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María Elena Ahumada M.
Se globalizan la pobreza y las violaciones a los derechos humanos
Lo que observamos del proceso de globalización
Acuerdos comerciales y obligaciones de derechos humanos
Globalización y género.
La ciudadanía global también se moviliza
Nuevo siglo: nuevas luchas sindicales, nuevas luchas de derechos humanos.
Una alianza internacional de los pueblos y de las personas
Seattle fue testigo de una Alianza Social Continental en acción
A modo de conclusión.
Se globalizan la pobreza y las violaciones a los derechos humanos
El análisis de los impactos de la globalización nos muestra situaciones que constituyen un desafío urgente en materia de derechos humanos. Se nos instala como pueblos en la esfera global, se nos conecta en forma instantánea con cualquier rincón del mundo, se dispara el llamado crecimiento macroeconómico.
Al mismo tiempo, y acompañando tales éxitos está la derrota, la otra cara de la moneda, lo que no se comenta. Se ha profundizado la brecha entre ricos y pobres. Una consecuencia de este proceso de globalización está reseñada en un reciente Informe sobre el Desarrollo Humano de la ONU que afirma que la riqueza de los 358 multimillonarios globales equivale a la suma de ingresos de los 2.300 millones de personas más pobres, lo que representa el 45% de toda la población mundial. Ese mismo informe agrega que sólo el 22% de la riqueza global pertenece a los países en desarrollo, que comprenden al 80% de la población mundial. Esas diferencias se han acrecentado, y vinculado al aumento de esa brecha, ha aumentado la cantidad de fenómenos y formas de discriminación, especialmente en lo que se refiere al goce de derechos y libertades, ampliándose y profundizándose la marginalidad social.
Todo esto es producto de una política neoliberal que confía que el mercado sea un centro regulador de la actividad económica, sin embargo, la demanda y la oferta están determinadas por el capital más poderoso. Las fuentes de empleo, las posibilidades de Fi jar el costo y el valor de un producto (y de todas las mercancías), la capacidad de invertir en nuevas fuentes de trabajo, son determinadas por los grandes capitalistas. Uno de los impactos más notorios de los procesos de globalización es la mercantilización de las políticas sociales. Hoy, las políticas sociales no aseguran a las personas sus derechos sociales. Hoy, los niños no tienen asegurado su derecho a la alimentación, al cuidado, a la educación. Las familias no tienen asegurado su derecho a la salud, ni a la vivienda. La fuerza laboral -trabajadores y trabajadoras- no tienen asegurado su derecho al trabajo, ni a remuneraciones mínimas, ni a beneficios de seguridad social.
La desregulación a nivel laboral es muy amplia. Desde que el país ha Firmado los tratados de libre comercio, se ha acelerado el proceso de instalar políticas (y normativas) tendientes a suprimir cualquier obstáculo que impida la competencia abierta. Algunos de estos obstáculos son los convenios internacionales de la OIT, los derechos laborales y sindicales, y el llamado movimiento sindical. En nuestro país la legislación laboral se instaló durante la dictadura y ha seguido prácticamente sin mayores variaciones. Esta legislación desconoce los derechos sindicales más elementales, los derechos laborales y los derechos humanos de los/as trabajadores/as y de sus familias. Desconoce beneficios sociales adquiridos en largos procesos sociales, como la carrera funcionaria y la negociación inter empresas, entre otras. La ley laboral ampara el desconocimiento del derecho de las centrales sindicales a la representación de los sindicatos afiliados. Esta situación deja a la fuerza laboral indefensa ante los intereses de los grandes capitales.
La flexibilidad en el tratamiento de la fuerza de trabajo pone a las familias en una situación de permanente angustia por la sobrevivencia, una constante inseguridad respecto de su presente y de su futuro. El desconocimiento de las condiciones básicas indispensables para desarrollarse como personas y como grupos sociales, el irrespeto permanente de la dignidad humana de los/as trabajadores/as y de sus familias va minando la capacidad de lucha y las expectativas; por tanto, aumenta la enajenación y deja un camino fácil para encontrar vías de escape de esta apremiante realidad.
En nuestro país, el tipo de empresas y las actividades productivas más rentables, no requieren de gran cantidad de mano de obra, sino más bien de mano de obra especializada. En efecto, las actividades productivas bien remuneradas incorporan técnicos y obreros especializados (minería, forestal, pesca). Ciertamente no son solución para las comunidades que habitan en las localidades donde se instalan esas empresas, pues generalmente las poblaciones de esas zonas no tienen el nivel técnico requerido. Una dramática situación es la de las forestales, que ubicándose en una zona donde existe una población predominantemente indígena, incorporan muy poca mano de obra de esas localidades.
Distinto, ciertamente, es la situación de la actividad agroexportadora, pues requiere utilizar mano de obra masivamente, pero sólo por breves períodos, lo que no permite la estabilidad laboral y afecta gravemente la economía de las familias que habitan en esas zonas. Muchas de las cuales deben emigrar en busca de trabajo en los períodos de inactividad. Así, se va reproduciendo un estado permanente de pobreza.
La economía global no está generando un desarrollo sustentable, ni dando nuevas fuentes de trabajo para las distintas localidades del país. Más bien, está produciendo inestabilidad económica y laboral, reproduciendo la pobreza y la marginalidad. Una de las características culturales que implica la globalización se refiere a la construcción y el establecimiento de una cultura manejada por las corporaciones propietarias de los medios globales de comunicación, especialmente la televisión. Se construye una cultura central, con valores y contenidos ideológicos también centrales. Aunque las comunicaciones mundiales nos permitan estar conectados directamente con otras personas, con grupos y organizaciones sociales similares e incluso pares, posibilitando intercambio de experiencias, gestiones comunes, compartiendo debates y reflexiones, el mismo proceso conlleva el peligro de centralizar también la historia y especialmente la memoria histórica, que es una memoria construida desde lo particular, desde lo local.
Un riesgo similar enfrentan también los descubrimientos (por ejemplo, la medicina natural y originaria), el arte, la producción artesanal, la creación artística, la investigación científica independiente, propia de cualquier lugar del planeta. Es importante garantizar estos aportes particulares, locales, en especial si los actuales centros generadores de cultura están directamente influidos por las corporaciones transnacionales de comunicación y por las elites institucionales.
Se puede afirmar que "la cultura de la sociedad de consumo no es de aprendizaje sino principalmente de olvido" (1) , pues lo consumido es rápidamente olvidado y la sensación de necesitar con urgencia algo nuevo se apodera constantemente de los consumidores. Así, la sociedad funciona con un consumismo obsesivo. Esa tendencia arrasa entonces con cualquier cosa, incluso la naturaleza, las riquezas básicas, la cultura originaria, la historia de los pueblos. Todo es mercancía, con un valor Fijado y cambiado en el mercado.
En el marco que se describe, las posibilidades de integración social y económica van siendo cada vez más remotas. En Chile, por ejemplo, la tendencia es generar y/o mantener programas sociales o comunales paliativos. La marginalidad es un fenómeno que tiende a ampliarse, debido a que las formas de enfrentarla han sido programas y proyectos que repiten esquemas y modelos ya superados. Programas que convocan a jóvenes drogadictos y a rehabilitados a desarrollar actividades culturales, o a generar proyectos micro empresariales, o empresas familiares. Ciertamente que tales proyectos son incapaces de competir en el mercado con las empresas de mayor envergadura, por una parte debido a la calidad del producto y, por otra, a la imposibilidad de estas actividades económicas pequeñas de invertir para encontrar nuevos mercados.
La marginalidad trae consigo otros fenómenos que empobrecen más aún la calidad de vida de las personas. La personas marginales se mantienen fuera de los sistemas de seguridad social, de salud, de educación. Por eso en la marginalidad crece y se disemina el SIDA, por la marginalidad social circulan las drogas más dañinas a la salud de las personas, con secuelas graves en el sistema nervioso central. También en la marginalidad social se fomenta el abandono escolar, la interrupción de los estudios y el analfabetismo por desuso. Lógicamente, es terreno fértil para generar grupos que no respetan la ley y cuyas formas de sobrevivencia se vinculan a actividades antisociales, especialmente delitos y violaciones reiteradas de las normativas vigentes.
Además, la marginalidad está acompañada de valores individualistas, que obstaculizan la generación de las confianzas entre quienes están enfrentando situaciones similares, dificultando la organización de grupos sociales que trabajen por intereses comunes. El hecho que cada uno enfrente las necesidades y los problemas con sus propios y particulares medios, que los grupos sean sólo circunstanciales y no permanezcan en el tiempo, la falta de solidaridad entre personas y grupos similares, y el desinterés por la situación que afecta a sus iguales, es un síntoma de la desintegración social y popular. La falta de una identidad colectiva impide la generación de un proyecto entre iguales.
El impacto de la globalización es, de esta manera, un impacto histórico y cultural, un impacto en la identidad de los pueblos, que pasan de considerarse una colectividad relativamente identificada, a considerarse una sumatoria de individualidades particulares, sin contacto ni vinculación con sus iguales y, aunque estén dotados de razón y conciencia, no se comportan fraternalmente los unos con los otros, sino que están en una alerta permanente por ganar, por ganarle al otro, por instalarse entre los de arriba, o sentirse con poder aunque sea una fantasía efímera.
Lo que observamos del proceso de globalización
La realidad económica y política actual plantea enormes desafíos para las organizaciones que trabajan en la promoción y protección de los derechos humanos, y de los derechos laborales particularmente, puesto que se necesitan nuevas maneras de hacerlos exigibles en el plano global. Hasta ahora, los derechos humanos han sido exigibles al interior de los países, y en el marco de los acuerdos y convenios Firmados por los Estados partes. Hoy, cuando se imponen otros convenios económicos, se imponen nuevas reglamentaciones que garantizan la productividad y la estabilidad de las ganancias, se aprecia con preocupación la desregularización del mercado laboral y la ausencia de Fiscalizaciones adecuadas.
Nos enfrentamos a situaciones que superan el marco de acción tradicional. Entre otras, se pueden mencionar las liberalizaciones de los mercados laborales nacionales e internacionales. El nivel de reconocimiento de beneficios sociales y derechos alcanzados en algunos países se relativizan debido a los nuevos acuerdos comerciales establecidos por esos mismos Estados. Es decir los contratos, los beneficios sociales, la regulación del mercado laboral, la protección de los derechos laborales en general se ha liberalizado. La instalación de los acuerdos comerciales ha impactado también en las políticas sociales de los países parte de los pactos comerciales. La licitación de numerosas responsabilidades estatales en el ámbito de la salud, la educación, la seguridad ciudadana, las comunicaciones, delegan responsabilidades que terminan siendo realizadas exclusivamente por empresas privadas y que sólo son fiscalizadas, en forma general, por el Estado, a partir de lo especificado en tales contratos.
Como resultado de la aplicación de estas políticas, muchas garantías y beneficios sociales se han reducido notablemente: los contratos indefinidos devienen en contratos de plazo Fijo, muchas de las labores o trabajos realizados son cancelados como servicios técnicos o profesionales, otras actividades se pagan según producción, es decir, se hace un trato de acuerdo al producto, en un acuerdo que no incluye los derechos de sindicalización, ni los derechos laborales propiamente tales.
En el mercado laboral los/as trabajadores/as están compitiendo por ser contratados/as, y ante la amenaza permanente de la cesantía, muchas personas aceptan estas condiciones que son claramente violadoras de los derechos humanos más elementales. La ciudadanía, entonces, reduce sus posibilidades para exigir derechos, especialmente los derechos económicos, sociales y culturales, pues esas políticas sociales pasan a ser transadas en el mercado. Frente a esta realidad, es preciso determinar de qué manera se pueden hacer exigibles los derechos que están consagrados en los acuerdos internacionales de carácter obligatorio, pero que, como producto de las políticas de libre mercado y de los acuerdos comerciales alcanzados, se están perdiendo paulatina e inexorablemente.
El sistema de los derechos humanos surgió como una normativa internacional para hacer frente y evitar el genocidio, especialmente los asesinatos masivos producto de acciones bélicas, dictatoriales, antidemocráticas, u otras aventuras tiránicas que instalaban los regímenes de facto y que se autogobernaban, sin respetar las normas humanitarias mínimas. El sistema vigente de los derechos humanos se empeña en establecer derechos individuales y colectivos, tanto civiles y políticos, como derechos económicos, sociales y culturales. En la actualidad, la democracia política se ha ido instalando y los regímenes dictatoriales y militares se han ido retirando paulatinamente. Pero este hecho no ha significado el mejoramiento sustancial de las condiciones de vida de los pueblos y de las personas. Existen hoy formas de explotación más sutiles, se han instalado formas económicas que en nada han contribuido al bienestar social, sino que han dado paso a una mayor limitación del goce de derechos y libertades fundamentales de los pueblos.
La comunidad de las naciones convocada para luchar por la democracia y los derechos humanos se ha ido transformado en una coalición de economías que buscan el desarrollo macroeconómico, sin insistir en las satisfacciones sociales, económicas, políticas o culturales de las personas. Está cambiando radicalmente el sentido de una comunidad internacional, que ahora se instala como una expresión para facilitar directa y efectivamente la economía abierta, el libre mercado, que es garantizar las ganancias a las empresas inversionistas, a las grandes empresas y corporaciones transnacionales, que son, en última instancia, quienes manejan la economía mundial y la globalización.
Va quedando en el recuerdo la cooperación internacional para el desarrollo, la cooperación internacional para el logro de las bases desde donde se sustentará la paz entre los pueblos; dándose paso a la cooperación de los Estados para cumplir con las expectativas y requerimientos de la economía. (2) En el concierto internacional la relación entre los países ya no será igualitaria. En las relaciones internacionales se tenderá a acceder a las presiones y decisiones políticas de los países con economías más poderosas. El proceso de incorporación a esta perspectiva global es irreversible. El desafío es aprender a trabajar en esta realidad, estudiando estos nuevos fenómenos y sus impactos, y desde allí buscar y construir formas nuevas y alternativas que nos permitan promover y proteger los derechos humanos, mejorando la calidad de vida de las personas y de los pueblos. Las riquezas actuales no pueden obtenerse a costo de la pérdida de los recursos naturales y ambientales, ni significar el desconocimiento de la dignidad, derechos y libertades de las personas.
En la generación de estas alternativas tienen un rol central los pueblos, las organizaciones sociales, los sindicatos y confederaciones, las organizaciones no gubernamentales; en Fin, toda agrupación de personas interesadas. Trabajar en la globalización no es asunto exclusivo de los empresarios y los gobernantes. Constituye un desafío actual y urgente para quienes formamos parte de la sociedad civil, una sociedad directamente afectada.
Acuerdos comerciales y obligaciones de derechos humanos
Las obligaciones adquiridas por Chile, en materia de derechos humanos, y en este caso respecto de los derechos económicos, sociales y culturales, le impiden volver a una situación anterior, retrotraer desde una situación de mayor reconocimiento y vigencia de estos derechos a una situación de menor nivel. Justamente, en el campo de los derechos económicos, sociales y culturales, el compromiso adquirido por un Estado es progresista, debe ir de menos a más.
Chile se ha obligado a respetar los derechos establecidos en el Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la Organización de las Naciones Unidas. Se obliga a avanzar, a progresar en materia de derecho al trabajo, promoviendo fuentes laborales, capacitación y desarrollando económica y socialmente al país; debe reconocer el derecho a condiciones de trabajo equitativas y que aseguren salario igual por igual trabajo, que respondan a condiciones de existencia dignas, seguridad e higiene en el trabajo, reconocimiento de carrera funcionaria y derecho al descanso; el país debe asegurar el derecho a formar sindicatos, a afiliarse libremente, y que estos sindicatos puedan asociarse formando federaciones o confederaciones, a hacer uso del derecho a huelga; el derecho a la seguridad social; además, realizar progresos en el derecho a la salud, a la asistencia social; el derecho a la educación primaria, secundaria y superior; el derecho a las artes y la cultura, a la investigación y a la ciencia.
A nivel del sistema americano, el Pacto de San José (3) reconoce a los ciudadanos el derecho a la igualdad ante la ley, prohibiendo la discriminación. La obligación de garantizar la igualdad en el goce de los derechos de los ciudadanos fue adquirida libremente por el Estado de Chile, el que se obligó a cumplir estos compromisos. En ese sentido, no puede haber ciudadanos a quienes no se les reconozcan derechos reconocidos para otros ciudadanos. Tampoco es aceptable que ciertos derechos estén parcialmente vigentes o que esté condicionado su pleno reconocimiento.
Además, en el ámbito internacional encontramos un tratado aprobado por varios países de la región. Es el Protocolo de San Salvador, que se preocupa de hacer exigibles los derechos económicos, sociales y culturales en la zona americana. Este protocolo ni siquiera ha sido Firmado por los representantes de Chile ante la asamblea de la OEA.
Y esa conducta es altamente sospechosa, pues se trata precisamente de un tratado que se constituiría en un instrumento valioso para velar y proteger los derechos sociales de los pueblos de América y, sin embargo, parece no interesar a los gobernantes. Otros dos importantes instrumentos internacionales son la Convención Internacional para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, y la Convención Internacional de los Derechos del Niño. Ambos instrumentos de la ONU rigen en Chile. Son importantes, porque obligan al Estado chileno a superar políticas discriminatorias contra las mujeres en las distintas esferas sociales, políticas, culturales y económicas, y lo comprometen a promover mejores condiciones de vida para ellas, asegurando al mismo tiempo el goce de iguales derechos y libertades entre hombres y mujeres.
Respecto de la Convención Internacional de los Derechos del Niño, nuestro país está obligado a procurar siempre y ante cualquier circunstancia el bien superior del niño, su protección, el goce de sus derechos, la promoción de una mejor calidad y condiciones de vida para todas las personas menores de 18 años.
Durante las últimas décadas, sin embargo, se ha ido imponiendo el criterio surgido desde el mercado, liberalizando los compromisos previos y estableciendo otras normativas que en la práctica se impondrán frente a las obligaciones en materia de derechos humanos.
El proceso de apertura a la privatización de la educación (4) ha redundado en competencia por clientes, ofreciendo la seguridad de éxitos futuros, a partir de la selección de preescolares mediante pruebas que están lejos de ser respetuosas de los procesos de desarrollo normales de los niños que entran en esas competencias. Se impone el criterio del mercado sobrepasando las orientaciones internacionales en materia educativa y del respeto a los derechos de niños y niñas.
A nivel de la educación superior, se ha establecido un sistema privado que ofrece al cliente-estudiante incluso cupos en el mercado laboral, luego de egresado en esa casa de estudios. Aquí, la calidad y formación profesional o la capacidad técnica no son los indicadores de la calidad de la enseñanza, sino la garantía de una plaza de trabajo, es decir los contactos y vinculaciones que tenga la empresa educacional con otras empresas. El éxito profesional se adquiere en una corporación educativa vinculada estrechamente al mundo empresarial. Es importante recordar que la educación superior privada está siendo administrada por grupos económicos, muchos de los cuales son socios de las mismas corporaciones. Respecto de la salud, el proceso de privatización ha incidido en la existencia de una salud de primera y de segunda categoría. La salud no es un bien asegurado para los niños.
Tampoco lo es la salud ambiental. La liberalización del mercado afecta directamente la salud de los más pequeños, a quienes se ofrece a módicos precios alimentación de muy mala calidad, baja en nutrientes indispensables, cargada de químicos, transgénica e, incluso, alimentación desechada o prohibida en las sociedades europeas o norteamericanas. Al alcance de los niños tenemos cantidades de juguetes desechables, elaborados con materiales dañinos para la salud y muchas veces peligrosos y de difícil manejo. Así, la liberación del mercado atenta contra el bienestar, la salud y seguridad de los niños/as.
La seguridad ciudadana también se transa en el mercado. En las localidades marginales no hay comunicaciones expeditas, tampoco hay recursos médicos de urgencia ni bomberos, no tienen posibilidades de enfrentar adecuadamente las emergencias. En cambio, los barrios y localidades con recursos aseguran, mediante su adquisición, el bien "seguridad ciudadana", incluyendo todos los elementos necesarios: redes de alarmas, policías y guardias privados, centros de emergencia en salud, bomberos, entre otros.
Imitando a la economía chilena, la seguridad social tiende a privatizarse en todos los países. El ciudadano puede comprar su seguridad social, su capacidad de jubilar, de pensionarse, de asegurarse un ingreso mensual luego de haberse retirado del mercado laboral. Este fue antes un derecho. Hoy es un negocio exitoso. Nadie puede asegurar su jubilación, ésta dependerá de las inversiones hechas por las empresas de pensiones, seguros y jubilaciones. Si se enfrentan crisis económicas nacionales o internacionales, el ahorro previsional puede afectarse, disminuyendo sensiblemente o simplemente terminándose, pues los costos de mantención de las cuentas se cubren con los propios ahorros, y esos costos están a merced del mercado. Podemos afirmar, entonces, que muchos de los derechos económicos, sociales y culturales se han transformado en mercancías y como tales están afectadas por las leyes.
La economía desregulada ha producido un deterioro profundo en la calidad de vida de las personas, profundizando las asimetrías en las relaciones entre hombres y mujeres, especialmente en la esfera productiva y económica, e incidiendo en los planos social y cultural. Ahora es toda la familia la que sale a trabajar. Las mujeres, además de asumir las labores del hogar, deben asumir ahora la actividad productiva. Es decir, con la transformación de la economía, a las mujeres se les han agregado mayores responsabilidades, lo que lógicamente impide que tengan tiempo para capacitarse (que estudien, que se preparen para la esfera del trabajo) y que participen (que luchen por mejores condiciones laborales, sociales, económicas o políticas).
Se ve claramente que el crecimiento económico no significa desarrollo, ni menos desarrollo sustentable, que ofrezca oportunidades para todos. Estamos lejos de que el crecimiento económico (5) devenga en desarrollo social. Al mismo tiempo, de mantenerse la tendencia, se mantendrá la situación de "feminización" de la pobreza, indicando que las mujeres como sector productivo será el más pobre.
"Existe una segregación horizontal a nivel del trabajo, donde las mujeres se concentran en algunas áreas y en tipos de ocupaciones, muchas de ellas tradicionales. También hay una segregación vertical del trabajo, donde las mujeres nos concentramos en puestos de menor responsabilidad y por consiguiente de menor remuneración y de menor valorización social". (6)
Las condiciones de trabajo para las mujeres se hacen cada vez mas precarias, aumenta el trabajo a domicilio y la pobreza femenina. Esto ocurre pues las mujeres logran obtener empleos muy mal remunerados y de baja calificación, los salarios son siempre menores respecto de las mismas labores realizadas por los hombres. La mayoría de las mujeres ocupadas son empleadas u obreras (64%) o trabajan en servicio doméstico (13,1%). Las labores profesionales y técnicas superiores son absolutamente minoritarias en el mercado laboral (2,8%). (7)
Estas diferencias inciden en que el 23,5% de las mujeres se ubica en el grupo de menores ingresos, especialmente en las regiones de influencia rural. Las temporeras o las trabajadoras eventuales en la agricultura de exportación, además de estar expuestas a pesticidas y a químicos dañinos para salud, están recibiendo salarios 40% más bajos que las asalariadas de las ciudades. (8)
Los salarios reales se van determinando y Fijando de acuerdo a la demanda de empleo. En otras palabras es justamente la pobreza que afecta a las mujeres, y especialmente a las mujeres jefas de hogar, la que las obliga a aceptar salarios indignos para sobrevivir. Nuevamente se impone la lógica del mercado, pasando a llevar todos los principios humanitarios, las orientaciones emanadas de los derechos sindicales o de las obligaciones adquiridas por el Estado en estas materias.
Otra de las realidades que nos pone en el tapete la globalización es la situación de la migración interna y desde el exterior. Por una parte, la falta de fuentes de trabajo en las localidades apartadas obliga a las familias, y especialmente a las mujeres, a buscar trabajo en las ciudades, incrementando las labores informales y los trabajos de baja calificación. Por otro lado, existe una migración permanente, que proviene fundamentalmente de Perú, que viene también a incrementar la oferta de fuerza de trabajo. Los empleos urbanos, especialmente informales, entonces, tienden a establecer salarios cada vez menores. Es un sistema perverso, pues no se crean nuevas fuentes de empleo ni suficientes posibilidades de capacitación que permitan especializar y superar la calificación actual de la fuerza de trabajo femenina.
Los programas de capacitación que se están implementando para favorecer en forma específica a jefas de hogar, son programas fundamentalmente para la generación de proyectos productivos de menor alcance (empresas familiares o pequeñas empresas), o para preparar trabajadoras en técnicas de menor rango. Es decir, son actividades de capacitación para sobrevivir y no están destinados a favorecer o promover el cambio de las relaciones de género, manteniendo a las mujeres en un menor nivel de capacitación para el empleo, pudiendo acceder a empleos, pero de una más baja calificación y minusvalorados socialmente.
Cambiar la situación estructural que afecta a la mujer no puede ser un objetivo inmediato. Las orientaciones de las agencias internacionales de la ONU, llaman a los Estados a invertir en el mejoramiento de la calidad de vida de las mujeres, situación permanentemente postergada. Esto significa invertir en la formación técnica y profesional de las mujeres, facilitar su incorporación al mundo del trabajo, democratizando las cargas de trabajo doméstico y facilitando, mediante infraestructura adecuada, el cuidado y la educación de sus hijos. Porque no se trata de que la mujer agregue, sumando responsabilidades, sino que pueda mejorar su calidad de vida sin descuidar la de sus hijos; que acceda al mundo del trabajo en condiciones dignas e iguales, y a la vez pueda cumplir adecuadamente su rol de mamá afectuosa y protectora, beneficiando de esa manera el desarrollo de sus hijos e hijas.
Por lo anterior es urgente que Chile suscriba en los acuerdos comerciales los resguardos, las cláusulas, los requisitos necesarios para impedir la profundización de las desigualdades de género. (9) específicamente asegurando salario igual por trabajo igual, y las condiciones de protección, higiene, seguridad ambiental, de salud y los beneficios y derechos sociales en el ámbito del trabajo. Esto ayudaría al impulso de políticas más adecuadas a los desafíos que la globalización nos ha traído en materia de los derechos de las mujeres.
La ciudadanía global también se moviliza
En esta realidad global la ciudadanía busca nuevas formas de influir en políticas y en las estrategias internacionales. Los sindicatos, muchos de los cuales persisten en trabajar en el ámbito local, deben hoy tratar de incidir en el capital internacional. Para lograr este nivel de movilización se requiere estar vinculado socialmente con otros sindicatos, confederaciones o centrales de trabajadores de otras latitudes, para que concertados puedan ejercer las presiones necesarias e incidir en el establecimiento de nuevas formas de protección de los derechos de los trabajadores a nivel global.
La generación de colectivos de trabajo, de coordinaciones nacionales e internacionales que permitan potenciar la capacidad real de los instrumentos organizativos de los trabajadores, es una tarea actual e impostergable. Estos colectivos de trabajo deben informarse adecuadamente del tenor de los acuerdos comerciales, de las implicaciones inmediatas y a mediano plazo que tienen tales acuerdos. Nada se saca con seguir con un discurso y un sindicalismo tradicional. Las huelgas muchas veces no afectan para nada al capital, los convenios colectivos, muchos de los beneficios sociales se pierden ante la altísima demanda de empleos, personas dispuestas por urgentes necesidades de sobrevivencia, a aceptar cualquier trabajo, en cualquier condición.
La coordinación de distintas organizaciones sociales, sindicales, agrupaciones de trabajadore/as, permitirá intercambiar experiencias, analizarlas y aprender de los demás. Tal cual como el capital es capaz de experimentar antes de invertir mayores sumas, las personas que trabajan remuneradamente deben ser capaces de intercambiar información acerca de las formas de explotación actuales del capital, como de las condiciones ambientales y de seguridad física y psicológica de quienes ejercen estas labores.
La necesidad de incorporar como demanda laborar el derecho al descanso psicológico va siendo cada día más urgente, si se considera el altísimo nivel de stress debido a las nuevas formas productivas. Uno de los desafíos en este campo es estudiar los efectos psico sociales de las formas de producción utilizadas actualmente. Hoy mucha de la producción se realiza prácticamente sin ver el resultado, sin ver lo que produce el esfuerzo laboral. Muchas personas permanecen por horas frente a una computadora, rodeadas por señales, ruidos y claves sonoras. La exigencia productiva provoca también cansancio psicológico -a veces mucho más que cansancio físico-. Además, se enfrenta una incertidumbre permanente, pues no hay contratos Fijos y la estabilidad de la empresas depende de los vaivenes del mercado. Así, la salud física y psicológica de quien está empleado/a se puede afectar en forma permanente. En el pasado las enfermedades que cubría un seguro de salud eran producto de accidentes del trabajo o estaban directamente provocadas por los materiales con que se trabajaba. En la actualidad las enfermedades producto del stress no se manifiestan necesariamente en forma inmediata, sino por deterioro que se va prolongando en el tiempo hasta hacerse irreversible o simplemente deviene en una enfermedad cardíaca, afecciones del sistema nervioso central, alteraciones a la presión y al equilibrio, o cuadros psicológico o psiquiátrico. Se requiere urgentemente establecer resguardos en cualquier condición contractual. Los derechos de los trabajadores deben estar protegidos y asegurados, por el solo hecho de trabajar para una empleador, y debe entenderse que poseen garantías laborales, previsionales, de salud y seguridad social por derecho propio. Actualmente la legislación no incorpora este concepto básico. Es necesario entonces ponerla al día, pues debe estar acorde con las actuales formas laborales y productivas.
Respecto de la huelga, cabe señalar que muchas veces esta acción -realizada a nivel local- no afecta ni perjudica directamente al capital, especialmente si se trata de capital transnacional. El capital globalizado tiene capacidad de flexibilizarse, pues no depende de una sola rama productiva. Se trata de un capital con diversas inversiones. Adquiere entonces mayor potencialidad la acción concertada de trabajadores/as de distintas latitudes, pues tiene mayor capacidad de presión, muchas veces logra influir - e incluso- imponer ciertas condiciones. Es necesario superar esa visión derrotista que cree en la omnipotencia del capital. No existe tal omnipotencia.
Nuevo siglo: nuevas luchas sindicales, nuevas luchas de derechos humanos
En este nuevo siglo que se inicia se probará sin duda que tanta resistencia ponemos a los cambios, que capacidad de flexibilizar para emprender una lucha adecuada a estos nuevos tiempos. La economía de libre mercado, la apertura a los mercados internacionales, la globalización de las comunicaciones, de las informaciones, los acuerdos políticos multilaterales, ofrecen también una posibilidad de internacionalizar la acción de defensa y promoción de los derechos humanos y de los derechos laborales. Extender la presencia de nuestros organizaciones más allá de las fronteras, aunque sea virtualmente, es una de las formas específicas de trabajo para este nuevo siglo.
La extensión del sindicato local a través de su par en otra latitud es una necesidad imperiosa. Las resoluciones de las empresas no se toman en la gerencia local, son acuerdos comerciales internacionales, son decisiones tomadas más allá de las fronteras nacionales o locales. La representación sindical debe incluir la representación internacional, no pueden haber ya sindicatos locales o federaciones solamente nacionales. Cada federación, cada sindicato debe estar vinculado con sus pares de los otros países. La información y la acción sindical deben estar concertadas, de otro modo pierden fuerza.
Las vinculaciones internacionales para acciones concertadas han estado presente a lo largo de la historia de las luchas sociales. No es nada nuevo. Lo único nuevo es la forma de concertarse, los medios usados para comunicarse. Pero el sentido ha estado siempre presente. Desde los preclaros estudiosos del capital se anunciaba la globalización, donde había en perspectiva al mismo tiempo la constitución de internacionales de trabajadores.
Hoy el carácter de las asociaciones internacionales será probablemente distinto, considerando que no sólo los trabajadores se verán convocados a trabajar internacionalmente, sino también tendrán que integrarse las organizaciones no gubernamentales, los organismos de defensa y promoción de los derechos humanos, los organismos sociales o culturales de variado tipo. Es decir, la diversidad de intereses comunes: protección del medio ambiente, el mejoramiento de la situación de las mujeres, de los niños, de los pueblos originarios, hacer frente y superar la explotación, la injusticia y la discriminación, establecer nuevas formas de ciudadanía, participación y democracia y la búsqueda de nuevas formas políticas basadas en el respeto de los derechos humanos.
En el nuevo siglo prácticamente todas las acciones de defensa y promoción de los derechos humanos, y especialmente si pensamos en los económicos sociales y culturales, requieren de organizaciones capaces de representarse internacionalmente a través de sus iguales. La lucha por los derechos humanos al interior de los países se tendrá que encaminar al ámbito internacional. A través de la coordinación activa, de la colaboración mutua, se podrá hacer una práctica jurídica y política internacional de defensa y promoción de los derechos humanos. Esto implicará el desarrollo y la potenciación del derecho internacional, como un lenguaje común y propio de las distintas latitudes y realidades.
Los derechos humanos universalmente han sido útiles - y es también nuestra práctica- para mejorar sustancialmente las normativas, leyes y la práctica del derecho al interior de los países. A pesar de amplitud, y de las limitaciones de aplicación de la doctrina, se constituyen en un instrumento de promoción de mejores condiciones de vida, desafiando la superación de situaciones de menor vigencia de los derechos de las personas, equipando a nivel nacional la práctica internacional de vigencia de estos derechos.
Varias de las empresas más exitosas del mercado internacional respetan los derechos laborales y ambientales. Algunas aplican códigos de conducta en relación a las condiciones laborales o sociales. Estas empresas han entendido que el respeto de los derechos sociales y laborales no implica pérdidas empresariales ni menores ganancias como afirman algunos empresarios conservadores. El respeto y protección del medio ambiente asegura mejores condiciones y una producción de mejor calidad. Los empresarios que respetan los derechos de las mujeres y que no discriminan sino que, por el contrario, integran a las trabajadoras en igualdad de condiciones que los trabajadores en sus empresas tienen, muchas veces, un mejor ambiente productivo y un mayor compromiso con la tarea. Es decir, la mayor productividad no está en relación con la mayor explotación, con formas discriminatorias, tratos que atentan contra la dignidad humana o métodos de producción que afectan el medio ambiente. Tampoco el éxito económico se relaciona con la violación de normas de derechos humanos o medioambientales.
En este sentido es importante entender que las regulaciones en materia de derechos humanos no responden a un afán persecutorio contra los empresarios, ni contra la propiedad privada. Aunque parezca reiterativo, las normas de derechos humanos tienen un carácter universal que pretende igualar en el mundo el goce de derechos y libertades para todos los ciudadanos, superando justamente las políticas y actos discriminatorios contra algún grupo o sector social.
En el mercado europeo se está imponiendo una práctica de códigos de conducta ambientales y laborales a las empresas que pretenden ofrecer sus productos en la comunidad económica europea. Algunas empresas han tenido que cambiar sus comportamientos para acceder a esos mercados. A partir de la organización de la sociedad civil europea, en su calidad de consumidores, se han ido favoreciendo procesos de Fiscalización, control y seguimiento a la conducta empresarial exportadora de América.
Los derechos laborales se entienden como derechos humanos fundamentales en el ámbito del trabajo. Las Fiscalizaciones de la Organización Internacional del Trabajo -OIT- adquieren carácter obligatorio y rigen aún sin haber sido expresamente ratificado por el Estado parte. Desde el punto de vista del derecho esto constituye un avance, pues las normas aplicables al ámbito laboral adquieren un rango superior, a lo menos en la legislación chilena, y podrían implicar
En la práctica las iniciativas pro vigencia de los derechos humanos, van ampliando su ámbito de acción específica, haciendo más coherente la acción promotora y protectora y favoreciendo la Fiscalización. Desde hace unos años, las políticas de Estados respecto de los derechos económicos sociales y culturales y específicamente la fiscalización de las prácticas de las corporaciones y empresas es un tema de primer orden. Lo mismo que la incorporación activa de la sociedad civil a la Fiscalización, protección y promoción de los derechos económicos sociales y culturales. (10)
Entonces es necesario situarse en los tiempos actuales, entendiendo que estamos llamados a coordinar acciones internacionales, a trabajar unívocamente tras nuevas formas de ejercicios de los derechos de las personas y de los pueblos. Se trata de un aprendizaje mutuo, intercambiando experiencias, fortaleciendo las capacidades de denuncia, de acción, de movilización concertada. Así la concertación social a nivel internacional facilita o hace posible incidir en los tratados de libre comercio.
Una alianza internacional de los pueblos y de las personas
Desde hace ya una década, organizaciones sindicales, no gubernamentales y sociales se están proponiendo trabajar juntas para incidir en la generación e instalación de medidas de regulación que protejan a las personas y a los pueblos de condiciones de existencia menos favorables.
El proceso de liberalización económica ha sido vigilada permanentemente por centrales sindicales, especialmente europeas y norteamericanas, que se están preocupando de establecer cláusulas sociales (de protección sindical y medioambiental y de fortalecimiento de la democracia). Por ejemplo, la ORIT (organización sindical en la región de América) ha planteado que los países Firmen una cláusula por la defensa y por la exigencia efectiva de los derechos humanos y, especialmente, de los derechos laborales al momento de que un país Firme un tratado comercial.
Una serie de redes de ONGs a nivel mundial o regional se han preocupado de establecer cláusulas de protección medioambientales integrados en los acuerdos comerciales. Estos esfuerzos han ido creciendo y, luego del establecimiento del NAFTA, las organizaciones y grupos indígenas, campesinos, de mujeres, sindicales y organismos no gubernamentales de derechos humanos se han ido organizando para presionar en cada encuentro de los jefes de Estado o de los ministros de comercio, con el objeto de poner freno al proceso de liberalización creciente y obligar a los países a una revisión de los efectos de estos tratados.
Un esfuerzo importante en esta línea se estableció en Santiago de Chile en abril de 1998, en forma paralela al encuentro de Jefes de Estado en la Cumbre de las Américas, las organizaciones de la sociedad civil se reunieron en una conferencia Cumbre de los Pueblos de América, que reunió a más de quinientos delegados, quienes reflexionaron sobre formas de participación ciudadana y de presencia social en los acuerdos comerciales multilaterales. Lo interesante es que estas delegaciones, además de representar a prácticamente todas las latitudes continentales y caribeñas de las Américas, representaban la diversidad de grupos y sectores sociales que la pueblan. Una sociedad civil surgida y representativa de la diversidad cultural y social americana. Se desarrollaron en esa oportunidad foros temáticos de mujeres, de alternativas de integración económica, ambientales, campesino y agrario, de derechos humanos, de educación (que sería uno de los temas específicos de la Cumbre de los presidentes), sobre ética, un foro indígena, parlamentario, sindical y algunas mesas redondas sobre los temas del AMI (11) (que establece un principio de no discriminación, en el cual toda empresa está facultada para invertir en cualquier área de actividad, incluyendo la propiedad de la tierra, de los recursos naturales, medios de comunicación) y otra mesa redonda sobre la pobreza como fenómeno estructural .
La Cumbre de los Pueblos de América constató la inexistencia de canales de comunicación entre la sociedad civil y los mandatarios, y comprobó que los objetivos de estos encuentros presidenciales estaban centrados especialmente en facilitar el comercio entre los países.
Respecto de la necesidad de que las organizaciones de la sociedad civil pueda hacerse oír y que sus propuestas sean consideradas, las resoluciones de la cumbre popular insisten en concertar a nivel continental una alianza social que permita perfilar de manera más clara las exigencias sociales, ambientales y sindicales de carácter urgente. Las demandas ciudadanas son claras en señalar políticas de desarrollo sustentable para enfrentar las desigualdades económicas y promover un mínimo bienestar social.
Se pretende que la Alianza Social Continental sea una vertiente en la que confluyan todos quienes han manifestado su crítica a los postulados y principios del neoliberalismo y que buscan alternativas democráticas a la globalización. Del mismo modo, esta alianza debiera generar una Carta Social de las Américas que contenga los compromisos y regulaciones ya Firmadas por los Estados en pactos y tratados internacionales (12) y mecanismos para la ejecución y cumplimientos de estos tratados, además de una agenda propia de las organizaciones de la sociedad civil del continente sobre sus propias demandas y derechos frente al deterioro progresivo de la calidad de vida, producto de los impactos de la globalización sobre los pueblos de las Américas.
La alianza significaría un fortalecimiento a nivel nacional de las articulaciones de las luchas sociales, la generación a nivel subregional de redes y coordinaciones, acompañar las iniciativas de los grupos de negociación del ALCA, constituyéndose las ONGs o alianzas nacionales en interlocutores, incorporando amplios y diversos sectores que permitan hacer el monitoreo de los acuerdos y el seguimiento de los pactos y tratados de protección laboral, medioambiental y social.
Específicamente, las organizaciones de derechos humanos de las Américas se plantearon entre otros acuerdos: ratificar el principio de responsabilidad única y exclusiva del Estado en la protección de los derechos humanos; la promoción, el respeto, la exigibilidad y justiciabilidad de los derechos económicos, sociales y culturales, nacional e internacional; el rechazo a la imposición de medidas legislativas o económicas que signifiquen el menoscabo a los derechos adquiridos de los trabajadores/as, la denuncia de la incompatibilidad entre los tratados internacionales de derechos humanos y las medidas de ajuste estructural y de liberalización planteadas por las agencias Financieras multilaterales y las corporaciones transnacionales; el establecimiento de canales y mecanismos que aseguren una creciente intervención de las mujeres, minorías, niños y adolescentes, grupos étnicos, pueblos originarios y comunidades negras, discapacitados, y otros sectores discriminados, incluyéndoles en las tomas de decisiones; la recomendación especial a los Estados de ratificar el Protocolo de San Salvador sobre derechos económicos, sociales y culturales de la OEA; enfatizar la transparencia de la gestión política y crear mecanismos concretos para garantizar la participación ciudadana en el diseño, supervisión e implementación de políticas públicas a nivel nacional e internacional; considerar la protección del medio ambiente como un derecho indivisible e inter dependiente con los demás; el fortalecimiento de todos los procedimientos y órganos jurisdiccionales y de Fiscalización de la OEA y de la ONU; además, específicamente en relación al ALCA, que se incluya una cláusula democrática y una social que garanticen la vigencia del estado de derecho, instituciones democráticas y el respeto irrestricto de los derechos humanos, en particular los de los/as trabajadores/as, que se garantice la participación de la sociedad civil en el diseño, adopción e implementación de los acuerdos comerciales, con una agenda previamente especificada y dada a conocer, adopción de una Carta Social Americana que asegure los derechos económicos, sociales y culturales, y facilitar la representación de las organizaciones no gubernamentales de la sociedad civil.
Un segundo, pero trascendental, paso fue constituir un grupo de convocatoria de la Alianza Social Continental. Para este efecto las organizaciones sindicales, sociales, campesinas, de derechos humanos, de mujeres, indígenas, entre otras, se autoconvocaron en San José de Costa Rica en febrero de 1999 y definieron su misión: construir un espacio de integración de la acción continental a través de un proceso de acumulación de fuerzas que permita a los diversos movimientos sociales desarrollar, potenciar y disputar modelos alternativos y democráticos de desarrollo. Se reconoce a la Alianza como un espacio de acumulación de fuerzas, plural y flexible, organizado para la acción continental integradora de la sociedad civil a través de un proceso de inclusión permanente de miembros y basada en consensos básicos, cuyo objetivo es la democracia participativa a nivel continental, con dimensión social y el impulso de alternativas de desarrollo sustentable y con justicia social. Específicamente, se plantea fortalecer la sociedad civil, ser reconocida como una instancia de representación de la sociedad civil y acción regional hemisférica, implementar la estrategia en común, respetando las diversidades, fortalecer los esfuerzos nacionales, regionales y sectoriales, promover la observancia y aplicación de las normas fundamentales aprobadas por la OIT, e impulsar la cláusula y la carta social.
Esta instancia de coordinación se plantea, entonces, trabajar con todos aquellos sectores o parte de ellos, con potencial de transformación, que se identifiquen con los principios y objetivos planteados. Pretende incidir en los procesos de integración decisorios en los espacios institucionales a nivel nacional, regional y hemisférico y también en los movimientos sociales, en espacios no institucionales, involucrando desempleados y sectores marginales. Entre sus tareas está la promoción y exigencia de los compromisos suscritos por los gobiernos y, específicamente, la promoción y efectividad de los derechos reconocidos en los instrumentos internacionales.
Como se puede observar, la sociedad civil se activa en la defensa y promoción de los derechos humanos y participa siendo sujeto de derecho en las acciones tendientes a regular la economía, en poner atajo a la liberalización que ha significado la destrucción del movimiento sindical, la desprotección de todos los derechos de los ciudadanos y de los grupos sociales. Aquí, la sociedad civil se reconoce capaz de incidir, mediante la coordinación, la concertación y la movilización de sus diversas acciones.
Todo proceso social adquiere una perspectiva histórica cuando lograr incidir con sus iniciativas, en la modificación de las tendencias, y esto fue lo que ocurrió en Seattle, USA.
Seattle fue testigo de una Alianza Social Continental en acción
Como sabemos en Seattle se reunieron 135 países miembros de la organización Mundial de Comercio, OMC, en lo que sería su tercera cumbre convocada para avanzar en medidas más profundas de liberalización del comercio mundial. En esa reunión no se lograron los acuerdos esperados en el sentido de seguir adelante, completando el proceso de apertura generalizada. En esa oportunidad la sociedad civil se manifestó decididamente con la presencia de miles de personas y organizaciones. Se presentaron más de 2000 organizaciones de la sociedad civil en una conferencia paralela, e irrumpieron con sus observaciones y demandas en la reunión de la OMC. Así, la Organización Mundial de Comercio debió establecer un período de evaluación de los efectos de la liberalización especialmente en los países pobres.
Uno de los logros del efecto Seattle es que en la OMC se inicia un proceso de aceptación del concepto de que no existen posibilidades reales de intercambio igualitario entre el mundo de los países desarrollados y los llamados países en desarrollo. Por fin se empieza a entender la idea que los países pobres, en desarrollo, con economías débiles, requieren de protecciones especiales. Se empieza a entender que la economía abierta favorece a los fuertes. La misma OMC plantea, entonces, que los países pobres necesitarían una política de discriminación positiva.
El impacto de Seattle es un logro concreto de la organización y coordinación de la sociedad civil y constituye, al mismo tiempo, una señal de alerta para los más recalcitrantes defensores de la apertura sin regulaciones y sin condiciones. Es necesario establecer con claridad cuáles serán las exigencias específicas que se harán a los Estados al Firmar los pactos y acuerdos comerciales, al adscribirse a un comercio totalmente abierto.
Después de Seattle se entenderá que las acciones de los Estados deben estar reguladas, a lo menos en lo que respecta al respeto irrestricto de todos los instrumentos internacionales Firmados por los Estados en materia de derechos humanos, como a las recomendaciones en bien de las personas, de los pueblos y del desarrollo sustentable. Pero también se tiene que entender que todo proceso de apertura comercial internacional debe corresponder con las expectativas de vida y progreso de los seres humanos, de los grupos y sectores sociales y de las expectativas y necesidades de los pueblos. Los progresos económicos deben compararse con satisfactores de género, de desarrollo, de respeto y crecimiento de la dignidad humana. Los logros no son necesariamente alcanzar determinadas cifras, sino condiciones básicas que permitan a las personas y a las pueblos desarrollarse plenamente y en libertad. Afirmamos que es el ser humano y su pleno desarrollo, la única medida posible de los éxitos económicos.
Tiempos nuevos implican desafíos, expectativas y exigencias nuevas. Los logros alcanzados a nivel tecnológico, por ejemplo, no podrán implicar perjuicios para la salud humana, tampoco pueden significar costos medioambientales. Todo logro debe encaminarse justamente a satisfacer a todos las personas y pueblos, favoreciendo su desarrollo integral. Esta es la ruta que debe seguir la economía.
Hasta ahora, quienes Fiscalizaban los comportamientos de los Estados en materia de derechos humanos eran las organizaciones no gubernamentales especializadas. Esta política debe cambiar, potenciando y capacitando al conjunto de la sociedad civil para cumplir esta tarea. En este sentido la educación en derechos humanos, la capacitación para el monitoreo de los distintos tratados internacionales, la diseminación de la información actualizada, son desafíos que deben ser asumidos por las ONGs de derechos humanos.
Se requieren activistas internacionales de derechos humanos frente al libre comercio, frente a las conductas de las transnacionales. Trabajar con las mismas corporaciones para establecer códigos de conducta en estas materias, es una tarea actual e impostergable.
La globalización es un fenómeno que produce un impacto histórico, cultural, en la identidad de los pueblos de todas las latitudes. Van dejando de reconocerse como pueblos -sujeto colectivo con una historia en común- para identificarse como una suma de individuos particulares que buscan ganarle a los demás e instalarse entre los que detentan el poder.
Vivimos un proceso irreversible, lo que nos desafía a conocer esta realidad y aprender a trabajar en ella, estar atentos a los fenómenos nuevos y a sus resultados e impactos. Es necesario establecer nuevas formas de promoción y protección de los derechos humanos. Nuevas políticas que permitan el mejoramiento de la calidad de vida de las personas y de los pueblos.
La economía abierta y sin restricciones ha convertido a muchos de los derechos económicos, sociales y culturales en mercancías como cualquier otra que se transa en el mercado. Este efecto constituye prácticamente una denuncia al Estado de Chile por incumplimiento de su obligación de respetar las garantías y derechos sociales establecidos en los pactos y convenciones de derechos humanos.
Un especial énfasis debe ponerse en el mejoramiento de la calidad de vida de las mujeres, en formación técnica y profesional que permita fomentar la incorporación laboral de las mujeres. Es necesario democratizar el trabajo doméstico y facilitar el cuidado y la educación de los niños/as. Eso permitiría a las mujeres acceder en condiciones de igualdad al mundo del trabajo.
Chile debe suscribir en los tratados de comercio, cláusulas que prevengan la profundización de las desigualdades de género, garantizando salario igual por trabajo igual y condiciones de trabajo dignas.
Para buscar políticas alternativas en el marco de la globalización, se requiere el protagonismo de los pueblos, de los grupos y organizaciones sociales, confederaciones de trabajadores/as, organizaciones de la sociedad civil. Es necesaria la coordinación de acciones internacionales, que se encaminen a establecer nuevas formas de ejercicios de los derechos de las personas y de los pueblos. Sólo la concertación social a nivel internacional permitirá incidir en los tratados de libre comercio. Es necesario que la sociedad civil se active en la defensa y promoción de los derechos humanos y participe en las acciones concertadas tendientes a regular la economía, estableciendo normas y exigencias a la liberalización
Notas:
1. Zygmunt Bauman, La Globalización. Consecuencias Humanas. Fondo de Cultura Económica, Buenos Aires, 1998. pág. 109
2. Ese tipo de acuerdos es el tratado económico del Asia pacífico, APEC. Se hace un tratado internacional entre las economías de los países de la región. Es un acuerdo entre economías desiguales con el Fin de facilitar las inversiones en la región. Uno de los objetivos de APEC es la liberación de las barreras arancelarias, la progresiva apertura al mercado de los distintas áreas productivas y de servicio de los distintos países.
3. Convención Americana de Derechos Humanos
4. El MINEDUC, en su compendio de información estadística de 1997 informa acerca del aumento del aporte público a colegios particulares subvencionados, el que ha aumentado desde 16% en 1981 a 37% en 1997, asimismo, la disminución del porcentaje de apoyo estatal al sector público municipalizado desde 84% en 1981 a 62% en 1997. A partir de 1980, se inicia una proceso generalizado de privatización de la educación universitaria y técnica superior. En la actualidad hay 25 entidades estatales tradicionales, y 225 instituciones que imparten carreras universitarias en el ámbito privado.
5. Crecimiento sostenido del 6 - 7%, de acuerdo a cifras del Ministerio de Economía, 1999
6. Ponencia de Patricia Román, Red Latinoamericana de Mujeres Transformando la Economía del mercado. En este sentido Chile no está cumpliendo con las obligaciones adquiridas soberanamente de brindar a quienes habitan en su territorio las garantías y derechos sociales establecidos en lo pactos y convenciones de derechos humanos.
7. Encuesta CASEN, 1996.
8. Encuesta CASEN, 1996.
9. Acuerdo de la Alianza Social Continental, reunida en febrero 1999 en Costa Rica.
10. En la Declaración y el Plan de Acción de la Cumbre de Desarrollo Social de Copenhague, se recoge la necesidad de Fiscalización al respeto de los derechos humanos en el ámbito del trabajo, como una tarea compartida por el Estado y la comunidad.
11. Acuerdo Multilateral de Inversiones, acordado especialmente para que la inversión extranjera se sienta en confianza y libertad suficiente para invertir. Estos principios son prácticamente una carta blanca a los empresarios y transnacionales. Sirve para cautelar todas las libertades, una economía abierta y sin obstáculos ni barreras de ningún tipo que pueda asustar a la capital. Los AMis son entonces exigidos a los Estados por parte de los inversionistas transnacionales. (Cfr. Memoria de la Cumbre de los Pueblos de América.
12. Se refiere especialmente a los tratados y pactos de derechos humanos, laborales y sindicales, obligaciones medioambientales, entre otros.