: un paso histórico en la lucha contra la impunidad
Separata Informativo CODEPU Derechos Humanos HOY Nº 19, septiembre-octubre 1998La noche del 16 al 17 de octubre de 1998 quedará grabada en la memoria del pueblo chileno como uno de los pasos más importantes en la lucha contra la impunidad por las graves y sistemáticas violaciones de derechos humanos vividas durante 17 años de dictadura. Contrariamente a lo que la derecha chilena y el gobierno del Presidente Freí han señalado, el acto de la detención de Pinochet no violó nuestra soberanía nacional sino que restituyó en la sociedad chilena la dignidad que la existencia de la impunidad ha negado.
La detención y los días siguientes
Luego que el juez británico Nicholas Evans aceptó someter a Augusto Pinochet Ligarte a arresto preventivo, tras acceder a una petición hecha por el Juzgado Central de Instrucción (JCI) Número Cinco de la Audiencia Nacional Española, la policía de Scotland Yard llegó hasta la Clínica en donde se recuperaba de una operación a una hernia lumbar, para comunicarle la noticia y hacerse cargo de la custodia del detenido. La petición formulada por la justicia española solicitaba la detención de Pinochet para ser interrogado por las acusaciones de delitos de genocidio, terrorismo y torturas, en calidad de imputado.
Días antes, el 13 de octubre, la parte acusadora había presentado ante los juzgados centrales Número 5 y 6 de la Audiencia Nacional (donde se radicaban los procesos substanciados por los Jueces Manuel García Castellón y Baltazar Garzón), una solicitud para que ambos interrogaran a Pinochet en Inglaterra, en su calidad de principal acusado en la causa. La petición de García Castellón se fundamentaba en el proceso a su cargo por delitos de genocidio, tortura y
terrorismo cometidos contra españoles que vivían en Chile, así como contra chilenos y personas de otras nacionalidades. La solicitud de Baltazar Garzón, que investiga el caso argentino, se fundamentaba en los delitos de genocidio, terrorismo y torturas, cometidos en Argentina entre 1976 y 1983, y llevadas a cabo específicamente a través de la "Operación Cóndor", que implicó la desaparición de numerosas personas a partir de la coordinación de los aparatos de seguridad del cono sur.
El 20 de octubre, el juez Manuel García Castellón, a cargo el proceso contra la Junta Militar chilena desde que fue acogida la querella en España en 1996, decidió inhibirse en favor de Garzón, a fin de unificar las dos causas en una, a cargo de éste último. García Castellón había iniciado su proceso a partir de la denuncia interpuesta por la Asociación Progresista de Fiscales y una querella de la Fundación Presidente Allende. El sumario de Garzón se inició luego de una querella presentada por la Asociación Argentina de Derechos Humanos de Madrid y la Izquierda Unida, contra Jorge Rafael Videla y otros. Esta querella fue admitida en 1996, un mes antes que la del caso chileno. Ambos procesos se conectaron por el hecho que Augusto Pinochet Ligarte aparecía involucrado en ambos. Garzón tomó dentro de su investigación los acuerdos de cooperación entre los inculpados en ambos procesos para llevar a cabo en forma concertada acciones destinadas "a la eliminación de personas y grupos de personas por razones diversas, entre ellas las ideológicas". Al solicitar su inhibitoria García Castellón argumentó que ambos procesos tenían como elemento común "la aparición en ambas como denunciado, de quien ostentó la máxima responsabilidad en Chile en el período indicado, el General Augusto Pinochet". Luego, como el delito de genocidio es un delito único, no puede ser perseguido en dos sumarios, a pesar que los hechos investigados sean distintos: genocidio en Chile y genocidio en Argentina. Señala además Castellón, que los delitos de terrorismo deben ser considerados delitos conexos, por lo que deben ser perseguidos en la misma causa; en caso contrario se produciría una duplicidad que entorpecería las diligencias. Finalmente, como Garzón había iniciado primero la investigación, debía ser éste quien llevara la causa unificada.
La solicitud de inhibitoria de García Castellón, sin embargo, fue cuestionada por la Fiscalía que se opuso al traspaso total de la investigación, pero el 23 de noviembre la Sala Penal de la Audiencia Nacional falló a favor de la inhibitoria.
Paralelamente al curso que iban tomando estos hechos, e inmediatamente sucedida la detención de Pinochet, sus partidarios -y también el gobierno chileno- esgrimieron la ilegalidad de esta medida y el supuesto atentado que se hacia a nuestra soberanía ya que Pinochet gozaba, según ellos, de "inmunidad diplomática"; se trataba de un senador de la República que viajaba con pasaporte diplomático en "misión especial". Esta supuesta misión especial no ha sido, sin embargo, hasta ahora especificada. En relación a ella, la Asamblea Nacional de Derechos Humanos, presentó una denuncia contra el Ministerio de Relaciones Exteriores por el delito de "falsedad ideológica de documentos públicos", al otorgar documentación diplomática a Pinochet, en circunstancias que viajaba a Inglaterra sólo a título personal.
Fundados en la supuesta "ilegalidad" de la detención, abogados de Pinochet presentaron un Habeas Corpus ante la High Court en Inglaterra, la que el 28 de octubre resolvió que, dado que Pinochet era Jefe de Estado cuando se cometieron los hechos que se investigan goza de inmunidad soberana, ordenando el levantamiento de la detención. Sin embargo, al aceptar la Hight Court la apelación que inmediatamente formuló la Fiscalía, dispuso que Pinochet permaneciera en Inglaterra bajo custodia policial mientras la Corte de los Lores resolvía sobre este nuevo recurso.
En España, por otra parte, la Audiencia Nacional, conformada por 11 jueces, discutía La validez de los juicios llevados en España por genocidio contra las juntas militares de Argentina y Chile. De esta decisión dependía que estos procesos pudieran seguir curso y que el juez Baltazar Garzón solicitara la extradición de Pinochet. La Audiencia Nacional en una sesión pública, escuchó los alegatos de la fiscalía y los querellantes. Afuera, en las calles de Madrid y de otras muchas ciudades en el mundo, los familiares de las víctimas, las organizaciones de derechos humanos, la comunidad internacional, realizaba vigilias y efectuaba múltiples acciones para seguir avanzando en este proceso. El 30 de octubre se hizo pública la resolución tomada por la Audiencia Nacional En ella, los 11 jueces de la más alta magistratura española, en forma unánime, desestimaban todos los recursos que presentados por la Fiscalía para detener e invalidar estos procesos y declaraba competente a los tribunales españoles para investigar los delitos de genocidio y terrorismo sometidos a su deliberación y cometidos contra españoles en terceros países.
Reacciones en Chile
Inmediatamente de conocida la noticia de la detención de Pinochet en Inglaterra, en Chile comenzaron a sucederse una serie de manifestaciones y declaraciones en favor y en contra. No sólo los organismos de derechos humanos, las victimas, sus familiares, las organizaciones juveniles, sociales y gremiales declararon su alegría por la noticia, también los ciudadanos comunes se hicieron parte de esta alegría en la calle.
La derecha mostró su irrestricto apoyo a Pinochet, denunciando el supuesto atropello a la «soberanía nacional» que Chile sufría con la detención de su líder. Los parlamentarios de derecha se negaron a sesionar en el Senado y Cámara de Diputados; pero a pesar de emitir frecuentes y numerosas declaraciones, de alinearse como bloque en la defensa de Pinochet, jamás desmintieron las acusaciones sino que fundaron toda su defensa al ex-dictador en la acusación que harían a España e Inglaterra de violar nuestra soberanía. Desde la detención de Pinochet en Londres, varias delegaciones de parlamentarios y empresarios han viajado a Inglaterra a tratar de revertir el curso de los acontecimientos, regresar al ex-dictador a su país e impedir que sea juzgado en el extranjero por sus crímenes. Han argumentado que la justicia debe hacerse en Chile, pero hasta el momento no contemplan derogar la Ley de Amnistía de 1978 ni restringir las facultades de la justicia militar, principales escollos para la efectiva justicia. Han tomado en su discurso -por la fuerza de los hechos- la necesidad de solucionar el tema de derechos humanos en Chile, pero no han contemplado en sus propuestas la posibilidad de justicia para esos crímenes.
También desde la derecha se rearticuló la manipulación psicológica a la población a través de un discurso ya conocido por los chilenos; insistentes declaraciones respecto al peligro que la detención de Pinochet significaba para la estabilidad democrática del país, con amenazas veladas o explícitas respecto a la vulnerabilidad del estado de derecho. Numerosas personas, familiares de victimas, españoles residentes en Chile, abogados, artistas, parlamentarios, ex presos políticos, denunciaron amenazas de diverso tipo.
El gobierno de Chile, de manera inexplicable para muchos, asumió una actitud de protección al ex dictador al señalar que éste gozaba de inmunidad diplomática y que no podía ser juzgado por tribunales extranjeros ya que ello atentaba contra la soberanía nacional. El mismo argumento fue levantado por la derecha. Desconociendo ambos los fundamentos del derecho internacional que señalan que frente a los crímenes de lesa humanidad no existe inmunidad, y que además tienen jurisdicción internacional. El gobierno argumentaba también, como ya hemos dicho, que Pinochet viajaba con pasaporte diplomático y en "misión especial".
Frente a estos argumentos, las Agrupaciones de familiares manifestaron que "cuando se trata de personas imputadas por genocidios y crímenes contra la Humanidad, no hay pasaporte diplomático que valga". Los familiares de detenidos desaparecidos se declararon en vigilia permanente hasta conocer el fallo de la Cámara de los Lores y sus máximas representantes viajaron a la capital inglesa a entregar su testimonio y demanda de justicia.
También viajaron a Londres abogados de derechos humanos y parlamentarios socialistas como Isabel Allende, Juan Pablo Letelier y Sofía Prats, quienes contra restaron las versiones de inestabilidad democrática que la derecha estaba dando en Europa, a la vez que valoraron la necesidad de hacer justicia para las violaciones de derechos humanos ocurridas en Chile.
Desde el primer momento CODEPU respaldó en forma categórica la resolución adoptada por la justicia española y materializada por la justicia británica, rechazó la actitud de respaldo al dictador asumida por el gobierno chileno, bajo una supuesta "inmunidad diplomática"; resaltó además el enorme valor ético y jurídico de este hecho, que se constituía en un claro mensaje para los responsables de crímenes contra la humanidad y en una reafirmación y fortalecimiento del Sistema Internacional de derechos humanos. Afirmó además que "no habrá democracia ni un real estado de derecho mientras no se juzgue a los responsables de los crímenes y se garantice a las víctimas y sus familiares la posibilidad de un juicio justo ante tribunales efectivamente imparciales".
En La misma dirección opinaron otros organismos de derechos humanos en Chile, FASIC señaló que "No se trata de un acto ilegal ni arbitrario, de aquellos que fueron tan frecuentes durante la dictadura de Pinochet, sino que de un serio y efectivo esfuerzo que la comunidad internacional emprende para enjuiciar a quien ejerció el poder absoluto sobre la base de violar sistemáticamente los derechos más fundamentales de las personas".
Serpaj Chile apuntó al hecho de que "se revela la imposibilidad e incapacidad de efectivos poderes así llamados democráticos para lograr la realización de justicia y superar la herencia de poderes militaristas y mecanismos legales de autoritarismo que pretenden perpetuar una situación de amnistía autoconcedida y el amparo de la impunidad".
Más de 30 abogados chilenos de derechos humanos, declararon públicamente que "Frente a los crímenes internacionales, tales como el genocidio, la tortura, el terrorismo internacional, el asesinato a personas civiles en tiempos de guerra, la desaparición forzada, entre otros, no cabe amnistía ni prescripción alguna, como tampoco pueden invocarse a su respecto inmunidades diplomáticas o privilegios de cualquier clase. De lo contrario, nunca los responsables de estos crímenes podrían ser juzgados ni condenados".
La Asamblea Nacional de Derechos Humanos señaló que "este no es un problema del Estado chileno, ya que ningún Estado puede escudarse en su soberanía nacional para amparar criminales".
Organizaciones no gubernamentales, de derechos humanos y asociaciones ciudadanas agrupadas en el Consejo de la Sociedad Civil reafirmaron el valor moral de la detención de Pinochet y declararon "la justicia que nos falta es La democracia que se nos debe".
Días después de la detención, el Arzobispo de Santiago, Francisco Javier Errázuriz afirmó que si en Chile hubiese existido colaboración con la justicia y se hubieran juzgado estos casos que hoy se juzgan en Europa, se habría evitado este problema con Pinochet. Casi un mes después, en comunicado emitido por la Conferencia Episcopal de Chile el 19 de noviembre, entregó su opinión oficial respecto al tema de derechos humanos en Chile en un documento que tituló "Esperanza y Reconciliación". En él señalan la necesidad de lograr la verdad y la justicia, conjuntamente con el arrepentimiento y el perdón. Reconocen los esfuerzos realizados hasta ahora para avanzar en el camino judicial, pero llaman a prestar el máximo apoyo a los tribunales para avanzar aún más en este camino y enfatizar: "es importante para la transición que, al menos los casos más significativos sean cabalmente juzgados y esclarecidos".
Este último planteamiento ha sido rechazado categóricamente por los familiares de las victimas, quienes han señalado que la justicia y la verdad son valores intransables y que jamás estarán dispuestos a aceptar que existen "casos significativos" y otros que no lo son; así como tampoco es posible hablar de verdad y no de justicia. Verdad y justicia para todos y cada uno de sus familiares. Nada más, pero tampoco nada menos, han dicho con firmeza.
La apelación en la Cámara de Los Lores
Durante varios días, a partir del 4 de noviembre, cinco lores de la más alta Corte de Inglaterra escucharon los alegados de los representantes de la Fiscalía y los de La defensa de Pinochet. Como un hecho sin precedentes, aceptaron además que interviniera un representante de las victimas a través de un abogado de Amnistía Internacional, aceptaron también que se presentaran los argumentos y las pruebas esgrimidas por el juez Garzón para solicitar la extradición de Pinochet y escucharon a expertos en derecho internacional. Gran expectación causaron los insólitos argumentos de la defensa de Pinochet que, para demostrar su pretendida calidad de Jefe de Estado y el carácter de "acciones de Estado" que tenían sus acciones; en su alegato ante la Cámara de los Lores la abogada Claire Montgomery afirmó que era él quien daba las órdenes a la Dirección de Inteligencia Nacional -DINA-, y agregó: "los actos del senador Pinochet fueron una manifestación de su autoridad soberana, que goza de inmunidad". Ante la pregunta ¿la DINA dependía de Augusto Pinochet?, efectuada por uno de los lores, respecto a la relación de Pinochet con la Dina, ella contestó: "sí". ¿Entonces a la DINA le daba órdenes el general Pinochet?, se le volvió a preguntar; "sí", reafirmó la abogada Montgomery.
Agregó luego, saliéndose de lo estrictamente jurídico: "la transición chilena está en un grave peligro" y que se vería mucho más perjudicada en el caso que se acceda a la solicitud de extradición.
Estos argumentos causaron sorpresa en los defensores de derechos humanos, ya que la relación de Pinochet como jefe de la Dina y , por tanto, responsable de sus actos, había sido negada constantemente en Chile; existía además el precedente que en el fallo que condenó al jefe de la DINA, Manuel Contreras, y al Brigadier Pedro Espinoza, por el asesinato del ex-Canciller Orlando Letelier, se señaló que la DINA era una "asociación ilícita" y, en consecuencia, Pinochet no podía responder por sus actos. En enero de 1998, sin embargo, Contreras había presentado un recurso de revisión de su condena señalando que la DINA dependía directamente de Pinochet.
El jurista chileno Hernán Montealegre, quien viajó a Londres para apoyar a los abogados de derechos humanos, declaró respecto a las afirmaciones de la abogada Montgomery: "La única manera en que ella pudo fundamentar su tesis fue que todo lo que hizo Pinochet eran actos de Estado y al ser actos de Estado, desde el punto de vista de la defensa, están cubiertos con La inmunidad. Estamos aquí ante una defensa que afirma que es licito para un gobernante ordenar crímenes y torturas". "Aquí se está acogiendo la tesis de Manuel Contreras de que todo lo que hizo la DINA fue ordenado por Pinochet".
Por otra parte, tanto los argumentos sostenidos por La Fiscalía como por Amnistía Internacional se orientaban al hecho que frente a los crímenes de lesa humanidad no era posible ninguna inmunidad. lan Brownlie, abogado de Amnistía Internacional, señaló en su alegato que "el derecho internacional muestra que no se puede invocar inmunidad soberana para evitar responsabilidad penal por crímenes contra la humanidad y torturas".
En todas las latitudes se condena al dictador y se presentan acciones para juzgarlo por sus crímenes
Organizaciones de derechos humanos, personalidades políticas y órganos oficiales de Naciones Unidas han manifestado su respaldo al arresto de Pinochet y a los procesos en su contra, por su responsabilidad en crímenes contra la humanidad y su esperanza en que la justicia británica sea capaz de respetar y validar el derecho internacional
La Comisión Internacional de juristas señaló que estos hechos configuran una importantísima brecha en el sólido muro de impunidad que suele proteger a quienes han violado gravemente los derechos humanos.
El Parlamento Europeo resolvió por 184 votos contra 12 y 14 abstenciones instar al gobierno español que si se solicita la extradición de Pinochet, actúe con la mayor rapidez. Además reafirmó "su compromiso con el principio de justicia universal para la protección de los derechos humanos, de acuerdo con los Tratados Internacionales suscritos por los distintos Estados miembros, e instó a las autoridades competentes a interpretarlos conforme a los fundamentos del Tratado de la Unión Europea y a los instrumentos de derecho derivado acordado por el Consejo".
El Comité de Naciones Unidas contra la Tortura afirmó que si Gran Bretaña resuelve no extraditar a España a Pinochet deberá juzgarlo en su territorio, ya que de lo contrario incurriría en la violación de tratados internacionales suscritos ante la comunidad internacional, tales como La Convención contra la Tortura y la Convención de Viena.
Por otra parte, diversas acciones judiciales fueron iniciadas y siguen produciendo en diversos países del mundo, especialmente en Europa. Además de la extradición solicitada por España, Pinochet enfrenta solicitudes de extradición de Suiza, Francia y Bélgica, por ciudadanos de esa nacionalidad detenidos desapareados, ejecutados o torturados por la dictadura chilena entre 1973 y 1990. Algunas de las acciones emprendidas son:
Suiza: El 26 de octubre las autoridades judiciales de Ginebra abrieron una querella penal por secuestro seguido de desaparición forzada de Alexei Jaccard, de nacionalidad suiza-chilena, quien fue detenido dentro del contexto de la Operación Cóndor en Buenos Aires en el año 1977. Su esposa Paulina Jaccard presentó una denuncia ante el Procurador General de Ginebra, Bernard Bertossa quien la acogió y ordenó la captura de Pinochet para su extradición.
Suecia: El día 26 de octubre tres exiliados chilenos presentaron una denuncia ante la policía por los delitos de asesinato, tortura y secuestro. Otras varias denuncias se han seguido sumando en días posteriores.
Italia: 29 de octubre. El Ministro de justicia, Oliviero Diliberto, pidió al Fiscal de la República de Milán (norte), Francesco Saverio Borelli, abrir una investigación contra el general Pinochet por "masacre", tras la demanda presentada ante ese tribunal por un exiliado chileno residente en Italia. Días después otro exiliado chileno presentó una nueva denuncia por delitos de "secuestro de personas, intento de homicidio y homicidio múltiple". El 3 de noviembre la Fiscalía de Roma resuelve abrir investigaciones contra el ex-dictador por el delito de "homicidio" de tres ciudadanos italianos, luego de una denuncia presentada el 29 de octubre por dos senadores del Partido Verde italiano.
Francia: el 30 de octubre la justicia inició una instrucción judicial contra el general Pinochet por "secuestro seguido de torturas" de tres franceses: Alfonso Rene Chanfreau, Etienne Pessie y Marcel Rene Amiel Baquet. desapareados en Chile entre 1973 y 1990. El 2 de noviembre el juez parisino Roger Le Loir, resolvió dictar una orden de detención internacional contra Augusto Pinochet. El juez emitió una comisión rogatoria internacional para que Pinochet sea notificado por la policía británica sobre su juzgamiento y el 12 de noviembre las autoridades francesas solicitaron a Gran Bretaña la extradición de Pinochet. El 24 de noviembre el juez Le Loire ordena una segunda orden de detención internacional contra Pinochet por la desaparición de otros dos ciudadanos franceses: Jorge Klein, médico personal del Presidente Salvador Allende y Jean Ivés Claudet, desaparecido en Argentina en noviembre de 1975.
En esta misma semana dos nuevas demandas fueron presentadas en un tribunal de París contra Pinochet, esta vez por el caso de Ivés ALain Domergue, detenido desapareado desde el 20 de septiembre de 1976 y por Gabriel Longueville, muerto el 18 de julio de 1976.
Bélgica: 31 de octubre. Una demanda contra el general Pinochet fue presentada en Bruselas por seis chilenos por «crímenes de derecho internacional», el 2 de noviembre la justicia belga admite a trámite las denuncias de detención ilegal, tortura y asesinato que habían efectuado seis ciudadanos chilenos residentes en Bélgica. El 24 de noviembre el juez instructor Damien Vandernmersch emitió una orden de captura internacional contra Pinochet por crímenes contra la humanidad y transmitió a Gran Bretaña una petición de extradición.
Noruega: En los últimos días de octubre, un exiliado chileno, Marcelo Ferrada Noli, profesor universitario, presentó ante la justicia de ese país una querella por la desaparición de dos amigos de infancia: Edgardo Enríquez y Bautista van Schowen; además denunció su propia detención y torturas en Concepción en 1973.
Alemania: Tres demandas se presentaron en Alemania por privación de libertad y heridas corporales, los recursos fueron presentados por parte de una chilena nacionalizada alemana y por dos alemanes secuestrados y torturados durante varios días.
El 18 de noviembre la Segunda Sala de lo Penal del Tribunal Supremo alemán aceptó a trámite las denuncias presentadas por el sacerdote católico Willi Kohiings, por Werner Simón y por Edmundo Lebrecht, al considerar que Pinochet carece de inmunidad y, por tanto, no existen obstáculos que impidan el inicio de un proceso penal en su contra. Será la Audiencia Provincial de Dusseldorf la encargada de investigar las denuncias.
Canadá: La Policía real Montada de Canadá abrió una investigación sobre torturas que una religiosa de ese país habría sufrido en Chile en octubre de 1973. Ella solicitó a la autoridades de Montreal que demanden a Pinochet. Fue detenida el 11 de octubre de 1973 por militares que la llevaron a un centro de tortura en Cerro Chena en donde fue interrogada y golpeada durante tres días, luego de lo cual fue puesta en libertad. La presentación de la religiosa ante la justicia se fundamenta en que el 1987 el código criminal canadiense incorporó una cláusula que reconoce "jurisdicción extraterritorial" para casos de crímenes contra la humanidad, con permiso del Procurador General.
El día 40 y la decisión de los Lores.
Cuando a las dos de la tarde de Inglaterra y 11 de la mañana de Chile, los Lores comunicaban el contenido de su resolución respecto a la pretendida "inmunidad soberana" del exdictador, pocos pudieron contener los gritos de alegría y la emoción de estar viviendo una gran victoria. Por 3 votos contra 2, las Cámara de los Lores rechazaba la "inmunidad soberana" para el principal responsable de los más graves crímenes contra la condición humana sucedidos en Chile entre 1973 y 1990.
Agrupados frente a un televisor o una radio, miles de chilenos en diversas partes del mundo escuchaban este fallo histórico, que hace cuarenta días ni siquiera vislumbraban como algo posible en medio tanta impunidad. Pero no sólo chilenos se alegraron; también millones de hombres y mujeres en el mundo que vieron en este fallo la reafirmación de un sistema internacional de derechos humanos que manifiesta su obligación y voluntad de protegerlos, frente a los crímenes y la violencia que las dictaduras han ejercido en su contra por el sólo hecho de pensar distinto.
Una vez conocida la resolución de los Lores, los familiares de detenidos desapareados, de los ejecutados y cientos de chilenos salieron a las calles en Santiago a expresar su indescriptible alegría, por un acto de justicia que había esperado 25 años y que aún, a 8 años del término de la dictadura, no había sido posible en Chile.
En declaración pública CODEPU señaló: "Las palabras no alcanzan para expresar nuestra inmensa alegría. Estamos frente a un hecho histórico. Los derechos humanos a nivel mundial, más allá de declaraciones de buena voluntad se hacen realidad."
Ahora será el Ministro del Interior de Gran Bretaña, Jack Straw, el que, con la decisión que tome respecto a la solicitud de extradición de Pinochet a España los primeros días de diciembre, marcará un nuevo hito en la posibilidad de juzgar a uno de los mayores responsables de crímenes contra la humanidad de este siglo que termina. Los ojos del mundo lo observan y la lucha persistente de las victimas, de sus familiares y de los defensores de derechos humanos esperan que Jack Straw no se equivoque.
María Luisa Ortiz R,
Programa de Investigación y Comunicaciones, CODEPU
El regreso de Pinochet
Separata Informativo CODEPU Derechos Humanos HOY Nº 27, enero-febrero 2000El 2 de marzo, a las 5 de la mañana en Chile, el Ministro del Interior Británico Jack Straw, anunció su decisión de liberar a Pinochet por razones humanitarias. La solicitudes de los gobiernos de Bélgica y Francia para que se le practicaran nuevos exámenes médicos fueron desechadas llegando a su fin los 503 días en que el dictador pasó detenido en Londres. Lejos de la llegada de un "anciano enfermo", lo que se vio fue al viejo general, con su conocida soberbia, saludando de pie a las tropas que lo esperaban para rendirle su homenaje. La imagen de su llegada, causó estupor e indignación no sólo de las victimas de las más graves violaciones a los derechos humanos ocurridas en Chile, sino que de todos quienes han luchado arduamente para que se termine con la impunidad para estos crímenes.
El despliegue militar para recibir al dictador, la imagen de los boinas negras protegiéndolo en un circulo infranqueable, y todo el operativo militar y político desplegado desde su llegada, siembran legitimas dudas sobre la factíbilidad de juzgar a Pinochet en Chile, lo que además deberá sortear una serie de pasos antes que el dictador pueda ser sometido a juicio.
El primer paso lo dieron ese mismo día los abogados querellantes en Chile, quienes en un escrito de seis páginas fundamentaron su solicitud de desafuero para Pinochet, por el denominado caso de la "Caravana de la Muerte", a raíz del cual se encuentra sometido a proceso el General(r) Arellano Stark, junto a otros cinco ex oficiales; los abogados señalan que Arellano actuó como delegado de Pinochet con "plenos poderes y facultades para actuar como lo hizo, disponiendo de ejecuciones sumarias en razón de una orden"; además constan en el proceso diversas evidencias que vinculan a Pinochet con los hechos imputados, entre eso el hecho que Arellano Stark portaba una carta firmada por el Comandante en Jefe del Ejército en la que se le designaba como su delegado personal"
Los abogados Hugo Gutiérrez, Carmen Hertz, Eduardo Contreras, Alfonso Insunza, Hiram Villagra, Boris Paredes y el diputado y abogado Juan Bustos señalan que se puede imputar la calidad de autor inductor a Pinochet por 19 secuestros calificados ocurridos dentro de la Caravana de la Muerte en las ciudades de Cauquenes, La Serena, Copiapó y Calama. Se presentó por este caso por ser, dentro de las más de 60 querellas, la más avanzada de las investigaciones. En la solicitud se señala que en las dudados de Talca, La Serena, Copiapó, Calama y Antofagasta los jefes de Plaza vieron el oficio firmado por Pinochet en la que nombraba a Arellano Stark como su delegado.
Hay que recordar que el 26 de agosto pasado la Quinta Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago confirmó los autos de procesamiento por el delito de secuestro calificado de 19 prisioneros políticos, producto del paso de la Caravana de la Muerte, en contra del General(r) Sergio Arellano Stark; del Coronel(r) Sergio Arredondo González ; del Coronel(r) Patricio Araneda Díaz;
del Coronel(r) Pedro Octavio Espinoza Bravo; del Capitán(r) Armando Fernández Larios; del Coronel(r) Marcelo Moren Brito.
El día 7 de marzo, el Consejo de Defensa del Estado, haciendo uso de la facultad prevista en el artículo 5° letra e) de la Ley Orgánica del Consejo de Defensa del Estado, contenida en el Decreto con Fuerza de Ley nº 1 de Hacienda, decidió hacerse parte en el proceso instruido por el Ministro de Fuero Juan Guzmán contra el General(r) Sergio Arellano Stark y otros.
Las organizaciones de familiares y victimas, los organismos de derechos humanos, los defensores de derechos humanos en todas partes del mundo se encuentran atentos a que efectivamente el dictador sea sometido a la justicia. Los gritos de "Juicio a Pinochet" se han escuchado con fuerza desde su llegada, en velatones, marchas y todos los actos multitudinarios del cambio de mando en Chile, a la vez que nuevas querellas se han seguido sumado al proceso a cargo del Ministro Juan Guzmán.
Ahora, habrá que ver si la justicia será posible y si las aseveraciones hechas por el gobierno chileno cuando Pinochet permanecía en Londres en el sentido de que en Chile existían las condiciones para juzgarlo, se pondrán a prueba. Mientras, La sociedad chilena y la comunidad internacional observan y exigen que los crímenes cometidos durante la dictadura militar no queden impunes.
El proceso en Chile.
Desde que en enero de 1998 Gladys Marín presentara la primera querella contra Pinochet por el caso de la detención y desaparición de su esposo Jorge Muñoz Poutays y otros cuatro dirigentes comunistas, cerca de 70 querellas han sido presentadas -hasta los primeros días de marzo- ante el Ministro de Fuero Juan Guzmán Tapia, contra de Augusto Pinochet Ugarte y otros involucrados en violaciones graves a los derechos humanos ocurridas durante la dictadura militar. Estas querellas abordan casos ocurridos en distintos períodos de la dictadura y se refieren a casos de desaparición, muerte o tortura de las personas afectadas. Varias apuntan a hechos relacionados con la llamada Caravana de la Muerte, otras con hechos ocurridos en Pisagua, o con hechos ocurridos el día del Golpe Militar o los días siguientes, en La Moneda. Algunas querellas han sido interpuestas por organizaciones gremiales en favor de sus afiliados; tal es el caso del Colegio de Profesores; La Confederación Nacional de Trabajadores Metalúrgicos; el Colegio de Enfermeras de Chile; el Colegio de Periodistas; la Federación de Juntas de Véanos.
Resumen de las querellas hasta la primera semana de marzo del 2000. (4)
Caso Caravana de la Muerte Fecha y abogado Caso 28 de enero de 1998 abogado: Hugo Gutiérrez Por Homicidio Calificado de Mario Silva Iriarte el 19 de octubre de 1973 17 de junio de 1998 abogado: Hugo Gutiérrez Por el fusilamiento de Maguindo Antonio Castillo Antonio Castillo Andrade en Copiapó 25 de junio de 1998 abogado: Hugo Gutiérrez Por homicidio calificado de 26 prisioneros políticos de Calama el 19 de octubre de 1973 15 de octubre de 1998 abogado: Hugo Gutiérrez Por el homicidio del ex Gerente General de la División de El Salvador, Ricardo García Posadas el 16 de octubre de 1973 13 de noviembre de 1998 abogado: Víctor Ravello Por el homicidio calificado de Mario Arquelles Toro, en Calama el 16 de octubre de 1973 19 de noviembre de 1998 abogado: Hugo Gutiérrez Por homicidio calificado, torturas y detención ilegal del ex gobernador de Vicuña, Carlos Enrique Alcayaga Várela, el 16 de octubre 1973 9 de marzo de 1999 abogado: Alfonso Insunza Por genocidio, homicidio calificado e inhumación ilegal de Benito de los Santos Tapia en Copiapó 24 de mayo de 1999 abogados: Carmen Hertz y Alfonso Insunza Por homicidio calificado e inhumación ilegal de Carlos Berger Guralnick, en Calama el 19 de octubre de 1973 10 de junio de 1999 abogados: Hiram Villagra y Hugo Gutiérrez Por secuestro calificado, homicidios calificados de 12 prisioneros políticos en la ciudad de Valdivia el 4 de octubre de 1973 11 de junio de 1999 abogados: Boris Paredes y Hugo Gutiérrez Por secuestro calificado y homicidio calificado de 4 prisioneros políticos de Cauquenes el 4 de octubre de 1973 6 de julio de 1999 abogado: Juan Bustos Por la muerte de Mario Silva Iriarte, Jorge Peña Henn y Mario Alberto Ramírez Sepúlveda 9 de septiembre de 1999 abogado: Héctor Salazar Por la muerte del médico Hernán Arturo Henríquez Aravena en Temuco el 5 de octubre de 1973 9 de octubre de 1999 abogado: Hugo Gutiérrez Por la muerte de Pedro Emilio Pérez y Jaime Segundo Falleras Calderón en la dudad de Copiapó 6 de marzo del 2000 abogado: Francisco Bravo Por el homicidio de José Liendo Vera el 3 de octubre de 1973 en Valdivia. Pisagua Fecha y abogado Caso 28 de agosto de 1998 abogado: Alfonso Insunza Por homicidio calificado e inhumación ilegal de Freddy Taberna, Rodolfo Fuenzalida, Juan Antonio Ruz, José Sampson el 29 de octubre de 1973 en Pisagua agosto de 1998 abogado: Adil Brkovic Por el homicidio calificado de Michel Selim Nash Páez el 29 de septiembre de 1973 en Pisagua 28 de junio de 1999 abogado: Adil Brkovic Por la muerte del jurista del Consejo de Defensa del Estado de Iquique, Julio Cabezas Gacitúa 26 de julio de 1999 abogado: Adil Brkovic Por el homicidio de Nicolás Chañes en Pisagua 26 de julio de 1999 abogado: Adil Brkovic Por la muerte de Luis Aníbal Manríquez Wilden en Pisagua 27 de julio de 1999 abogado: Adil Brkovic Por la desaparición del prisionero políticos Marcelino Rolando Lamas Largo en Pisagua 27 de julio de 1999 abogado: Adil Brkovic Por la muerte de Germán Elidió Palomo Lamas en Pisagua 4 de octubre de 1999 abogado: Adil Brkovic Por tortura, secuestro y homicidio de Rodolfo Fuenzalida Fernández el 30 de octubre de 1973 25 de octubre de 1999 abogado: Adil Brkovic Por la muerte e inhumación ilegal de Manuel Sanhueza Mellado el 28 de junio de 1974 25 de octubre de 1999 abogado: Adil Brkovic Por la muerte de Mario Morris Barrios el 11 de octubre de 1973 La Moneda Fecha y abogado Caso 12 de septiembre de 1999 abogado: Nelson Caucólo Por homicidio, torturas e inhumación ilegal de Eduardo Paredes y Enrique París el 11 de septiembre de 1973 20 de octubre de 1999 abogado: Nelson Caucoto Por la desaparición del Subsecretario General de Gobierno, Arsenio Poupin Oissel, el 11 de septiembre de 1973 6 de marzo del 2000 abogado: Nelson Caucoto Por la desaparición Jaime Sotelo Ojeda, miembro GAP el 11 de septiembre de 1973 7 de marzo del 2000 abogado: Nelson Caucoto Por la muerte de Enrique Ropert Contreras, detenido frente a La Moneda el 11 septiembre de 1973 7 de marzo del 2000 abogado: Nelson Caucoto Por la desaparición del miembro del GAP Domingo Blanco Tarrés. Por Tortura 26 de abril de 1999 abogada: Julia Urquieta Por torturas y lesiones de Pablo Flores y Sergio Buschman en agosto de 1976 9 de julio de 1999 abogado: Adil Brkovic Por torturas a 11 prisioneros políticos recluidos en Villa Grimaldi durante 1974 18 de enero del 2000 abogados: Julia Urquieta y Hugo Gutiérrez Por apremios ilegítimos contra 15 prisioneros políticos al interior de Colonia Dignidad en 1975 Otros casos Fecha y abogado Caso 13 de enero de 1998 abogados: Eduardo Coniferas, Graciela Alvarez, Ramón Vargas, Alberto Espinoza y Santiago Cavieres Por genocidio, homicidios múltiples calificados, secuestros e inhumación ilegal de Víctor Díaz, Jorge Muñoz, Mario Zamorano, Uldarico Donaire y Jaime Donato en 1976 18 de marzo de l998 abogado: Alejandro Guzmán Por la desaparición de Sergio Humberto Lagos Marín, el 5 de febrero de 1975 14 de noviembre de 1998 abogada: Raquel Mejias Por homicidio e inhumación ilegal de Víctor Jerez Meza, en la dudad de Constitución en septiembre de 1973. 23 de junio de 1999 abogados: Eduardo Contreras, Gonzalo Moya y Pedro Aravena Por secuestro y homicidio de Eduardo Canteros Prado, en julio de 1976 17 de agosto de 1999 abogado: Nelson Caucóto Por torturas y muerte de Víctor Jara en el Estadio Chile en septiembre de 1973 19 de agosto de 1999 abogado: Nelson Caucoto Por el secuestro y desaparición de David Silberman en septiembre de 1973 20 de agosto de 1999 abogado: Nelson Caucoto Por genocidio, homicidio calificado, torturas y secuestro de Humberto Mantenau Aceituno en 1975. 01 de septiembre de 1999 abogado: Nelson Caucóto Por detención, secuestro y desaparición de Bernardo de Castro López, el 14 de septiembre de 1974 01 de septiembre de 1999 abogado: Hernán Quezada Por la detendón y desaparición de Carlos Freddy y Aldo Gonzalo Pérez Vargas 8 de septiembre de 1999 abogado: Héctor Salazar Por la desaparición de Rubén Guillermo Cabezas , en enero de 1974 en QuiIlota 10 de septiembre de 1999 abogado: Francisco Bravo Por secuestro y homicidio de 119 detenidos desapareados (Caso Operación Colombo) 15 de septiembre de 1999 abogado: Nelson Caucoto Por torturas, homicidio e inhumación ilegal de José Carrasco Vásquez 28 de septiembre de 1999 abogado: Nelson Caucoto Por la desaparición de Juan Carlos Perelman Ide 30 de noviembre de 1999 abogado: Alfonso Insunza B Por la desaparición de Iván Insunza Bascuñán y Carlos Godoy Lagarrigue, en 1976 9 de diciembre de 1999 abogado: Hugo Gutiérrez Por la muerte de Florentino Molina, Juan Chávez, Juan Carlos Ruiz, Víctor Hugo Valenzuela, Pedro Mardones y Amador Montero, acusados de atacar el Regimiento Tucapel, Temuco, el 10 de noviembre de 1973 10 de diciembre de 1999 abogada: Julia Urquieta Por las torturas Heraclio Sarmiento Sabater y desaparición de Hernán Sarmiento Sabater y Amoldo Laurie Luengo en la ciudad de Parral en 1974 4 de enero del 2000 abogado: Jorge Mario Saavedra Por el secuestro seguido de homicidio de José Rodríguez Torres y su padre José Rodríguez Acosta en La Serena en 1973 6 de enero del 2000 abogados: Hiram Villagra y Roberto de La Rosa Denuncia por secuestro y desaparición de 20 menores de la Población Santa Adriana el 17 de octubre de 1973 2 de marzo del 2000 abogado: Sergio Concha Por el secuestro, tortura y desaparición de Eduardo Ziede Gómez 4 de marzo del 2000 abogados: Fabiola Letelier y Hugo Gutiérrez Por secuestro y torturas de Claudio Francisco Thauby Pacheco y Jaime Robotham en diciembre de 1974 6 de marzo del 2000 abogado: Nelson Caucoto Por La desaparición de Gloria Ester Lagos Nilsson, embarazada, el 26 de agosto de 1974 6 de marzo del 2000 abogado: Nelson Caucoto Por la desaparición de Alfredo Rojas Castañeda el 4 de marzo de 1974 6 de marzo del 2000 abogado: Nelson Caucoto Por la desaparición de Guillermo Jorquera Gutiérrez el 23 de enero de 1978 7 de marzo del 2000 abogado: Nelson Caucoto Por la desaparición de Javier Pacheco Monsalve, el 5 de octubre de 1973 7 de marzo del 2000 abogado: Nelson Caucoto Por la muerte de Patricio Munita Castillo, detenido junto a Baustita Van Schowen el 13 de diciembre de 1973 7 de marzo del 2000 abogado: Nelson Caucoto Por la muerte de José Flores Araya, estudiante secundario detenido el 23 de agosto de 1974 Presentadas por Organizaciones Querellantes- Fecha y abogado Casos Agrupación de Familiares de Detenidos Desapareados (AFDD) 3 de marzo de 1998 abogados: Nelson Caucoto y Héctor Salazar Por 1.1.98 casos de personas detenidas desaparecidas Colegio de Profesores de Chile 17 de abril de 1998 abogado: Luis Parra Veliz Por homicidio e inhumación ilegal de 103 docentes Confederación de Sindicatos y Federaciones de Trabajadores de La Industria Metalúrgica, Ramos Similares y Conexos (CONSTRAMET) Abogada: Julia Urquieta Por homicidios múltiples calificados, secuestro, asociación ilícita e inhumación ilegal de 103 trabajadores metalúrgicos Colegio de Enfermeras de Chile. 15 de septiembre de 1998. abogados: Miguel Cancino y Julio César Jofré Por homicidio calificado de dos personas y secuestro de otras cuatro, todas enfermeras (cuatro mujeres y un varón) Colegio de Periodistas de Chile 10 de noviembre de 1998 abogados: José Galiano y Juan Aguad Por homicidio calificado, tortura y desaparición de profesionales de la prensa Federación Metropolitana de Uniones Comunales de Juntas de Vecinos 9 de diciembre de 1998. abogado: Eduardo Báez Por homicidio calificado, detención ilegal y desaparición de 76 dirigentes vecinales Juventud Demócrata Cristiana .15 de abril de 1999 Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos. 25 de septiembre de 1999. abogado: Adil Brkovic Por la muerte y desaparición de 14 militantes de la Democracia Cristiana. Por el delito de genocidio en contra de sus familiares ejecutados políticos Agrupación de Ex Presos Políticos.28 de enero del 2000. Abogado: Eduardo Contreras Por secuestro, asociación ilícita, torturas y apremios ilegítimos de 643 personas.
El desafío de La Justicia, en un marco de impunidad.
La impunidad está presente en La sociedad chilena, no obstante algunos fallos condenatorios en casos paradigmáticos de crímenes de lesa humanidad. Este contexto nacional ha sido construido fundamentalmente, y en los últimos años, por la carencia de una voluntad política que busque la sanción de los criminales.
De ahí el asombro y luego la satisfacción, cuando el 16 de octubre de 1998 se detuvo a Pinochet en Inglaterra a petición del juez español Baltazar Garzón. Una justicia nacional renuente y esquiva a enjuiciar a los violadores de derechos humanos, recibía del extranjero una de sus mayores lecciones: otros estaban impartiendo la justicia que aquí no se hacía o no se atrevían hacer. Los tribunales ingleses respetaban el derecho al debido proceso, daban ejemplo de independencia y le importaba dar garantías de imparcialidad.
En el fondo, la detendón de Pinochet desnudaba las incapacidades de una transición política inconclusa.
Los 503 días de Pinochet en Inglaterra deben ser considerados de los más fecundos en materia jurisdiccional: 69 militares sometidos a proceso y reinterpretactón de la ley de amnistía.
Pareciera como si los tribunales chilenos quisieran dejar en claro que eran capaces de enjuiciar a los criminales. Hoy, con Pinochet de regreso, surge la pregunta ¿serán los tribunales chilenos capaces de juzgarlo?
Se puede aventurar una respuesta diciendo que se ha avanzado en dosis importantes de justicia, si entendemos por ésta no sólo la condena sino también el juzgamiento, el que antes no existía. Hoy la Corte Suprema ha establecido como criterio que los delitos -violaciones a los derechos humanos - se debe investigar y enjuiciar a los que aparecen como responsables de los mismos, dejando para el momento del fallo si se acoge o no alguna causal de extinción de responsabilidad (como la amnistía o la prescripción). Es decir, en Chile no está garantizada la condena de los responsables de delitos de lesa humanidad, pero ¿podrá Pinochet, a lo menos, ser enjuiciado? Lo que está por verse en el desafuero de Pinochet es si a él también se le aplican los criterios jurisprudenciales de nuestro más alto tribunal, o de nuevo queda claro que éste está por sobre leyes y fallos.
De actuar la Corte de Apelaciones de Santiago de conformidad a la ley, al mérito del proceso -sobran antecedentes que demuestran la participación de Pinochet como instigador de los delitos cometidos por la Caravana de la Muerte- y a las tesis de la Corte Suprema, Pinochet debiera ser desaforado. Pero, sin duda, los mismos que ayer alentaba la impunidad, hoy pondrán sus mejores esfuerzos para consolidarla. Entonces, no está en juego sólo la posibilidad o no de juzgar a Pinochet, sino la de consolidar o romper con la impunidad y, de pasada, si continúa o no eltutelaje militar sobre la sociedad civil. Si se desafora a Pinochet se estará poniendo fin a una transición política pactada que sólo conduce a una pseudo democracia protegida.
El desafuero de Pinochet no sólo es la victoria de la justicia sobre la impunidad, sino también de la sociedad civil sobre el chantaje militar; el de un poder judicial que rompe su corporativismo para buscar su legitimidad en los ciudadanos.
Entonces, la llamada Caravana de la Muerte, con su procesión de muerte y secuestrados, sólo será el magnifico pretexto para hacer lo que se debió hacer hecho hace años atrás: un juicio al principal responsable de las violaciones de derechos humanos en Chile: Pinochet.
Hugo Gutiérrez G, abogado
Programa de Protección y AsistenciaMaría Luisa Ortiz R.
Encargada del Programa de Investigación y Comunicaciones
Notas:
1. Encuesta COPESA y CERC. noviembre y diciembre de 1998
2. ONU Comisión de Derechos Humanos, Junio de 1997
3. Manifiesto de Historiadores Documento presentado en enero de 1999.
4. El orden con que se presentan las querellas ha sido hecho para una mejor comprensión de los casos que se investigan En el cuadro de la querellas presentadas por organizaciones, éstas pueden incluirse en los cuadros anteriores, de acuerdo a los casos que corresponda.