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PREFACIO
CONTEXTO INELUDIBLE
Las razones de la prolongada situación violatoria de los derechos humanos en Chile que se confunde con el régimen militar, son motivo de debate entre los analistas y expertos.
Se estima, en general, que ello es condición del profundo cambio social, económico y político que ha tratado de imponer la dictadura. Al mismo tiempo, la ascendente resistencia de amplios sectores de la población determina la intensificación de la coerción del régimen, manifiestamente empeñado en su perpetuación. Finalmente, las características propias de un modelo político inspirado en la doctrina de la Seguridad Nacional que se define por una lógica de enfrentamiento permanente contra el enemigo subversivo aportan también una cuota de explicación.
En ese contexto puede sostenerse que la represión masiva, generalizada y sistemática constituye una característica estructural del régimen chileno en el cual la dimensión de la Seguridad con sus correlatos de inteligencia y represión adquirió desde un primer momento considerable relevancia.
Una minuciosa legislación sostiene y formaliza la indefensión en que se encuentran los derechos de los ciudadanos. Se inició con la asimilación del estado de sitio a una situación de guerra, actualmente inexistente, que posibilitó el funcionamiento de tribunales militares propios de una emergencia bélica; el establecimiento de campos de prisioneros, la implantación del exilio como pena u opción para ciudadanos condenados; el control riguroso de la prensa, radio y TV y la creación de un clima de incertidumbre, silencio y miedo favorable a la comisión de toda suerte de arbitrariedades. El Congreso fue disuelto, proscritos los partidos políticos e intervenidas las organizaciones sociales. Fueron organizados al más alto nivel organismos de seguridad encargados de la represión política, con atribuciones hasta para realizar operaciones en el extranjero contra ciudadanos chilenos opositores y aliados suyos. Finalmente, con la vigencia de la Constitución de 1980 se institucionalizó como régimen normal uno de emergencia sobre la base de disposiciones transitorias que entregan al presidente de la República un cúmulo de atribuciones en materia de derechos humanos, en una situación que habrá de prolongarse hasta la plena vigencia de la Carta Fundamental.
Como sistema permanente, sin embargo, se consagra una suerte de "democracia protegida", en las palabras del general Pinochet, que proscribe a los movimientos y organizaciones de izquierda, amplía al extremo los regímenes de emergencia, debilita y atomiza la sociedad civil y pone en funcionamiento un Consejo de Seguridad Nacional, controlado por las Fuerzas Armadas, con atribuciones de virtual veto sobre la institucionalidad constitucional.
El golpe militar significó una triple quiebra en la sociedad chilena:
Rompió bruscamente un tradición democrática ininterrumpida desde hacía cuarenta años y casi un siglo y medio si se consideran como meros episodios la guerra civil de 1891 y las convulsiones institucionales de los años 1924 a 1932. Cambió el modo de vida de los chilenos, para muchos de los cuales tal vuelco tuvo consecuencias muy dramáticas por las políticas represivas (incluyendo las decenas de miles que partieron al exilio) y por la aplicación de políticas socioeconómicas de extrema individualismo que significaron una redistribución regresiva del producto y una cesantía real permanente muy superior a la histórica.
Impuso como criterio ordenador de la sociedad a la doctrina de la Seguridad Nacional, sustentada en la lógica del enfrentamiento contra el enemigo subversivo que sólo termina con la aniquilación de éste. Difundió una ideología de "cruzada" contra el comunismo y de Chile baluarte de esa lucha que abandonan, según el régimen, hasta los que deberían ser líderes de Occidente. Enfrentó al gobierno con la Iglesia, a la que acusó de estar infiltrada por el comunismo y de abandonar su misión espiritual por un humanitarismo vacío o un activismo revolucionario.
Colocó en primer plano la utilización de la violencia como modo de zanjar los conflictos sociales, sin consideración a los métodos usados, por repudiables que aparezcan ante la conciencia civilizada.
Aunque la Junta Militar de Gobierno asumió el poder con el proclamado propósito de restaurar el estado de derecho e insertar a Chile en el seno de la comunidad internacional de que forma parte, en un período que ella misma consideró estrictamente limitado, en el hecho se planteó pronto un proyecto de reanudación de la sociedad chilena, asentando en bases diferentes a las de la democracia, que reconoce, según ha dicho en múltiples oportunidades el jefe del Estado, solamente "metas y no plazos".
Lo sucedido en este lapso con el recurso de amparo ilustra la precariedad en que se encuentran en Chile dentro de la orientación descrita los derechos a la vida, a la integridad física y a la libertad personal. Según información proporcionada a la CIDH, entre septiembre de 1973 y diciembre de 1983, el Comité de Cooperación para la Paz en Chile y luego la Vicaría de la Solidaridad del Arzobispado de Santiago asesoraron en la interposición de 5.400 recursos de amparo ante las Cortes de Apelaciones de Santiago y Pedro Aguirre Cerda, a favor de personas arrestadas por orden de la autoridad política o que sufrieron perturbaciones en su derecho a la libertad personal. De todos estos recursos los tribunales rechazaron alrededor del 98,5 por 100 y tan sólo acogieron diez, y de ellos en menos de la mitad se logró la libertad del afectado. Adviértase que se trata de cifras limitadas a la Región Metropolitana, que cubren un período muy breve de la masificación de la represión reiniciada a mediados de 1983 y que, por último, no dan cuenta de la totalidad de los amparos, sino de aquellos que fueron asesorados por dichos organismos de la Iglesia Católica.
El presidente de la Corte Suprema, Enrique Urrutia, en su cuenta de inauguración del año judicial de 1974, celebró la ruptura del régimen democrático y al mismo tiempo acusó a quienes recurrían de amparo de pretender utilizar políticamente a los tribunales contra el nuevo gobierno.
En las acciones represivas iniciales participaron los servicios de inteligencia de las fuerzas armadas (NOTA 1), con una distribución de tareas que les permitió abarcar una amplio ámbito. Fue notoria, por ejemplo, la especialización del Servicio de Inteligencia de las Fuerza Aérea, que contó con la colaboración de militantes del movimiento nacionalista "Patria y Libertad" en la persecución al Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR) durante los años 1973 y 1974.
Se produjo una natural coordinación de las acciones de los distintos aparatos de inteligencia en las semanas siguientes al golpe militar; en noviembre de 1973 se creó una Comisión especial denominada DINA, que comenzó a operar con efectivos provenientes de los otros departamentos de inteligencia. A fines de 1973, al crearse la Secretaría Nacional de Detenidos (SENDET), se estableció en ella un departamento de inteligencia que "al fijar normas por las cuales se realizan los interrogatorios o reinterrogatorios de los detenidos" debía mantener una coordinación permanente con todos los servicios de seguridad.
La necesidad de formalizar la existencia de un servicio de seguridad autónomo dedicado exclusivamente a la represión política se expresó el 1 de junio de 1974 mediante el Decreto-Ley 521, que creó la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA). En su artículo 1 el referido Decreto-Ley dispuso que la DINA debía "reunir toda la información a nivel nacional, proveniente de los diferentes campos de acción, con el propósito de producir la inteligencia que se requiera para la formulación de políticas, planificación y la adopción de medidas que procuren el resguardo de la seguridad nacional y el desarrollo del país".
La DINA se constituyó con personal de las distintas ramas de las fuerzas armadas y Carabineros e Investigaciones y provenientes de grupos ultranacionalistas. Dependió directamente de la Junta de Gobierno, pero de hacho, según lo declaró después el ex integrante de la Junta, general Gustavo Leigh, sólo estaba subordinada al general Pinochet.
Las atribuciones de la DINA fueron secretos, ya que se publicaron solamente en un anexo de circulación restringida del Diario Oficial. Dotada de abundante personal, dispuso además de recursos cuantiosos y una fuerte infraestructura de locales, medios de comunicación y transporte, y jugó un papel de primera importancia en la represión; sus actividades se extendieron hasta el extranjero, según evidencia producida en la investigación del asesinato de Orlando Letelier en pleno centro de Washington. Sus métodos incluyeron el secuestro, la eliminación física de los detenidos, el asesinato y la aplicación de torturas inhumanas, según testimonio de numerosas víctimas de tales apremios (NOTA 2)(NOTA 3).
El 13 de agosto de 1977, por Decreto-Ley 1878, fue disuelta la DINA, siendo reemplazada por la Central Nacional de Informaciones (CNI), con atribuciones y funciones semejantes a las de su antecesora, pero con dependencia ahora del Ministerio del Interior.
La CNI mantuvo la mayor parte de las prácticas de la DINA, incluida la detención en cárceles secretas. Hasta 1984, la CNI no tuvo atribuciones legales para detener o arrestar, a pesar de lo cual habitualmente practicó gran número de detenciones. En 1984, la llamada Ley Antiterrorista la autorizó para detener sin orden judicial a los presuntos autores de las conductas terroristas tipificadas en dicho cuerpo legal.
Hasta la fecha es posible distinguir cinco etapas en la situación de los derechos humanos en Chile, entendido que se trata de una división esquemática que no refleja la totalidad del complejo fenómeno global vivido por el país.
La primera fase corresponde al estado de "guerra interno" que se inicia con el derrocamiento y muerte de Salvador Allende y la proclamación del Acta de Constitución de la Junta de gobierno. Se prolonga hasta la declaración del fin de estado de guerra y la institucionalización de la DINA (18 de junio de 1974)
La segunda etapa corresponde a la institucionalización del modelo político y económico. En ella se centraliza la represión en la DINA a la vez que se aplica una "política de shock" en la economía, y Pinochet toma en sus manos el poder efectivo.
La tercera fase se inicia en julio de 1977, con el delineamiento de los elementos centrales que habrá de contener el nuevo orden constitucional, pasa por la disolución de la DINA y su reemplazo por la CNI, comprende la etapa del aparente boom económico que lleva al crecimiento del Producto Geográfico Bruto hasta un 8 por 100 anual y concluye con el plebiscito de marzo de 1980 que aprueba la nueva Constitución, que entra en vigencia el 11 de marzo de 1981.
La cuarta fase ha sido denominada por algunos como la "institucionalización de la negación permanente de los derechos humanos", y por otros como la etapa de surgimiento de la "movilización popular". El modelo económico entra en crisis, se producen grandes movilizaciones de protesta, la oposición política se articula y gana espacios, como asimismo el movimiento social. El gobierno entra a administrar la crisis y pierde la iniciativa política. Esta etapa llega hasta el año 1986.
La quinta fase corresponde al período que se inicia con la creación de las llamadas "leyes políticas", preparatorias de la plena vigencia de la "democracia protegida" que ha prometido el general Pinochet. Básicamente se ve marcada por el propósito no disimulado del jefe del Estado de hacerse elegir mediante un plebiscito y prolongar su ejercicio del poder por lo menos hasta 1997. El propósito de perpetuación del régimen enfrenta a la oposición con graves dilemas y pone a la movilización social en el centro de la preocupación democrática.
A la represión masiva de los primeros meses después del golpe militar sucedió un sistema de represión crecientemente selectivo y especializado. Se pretendió desarticular a fondo las estructuras clandestinas de los partidos de izquierda e impedir todo asomo de reconstitución de las organizaciones sociales, especialmente los sindicatos.
La práctica de la detención seguida de desaparición disminuyó sensiblemente a partir de 1976, así como el número de muertes producidas, como resultado de la presión internacional y del repudio de la Iglesia Católica y amplios sectores nacionales.
El trabajo humanitario cumplido, en un primer momento, por organismos de diversas Iglesias -católicos, protestantes, judíos y ortodoxos- agrupadas en el Comité Pro Paz marcó el comienzo de un trabajo solidario de vastas proporciones en la defensa y promoción de los derechos humanos que se prolonga hasta hoy a través de la Vicaría de la Solidaridad, la Comisión Chilena de Derechos Humanos, el Comité de Defensa de los Derechos del Pueblo, el Servicio Paz y Justicia, la Fundación de Ayuda Social de las Iglesias Cristianas y otras instituciones. Su experiencia constituye un caso singular en América Latina y probablemente en el mundo.
Dentro de las prácticas de represión selectiva aparecieron las muertes en supuestos enfrentamientos, los amedrentamientos, la tortura altamente sofisticada y la aplicación draconiana de legislación represiva ad hoc por parte de tribunales obsecuentes. Se ampliaron considerablemente las atribuciones de la justicia militar.
La muerte del profesor Federico Álvarez Santibáñez, en 1979, y la del joven estudiante de periodismo Eduardo Jara, que habían sufrido feroces apremios, causaron conmoción nacional.
La represión selectiva se demostró eficaz para contener el crecimiento de la actividad opositora.
El deterioro de la situación económica y la reconstitución por parte de la red de organizaciones políticas y sociales mostró una clara sincronía. Los intentos de unificación del movimiento sindical provocaron el asesinato del dirigente sindical Tucapel Jiménez. El gobierno utilizó masivamente el recurso de la relegación o confinamiento forzoso en lugares remotos.
En mayo de 1983, inmensas protestas populares sacudieron Santiago y las principales ciudades de Chile. La oposición ganó la calle; su actuación se volvió multitudinaria. El gobierno tuvo que recurrir nuevamente a la represión masiva e indiscriminada. Las tropas coparon los puntos estratégicos y se hicieron cargo directamente de la represión del descontento. Entre 1982 y 1984 se produjeron 55 muertos civiles en manifestaciones callejeras. Comenzaron los allanamientos masivos a las poblaciones.
Las formas de autodefensa y de rebelión armada comenzaron a surgir. Entraron entonces en acción grupos paramilitares clandestinos, afines al gobierno, que disparaban a mansalva contra los manifestantes, amedrentaban a los disidentes, secuestraban opositores y cometieron espectaculares asesinatos políticos. La muerte por dinamita de María Loreto Castillo, en 1984; el secuestro y degollamiento de Manuel Guerrero, José Manuel Parada y Santiago Nattino, en marzo de 1985; el asesinato de cuatro opositores en represalia inmediata al atentado contra Pinochet del 7 de septiembre de 1986, son ejemplos de esta forma de represión.
La quema intencionada de dos jóvenes, uno de los cuales murió dos días más tarde a consecuencia de las quemaduras producidas por el fuego, par parte de luna patrulla militar, el 2 de julio de 1986, en un episodio que horrorizó al mundo, y el asesinato en menos de diecisiete horas de doce opositores en una verdadera cacería desencadenada por la CNI entre el 15 y el 16 de junio de 1987, muestran, por otra parte, la acción abierta de fuerzas regulares lanzadas a la represión.
Seguridad Nacional y ultraliberalismo son elementos constitutivos del régimen chileno que lleva ya catorce años en el poder. Dicha simbiosis se dio también en las experiencias recientes de Argentina, Brasil y Uruguay, actualmente también bajo regímenes democráticos.
Desde este punto de vista, dos son entonces los fundamentos de estos regímenes, caracterizados por diversos analistas como expresiones del fascismo dependiente. En primer lugar, un estado permanente, de institucionalizada y sistemática represión, contra el "enemigo interno", violatorio de los derechos humanos. Segundo, la utilización de dicho instrumental represivo, fáctico y jurídico-institucional, como elemento ordenador de un espacio donde se mueven libremente las fuerzas del mercado y se articulan a la coyuntura de la economía mundial.
El contenido contrarrevolucionario del régimen chileno es más nítido, porque su origen fue el derrocamiento del gobierno constitucional del presidente Allende, que llevaba a cabo una experiencia de transformaciones revolucionarias ceñidas a cánones democráticos, pluralistas y pacíficos.
La violencia de la intervención militar, producto de la quiebra política que alineó en un solo bloque a los sectores derechistas y amplias capas del centro político, mostró desde el primer momento que surgía un proceso de restauración capitalista que haría tabla rasa por largo tiempo de la democracia y los derechos fundamentales de los ciudadanos.
La necesidad de los sectores dominantes y las exigencias del capital transnacional eran absolutamente contradictorias con la democracia. También lo era la urgencia de reconstruir una base material que permitiera una rápida acumulación y una integración plena al ciclo de la economía transnacionalizada.
La quema de los registros electorales y la disolución de las organizaciones sindicales y los partidos políticos fueron señales significativas. La primera mostraba el desprecio por el sufragio como forma de definición de los conflictos. La segunda, la decisión de destruir la trama social urdida a lo largo de decenios.
Producido el golpe militar, la derecha le entregó su incondicional apoyo al nuevo régimen y puso a su disposición sus ideólogos y cuadros técnicos. El Gobierno de los Estados Unidos, que había actuado encubiertamente en operaciones desestabilizadoras del gobierno democrático, hizo manifestaciones concretas de su satisfacción, retribuidas prontamente con el pago de indemnizaciones no adeudadas a las compañías norteamericanas del cobre nacionalizadas.
En el plano ideológico, la Seguridad Nacional y nociones extraídas del integrismo católico configuraron una visión que hasta ahora se mantiene y ejerce fuerte influencia en los sectores más radicales de las fuerzas armadas.
"La Seguridad Nacional puede que no conozca muy bien lo que ella defiende, pero ella sabe muy bien contra quién: significa la fuerza de la nación contra el comunismo. Su indefinición es lo que hace su operatividad: el comunismo puede presentarse en todas partes de la sociedad; para luchar contra él se necesita un concepto muy flexible. En todo lugar, donde una apariencia de comunismo se manifiesta, el Estado está allí y hace intervenir a la Seguridad Nacional, La Seguridad Nacional es la fuerza del Estado presente en todo lugar y donde se pueda sospechar la sombra del comunismo. A veces es un objetivo el que es atacado, a veces otro; a la omnipresencia del comunismo responde la omnipresencia de la Seguridad Nacional", ha escrito Joseph Comblín (NOTA 4).
Como rostro teórico de la guerra de contrainsurgencia, la Seguridad Nacional pretende afrontar el "conflicto de baja intensidad", en la terminología del Pentágono, que se encuentra a la orden del día en América Latina.
Al poco tiempo, los sectores del centro que habían respaldado el golpe militar fueron también afectados por la represión y la orientación ultra capitalista que se imponía; se vieron forzados así a adoptar actitudes de creciente disidencia.
La represión significó decenas de miles de muertos, desaparecidos, torturados, detenidos, exiliados y expulsados de sus empleos. La violación de los derechos humanos alcanzó una pavorosa extensión y masividad.
Un protagonista de las acciones desestabilizadores contra Allende y destacado empresario ha dicho amargamente: "Tomemos por ejemplo el problema de la violación de los derechos humanos. Si bien en su aspecto material ha sido la obra de los mecanismo de represión creados por el régimen y de quienes los han comandado, no puede dudarse que ello no hubiera sido posible, a lo menos en la escala y prolongación que ha tenido, sin la complicidad culpable de amplios sectores ciudadanos:
el Poder Judicial, que no ha sabido ni querido proteger a la población de la violencia institucionalizada;
los medios de difusión, que han callado y tergiversado sistemáticamente el sufrimiento del cuerpo social, al intentar hacerlo aparecer como normal y sin importancia;
las clases privilegiadas, que, vendiendo su conciencia por el plato de lentejas de la seguridad del orden establecido, han suspendido la sanción moral con que debieron y pudieron evitar la mayoría de los atropellos;
los políticos, que, con su ambigua posición, han pretendido hacer compatible el apoyo de este régimen con un verdadero ideario democrático"(NOTA 5).
Si el costo social de la represión ha sido altísimo, no ha sido menor el precio pagado por el modelo económico y social estructurado con el respaldo de aquélla.
En 1986, los chilenos no recuperaban los niveles de ingreso de que disponían a fines de los años sesenta. Más del 60 por 100 recibían remuneraciones que no les permitían adquirir alimentos suficientes para cubrir los requerimientos nutricionales recomendados por la FAO y la OMS. La cesantía, abierta o disfrazada, afectaba a casi un tercio de los trabajadores.
En 1986, el ingreso per cápita equivalía al de 1965. En los catorce años del régimen el consumo por habitante cayó en un 21 por 100. Una deuda externa de 22.000 millones de dólares -equivalente al valor de todo lo que el país produce en un año- hizo a Chile más dependiente que nunca ante el FMI, que se convirtió en rector de su política económica.
Esta "vía chilena al siglo XX", como la llamó sarcásticamente el economista Aníbal Pinto, tuvo ciertamente su contrapartida en los beneficios logrados por los sectores minoritarios y las corporaciones transnacionales. Los monopolios obtuvieron enormes ganancias por la adquisición en condiciones excepcionales de empresas del área social por la especulación en moneda extranjera, la fuga de capitales y las ganancias incontroladas.
Cuando se produjo la crisis, el Estado se apresuró a tomar sobre sí las deudas de los bancos y los monopolios, configurando el cuadro de endeudamiento señalado, que es uno de los más altos del mundo.
El caso chileno no fue único en América Latina; más bien podría decirse que fue uno más entre aquellos donde se aplicó a ultranza el monetarismo de la escuela de Chicago. En el continente se acentuó la tendencia exportadora de materias primas o bienes de escaso valor. Se produjo un neto drenaje de recursos. (Entre los años 1981 y 1985 la región transfirió recursos al exterior por 106.000 millones de dólares como resultado de los movimientos financieros.)
La vulnerabilidad de las economías, y singularmente de la chilena, se incrementó considerablemente. Solamente el deterioro de los términos de intercambio significó menores ingresos para el país que ascendieron a 32.000 millones de dólares, declaró en 1985 el ministro de Hacienda, señor Buchi.
Mesuradamente, el economista Jorge Rodríguez Grossi escribió: "Una de las políticas ideológicamente impulsadas por el actual régimen ha sido la privatización de la economía. Ello se manifiesta desde el inicio del mismo a través de la venta de empresas y bancos estatizados por el anterior régimen en condiciones obviamente generosas para los compradores ... Entre 1976 y 1979 el acceso segmentado al crédito externo representó ganancias por intermedio financiero a los pocos grupos beneficiados de más de 1.000 millones de dólares. Dicha ganancia es más del doble del valor al que compraron las cinco empresas privatizadas. Esto significa que, amparados en una regulación estatal que brindó privilegios económicos a ciertos grupos financieros, se traspasaron empresas a los mismos grupos cuya lamentable trayectoria es de todos conocida.?
"Por otra parte -agrega Rodríguez Grossi-, nada se hizo por consolidar la difusión de la propiedad entre el campesinado como fruto de la Reforma Agraria ... Sólo el 29 por 100 de los 9,9 millones de hectáreas en proceso de reforma agraria fue dejado en manos campesinas, mientras el resto fue devuelto, asignado a no campesinos, vendido en subasta o transferido a instituciones de gobierno. Pero peor aún es la evidencia - obtenida por muestra- de que hacia fines de 1980 cerca del 40 por 100 de los campesinos que lograron tierras habían transferido sus parcelas a terceros no campesinos. Suena curioso -comenta Rodríguez Grossi- que en pleno 1985 la política oficial propugne un capitalismo popular a construirse sobre las ruinas de los grupos que se desarrollaron bajo una política de capitalismo muy impopular e ineficaz"
Incluso la ofensiva privatizadora del gobierno se extendió a las tierras de las comunidades mapuches en el sur del país poniendo en riesgo la existencia misma de esta etnia indígena minoritaria.
Prosigue la cita: "Contrasta el abandono a la suerte del mercado al campesinado que había accedido a la propiedad, con el auxilio generoso prestado por el Estado a bancos y empresas, así como a deudores en dólares o hipotecarios en su mayoría de ingresos altos ... Barios miles de millones de dólares representan las transferencias fiscales a los bancos. Deudores en dólares e hipotecarios. Sólo ello explica el enorme esfuerzo que el Estado, y el país en último término, deben hacer para pagar la duda externa, que mientras se disfrutó fue privada" (NOTA 6).
En el marco de una economía endeudada más allá de lo razonable, se acentuó la tendencia privatizadora expresada desde la primera fase del Gobierno de Pinochet.
Aparte de los objetivos declarados, que supuestamente tendrían que ver con una masiva difusión de la propiedad de las grandes empresas, existen objetivos reales profundos que muestran la efectiva orientación del modelo sustentado en la represión y la violación sistemática de los derechos humanos:
allegar nuevos ingresos al Fisco mediante la venta de empresas públicas, sin considerar siquiera razones de "seguridad nacional" que desaconsejarían la enajenación. Dada la aflictiva escasez de divisas, éste es un propósito de gran importancia;
tratar de encoger al Estado, a fin de retarle poder, visto como una amenaza potencial por parte de los grupos económicos y sectores de la derecha política. Riesgo que aumenta en el evento de un retorno a la democracia. Mediante el desmantelamiento del Estado se debilita la misma sociedad sobre la cual reposa y a la cual, según se proclama, se quisiera entregar mayores cuotas de libertad.
"Se trata ... de atomizar el proceso de decisiones de modo de convertirlo en una sima de cálculos individuales que hagan innecesario e irrelevante el recurso a la acción colectiva y a la globalización, Esto supone una sociedad convertida en una yuxtaposición de mercados segmentados de decisión: por un lado, un Estado cada vez más reducido en su papel de agente económico y en su capacidad redistributiva, pero fortalecido en su potencialidad de resguardar autoritariamente las reglas del juego, y por otro, y finalmente, una arena política de representaciones limitada a las opciones que se den al interior de esas reglas del juego. Un Estado reducido es en esta concepción un Estado más fuerte, no sólo por ser más manejable burocráticamente, sino porque evitará la proliferación de actores políticos presionado para influir en decisiones que ya no pertenecerán a su ámbito. Es decir, lo que se reduce es la esfera de la política "(NOTA 7).
Un modelo tan profundamente antipopular, obviamente, sólo pudo imponerse y se mantiene por la fuerza. Ella fue orientada contra los actores políticos y sociales mayoritarios a fin de destruirlos, o al menos neutralizarlos.
Los partidos políticos disueltos, especialmente los de izquierda, sufrieron directamente el impacto de la represión. Miles de sus integrantes fueron asesinados, torturados, encarcelados, exiliados o perseguidos.
Hubo un retroceso considerable en las organizaciones sociales, particularmente en el plano sindical, aunque la represión se extendió al conjunto de organizaciones populares. El desempleo, "la principal arma represiva que ha tenido el régimen contra los trabajadores", desempeño su papel; el Plan Laboral pretendió atomizar a los trabajadores y mercantilizar al máximo las relaciones contractuales a fin de disponer de una fuerza laboral controlada y de bajo costo.
En el marco del Plan Laboral, entre otras medidas, se suprimió el salario mínimo para las personas menores de veintiún y mayores de sesenta y cinco, se rebajó el valor de las indemnizaciones, se eliminó virtualmente el derecho de huelga, se favoreció la multiplicidad de asociaciones y se suprimieron los tribunales del trabajo, dejando a los obreros y empleados en una situación de grave desventaja frente a la parte patronal.
La afiliación sindical disminuyó en más de un 60 por 200, bajando de 855.000 afiliados en 1972 a 321.000 en 1983. De este modo la afiliación sindical, que en 1972 equivalía a un 40 por 100 de la fuerza laboral, se redujo a menos de un 10 por 100 en 1983.
Al retroceso de las organizaciones sociales y al precario funcionamiento de las organizaciones políticas, clandestinas y perseguidas sin tregua, se sumó el espejismo que produjo en vastos sectores el éxito aparente del modelo económico y la consiguiente fiebre de consumo: el crédito externo parecía inagotable, todo parecía estar al alcance de la mano.
En un contexto extraordinariamente complejo, los sectores medios vacilaron. El centro político rehusó una y otra vez el entendimiento unitario con la izquierda, buscando entre tanto salidas de compromiso o a la espera del éxito de presiones externas.
Paulatinamente se remontó el trauma social, primero fueron las organizaciones defensores de los perseguidos; luego se unió al reclamo por el respeto a los derechos humanos, la demanda social por reivindicaciones populares y también por democracia y libertad. Formas nuevas de organización surgieron entre los más pobres, los jóvenes y los pobladores.
Los partidos políticos pasaron de la clandestinidad a expresiones cada vez más abiertas; desafiaron la represión y reconquistaron su derecho a actuar en la sociedad.
La masificación de formas de autodefensa fue otro elemento importante. Frente a un gobierno aislado, se alzó un vasto movimiento opositor que hasta el momento no ha logrado encontrar la unidad.
En múltiples ocasiones, los jóvenes se pronunciaron contra la dictadura. Con su movilización mostraron que el régimen fracasó históricamente en sus propósitos fundacionales.
Pinochet y las fuerzas armadas, sin embargo, se plantearon la perpetuación del régimen. En el marco de la Constitución de 1980 se orientaron a la realización de un plebiscito cuyo resultado parece definido de antemano a favor del dictador.
Aparentemente se plantea el avance hacia una nueva institucionalización supuestamente democrática, pero en realidad se trata de poner en vigencia plena la Constitución del régimen que establece una forma de sociedad controlada por los militares a través del Consejo de Seguridad Nacional y que excluirá a los izquierdistas de la vida política y las actividades trascendentes en el plano social. La puesta en vigencia de una ley reglamentaria del artículo 8.º de la Constitución, que proscribe a la izquierda, muestra este propósito. Al mismo tiempo la intención de utilizar dicho instrumento represivo para la manipulación de la voluntad popular parece clara.
Un período tan prolongado de dictadura ha dejado profundas huellas en la sociedad. La división de las fuerzas opositoras tiene que ver con dicho fenómeno a la vez que contribuye a la prolongación del régimen.
Expresiva de intereses sociales en pugna, la falta de unidad de las fuerzas opositoras aparece como el problema decisivo que debe superarse para alcanzar la democracia.
NOTA 1. Ellos eran: Servicio de Inteligencia Militar (SIM), del Ejército; Servicio de Inteligencia de la Fuerza Aérea (SIFA); Servicio de Inteligencia Naval (SIN): Servicio de Inteligencia de Carabineros (SICAR). También el Servicio de Investigaciones de Chile, policía civil, disponía de un departamento de Inteligencia o Policía Política. Se ha estimado que el SIM es el servicio de inteligencia más desarrollado de las fuerzas armadas; dispone de numeroso personal bien entrenado y tiene cobertura nacional. Hace pocos años, Carabineros creó un organismo de inteligencia y operaciones, la Dirección de Comunicaciones de Carabineros (DICOMCAR), disuelta en 1985 a raíz de haberse establecido por el magistrado don José Cánovas R.. su involucramiento en los secuestros y asesinatos de los señores Manuel Guerrero, Santiago Nattino y José Manuel Parada. Regresar al punto
NOTA 2. No es posible disponer de tina visión completa de la organización, funcionamiento e infraestructura de la DINA. Los testimonios permiten formarse una idea de su accionar; las personas eran secuestradas de preferencia de noche: la tortura se aplicaba como práctica rutinaria, con asistencia de médicos. Una red de cuarteles y/o recintos de detención y/o interrogatorios ha sido establecida gracias a información de testigos: el cuartel general en Santiago, en la calle Marcoleta, en la ex sede de las Juventudes Comunistas; Londres, 38; José Domingo Cañas, 1367 y 1347; Rafael Cañas, 214; Villa Grimaldi; Regimiento de Ingenieros de Tejas Verdes; Presidente Ríos, 6; Cuatro Alamos, etc. Regresar al punto
NOTA 3.. Se ha comprobado la existencia y funcionamiento de un denominado «Comando Conjunto», de represión y eliminación de elementos izquierdistas, en especial del Partido Comunista. Las declaraciones del ex agente de seguridad Andrés Valenzuela y sobre todo la investigación del magistrado don Carlos Cerda Fernández, de la Corte de Apelaciones de Santiago, en el caso por secuestro y posterior desaparición de un grupo de dirigentes comunistas en 1976, que fue sobreseído definitivamente por aplicación de la Ley de Amnistía dictada por el Gobierno, entregaron conclusiones definitivas al respecto. Regresar al punto
NOTA 4. La doctrina de la Seguridad Nacional», en Dos ensayos sobre seguridad nacional, Arzobispado de Santiago, Vicaría de la Solidaridad, Santiago de Chile, 1979, pág. 46. Regresar al punto
NOTA 5. Orlando Sáenz, ex presidente de la Sociedad de Fomento Barril durante el régimen militar, revista Hoy, Santiago. 27 de agosto de 1984. Regresar al punto
NOTA 6. «La distribución del ingreso en la gestión económica 1973-1984», Jorge Rodríguez Grossi, en Perspectivas económicas para la democracia, de Rodríguez y otros, Instituto Chileno de Estudios Humanísticos, 1984. (7) M. A. Garretón, «Modelo y proyecto político del régimen militar chileno», en «Chile, 1973-1983», Rev. Mexicana de Sociología, FLACSO, Santiago, 1983.Regresar al punto
NOTA 7. Tortura y muerte en Chile. Para que mañana nadie diga: «Yo no sabía» (Comisión Nacional Contra la Tortura, Santiago de Chile. diciembre de 1984). Regresar al punto
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