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José Araya, profesor de historia. Secretario Ejecutivo Regional CODEPU, X Región
Jorge Abello, estudiante de Periodismo Universidad Austral de Chile
Introducción
Una historia de enfrentamientos y desencuentros.
Un nuevo enfrentamiento en la realidad neoliberal.
Razones para una nueva movilización .
Sociedad neoliberal y reconcentración de la propiedad
Los efectos del modelo forestal .
Incumplimiento del Acta de Nueva Imperial.
El renacer de la identidad
Internacionalización del conflicto mapuche
Nuevas vinculaciones con la sociedad nacional
Derechos humanos y derechos de los pueblos indígenas
Hacia una Declaración Universal de los Derechos de los pueblos indígenas
Instrumentos de derechos humanos en la defensa y protección de los pueblos indígenas
Bibliografía .
Conflicto mapuche: Algunas razones y derechos en este nuevo enfrentamiento.
Introducción
La quema de camiones de Lumako, en diciembre de 1997. es el hecho más significativo de una nueva etapa de acciones iniciadas por las comunidades mapuche para llamar la atención sobre la situación de pobreza y marginación en que viven. Este hecho marcaría un cambio en la forma de plantear sus demandas. Lo que vendrá no es tan claro y se refleja en la incertidumbre que provocan los cambios en el actual proceso, como son las iniciativas tomadas por el gobierno y las propias dinámicas al interior de las organizaciones mapuche. Sin embargo, es posible afirmar que una nueva forma de diálogo se producirá entre el pueblo mapuche y el Estado chileno y que las comunidades indígenas están cada vez más cerca de acceder a derechos que en el ámbito internacional han tenido un sostenido desarrollo.
Tras las movilizaciones están las exigencias de estos derechos pero, principalmente. la urgencia de enfrentar la creciente degradación del entorno donde viven y las políticas sociales y económicas que están afectando definitivamente la supervivencia social, económica y cultural de este pueblo.
Los avances en el sistema internacional de derechos humanos y de protección de los pueblos indígenas constituyen un aporte valioso a la lucha desplegada por las comunidades mapuche en la restitución de sus derechos. Y el trabajo de las organizaciones de derechos humanos debe acompañar este proceso.
Una historia de enfrentamientos y desencuentros
La historia del pueblo mapuche y el Estado chileno ha sido una historia de enfrentamientos y desencuentros. Este se ha alzado en calidad de vencedor y los mapuche viven las secuelas de una guerra perdida y de una larga historia de marginación y discriminación. Se trata de un Estado en el cual los mapuche nunca se han sentido plenamente representados y han debido sobrevivir a las innumerables formas de intromisión de los winka, (1) que han impuestos sus costumbres, han aplicado sus leyes, han reducido sus territorios y aplicado modelos de desarrollo en que la concepción mapuche es completamente ignorada.
La destrucción de la recién fundada ciudad de Santiago, en 1541. y las dificultades de los españoles para acceder y avanzar hacia el sur del territorio, los obligó a reconocer a los mapuche una frontera que se estableció en el río Bío-Bío, a excepción de fortificaciones y poblados como Valdivia. Osorno y Chiloé que los españoles mantuvieron y controlaron por el mar.
El afán de avanzar y sumar territorios a la Capitanía General de Chile obligó a fortificar la zona para enfrentar los ataques. En el siglo XVI la mayor cantidad de construcciones españolas estaban en pleno territorio indígena (Arauco. Tucapel. Cañete. Angol, Imperial. Purén, Villarrica. Valdivia, Osorno). La mayoría fue destruida por los mapuche, hecho que marcaría lo que se conoce como el fin de la conquista española.
Las guerras, enfermedades y esclavitud que el pueblo mapuche sufrió por el contacto con los españoles, disminuyeron drásticamente su población. Aún así. lograron mantener gran parte de su territorio y la frontera del río Bío Bío hasta el siglo XIX.
Con la independencia de Chile debieron enfrentar la disposición del Estado chileno de anexar sus territorios. Los mapuche esperaban que se respetaran los acuerdos logrados en los "parlamentos" (2) con los españoles, pero las decisiones de poblamiento y prioridades económicas estaban marcadas por un fuerte centralismo, que afectó no sólo a las comunidades, sino también a las ciudades emergentes lejos de la capital. Los mapuche apoyaron las acciones iniciadas en la provincias para lograr una mayor independencia, pero estos levantamientos fueron aplastados. Sufrieron hostigamientos, abusos y discriminación del nuevo Estado chileno, que se había propuesto ocupar el territorio y adueñarse de sus tierras. (3)
En 1866 se declaró propiedad estatal el territorio mapuche y se instalaron Fuertes en la zona, con el fin de forzarlos a irse más al sur del Río Cautín. En esta zona militarizada se produjeron cruentos enfrentamientos y cientos de mapuche fueron exterminados. Estos iniciaron una gran ofensiva para recuperar su territorio, la que tuvo su mayor fuerza en los momentos que se desarrollaba en el norte del país la Guerra del Pacífico. Al término de la guerra regresaron numerosos regimientos, los que fueron inmediatamente destinados al sur para "pacificar" la sublevación mapuche de 1881. En la costa de la actual Octava y Novena región desembarcaron tropas que fueron destinadas a la protección de los Fuertes de la zona y a la persecución de los indígenas acusados de atacar estas plazas. Las comunidades eran arrasadas y los mapuche ejecutados. La ofensiva de este pueblo para recuperar sus tierras fue finalmente derrotada con la ocupación de Villarrica en 1883.
Con el fin de la guerra los mapuche fueron sometidos al rigor de la civilización: se le entregaron pequeñas mercedes de tierras, se les encerró en sus reducciones, se les obligó a transformarse en agricultores. El guerrero debió transformarse en ciudadano y el pastor de ganado en campesino, productor de subsistencia. Este paso fue drásticamente dirigido por el ejército chileno. Fueron años de temor, de pestes, de hambre, de pérdida de una identidad y reformulación de una nueva cultura, como minoría étnica enclavada en la sociedad rural chilena. (4)
Las tierras se mensuraron y vendieron a hacendados y especuladores; hacia fines de siglo ya eran miles los colonos extranjeros que ocupaban estas tierras. Los mapuche fueron reducidos a pequeños territorios, que se les entregaron vía Títulos de Merced en lugares cordilleranos y cerca de la costa, donde estaban las peores tierras. En este proceso sólo retuvieron unas 510 mil hectáreas, es decir.el 6.3 % de su territorio original.
La comunidades indígenas, una vez más, fueron víctimas de la violencia. La destrucción de rucas y enseres, el robo de animales y los asesinatos fueron la forma en que algunos colonos formaron sus nuevas propiedades. La situación de miseria y marginación de la población mapuche nunca fue una preocupación para la sociedad criolla y mestiza chilena de entonces. Sólo se generaron políticas para legalizar el despojo de sus tierras, como ocurrió desde 1884 en que se entregaron los Títulos de Merced y funcionó la Comisión Radicadora de Indígenas, cuyas leyes fueron derogadas hacia 1927.
Las políticas económicas tenían ahora a su disposición un territorio considerado necesario para la subsistencia del país. Parte de esta nuevas políticas fue la quema de los bosques, que predominaban en la zona. para introducir actividades y productos agrícolas que demandaban las grandes ciudades.
Los enfrentamientos. abusos y discriminación del pueblo mapuche son parte entonces, de la relación histórica de este pueblo con el Estado chileno. Un genocidio avalado por el ocultamiento y tergiversación histórica de la verdadera relación que se ha impuesto a este pueblo. (5)
Los mapuche, aún con la forma cruenta en que perdieron su territorio, nunca han dejado de resistirse a la pérdida total de su antiguo patrimonio; así se puede observar en las numerosas acciones ocurridas desde principios de este siglo. Ocupaciones, matanzas y revueltas son parte de una historia no muy divulgada en el presente siglo y que tardaría años en tener resultados.
Sólo con la Reforma Agraria, iniciada en la década del 60. los mapuche pudieron recuperar parte de sus tierras. Las leyes que favorecían la organización y la redistribución de la tierra permitieron la devolución de parte del territorio a las comunidades. Además, se lograron avances en una relación que permitiría el reconocimiento de su calidad de pueblo. Así. en 1972. durante el gobierno de la Unidad Popular se creó el Instituto de Desarrollo Indígena (IDI). donde por primera vez se discutió sobre lo que el Estado entendería por indígena, respetando la concepción de propiedad comunitaria de los mapuche.
Pero la acción social y política de las comunidades y sus dirigentes durante el proceso de la Reforma Agraria no fue olvidada por los antiguos propietarios luego del Golpe Militar, en 1973. Las acciones represivas de la dictadura terminaron con un gran número de mapuche ejecutados y detenidos desaparecidos, principalmente en las zonas rurales de Lautaro a Galvarino en la IX Región. En estas acciones los propietarios afectados por la Reforma Agraria formaron grupos paramilitares que. apoyados por Carabineros, realizaron una "limpieza social" con quienes se habían tomado los fundos. (6)
La persecución de dirigentes y las incursiones militares en las comunidades reestablecieron la antigua relación con los mapuche. Entre 1974 y 1978 se dictaron leyes que terminaron con el proceso de la Reforma Agraria. Muchos propietarios lograron reconstruir sus antiguos fundos y se terminó con el régimen especial que favorecía a las comunidades indígenas. La dictadura militar no sólo eliminó derechos en los cuales se había avanzado, sino que desconoció la existencia de la población indígena, asimilándola a la población campesina del país.
Ya la nueva concepción neoliberal, que se impulsaría desde mediados de los años 70, se refleja en el intento de eliminar la propiedad comunitaria de los mapuche dividiendo sus tierras (5.36 hectáreas por familia) y permitiendo que sean arrendadas hasta por 99 años, y vendidas luego de 20 años. Esta división de los Títulos de Merced en títulos individuales incorpora otro aspecto que atenta contra su identidad como pueblo. Pero. a pesar de los cambios en la propiedad generados por la dictadura militar, la desarticulación de las organizaciones sociales y los escasos espacios para expresarse, las recuperaciones de tierras se vuelven a hacer presentes, efectuándose incluso bajo el imperio de los Estados de Excepción.
La comunidades mapuche, representadas por diversas agrupaciones y organizaciones surgidas desde los Centros Culturales apoyados por la Iglesia Católica, participaron de la lucha antidictatorial y la mayoría de las organizaciones se comprometió a apoyar al nuevo gobierno de transición si éste impulsaba acciones que permitieran el reconocimiento de los pueblos indígenas en Chile.
Este compromiso fue el Acta de Nueva Imperial, firmada el 1 de diciembre de 1989, por el entonces candidato presidencial Patricio Aylwin Azocar y las representaciones indígenas. Esta acta estipulaba en sus puntos fundamentales:
1. El reconocimiento constitucional de los pueblos indígenas, y de sus derechos económicos, sociales y culturales fundamentales.
2. La creación de una Corporación Nacional de Desarrollo Indígena y de un Fondo Nacional de Etnodesarrollo, con la participación activa de los distintos Pueblos Indígenas del país, como entidades públicas encargadas de coordinar la política indígena del Estado.
3. La creación, al iniciar su gestión de gobierno, de una Comisión Especial de Pueblos Indígenas, que en un plazo no superior a cuatro años culminaría con la implementación de la Ley Indígena y de la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena.
4. El compromiso de ratificar el Convenio 169 sobre Pueblos Indígenas y Tribales de la Organización Internacional del Trabajo O.l.T.
Con el inicio de la transición política, en 1990 se podía, por primera vez, discutir en la sociedad aspectos fundamentales como el reconocimiento de los pueblos y territorios indígenas en Chile. Se podía reconocer en el Estado Chileno una preocupación especial por las comunidades indígenas y la necesidad de determinar políticas especiales.
Esto se inició con la creación de la Comisión Especial de Pueblos Indígenas (CEPI), un proyecto de reforma constitucional y el envío -en diciembre de 1990- del Convenio 169 al Congreso, para su aprobación; además de la presentación en la Cámara de Diputados -el 08 de octubre de 1991- del "Proyecto de ley relativo a la protección, fomento y desarrollo de los pueblos indígenas".
El Presidente Aylwin anunciaba con estas acciones el nacimiento de una nueva relación con los pueblos indígenas de Chile, que diera cabida a los legítimos derechos a los que aspiraban estos pueblos. Su propias palabras reconocían aspectos esenciales establecidos en el proyecto original, como la existencia de otros pueblos en Chile. Muy lejos de lo que finalmente se aprobaría.
Un nuevo enfrentamiento en la realidad neoliberal
Los buenos augurios chocarían prontamente con la nueva democracia que se estrenaba en un país que había sufrido fuertes transformaciones políticas, sociales, económicas y culturales, y que heredaba una institucionalidad funcional al nuevo modelo de desarrollo neoliberal impuesto por la dictadura militar.
El parlamento, mayoritariamente sostenedor de este modelo, y sin interés ni comprensión hacia los problemas de las comunidades indígenas, dieron su sello a estas nuevas iniciativas.
En 1992 se rechaza el proyecto de reforma constitucional en que el Estado reconocía y amparaba a los pueblos que integraban la nación chilena. Para los parlamentarios éste atentaba contra el principio de igualdad que estipula la Constitución de 1980. Tampoco se ratifica el Convenio 169 de la OIT, ya que reconocer el carácter de "pueblos" y el de "territorios indígenas" atentaría contra el principio de unidad nacional y pondría en peligro el ejercicio de la soberanía del país.
La Corporación Nacional de Desarrollo Indígena, CONADI. nace finalmente en 1993, bajo un marco valorice y de interés de la mayoría parlamentaria, muy distinto a los propiciados por las organizaciones indígenas y que fueron establecidas en el proyecto original.
Pese a todo esto desde 1990 la CEPI. y luego la CONADI. marcarían una relación distinta entre las comunidades indígenas y el Estado chileno, ya que ahora se contaba con organismos con cierta competencia en los temas que preocupaban a los indígenas y podrían apoyar sus posibilidades de desarrollo.
Pero el nuevo contexto no resultó muy alentador para los pueblos indígenas. De a poco se fue evidenciando el freno que tenían sus demandas, especialmente la restitución de tierras, debido a los intereses de grandes inversionistas y grupos económicos, que ahora eran los dueños de la tierra y sustentaban un poder ilimitado en la sociedad.
Las políticas de desarrollo gubernamental no escapaban de esta nueva realidad y. por lo mismo, se volvían muy contradictorias, al intentar avances en el reconocimiento de los derechos de estos pueblos y sostener el desarrollo de una institucionalidad y políticas económicas que no dan cabida a otras formas de desarrollo e identidades culturales. La única posibilidad de desarrollo que se ofrecía era integrarse a la dinámica nacional de desarrollo neoliberal.
La CONADI. finalmente, no escapó a los lincamientos generales del gobierno en materia económica y social: fortalecer el crecimiento económico y focalizar el gasto social para disminuir la pobreza. Esto significaba que estábamos ante un Estado con una preocupación por las comunidades indígenas, pero no preocupado de su identidad como pueblo. (7)
El debate y separación entre las organizaciones fue creciendo; las promesas y esperanzas eran frustradas por gobiernos de los cuales se pensó saldarían la deuda histórica que se tenía con el pueblo mapuche.
Ya en los comienzos de la transición democrática una organización, el Consejo de Todas las Tierras, no apoyó el Acta de Nueva Imperial y su movimiento reivindicativo cobró fuerza en quienes desconfiaban de la voluntad demostrada por los gobiernos de la concertación. En 1990 iniciaron un proceso de recuperación de tierras, que luego de dos años de acciones terminó con mapuche detenidos y encarcelados y 144 de ellos condenados por usurpación de tierras. (8)
La comunidades asentadas en tierras donde se realizaban grandes megaproyectos de inversión, especialmente forestales, fueron conociendo el paulatino deterioro económico, social y ambiental de las tierras. Conflictos emblemáticos como Pangue y luego Raleo, en el alto Bío-Bío. fueron dando señales de la real voluntad e interés del gobierno para las comunidades indígenas. (9)
No sólo eran limitaciones institucionales para avanzar en el reconocimiento de sus derechos, o en la restitución de tierras, motivación que había generado las mayores movilizaciones de los mapuche. Ahora, el pueblo mapuche estaba ante el desarrollo de un modelo de sociedad que atentaba directamente contra su supervivencia.
Ante esta realidad las comunidades decidieron actuar e implementaron una estrategia que, a partir de las recuperaciones de tierras, fuerza al gobierno a discutir situaciones puntuales que afectan a algunas comunidades y a dialogar, para generar un nuevo acuerdo. Pero fundamentalmente, a hacer presente que los mapuche, aún sin estos cambios, actuarán y se harán representar como un pueblo.
Razones para una nueva movilización
Sociedad neoliberal y reconcentración de la propiedad
Las políticas neoliberales aplicadas en Chile -y en otras partes de América- han sido criticadas por distintos organismos internacionales, ya que no dan espacio a otras formas de desarrollo y no discriminan en favor de grupos sociales más vulnerables y marginados. Este pervertido concepto de igualdad es el que defienden los inversionistas y empresarios, para evitar una acción estatal más decidida en la distribución del ingreso y superación de la pobreza. Ello se evidenció en el rechazo de las iniciativas para reconocer derechos a los pueblos indígenas.
Esto conceptos neoliberales priman también en los acuerdos comerciales internacionales. donde se ha avanzado en cláusulas de protección de los derechos de lo trabajadores y el medio ambiente: pero donde la situación de los pueblos indígenas está totalmente ausente. Aunque el Estado ha reconocido y suscrito convenios internacionales que favorecen a determinados grupos de la sociedad, su implementación es limitada ante una concepción de sociedad muy influenciada por el neoliberalismo.
Bajo esta concepción, la inversión se ha volcado contra los recursos naturales del país que, en un porcentaje importante, se encuentran en el suelo y subsuelo del territorio indígena. Los principales proyectos de inversión de capitales nacionales y transnacionales se orientan precisamente hacia dichas reservas. Esta situación la viven los mapuche en la zona sur, los indígenas en el norte del país y la mayoría de los pueblos indígenas de América.
El desplazamiento de los mapuche a "reducciones", realizado el siglo pasado dejó a las comunidades con escasas y malas tierras, lo cual ha limitado su desarrollo.
Los Títulos de Merced, y otros reconocimientos a la propiedad mapuche hecha por el Estado Chileno, no resolvió la vaguedad legal actual de estas tierras y ha permitido que particulares se apropien de ellas en litigios donde las comunidades siempre han perdido.
Las tierras recuperadas bajo la Reforma Agraria -que se convirtieron en asentamientos y cooperativas campesinas- fueron con la dictadura entregadas a sus antiguos dueños y otras vendidas, en un proceso que ha llegado a la situación actual de tenencia en manos de los principales grupos económicos del país. Así. grupos económicos como Angelini o Matte han producido una nueva forma de concentración de la propiedad, generada en gran parte porque la dictadura vendió el patrimonio nacional que constituían empresas estatales y el bosque ya plantado.
Estos y otros grupos son dueños de las empresas que desarrollan en estas tierras grandes megaproyectos, principalmente forestales, cuya actividad y nivel de inversión les permite constituirse en poderes tácticos que controlan las economías regionales. (10)
Los mapuche los ven como una amenaza, pues son ellos los que fortalecen el modelo neoliberal de desarrollo y ademas, como principales promotores de la desregulación del Estado, han rechazado todas las iniciativas que signifiquen un avance en los derechos de las comunidades indígenas.
En la situación actual de conflicto estas empresas han solicitado la aplicación de medidas represivas contra las comunidades y sus dirigentes, promoviendo como solución la integración de los mapuche a la sociedad nacional, lo que implica el total desplazamiento de las comunidades a las zonas urbanas.
Los efectos del modelo forestal
El modelo forestal que se implementa desde la Octava Región al sur ha tenido una sostenida expansión, que presiona para la obtención de más tierras, donde se encuentra gran parte del bosque nativo, el que han depredado para cultivar plantaciones.
La destrucción del bosque nativo y su sustitución por plantaciones, han producido una fuerte impacto social, económico y cultural en las comunidades. Estas grandes extensiones de plantaciones han arrinconado a las comunidades y producen una fuerte degradación ambiental en la tierra.
Los efectos de este modelo forestal han sido la concentración de la propiedad en algunos grupos económicos: la sustitución del bosque nativo por plantaciones de pino y eucaliptus; la marginación del bosque nativo de las políticas forestales; la producción forestal orientada a mercados extranjeros con productos de bajo valor agregado: el deterioro de las condiciones de trabajo y en la calidad de vida de las familias ligadas a esta actividad; la destrucción y degradación de los ecosistemas: el fomento que hace de la migración forzada desde sectores rurales; y la reducción de la superficie agrícola nacional, entre los más importantes efectos conocidos.
La destrucción del bosque nativo y la intervención de este modelo forestal es visto por los mapuche con preocupación: no sólo porque en el bosque están muchos de los elementos que constituyen la base de sus actividades sociales y religiosas, sino porque además han conocido los impactos que esto produce; como la falta de agua, con pozos y esteros totalmente secos, la muerte y enfermedades producto del uso de agroquímicos y la degradación del suelo que impide la actividad agrícola de las comunidades.
La mayoría de estas plantaciones forestales fueron realizadas con subsidios estatales que financiaron el 75% de los costos de plantación. Por ello. en las movilizaciones mapuche contra las empresas forestales no sólo se ha reclamado por tierras ancestrales, sino también por el usufructo de un patrimonio que fue financiado por todo el país.
Otras situaciones son provocadas por el escaso aporte de estos proyectos al desarrollo de las zonas, ya que no contratan mano de obra mapuche. Con el cuestionamiento a la labor de estas empresas y el aumento de la movilización mapuche, algunas han decidido cambiar sus estrategias de intervención tratando de mostrar un lado positivo de la acción privada, entregando aportes para el desarrollo local. (11)
Incumplimiento del Acta de Nueva Imperial
Esta Acta estipula, principalmente, cambios institucionales para el reconocimiento de los pueblos indígenas, de los cuales la legislación actual es su fruto más importante. (12) Esta Acta fue, en su momento, el principal acuerdo logrado por las organizaciones que optaron por una estrategia de negociación con quienes tomarían el poder en la transición democrática. Pero algunos de estos acuerdos quedaron en el camino y otros nacieron con limitaciones, muy lejos de responder cabalmente a las múltiples demandas de los pueblos indígenas de Chile.
El reconocimiento constitucional propuesto en 1991. permitía a los pueblos indígenas un paso significativo que posibilitaba un relación más igualitaria y políticas públicas que discriminaran en favor de las comunidades, lo que fue rechazado en el congreso.
Las demás iniciativas contempladas en el Acta de Nueva Imperial corrieron igual suerte. Así ocurrió con el Convenio 169 de la OIT y el proyecto de Ley para el desarrollo de los pueblos indígenas -actual Ley 19.253- que crea la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena, donde dos temas eran esenciales para los indígenas: la concepción de pueblo y territorio.
La ley no reconoció jurídicamente el carácter de "pueblos" a los pueblos originarios. Sólo reconoció -en su Artículo 1- las principales etnias indígenas de Chile, lo que no significaba reconocimiento de su identidad como pueblo. Las organizaciones indígenas habían planteado que no se trata sólo de una lucha semántica ni conceptual, ya que con ello se reconocía a los pueblos indígenas su trayectoria histórica, su legado cultural y la reclamación por sus territorios anteriores a la conformación de los Estados Nacionales. (13)
Se reemplazó la creación de los "territorios de desarrollo" por las "áreas de desarrollo . más orientadas a la focalización de recursos del Estado en beneficio de las comunidades que las componen y no necesariamente al objetivo de recomposición de los territorios; por cuanto las áreas de desarrollo tienen límites territoriales reducidos y en muchos casos dividen a los antiguos territorios indígenas.
También se criticó el hecho de conceder personalidad jurídica a las comunidades indígenas, debido a que contribuye al fraccionamiento de las comunidades y provoca la división social de éstas, ya que se reemplaza a las autoridades tradicionales (Lonkos. Kaciques y otros) por dirigentes sociales al estilo winka.
También el marco institucional que inserta esta legislación no es el más apropiado. por cuanto al no existir reconocimiento constitucional de los pueblos indígenas, el impulso de la ley descansa en la voluntad del gobierno de turno y la hace dependiente de los cambios políticos.
El directorio establecido en la CONADI da supremacía a las decisiones del gobierno, ya que éste cuenta con mayoría en su directorio. El Presidente de la República designa al Director de la institución y a la mitad de los Consejeros que resuelven las políticas de este organismo.
La revisión hoy de los acuerdos del Acta de Nueva Imperial deja un saldo muy negativo. No sólo porque permanecen temas pendientes, sino porque las comunidades saben que la sola manifestación de voluntad no es suficiente y deben generar otras acciones y acuerdos para promover estos cambios institucionales.
El renacer de la identidad
De acuerdo al censo de 1992 cerca de un millón de personas se identificó como mapuche, y de éstos, cerca del 45%, vive en la capital del país. La población mapuche que vive en zonas rurales de la VIII a X regiones no supera las 250 mil personas, de las cuales cerca de 160 mil viven en comunidades, lo que muestra la gravedad de los impactos en la población mapuche generados por la guerra y la marginación social y económica. (14)
Un fenómeno constante es la migración, iniciada desde la década del 30, que ha sido presionada por la falta de tierras al aumentar las familias y también por la pobreza, para buscar trabajos y otras oportunidades. Hoy la mitad de la población indígena vive en zonas urbanas, principalmente grandes ciudades como Santiago, Valparaíso (en la zona central del país) y Temuco, en la IX Región . (15)
La IX Región, llamada de la Araucanía, es la que tiene la mayor población mapuche en comunidades y es. además, la Región que muestra los índices más altos de indigencia y pobreza. De acuerdo a la última encuesta Casen de 1996 en esta Región el nivel de pobreza subió de 33.5 en 1994 a 36,5%. (16) El gasto social, el fomento productivo o las leyes especiales no han logrado revertir una situación que afecta -como lo indica la desigual distribución del ingreso- a toda la población, pero en particular al pueblo mapuche, ya que justamente estas políticas públicas son vistas como formas de intromisión al no considerar la opinión y cultura de este pueblo.
Hay varios datos y antecedentes que se podrían profundizar para afirmar que en los mapuche ha renacido un renovado espíritu para exigir sus derechos. El censo efectuado en Chile en 1992 incorporaba por primera vez una pregunta directa sobre la adscripción étnica. Los datos entregados revelaron fenómenos desconocidos sobre la población mapuche, en donde llama especialmente la atención la afirmación de identidad, lo que denota el compromiso y solidaridad con la causa de este pueblo.
La encuesta también señala que la población mapuche es joven, y que el 63% la constituyen personas menores de 40 años. La participación de los jóvenes en los conflictos, y el traslado de familias de las ciudades para participar en las recuperaciones de tierras, indica una forma de revalorización de la identidad de este pueblo. Asimismo, los jóvenes han incorporado un mayor grado de profesionalización al trabajo de las comunidades. tanto en las actividades productivas como en la organización. Acción que tiene una proyección muy importante, ya que muchos de los actuales líderes son jóvenes.
Aunque las posibilidades de educación no son muy amplias aún: algunos han accedido a la educación técnico profesional y universitaria, pero esta no es la la única respuesta al porqué de esta nueva generación de líderes jóvenes. Hay que considerar también la formación que significó para muchos líderes nuevos la lucha contra la dictadura militar. Aquí no sólo se trataba de recuperar espacios democráticos, sino evitar el intento de dividir y suprimir a las comunidades que pretendían las leyes de la dictadura. La participación en distintas instancias políticas y sociales para reestablecer la democracia y para proponer e impulsar iniciativas para el reconocimiento del pueblo mapuche, fueron formando una nueva generación, que hoy lideran las acciones y que toman cada vez mayor representación desde las autoridades tradicionales.
El reinicio de las acciones reivindicativas desde 1997. ha aumentado el apoyo en las universidades donde los estudiantes mapuche se organizan resaltando su identidad y valores culturales. En 1998, la celebración del Wetripantu (año Nuevo) fue relevante por la gran cantidad de ceremonias que se hicieron públicas, y que el gobierno aprovechó, dado la gravedad del enfrentamiento. para establecer una fecha oficial para celebrar el día de los pueblos indígenas en Chile.
Internacionalización del conflicto mapuche
Un tema no muy divulgado era el conocimiento que del tema mapuche existe en el extranjero. La internacionalización de la lucha de los mapuche se debe al contacto que han tenido con otros pueblos en distintas partes del mundo, la participación en diversos organismos, foros y eventos internacionales y la difusión y comunicación de sus problemas y acciones a través de tecnología moderna, como internet.
El intercambio con otros pueblos del mundo es una relación que se venía practicando hace años desde las propias comunidades o de sus organizaciones estructurales, solidaridad que creció durante la dictadura militar. Esto permitió abrir canales de comunicación con pueblos y conflictos como el movimientos indígena en México, Ecuador. Guatemala o Canadá y relacionarse con pueblos como los Kurdos o los Vascos en Europa, entre otros.
Todas estas experiencias además de mostrar estrategias distintas para lograr el reconocimiento de sus derechos, permitieron conocer el desarrollo de los derechos de los pueblos indígenas en las esferas del sistema internacional de Naciones Unidas y contactar a organismos internacionales de derechos humanos preocupados de la situación de este pueblo. Tanto Amnistía Internacional (AI) como la Federación Internacional de las Ligas de Derechos Humanos (FIDH) han realizado informes sobre Chile y mantienen una constante preocupación sobre el tema. (17)
Los mapuche han podido ahora participar directamente en el Grupo de Trabajo y comisiones de la ONU que se preocupan de la situación de los pueblos indígenas. Han podido presentar directamente sus denuncias en este sistema internacional e incorporarse al debate y trabajo para el seguimiento de instrumentos internacionales que los protegen: entre otros, la futura Declaración Universal sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas. El mismo hecho de que el país tenga una Ley Indígena y los temas tengan un mayor espacio público de discusión ha permitido abrir el tema hacia afuera. (18)
Esta internacionalización no sólo se ha dado con organismos internacionales que velan por los derechos de estos pueblos, sino también por las relaciones que establecen las propias organizaciones. El Consejo de Todas Las Tierras ha tenido una constante presencia en los foros de Naciones Unidas y ha tomado contacto con representantes de las multinacionales cuyos capitales financian los megaproyectos que se desarrollan en territorio mapuche. (19)
Representantes de organizaciones -como la Coordinadora Arauco-Malleco y la Asociación Mapuche Ñancucheo de Lumaco- han viajado a diversos foros para difundir los conflictos y a establecer contactos con gobiernos y organismos privados que apoyen a los mapuche en Chile. (20)
En abril de 1998 un grupo de indígenas participó en la Cumbre de los Pueblos de América, que realizó un foro para tratar el tema. En abril de este año una delegación de las principales organizaciones indígenas de Ecuador visitó Chile y se reunieron con comunidades desde la VIH a X Regiones, en un intercambio con la Asociación Mapuche Ñancucheo de Lumaco. (21)
Hoy existen organismos que se dedican exclusivamente a la difusión, creando páginas Web en las cuales es posible seguir el desarrollo actual de los conflictos y conocer la historia y cultura del pueblo mapuche en distintos idiomas.
Nuevas vinculaciones con la sociedad nacional
Aunque hay un gran número de organismos privados y no gubernamentales que trabajan con comunidades y mapuche que viven en zonas urbanas, no todas las organizaciones aceptan esta intervención y dejan claro los límites en que estos organismos pueden trabajar y relacionarse con las comunidades y sus organizaciones.
El rechazo y la desconfianza hacia las ONG y otros organismos privados ha sido creciente; especialmente por el papel que cumplen algunas en la implementación de políticas públicas o porque tienen sus propios estilos de desarrollo. En la actual situación de conflicto el tema es más delicado, ya que aumenta la desconfianza en el papel de muchos de estos organismos, por las estrategias que implementan el gobierno y las empresas para terminar con este nuevo enfrentamiento.
Actualmente organizaciones mapuche se han acercado a instancias y organismos no gubernamentales con un claro rechazo al modelo de desarrollo, en los cuales pueden dar a conocer su visión de una nueva sociedad y buscar la solidaridad para su causa. Un aporte importante ha sido la relación de los conflictos mapuche con los conflictos ambientales. Ejemplo de esto ha sido la situación vivida en el alto Bío-Bío, donde el conflicto fue difundido principalmente por organismos ambientales, pero donde la participación del pueblo pewenche ha sido fundamental en la estrategia actual del conflicto.
La visita a la zona de Lumako, luego de la represión desatada por la quema de camiones, de una Comisión de la sociedad civil -que integró también Codepu- fue iniciativa de organismos ambientales. Estos organismos y parlamentarios, ligados a estos temas, han hecho un apoyo directo a la gestión de los conflictos y a las demandas surgidas de éstos. Pero esto no ocurre, o se siente con mucho menos fuerza, de parte de casi todos los parlamentarios de las zonas indígenas y de muchos organismos e instituciones que, estando en la zona de conflictos, no se pronuncian sobre esta situación.
El desencanto de la sociedad nacional, luego de 10 años de transición, con los escasos avances en la democratización del país y principalmente por la percepción negativa que hay del modelo económico y la globalización, ha generado una mayoría elocuente de la población que se expresa en forma favorable a las acciones y demandas del pueblo mapuche y con un alto nivel de rechazo a la actitud del gobierno y los empresarios.
Los mapuche están hoy conscientes de que un nueva relación se ha iniciado con la sociedad. Esto fue palpado en la caminata que el Consejo de Todas las Tierras emprendió hacia la capital la que, aunque no tuvo el fin esperado ante el gobierno, recogió la solidaridad lograda ante la sociedad y que es un paso inicial importante para los futuros pasos que se darán.
Derechos humanos y derechos de los pueblos indígenas.
El avance logrado para incorporar la situación de los pueblos indígenas en el sistema internacional de Naciones Unidas ha sido evidente, pero con todas las limitaciones de acciones que requieren el compromiso de los Estados y el desconocimiento que hay en general sobre este sistema y sus posibilidades, para mejorar la gestión y acción de las propias comunidades y organizaciones indígenas.
Hoy nos encontramos ante el Decenio Internacional de la Poblaciones Indígenas del Mundo, que se desarrolla hasta el 2004. (22) y un proyecto de Declaración sobre los Derechos de las Poblaciones Indígenas, que ya fue presentada ante el Consejo Económico y Social de la ONU. Pero los avances sólo se han producido en las últimas décadas. La Subcomisión de Discriminaciones y Protección de las Minorías recomendó la investigación sobre la discriminación de las poblaciones indígenas, texto que preparó un Relator Especial y que se presentó en su parte final en 1984. (23) En el desarrollo de este trabajo se creó en 1982 el Grupo de Trabajo Sobre Poblaciones Indígenas, que integran cinco expertos en representación de las 5 regiones geopolíticas del mundo. Este Grupo de Trabajo cumple el papel de examinar los derechos humanos de los pueblos indígenas y elaborar normas internacionales y es hoy uno de los órganos más importantes de derechos humanos donde participan cientos de organizaciones indígenas y no gubernamentales y observadores de numerosos gobiernos.
A partir de este trabajo distintos relatores especiales se han dedicado a temas exclusivos y de interés de estos pueblos. Uno de ellos es el estudio y revisión de los tratados, convenios y otros acuerdos constructivos entre los pueblos y los Estados, trabajo en el cual también se ha revisado la situación de los mapuche y los documentos acordados con la Corona Española. (24)
El debate y aporte de las organizaciones indígenas ha sido importante. En 1988 este Grupo de Trabajo debió cambiar la denominación "poblaciones" por "pueblos". Tema que nos es menor, en una futura Declaración Universal que establecerá nuevas relaciones y derechos a los indígenas del mundo. En la Conferencia de Derechos Humanos, desarrollada en Viena en junio de 1993. uno de los grupos sociales en que se enfatizó fueron las poblaciones indígenas. En la "Declaración y Programa de Acción de Viena", emitida por los Estados en esta Conferencia se solicita agilizar el trabajo sobre la Declaración Universal, que el Grupo de Trabajo tenga continuidad en sus funciones y que se genere un Foro Permanente en el sistema de Naciones Unidas. En estos Foros internacionales la acción de las organizaciones ha influenciado para que los Estados tomen en cuenta las particularidades culturales y se vayan eliminando aspectos discriminatorios y asimilacionistas de los instrumentos internacionales. (25)
La cuestión de la impunidad tampoco ha estado ausente en el tratamiento de los temas relativos a los pueblos indígenas. La Subcomisión de Prevención de Discriminaciones y de Protección de las Minorías ha discutido esta materia y revisado los informes de los relatores especiales para la impunidad de derechos civiles y políticos y derechos económicos sociales y culturales. Este último hace referencia a la cuestión de los pueblos indígenas y la violación de sus derechos. (26)
Hacia una Declaración Universal de los Derechos de los Pueblos Indígenas
En América, luego del genocidio provocado por la intervención europea desde el siglo XV, los pueblos indígenas luchan, con escasos avances, por su sobrevivencia. La fuerza de los cambios logrados ha radicado en su capacidad de movilización y presión hacia los Estados. Los enfrentamientos que hoy se producen denuncian la pobreza, la discriminación y la continua presión sobre las tierras indígenas, ejercidas por grandes transnacionales que explotan los recursos naturales que ahí quedan, usufructan de los conocimientos de estos pueblos y desplazan a las comunidades.
Los millones de indígenas que integran los distintos pueblos del mundo no han tenido instrumentos específicos que hagan posible avanzar en el reconocimiento de sus derechos, sólo a patir de la acción de la OIT, a principios de este siglo. En este contexto, una declaración universal sobre los derechos de los pueblos indígenas será sólo un nuevo paso hacia instrumentos más efectivos, pero permitirá enfrentar de otra manera la realidad social y económica, cada vez más deteriorada de los espacios que les quedan hoy a las comunidades.
El proyecto actual ya fue emitido por el Grupo de Trabajo de la Comisión de Derechos Humanos de Naciones Unidas y enviado a los Estados, para una primera consulta de opiniones. Este proyecto hace referencia a los siguientes derechos:
• El derecho de estas poblaciones a ser libres y a disfrutar de igualdad con todas las demás personas y poblaciones en dignidad y con derechos.
• El derecho a la libre determinación y a decidir libremente su estatuto político y su desarrollo económico, social y cultural.
• El derecho a participar plenamente en todos los niveles de adopción de decisiones en cuestiones que puedan afectar sus derechos y sus vidas.
• El derecho a sus tierras, territorios y recursos.
La aprobación de esta declaración deberá ser la culminación del Decenio dedicado a estos pueblos, junto a la creación de un Foro Permanente, sobre el cual también se discute la forma en que se implementará y sus atribuciones. Recién a principios del próximo siglo será posible ver si se iniciará una nueva relación. (27)
Instrumentos de derechos humanos y acciones que pueden orientarse hacia la defensa y protección de los pueblos indígenas
• Pactos de Derechos Civiles y Políticos y de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Existe un Comité de Derechos Humanos y un Comité de derechos Económicos, Sociales y Culturales. (28)
• Convención para la Prevención y la Sanción del delito de genocidio, que protege de la destrucción parcial o total a grupos étnicos.
• Convención Internacional sobre la eliminación de todas las formas de Discriminación Racial. Existe Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial . (29)
• Convención relativa a la lucha contra las discriminaciones en la esfera de la enseñanza
• Carta Interamericana de Garantías Sociales de 1948.
• Pacto de San José de Costa Rica. En especial la Comisión y Corte Interamericana de Derechos Humanos.
• Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo. Suscrito por Chile pero no ha sido ratificado por el Congreso. (30)
El trabajo de las organizaciones de derechos humanos no se orienta sólo al uso de estos instrumentos internacionales en la defensa de los derechos de las comunidades indígenas: también debe orientarse a la promoción de estos instrumentos, para que sean conocidos por ellas y puedan desarrollar otras formas de lucha que les permitan avanzar en la conquista del respeto a sus derechos como pueblos.
En esta línea, en la actual situación de conflicto del pueblo mapuche hay varias acciones que se pueden emprender:
• Difundir y apoyar el uso de los pactos y convenios internacionales y procedimientos para la representación de los intereses y violaciones cometidas contra este pueblo. Entre otros, el Procedimiento 1503. creado por el Consejo Económico y Social; el procedimiento del Protocolo Facultativo del Pacto de Derechos Civiles y Políticos; el procedimiento para presentar denuncias ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
• Apoyar el trabajo y presencia de otros relatores de Naciones Unidas para recepcionar denuncias cometidas contra el pueblo mapuche.
• Generar y promover iniciativas en torno al Decenio de los pueblos indígenas.
• Promover el conocimiento y ratificación del Convenio 169 de la OIT y el proyecto de declaración de los derechos de los pueblos indígenas.
• Promover la investigación y trabajo conjunto con otras instituciones sobre el tema indígena, desde las perspectiva de los derechos humanos
• Amnistía Internacional. "Dureza extrema: las penalidades de los indígenas mapuche durante los años de gobierno militar". Secretaría Internacional. 1992.
• Asociación Mapuche Ñancucheo de Lumaco. "Propuesta de solución de conflictos de tierra mapuche". Documento. 1998.
• Bengoa. José. "Historia del Pueblo Mapuche. Siglo XIX y XX". Colección Estudios históricos. Ediciones Sur. 1997.
• CONADI." Conflictos de tierras en Malleco y Cautín". Documento. Mayo 1998
• Consejo de Todas las Tierras. Principios y propuestas para una negociación de los conflictos territoriales con las empresas forestales que operan en el territorio mapuche". Documento. 1999
• Coordinadora de Comunidades en Conflicto Arauco-Malleco. "Informe de Derechos Humanos en las Comunidades Mapuche en Conflicto de Arauco y Malleco". Documento. Abril de 1999.
• Durán.Teresa; Pérez. Pau: Basic. Robería. "Muerte y Desaparición en la Araucanía: Una aproximación étnica". Ediciones Universidad Católica de Temuco.1988
• Fazio R. Hugo. "Mapa actual de la extrema riqueza en Chile". Colección sin norte. Ediciones LOM-Arcis.1997
• FIDH. Los Mapuche-Pehuenche y el proyecto hidroeléctrico de Raleo: un pueblo amenazado.Reporte 256. Marzo 1998.
• Identidad Mapuche Lafkenche de la Provincia de Arauco. "De la deuda histórica nacional al reconocimiento de nuestros derechos territoriales". Documento. Mayo de 1999.
• INE-Ediciones SUR. Los Mapuche: Comunidades y localidades en Chile. Colección Estudios Sociales. Ediciones Sur. 1997.
• "Informe de la comisión especial de observadores de la sociedad civil para conocer los hechos ocurridos en las comunidades mapuche de Lumaco". Documento. 1997.
• Naciones Unidas."Los derechos de los pueblos Indígenas". Folleto informativo No 9.1990.
Notas:
1. La palabra winka es usada para referirse a no-mapuche y tammbién con una connotación de extranjeros o malas personas.
2. Los parlamentos de Quilín (1641) y de Negrete (1803) reconocían de parte de la Corona española el territorio mapuche desde el río Bío-Bío al sur.
3. La prensa de ese entonces ya relataba esta situación de abusos contra los mapuche y denunciaba las incursiones militares, masacres y pillaje que se hacia con ellos.
4. Para mayor información sobre la llamada "pacificación" ver "Historia del Pueblo mapuche". José Bengoa. Edic.Sur
5. "Identidad territorial lafkenche", organismo que reúne a las comunidades de la Provincia de Arauco. propone la creación de una Comisión Independiente sobre Verdad y Deuda Histórica, para revisar esta relación entre el Estado chileno y los mapuche y dar pasos a un proceso de reconciliación que implica el reconocimiento de la identidad territorial de los mapuche.
6. Ver antecedentes y visión mapuche de las violaciones a los derechos humanos en "Muerte y desaparición forzada en la Araucanía". Centro de estudios Socioculturales. U. Católica de Temuco. Ed.LOM 1988.
7. La CONADI, para el desarrollo de sus políticas con las comunidades depende del trabajo y acciones de otros organismos públicos. Acciones, que además, se ejecutan a través de ONGs y consultoras con las cuales no se establecen criterios sobre la forma de intervención ni intencionalidad en el respeto y rescate de la cultura mapuche.
8. Caso que fue visto por la Corte Interamericana de Derechos Humanos que obligó al Estado Chileno a reparar el daño y derechos que reclamaban los mapuche.
9. El despido de Domingo Namuncura de la Dirección de CONADI, al igual que el anterior despido de Mauricio Huenchulaf. debido a sus posiciones favorables hacia los Puwenche en el conflicto Raleo, son evidencias claras de la intervención del gobierno sobre los organismos públicos para favorecer a las empresas.
10. Los grupos Angelini y Matte controlan el 63% de la industria procesadora de madera y más del 70 % de las actividades relacionadas con el sector forestal, y que se desarrollan principalmente en tierras que eran de los mapuche.
11. Ejemplo de esto es el anuncio de la Forestal Mininco de crear una Fundación que, con los ingresos por las ventas de tierras al Estado para devolverlas a los mapuche, financie acciones de capacitación y educación para este pueblo. Endesa. en el conflicto Raleo, ya realiza algo similar con la Fundación Pehuén.
12. Esta Legislación creó la Corporación de Desarrollo Indígena (CONADI) y estableció un Fondo de Tierras. Otras políticas del Estado han sido la creación de becas Indígenas, un Programa de Educación Intercultural Bilingüe y programas para acceder al agua. vivienda y créditos.
13. En la ley "el Estado reconoce que los indígenas de Chile son los descendientes de las agrupaciones humanas que existen en el territorio nacional desde tiempos precolombinos, que conservan manifestaciones étnicas propias, siendo para ellos la tierra el fundamento principal de su existencia y su cultura".
14. En estas cifras las comunidades se entienden como "agrupaciones homogéneas", o sea, mayoritariamente habitadas por mapuche, y no considera a los mapuche que viven en forma dispersa en zonas rurales. Un análisis completo se puede encontrar en "Los Mapuche. Comunidades y localidades en Chile" de José Bengoa y Alejandro Sabaj. Instituto Nacional de Estadísticas y Ediciones Sur. Santiago. 1997
15. La Florida, en la Capital, es la comuna con más población mapuche (28.339 personas). En Maipú y Puente Alto son nVss de 20 mil y, en Peñalolén, La Pintana, San Bernardo Y Cerro Navia más de 15 mil.
16. Este cálculo se hace sobre una canasta básica que para la línea de Indigencia es de $ 13.204 mensuales (26US$) y para la línea de pobreza es de $ 23.107 (46US$), ambos valores es en zonas rurales.
17. AI publicó informes sobre la represión a los mapuche durante la dictadura militar. Este organismo visitó la IX región para hacer su informe 1999. La FIDH, hizo un trabajo de denuncia de la situación de Raleo, y mantiene contactos periódicos con organizaciones mapuche.
18. El gobierno chileno ha realizado dos eventos con participación del Centro de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. El primero con motivo de la Cumbre de la Tierra de Río de Janeiro, en 1991, sobre Pueblos Indígenas y Medio Ambiente y el segundo en 1997, un Seminario acerca de la oportunidad, carácter y mandato de un Foro Permanente para los Pueblos Indígenas en el seno de la Organización de las Naciones Unidas.
19. El Consejo de Todas las Tierras ha recuperado tierras en negociaciones directas con estas multinacionales, en las cuales trabajan ellos hoy día. Esta organización ha propuesto que la solución está en un principio de acuerdo entre las empresas y las comunidades que permita el acceso al bosque y la restitución de tierras.
20. La Coordinadora de Comunidades en Conflicto Arauco-Malleco. presentó en la Comisión de Derechos Humanos de la ONU, en su 55° Período de Sesiones un "Informe de Derechos Humanos en las Comunidades Mapuche en Conflicto de Arauco y Malleco".
21. 21. Esta Asociación, cuyas comunidades han sido el centro del conflicto iniciado en 1997. ha visitado organizaciones en Europa y Ecuador, y ha sido visitada por numerosos extranjeros que quieren conocer la situación de los mapuche.
22. Este decenio se inició el 09 de agosto de 1994, bajo el lema "La Poblaciones Indígenas: la colaboración en acción", y fue una recomendación de la Conferencia de Derechos Humanos de Viena (1993). La ONU estableció el 09 de agosto como el Día Internacional de los Pueblos Indígenas.
23. Este trabajo lo inició en 1971 el Sr. José Martínez Cobo, de Ecuador. Información adicional se puede encontrar en "Los derechos de los pueblos Indígenas". Folleto Informativo Nro 9
24. Este relator visitó Chile en 1998 para tratar este tema. Existe, en los tribunales de Santiago, una acción legal que busca determinar la validez de documentos de principios del siglo XIX, y que reconocen el territorio mapuche.
25. Otros Foros importantes han sido la Cumbre de Río (1992), sobre el tema ambiental: la Conferencia de Derechos Humanos; la Conferencia sobre Población y Desarrollo de el Cairo (1994); la Cumbre Mundial sobre Desarrollo, en Coppenhague (1995) y; la Cuarta Conferencia sobre la Mujer en Beijing el mismo año.
26. Estos informes fueron realizados por Louis Joinet, quien estuvo presente en el Seminario de Impunidad,
organizado por Codepu en 1996, y por EI-Hadji Guissé.27. Información sobre programa de actividades de el Decenio de las Poblaciones Indígenas puede encontrarse en el sitio Web de Naciones Unidas: http.//www.un.org.
28. Sobre estos pactos los organismos indígenas cuestionan el concepto de minoría y la no inclusión de los pueblos indígenas.
29. Chile presenta, en agosto de este año, su informe al Comité de esta Convención en la que informa sobre los avances realizados para la eliminación de la discriminación racial.
30. La OIT aprobó en 1957 el Convenio 107, suscrito por Chile, y la Recomendación No 104, primeros instrumentos internacionales sobre la protección de las poblaciones indígenas. El Convenio 169 es una versión revisada del Convenio 107, que elimina concepciones asimilacionistas.