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Alejandro Astete, profesor de historia.
Secretario Ejecutivo Regional
CODEPU VII RegiónCasi todo problema o reivindicación humana, en sus dimensiones tanto individual como social, son competencia de los Derechos Humanos. Y éstos, para una mayor comprensión, pueden ser definidos como las condiciones básicas, reconocidas universalmente. que permiten el desarrollo integral de las personas: donde se incluyen las necesidades materiales y espirituales destacando, desde una perspectiva histórica, el anhelo permanente de un orden social donde impere la paz. la libertad y la justicia.
Si miramos la historia, diversos son los episodios, muchos de ellos con grandes y costosos sacrificios, donde pueblos enteros de diversas latitudes experimentaron largas luchas por avanzar en la conquista de mínimas condiciones de dignidad y justicia.
En este largo caminar, sólo a mediados de este siglo, y en respuesta a las dramáticas experiencias sufridas por los pueblos dominados por regímenes totalitarios, en 1945 se elabora la Declaración Universal de los Derechos humanos como un sistema internacional de protección de los derechos de las personas y de los pueblos frente a la omnipotencia de los Estados.
Debemos sí aclarar que ya con anterioridad a esta Declaración, se empiezan a vislumbrar los primeros pasos de la construcción internacional de los Derechos Humanos. luego de la constitución, en 1919, de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) como parte de las políticas mundiales en torno a la protección y regulación del Trabajo.
De esta manera y al ir adentrándonos en este reconocimiento internacional de valores propios de la esencia humana, empieza a vislumbrarse con fuerza las concepciones de integralidad y la supremacía de la doctrina de los derechos humanos por sobre las leyes y Estados nacionales.
Derechos Humanos: ΏSólo derechos de primera generación?
Existe una visión, especialmente desde el mundo gubernamental, que plantea una distinción radical entre derechos civiles y políticos (de primera generación), por una parte, y los derechos económicos, sociales y culturales (de segunda generación), por otra. Recordemos, sin embargo, que existen además derechos llamados de "tercera generación", referidos al desarrollo, medio ambiente y autodeterminación de los pueblos. Al respecto, es tradicional o común que se nos señale que los derechos civiles y políticos serían los que propiamente constituirían "derechos" según el orden internacional y doctrinario, mientras que el resto serían más bien una suerte de declaración de buenos propósitos. En este sentido, es frecuente también que se nos plantee que los derechos civiles y políticos son de mayor atención y preocupación, tanto en el ámbito internacional como nacional, en cuanto a los mecanismos existentes para su respeto. Tómese en cuenta, a modo de ejemplo, el propio caso de Pinochet en Londres y los argumentos doctrinarios esgrimidos en su contra: Convenciones y Tratados Internacionales sobre Tortura, Desaparición forzosa. Crímenes de Lesa Humanidad.
Sin desconocer la magnitud y gravedad de atropellos donde se vulnera y/o se pone en riesgo el derecho a la vida, lamentablemente se tiende a minimizar la trascendencia de la situación de los derechos económicos, sociales y culturales, donde por cierto se pueden constatar profundos atropellos fundamentales y penurias que terminan por marcar a pueblos enteros.
En lo que respecta al resguardo y fiscalización de los derechos económicos y sociales en el marco de los actuales instrumentos internacionales de derechos humanos, la lógica de esta visión debilitada se ha mantenido, cuestión que ha sido objeto de críticas tanto al interior de Naciones Unidas como de la Organización de Estados Americanos y, con mayor razón, del mundo no gubernamental de instituciones de derechos humanos.
Uno de los principales responsables de mantener una argumentación parcial e interesada, que desfavorece el respeto integral de los derechos humanos, ha sido Estados Unidos y gran parte de sus aliados estratégicos, quienes de manera reiterada efectúan presiones internacionales en el resguardo de los intereses de los grandes poderes económicos transnacionales y de los organismos especulativos del mercado mundial, como el propio Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Mundial.
A pesar de los grandes obstáculos presentes, importantes son los ámbitos de acción donde se vienen levantando políticas sociales en las que predomina una concepción indivisible en la aplicación y vigencia de los derechos humanos. A modo de ejemplo, en la VII región podemos señalar una situación donde ha existido un mejoramiento al respecto -con las salvedades que corresponden- y que tiene que ver con la situación integral de los presos de la Cárcel Pública de Talca. Al respecto, en materia de derechos humanos, la obligación del gobierno a través de la Secretaría Regional Ministerial de Justicia no sólo debe encauzarse en la protección de la integridad física y psíquica de los reos; no basta con que los agentes no torturen a los detenidos, (gracias, por cierto, a la continua fiscalización que desde el ámbito público y ciudadano se viene realizando); tampoco basta con facilitar el acceso a la justicia y al derecho a la defensa. Es necesario también -como se ha venido desarrollando desde un tiempo reciente a la fecha- se establezcan modificaciones y correcciones en lo referido a la infraestructura carcelaria, que permita condiciones de respeto y recuperación de la reinserción integral y básica de los reos. acompañados de talleres y oficios laborales, espacios de esparcimiento, nivelación de estudios y acceso a la salud, entre otros aspectos.
Volviendo sobre los resguardos globales de los derechos humanos, con el énfasis del respeto a los derechos económicos y sociales -en este caso el Derecho al Trabajo- hay que señalar que en los propios Pactos y Tratados Internacionales son claros los diferentes niveles de exigibilidad que sobre estos derechos. En tanto, que en los derechos de primera generación las exigencias para los Estados es inmediata, para los derechos de segunda generación se ha establecido un reconocimiento tácito de relativa "comprensión mutua" entre los Estados. Por entenderlos como parte de las variables de desarrollo de cada país, se sostiene que su mejoría tendría un carácter determinista y progresivo.
La argumentación progresiva de la vigencia de los derechos económicos y sociales (DESC). ha dado lugar para que los Estados recurran al pretexto de la "insolvencia estructural", para solventar sus deudas con sus sociedades o exigir sacrificios a los mismos para alcanzar un status que permita satisfacerlos.
En relación al Sistema Regional Americano, debemos rescatar por cierto un avance en esta materia, el cual contendría una mayor exigibilidad de los derechos económicos, limitado eso sí a la participación de reclamantes individuales. Estos planteamientos están señalados en el Protocolo de San Salvador, anexo de la Convención Americana sobre los Derechos Económicos.
En el caso de Chile, la vigilancia y garantías del respeto de los derechos económicos y sociales -en este caso el Derecho al Trabajo- consagra de manera insuficiente y desvirtuada la efectividad de este. Así. en el artículo 19 ?16 de la Constitución Política sólo se hace mención a la libre elección laboral, y en el inciso 19 del mismo artículo, en lo referido a la existencia de sindicatos, es reconocido débilmente. Por su parte, entre los mecanismos legales -recurso de protección- con respeto a vulnerabilidad o violación sobre este derecho económico, nuevamente nos encontramos ante una suerte de subjetivismo y parcialidad, que la hace poco viable e infundada y donde se retoma el argumento de "dependencia y determinismo" de parte de los tribunales con respeto a la capacidad y potencialidad económica propia del Estado.
Impunidad, Pseudo democracia y neoliberalismo v/s Participación y desarrollo.
La Región del Maule y los derechos laborales.
A pesar de las grandes dificultades debemos insistir en la noción doctrinaria de que los derechos humanos no pueden restringirse a la defensa de la integridad física y psíquica de la persona; éstos deben tener una mirada integradora y dinámica que evolucionan junto al desarrollo de la sociedad, tanto en los aspectos civiles y políticos, como económicos y culturales.
En esta perspectiva, la argumentación sobre el desarrollo, como derecho inalienable, cobra un interesante posicionamiento para poder encaminarnos hacia una efectiva y progresiva existencia de los derechos humanos y, por tanto, de una democracia consolidada.
El término "Desarrollo", muy en boga, pero donde muchas veces se ha abusado interesadamente en distintas apreciaciones que de él se obtienen, nos obliga a recoger la definición de la propia Organización de Naciones Unidas, que señala: ...es un proceso económico, social, cultural y político global que tiende al mejoramiento constante del bienestar de toda la población y de todos los individuos sobre la base de su participación activa, libre y significativa en la distribución justa de los beneficios que de él se derivan"...
El goce pleno al Desarrollo como un derecho inalienable permanente está en Chile -y más aún en la Región del Maule- muy limitado. Al identificar los principales obstáculos institucionales podemos nombrar la presencia de la Impunidad, la propia democracia restringida y, a la cabeza de éstas, el agente rector del actual tipo de desarrollo: el modelo económico Neoliberal.
Un poco de historia regional reciente donde se van imponiendo los grandes obstáculos del desarrollo.
El Golpe Militar de 1973 interrumpió violentamente importantes avances sociales y económicos que iban perfilando el Derecho al Desarrollo para grandes capas sociales y populares.
Recordemos que Chile se encontraba viviendo un conflicto social y de lucha de clases, producto de la ampliación de la ciudadanía y el protagonismo creciente que venían alcanzando la clase obrera, los trabajadores y los sectores populares organizados; que no sólo reclamaban más ingresos sino también acceso a la propiedad -principalmente de la tierra-, a la participación política, a la educación, a los medios de comunicación. Fue un choque de poderes y su desenlace significó una fuerte reversión de la creciente presencia de los sectores populares en el proceso de modernización, desarrollo y democratización de la sociedad.
Junto con ello se inicia la imposición y aplicación más descarnada de un nuevo modelo de sociedad, que en su vertiente económica es el neoliberalismo. Como parte de este macabro y oscuro mecanismo que pavimentaba el nuevo orden, no debemos olvidar la secuela de muerte, desaparición, tortura y exilio, junto con el imperio del exterminio y la desarticulación de la mayoría de las estructuras sociales, políticas, económicas y culturales que la población venía conformando.
La Región del Maule, zona agraria con importante niveles de organización, en especial en el orden laboral, fue violentamente afectada a partir del 11 de septiembre de 1973. Numerosas organizaciones sindicales, especialmente campesinas, fueron arrasadas y varios de sus afiliados víctimas de las más graves violaciones a los derechos humanos.
Las investigaciones realizadas por CODEPU, así como las de otras organizaciones de derechos humanos y los innumerables testimonios de víctimas y familiares. ratifican con detalle las circunstancias en las que se realizaron prácticas de exterminio, a través de sistemáticos operativos militares en diversas zonas rurales de la zona en los que se usaron todos los recursos represivos. Así. podemos comprobar como zonas de alto porcentaje represivo a Pelarco, Melozal, las cercanías de San Javier y Loncomilla, Villa Alegre, Yerbas Buenas. Chanco. Retiro, Linares y, por cierto, las grandes extensiones en torno a la Colonia Dignidad en la comuna de Parral (en la zona sur del Maule)
Las investigaciones de estos hechos y la reconstrucción de numerosos casos, las acciones emprendidas en el ámbito jurídico junto a los familiares de las víctimas, nos llevó a la apertura de varios procesos, destacando el caso de 34 personas detenidas desaparecidos de Parral. (1) Un denominador común en esta secuela de terror y muerte, donde encontramos a obreros y campesinos, es la alta presencia de dirigentes (entre 20 a 40 años de edad) provenientes de asentamientos campesinos, de sindicatos urbanos y otras entidades productivas de carácter social.
En la VII Región, la negación de justicia es evidente. Los muros que se han levantado, léase decreto ley de amnistía, competencia de la justicia militar y prescripción. entre otras -a pesar de la corroboración de testigos sobre la identificación de cientos de responsables- han significado que la mayoría de los responsables no estén sometidos a proceso y se encuentren gozando de plena libertad. Es decir, sigue imperando la impunidad y hasta la fecha, a pesar de los esfuerzos, aún no se ha logrado tener conocimiento del paradero de ninguno de los más de 60 detenidos desaparecidos de la región. En este escenario de represión y total desprotección, encontramos las instancias que anidaron e impusieron el modelo neoliberal, promovido hasta nuestros días por la dictadura militar y que hoy. sin duda. está configurando un nuevo tipo de impunidad, una impunidad de orden social.
Algunas contradicciones del modelo impuesto y los derechos sociales de los trabajadores.
El economista chileno Hugo Fazio, señala con respecto a la "impunidad social" y a la imposición del sistema económico neoliberal, una cuantificación que gráfica la alta injusticia y grave atentado a los derechos humanos que recae en los trabajadores. Esto es la pérdida y desvalorización desmedida de sus remuneraciones. Explica que esta perdida acumulada equivale "a que los trabajadores no hayan recibido salario por siete años". Este asalto que se le ha arrebatado a la mano de obra laboral sumaría más o menos 6 millones de dólares anuales.
En la Región del Maule la propia imposición de la fase de expansión económica exportadora hasta nuestros días demuestra, por un lado. altas cifras de expansión económica del sector agrícola y forestal con importantes rentabilidades y excedentes económicos que incluso se han destacado en el aporte al Producto Global Bruto (PGB) nacional; pero. por otro lado, éste no se condice con la deprimida realidad socioeconómica de importantes capas de trabajadores de la zona. que deben mantenerse con bajas remuneraciones o crecimientos temporales y con mínimos resguardos de su seguridad social. Junto con ello, hay que señalar también los altos costos ambientales y de salud que recaen fundamentalmente hacia los trabajadores y sus familias. como los que se generan a partir del abuso del uso de agrotóxicos y las actuales condiciones de alto deterioro de los suelos del Maule, con erosiones que llegan a un 35% en amplios sectores costeros.
Según antecedentes macroeconómicos. la VII región tuvo entre 1960 y 1992 un ranking de crecimiento que la puso entre las tres mejores regiones del país. Posteriormente se señala que entre 1983 y 1992 esta Región fue la que más creció en promedio, de acuerdo al PGB regional, en comparación al resto de regiones del país.
En la actualidad, pareciera que tampoco es relevante poseer una potencia eléctrica instalada de 1.244 MW y ser parte, junto a la VIH región, de casi el 50% de la energía que abastece a las personas y empresas de todo Chile. Lo incomprensible es que estas dos regiones, a pesar de las grandes utilidades de las empresas eléctricas, escasamente son beneficiarios de este crecimiento económico los trabajadores y la comunidad en general.
La inequidad social continúa agravándose en nuestro país y en nuestra región. En lo que se refiere a la distribución de ingresos, las investigaciones internacionales señalan que Chile es una de las más regresivas de América Latina; además de la ya muy conocida brecha (de 36 a 40 veces) entre el ingreso per cápita de los más pobres y de los más ricos. A estas alturas seguir señalando que la redistribución del ingreso puede hacerse a través del mercado, no sólo es poco serio, sino que además lleva consigo la tozudez propia de sectores conservadores que defienden a ultranza sus intereses.
De igual manera, es evidente lo exacerbado de las diferencias sociales que produce el modelo económico que hoy nos rige, y que gran parte de su peso y secuelas recae en los sectores populares y de trabajadores. Según un informe del Programa de Naciones Unidas para el desarrollo (PNUD). en nuestro país conviven simultáneamente el primer y el cuarto mundo.
Según los Indicadores de Desarrollo Humano (ID) de la PNUD, Chile se sitúa en el lugar 33 de la clasificación mundial en la categoría de países de Alto Desarrollo Humano. Pero. de acuerdo a este índice, existen menos diferencias entre Chile y los países desarrollados, que las existentes entre las diversas comunas de nuestro propio país. Mientras Vitacura, Las Condes y Providencia, presentan ID semejantes a Canadá o Japón: comunas como Contulmo. en la VIII Región, o Chanco, en VII Región, tienen ID semejantes a Kenia o Ghana, países extremadamente pobres de la región africana.
Otra alta vulnerabilidad en relación a los derechos económicos y sociales de los trabajadores y su familia es el alto porcentaje de subempleo o trabajo informal, existiendo más de un 50% de trabajadores sin contrato y dentro de éste, un alto número de menores de edad en faenas agrícolas. Esta desprotección, por cierto, esta muy alejada de los nuevos acuerdos contraídos por el Estado de Chile en materia de protección laboral.
Según últimos registros del Instituto Nacional de Estadísticas (INE), en lo referido al tema de la cesantía nacional, los sectores productivos más deprimidos serían la construcción, la industria manufacturera, la minería y la agricultura. La región del Maule, con una cesantía que sobrepasa los dos dígitos, muestra una fuerte depresión en los sectores silvo-agropecuarios e industrial, junto al decaimiento de la construcción. Producto de esta situación en la ciudad de Talca se ha generado la conformación de diversos comités de cesantes los que junto con impulsar movilizaciones en demanda de sus problemáticas, están implementando alternativas básicas de subsistencia solidaria.
Consideraciones y propuestas de discusión crítica frente al actual modelo económico en el mundo sindical en la VII Región y sus implicancias en los derechos de los trabajadores.
Consideración preliminar:
Es incuestionable que para la imposición del actual modelo económico y su plena funcionalidad, se ha requerido de espacios con mínima participación democrática. Más allá de la retórica oficial y empresarial, con una recurrente valoración y manejo de términos como "ciudadanía", "derechos públicos", "soberanía". "Estado de Derecho", entre otros, un rasgo claro hoy en día es que la economía se impone a la política, a tal punto que la producción de ideas y conocimientos y la modernidad están ahora vinculadas, principalmente, a la esfera de los consorcios industriales y del capital globalizado. En definitiva, el neoliberalismo bloqueó el proceso de democratización y cambió de signo el proceso de modernización, haciéndolo claramente excluyente.
El llamado "crecimiento con equidad", donde se formula la lógica de empleo /ingreso, sigue estando muy lejana. La presencia de la flexibilidad y la informalidad del trabajo aumenta los niveles de empobrecimiento.
Propuestas a los dirigentes sindicales:
Desde el mundo laboral aparece como muy necesario el realizar desde su propia realidad, investigaciones críticas del modelo y la sociedad en que vivimos. Esta es una tarea elemental, porque el modelo económico imperante se ha acompañado de una fuerte propaganda ideológica orientada a afirmar que no sólo este es el único modelo posible, sino que además es muy bueno.
Es por ello que es necesario hacer esfuerzos desde y para el mundo laboral, dirigidos a estudiar seriamente este modelo, preguntándonos qué impactos ha tenido en la realidad cotidiana; en la fábrica, en la empresa, en el entorno social. Hay que mostrar la otra cara del modelo; especialmente es necesario que en la VII Región hagamos esfuerzos en esta dirección. En esta tarea propongo aprovechar la experiencia y apoyo de profesionales, institutos de estudios sociales y escuelas universitarias.
Levantar relaciones y plataformas sociales alternativas que profundicen la democracia nacional y local. El mundo laboral debe continuar reconociéndose como actor de primera línea en la tarea de la memoria histórica, de la promoción de los valores de la solidaridad, la cooperación y la autonomía. En este camino, hay que rescatar la participación de sectores sindicales en las campañas que se vienen realizando a nivel local por el término de los enclaves antidemocráticos.
Aumentar y estimular hacia la base laboral las responsabilidades fiscalizadoras del respeto de los derechos de los trabajadores y la aplicación de los nuevos convenios de la OIT. Esta acción fiscalizadora no sólo es tarea de los dirigentes, de los asesores, de los abogados u otras entidades afines, sino que de todos los trabajadores.
En relación a lo anterior, impulsar una permanente presión hacia el poder legislativo y en especial hacia los parlamentarios de cada zona para que asuman su responsabilidad en la pronta ratificación de Convenios de la OIT que son vitales para el resguardo de los derechos d los trabajadores, como por ejemplo el Convenio 151 sobre Organización y negociación de los trabajadores públicos. Con esa misma fuerza denunciar públicamente el retroceso en estas materias tras el rechazo del Senado en tres Convenios como lo son los referidos a la protección de los representantes de los trabajadores, prestación en casos de enfermedades profesionales y sobre servicios de salud en el trabajo.
Impulsar y actualizar las políticas de capacitación y educación sindical, articulándose en torno a las nuevas relaciones laborales en el contexto de la llamada modernización, globalización y los acuerdos comerciales internacionales; estos últimos de preocupación, por el alto desconocimiento real de sus graves consecuencias en la economía regional.
Hacer esfuerzos para no quedar sólo en la denuncia y ser más proponentes, acompañados por acciones y experiencias propias. Resurgiendo valiosas experiencias de autogestión popular e impulsando la capacidad de "sujeto de derecho" versus "beneficiario recepcionista pasivo" (neoclientelista).
Adherir a la Campaña Internacional sobre el vínculo y la vigencia de los Derechos Laborales al interior de la Organización Mundial del Comercio (OMC) y la suscripción y aplicación por parte de los Estados sobre los siete convenios claves que actualmente promueve la Organización Internacional del Trabajo. En relación a la OMC, interiorizarnos de los contenidos de la próxima cumbre Ministerial, solicitando al Gobierno la inclusión de las organizaciones sindicales en esta Cumbre.
Anexos:
I. Los 7 convenios claves que promueve la OIT.
- Convenio 87 sobre Libertad Sindical y protección del Derecho de Sindicación.
- Convenio 98 sobre el Derecho de Sindicación y Negociación Colectiva
- Convenio 29 y 105 sobre el Trabajo forzoso.
- Convenio 100 sobre Igualdad de remuneración ( hombres y mujeres).
- Convenio 111 sobre la discriminación (en el empleo y ocupación en sus distintas formas).
- Convenio 138 sobre la edad mínima (trabajo infantil).
II. Indices estadísticos de la realidad económica laboral de la Región del Maule
Trabajadores dependientes-cotización previsional. (1995) (Remuneraciones promedio per cápita, Miles $) Región Remuneración per cápita III 102.95 II 90.36 XI 77.20 RM 73.70 XII 67.84 IV 66.97 I 66.92 X 63.82 V 63.65 IX 60.37 VI 65.45 VIII 59.18 VII 57.88
Trabajador formal e informal abril 1995. Trabajadores cotizando en INP 18.379 Trabajadores cotizando en AFP 120.623 Trabajadores con contrato 139.002 Trabajadores sin contrato 157.980 Trabajadores ocupados 296.960 Ocupación informal Regional 55% Ocupación informal Nacional 44%
Tasa sindicalizacion / año 1994 Sector económico Sindicalización Agricultura 5.1% Industria 11.7% Construcción 10.0% Comercio 6.2% Servicios 2.9%
Bibliografía
Encuesta de caracterización socioeconómica CASEN 1995.. SERPLAC. INP (1995).
Claude, Marcel. Una vez más la miseria ΏEs Chile un país sustentable? Ediciones Lom, Colección Sin Norte, 1997.
Cumbre de los Pueblos de América. Memorias, enero 1999.
Reyes. Myriam. "Derechos Económicos y Sociales" en Serie Opinión y Perspectivas ?3, CODEPU, enero, 1999
Fazio. Hugo. Mapa Actual de la Extrema Riqueza. Colección Sin Norte, Universidad ARC1S, Ediciones Lom. 1997.
Convivir o Competir, Alternativas frente a los efectos del modelo neoliberal. Seminario Taller. Servicios de Estudios Regionales. Concepción, 1996.
Notas:1. Caso que hoy es parte de los procesos investigados por el Juez Juan Guzmán. quien tiene a su cargo las querellas contra Pinochet