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José Carrasco Tapia:
Atrapado entre el muro de la impunidad y la conspiración del silenciopor Olivia Mora(1)
Nombre
José Humberto Carrasco TapiaLugar y fecha de nacimiento
Santiago, 24 de agosto de 1943Especialidad
Periodista, Universidad de ChileLugar y fecha de muerte
Santiago, 8 de septiembre de 1986, en el cementerio Parque del Recuerdo.Actividades
En los años '60 trabajó en las revistas Gol y Gol, Siete Días y Punto Final; en La Tercera, radio Minería y Canal 9 de Televisión. Editor internacional de Análisis en los '80. También se desempeñó en medios de Venezuela y México durante su exilio. Fue dirigente del Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR).Situación judicial (1996)
Causa a cargo del Ministro de Fuero de la Corte de Apelaciones P.A.C. Aquiles Rojas (sustituido por enfermedad por Juan Manuel Escandón), Rol 3-F-86, se encuentra en sumario.
"Te voy a contar la historia terrible y dramática de tu abuelo, porque vale la pena relatarla. No tengo pruebas de quiénes lo asesinaron. Pero, ¿ qué importa que no las tenga si todos sabemos quienes fueron sus asesinos?"
Con este preámbulo imagina el abogado Jaime Hales su libro Escúchame, "Peppone chico",texto que escribiría para el nieto homónimo de José Carrasco. Insiste, vehemente, en que "la verdad existe desde el primer momento, aunque nosotros no tengamos la sentencia de esta causa".
José Carrasco Tapia fue asesinado cuando cumplía 43 años. Lo sacaron a medio vestir de su departamento de calle Santa Filomena, en el barrio Bella vista, durante la madrugada del 8 de septiembre de 1986, para acribillarlo a balazos en un muro del cementerio Parque del Recuerdo. En su caso, uno de los más claros y evidentes, sólo faltan los nombres de quienes integraron la «patota criminal».
Cinco horas antes del asesinato, mi grupo guerrillero cometió un atentado contra Augusto Pinochet. Toda la noche Santiago estuvo militarizado , con las tropas al mando del jefe de la Guarnición, general Julio Canessa. El control castrense y policial fue total.
Alguien esa noche emitió la orden de perpetrar una venganza ejemplarizadora. Con el secuestro y asesinato de cuatro notorios opositores a la dictadura, el mandato se cumplió en horas en que nadie podía circular por la ciudad. José Carrasco fue sacado de su domicilio en pijamas, sin calcetines ( "No los va a necesitar", le dijo a su familia uno de los asesinos), ante la angustia de Silvia Vera, su mujer, y de Iván, Luciano y Alfredo, sus hijos.
Según el abogado Nelson Caucoto, el proceso por el asesinato de José Carrasco sería el único que estuvo más de 5 años con prohibición de informar, hasta septiembre de 1996, por decisión del ministro que sustanció el proceso, el magistrado Aquiles Rojas, adoptada el 18 de julio de 1991. Después de diez años del alevoso crimen, la presión de los periodistas y estudiantes de periodismo logró que el ministro suplente (el titular estaba enfermo) Juan Manuel Escandón levantara por fin la prohibición de informar.
"Purga interna de extremistas"
Los automóviles de los secuestradores circularon impunemente bajo el toque de queda, recorrieron calles y avenidas vigiladas por uniformados, pasaron frente al regimiento Buin y movieron la barrera de la tenencia de Carabineros de El Salto, por donde no podían pasar ni las ambulancias.
En el paredón del cementerio, José Carrasco recibió doce disparos en el tórax y uno en el pie. Otro balazo dio contra el muro. En total fueron catorce estampidos de ametralladora, gatillados a 800 metros de un cuartel policial y a 1.200 de una patrulla militar.
Para los abogados que presentaron la querella criminal, Carmen Hertz y Jaime Hales, "quienes cometieron el crimen eran personas eximidas del toque de queda, autorizadas a portar armas y a deambular sin impedimentos frente a cuarteles militares y en medio de patrullas policiales".
Para el secretario general de Gobierno Francisco Javier Cuadra, de guardia en La Moneda durante toda la noche del 7 al 8 de septiembre, "las cuatro muertes investigadas fueron consecuencia de una purga interna entre sectores marxistas, relacionada con el fracaso del atentado contra el general Pinochet". El abogado Hales retrucó esta descabellada afirmación: "Sabemos dónde encontrar a los culpables. Podemos presumir su rol de pagos. El nombre de los asesinos es el único dato que falta".
Hombre justo y bueno
Treinta meses antes de su muerte, Pepe Carrasco --Peppone para sus amigos-- se despidió en México de sus hijos Iván (14) y Luciano Carrasco Mora (18). En esa asoleada tarde de invierno, su presencia en el departamento del barrio Coyoacán fue todo un alboroto. Pepe siempre fue bueno, dulce y cariñoso con los niños. En sus frecuentes viajes nunca se olvidó de escribirles para aconsejarlos y contarles sus experiencias.
Esa tarde los instó a que salieran bien en sus exámenes "para que así la mamá acepte que regresen a Chile a vivir conmigo". Los niños bajaron a la calle a despedirlo y yo lo vi por última vez desde la ventana del living.
A los tres meses recibía a sus dos hijos con infinita alegría. "Es una felicidad inmensa poder compartir con ellos e influir en su formación de adolescentes", dijo en una carta enviada a México en la Navidad de 1984. La alegría duró apenas 780 días. Iván y Luciano vivieron la terrible experiencia del secuestro y asesinato de su padre, un hombre justo y bueno.
Rosa Tapia, su tía, lo recuerda como un niño tímido pero preocupado por la situación de "los de abajo". Siempre fue sencillo y amistoso con sus amigos de Conchalí, barrio en que nació y se crió. Lo ofendían las injusticias, la discriminación y la marginalidad. "Me duele el corazón cuando veo a los niño descalzos por las calles frías", decía.
Pudo estudiar y llegar a la Universidad para estudiar periodismo en "la Chile" por el esfuerzo de sus padres, sobre todo de dona Chela, su madre, quien lo inscribió en el Instituto Nacional porque deseaba la mejor educación para el primogénito. La enseñanza laica, solidaría y libertaria que recibió en esas aulas, lo marcó para siempre. "Soy de los que alcanzó a educarse con el sistema gratuito; sólo pagábamos la matrícula", recordaba Pepe.
Trayectoria profesional
Trabajó en las revistas Gol y Gol, Siete Días y Punto Final, donde también fue miembro del consejo de redacción. Además, se desempeñó en el diario La Tercera, en radio Minería y en Canal 9 de Televisión, de la Universidad de Chile, donde participó en los noticiarios y en el programa Emisión Cero.
Durante los primeros años de la década del '70 comenzó a dedicarse a la política a tiempo completo, como dirigente del Movimiento de Izquierda Revolucionaria, MIR. Después del golpe, fue detenido en 1974, torturado en la base naval de Talcahuano y trasladado a la tristemente célebre Villa Grimaldi, el presidio secreto de la DINA en Santiago.
Más tarde fue enviado al campo de prisioneros de Puchuncaví, donde lideró la primera huelga de hambre de prisioneros políticos para denunciar el asesinato de «Los 119; nómina de detenidos desaparecidos que aparecieron "muertos" en Argentina, según publicaciones de diarios brasileños, argentinos y chilenos orquestadas por los agregados de prensa de la dictadura.
Liberado en 1976, inició su exilio en Venezuela en 1977, donde trabajó en El Diario de Caracas y en empresas publicitarias del chileno Raúl Alvarez, Papelucho, también ex alumno de la escuela de periodismo de "la Chile". Radicado después en México, trabajó en una versión internacional de la revista Punto Final junto a Mario Díaz.
De regreso en Chile en 1984, ejerció como editor internacional de la revista Análisis y corresponsal del diario mexicano Uno más uno. Fue miembro del consejo metropolitano del Colegio de Periodistas y dirigente del Movimiento Democrático Popular, (MDP), en representación del MIR.
En una entrevista sobre las amenazas de muerte que recibió en esos días, cuarenta y ocho horas antes de morir reafirmó sus ideales: "Amamos la vida y amamos la paz, pero más que nada amamos la Justicia y la libertad. Por ellas estamos dispuestos a dar la vida".
Ni la justicia fue "justa", ni la libertad le fue pródiga. Como paradoja del destino, no se puede informar sobre su causa. "Me sobrecoge, porque siento que es una traición tan grande a un hombre tan bueno", dijo el abogado y escritor Jaime Hales, decepcionado como muchos amigos y colegas de Pepe porque la imposición del silencio en torno al caso impide el camino hacia la verdad.
Soberbia de un régimen
Desde las primeras horas del crimen. La Moneda tendió un manto de confusión. Mientras Francisco Javier Cuadra hablaba de purgas internas de sectores marxistas, intentando confundir a la opinión pública sobre los cuatro crímenes de la noche del 7 al 8 de septiembre, un Comando 11 de septiembre enviaba un mensaje a El Mercurio, La Segunda y La Tercera, adjudicándose los asesinatos como un apoyo al régimen militar.
Jaime Hales recuerda las primeras diligencias que le tocó realizar en el caso: "Yo puedo afirmar que toda, esta operación fue dirigida aquella noche desde la secretaría general de Gobierno del régimen militar. Allí se dio la orden de proceder, atacar y ejecutar. Las dos personas que se encontraban "al mando" aquella madrugada en La Moneda eran un civil y un general, y que yo sepa ninguna de ellas ha sido interrogada basta ahora por el magistrado instructor".
El ministerio de Defensa se negó a investigar al autodenominado Comando 11 de septiembre. "No fue posible realizar ninguna de las diligencias que se solicitaron y que tenían que ver con actuaciones administrativas de los organismos dependientes del ministerio de Defensa", dijo la abogada Carmen Hertz. "En una ocasión se pidieron 85 diligencias y ni una sola fue acogida".
Para el gremio periodístico y los abogados de la Vicaría de la Solidaridad, el comando estuvo integrado por personal de los servicios de seguridad. No fueron "patotas sueltas" ni "particulares armados". Esos servicios, adscritos jerárquicamente a la cúpula de las Fuerzas Armadas, están amparados por disposiciones legales que impiden a la justicia civil constituirse en los cuarteles para investigar a los presuntos culpables.
Enredando el proceso
El proceso se inició el 2/10/86, con el ministro Aquiles Rojas como instructor, pero al poco tiempo la Corte Suprema desautorizó su actuación. "Era una persona que pretendía investigar y llegar al final, pero la resolución de la Corte Suprema desautorizando todo el trabajo realizado, indudablemente lo marcó. Y también trastrocó el devenir del proceso hasta hoy", enjuició el abogado Caucoto.
"La actitud de la Corte Suprema fue uno de los mantos de impunidad que se tendieron para enredar, entorpecer y enmarañar la causa", afirmó. El abogado piensa que "la Suprema se amparó en la excesiva publicidad otorgada al caso y en que las fotografías del principal inculpado --Jorge Vargas Bories-- aparecieran con gran difusión en la prensa. La publicidad terminó por causar daño a la investigación porque los abogados de Vargas bories se aprovecharon de la situación para invalidar todo lo obrado, amparándose en esos «excesos»".
"A fines de 1986 apareció en el «Caso Carrasco» el agente Fuentes Ciscutti, quien sirvió más para enredar las investigaciones que para aclararlas y entregar nombres de los verdaderos culpables ", dijo el abogado. "Apareció de repente y de una manera muy extraña, como inducido a perturbar y a enredar las investigaciones. Advertido de esta situación por los abogados querellantes, el ministro Aquiles Rojas continuó su trabajo con los antecedentes que entregó el agente y perdió meses en comprobar aportes que no llevaron a nada concreto".
El velo se extendió, mientras cada personaje desempeñaba su rol en un libreto en que todos los protagonistas perseguían la impunidad. Las autoridades de gobierno no colaboraron, la policía se desentendió, la justicia se mostraba temerosa y los medios de comunicación del gobierno completaron el elenco ocultando los hechos con versiones oficiosas, tendenciosas y falsas.
"El principal policía encargado de ocultar las pruebas del crimen de Carrasco era el hombre de confianza de Francisco Javier Cuadra, entonces secretario general de Gobierno. Junto a otros que aún están en actividad en los servicios policiales, algunos ocupando puestos de confianza de las autoridades, cumplieron muy bien su papel: manipularon, frenaron y paralizaron las investigaciones", acusó Jaime Hales.
Presiones y amenazas
A Pepe Carrasco le gustaban las películas de contenido social y político. A comienzos de los '70, causó gran impacto el film "Z", del realizador Costa Gavras, contando la historia de un periodista que investigaba crímenes contra los opositores al régimen militar griego, pero terminó descubriendo a los responsables entre las autoridades del gobierno, la policía, los funcionarios militares y judiciales, toda una red que encubría a los verdaderos culpables tras una maraña de desinformación. Como muchos espectadores de la época, Pepe quedó impresionado por el contenido del film político. Paradojalmente, la intriga que desenmascaró el periodista de Costa Gavras resultaría con los años muy semejante al Caso Carrasco.
"Fue sin duda una venganza, ejecutada con todas las señales para que quedara muy claro quiénes eran sus autores, porque se sabía de antemano que las autoridades militares no buscarían a los culpables ", reiteró una y otra vez el abogado Hales. Además, hubo amenazas contra los jueces desde que comenzaron los procesos por la muerte de las cuatro personas secuestradas durante esa noche del 7 al 8 de septiembre.
"El director de Investigaciones, Fernando Paredes, designó una comisión especial para investigar estos crímenes, pero se da la paradoja que ese grupo realizó muchas diligencias para emitir informes verdaderamente infantiles, como que las víctimas murieron «por balas» y por «acción de terceros», en circunstancias que, en mi propia oficina. Investigaciones interrogó a testigos para después hacer ese informe increíble. Hay constancia que a la juez Berta Rodríguez le negaron auto y bencina para hacer una importante diligencia"(*) , afirmó Jorge Mario Saavedra, abogado de la familia de Abraham Muskatblit, otra de las víctimas de aquella noche.
"Entre los Jueces, las presiones psicológicas influyen más que en cualquier otra persona, y es peor aún cuando estas presiones provienen de sus propios superiores", explicó el abogado Nelson Caucoto. "Es muy difícil que los jueces de abajo puedan oponerse al criterio de sus superiores. En este país son pocos los que contrarían el parecer de los de arriba. Al final, ellos saben que son esos señores quienes califican su trabajo. No tengo dudas que hubo y hay presiones ocultas en este caso ", acusó, categórico.
"Desde el comienzo, el ministro Rojas no hizo lo que tenía que hacer para enrumbar las investigaciones ", recordó Jaime Hales. "No se atrevió a tomar las medidas necesarias para llegar al esclarecimiento de toda la verdad. Prefirió ascender en su carrera, antes que hacer Justicia".
Sumisión y temor
Las investigaciones del Caso Carrasco se desenvuelven por más de 10 años entre la sumisión y el miedo. "Un elemento más de la represión es Injusticia militar y también la civil, que es sumisa a aquélla ", explicó en 1987 la abogada Carmen Hertz. Los abogados de derechos humanos sostuvieron que "los altos magistrados son los que llevan la voz cantante en este coro de obsecuentes". En la época hubo jueces que privadamente reconocieron no hacer justicia por temor a las amenazas de afuera y a las reprimendas de sus superiores, desde el interior del Poder Judicial. La Justicia vivió en esos años su etapa más obscura.
Los abogados de la Vicaría de la Solidaridad sabían muy bien cuál sería el destino de los jueces que se atrevían a investigar a fondo las violaciones de los derechos humanos. "Eran sancionados, trasladados, se cuestionaban sus ascensos y dejadas sin efecto sus resoluciones. Nadie los aplaudía por sus severas investigaciones. Y todo el mundo los criticaba si insistían en interrogar a algún militar", señaló Carmen Hertz. Probablemente, esos temores llevaron a Aquiles Rojas a decretar la prohibición de informar, el 18 de julio de 1986.
"No sólo enfrentamos la impunidad, sino que también nos imponen la conspiración del silencio ", reclamó Carmen Hertz. "La imposición del silencio impide el camino de la verdad y eso no lo podemos aceptar", demandó Hales. Los magistrados saben que los efectos de estas medidas siempre son negativos. El desenlace lógico es que los procesos inician la lenta marcha hacia el olvido.
Ausencia de justicia
Durante 23 años, los chilenos se habituaron a vivir en ausencia de justicia. Las encuestas confirman la apreciación negativa que tiene la gente sobre la aplicación del derecho. El magistrado Marcos Libedinsky no ocultó su sorpresa cuando la ciudadanía aplaudió en las calles el fallo contra los responsables del crimen de Orlando Letelier: "La sensación que tuve no fue de alegría ni de conformidad, sino una extraña sensación de ver a la gente en las calles celebrando un fallo ". Para el abogado Nelson Caucoto, las expresivas palabras del ministro Libedinsky constituyen una "autoconfesión", no de un hombre, sino de todo el Poder Judicial. "Antes la gente no celebró nada porque aquí no hubo justicia. Y si alguien celebra algo es porque no ocurre todos los días", sentenció. A don Humberto Carrasco, el padre de José Carrasco, la muerte lo sorprendió a los 8 O años, en 19 9 6, sin perder todavía la esperanza en que los asesinos de su hijo terminen en la cárcel.
El abogado del caso, Nelson Caucoto, no puede acceder al sumario durante los 5 años en que permaneció secreto y con prohibición de informar. Cada vez que solicitó al ministro levantar las medidas, sostuvo que "las prohibiciones de informar son esencialmente transitorias y su prolongación en el tiempo favorece más a los delincuentes que a las víctimas". Afirmó que la opinión pública tiene derecho a saber que el caso sigue abierto, que la investigación prosigue y que los culpables continúan libres.
En el Caso Carrasco hubo obstrucción de justicia, manipulación de informes, desidia en las investigaciones de la policía, amenazas, sumisión y temores de jueces, aplicación del silencio, entrega de información tendenciosa a través de cierta prensa y buscadores de notoriedad que sólo favorecieron al principal inculpado.
"Creo que el tiempo también hace su aporte, no para olvidar, sino para descubrir la verdad", dijo Nelson Caucoto. "Algún día aparecerá alguien que, desde el propio comando, nos cuente cómo ocurrió todo".
Jaime Hales cree saber quiénes fueron los autores intelectuales: «La Justicia está en deuda con José Carrasco Tapia: hay que contar la historia, públicamente; la historia verdadera. No tenemos pruebas, pero ¡qué importa que no las tengamos!"
La prohibición de informar se levantó el 12 de septiembre de 1996, después que el presidente de la Corte Suprema, Servando Jordán, accedió a la solicitud del Colegio de Periodistas formulada el día 9.
Al poderse hablar públicamente del tema, el abogado Caucoto afirmó que una maniobra de inteligencia dejó sin efecto el auto de procesamiento contra el principal inculpado, el agente CNI Jorge Vargas bories, quien se encontraba detenido por la quiebra fraudulenta de la empresa de transportes Santa Bárbara, aparentemente una pantalla de la CNI. Vargas bories fue encausado por Aquiles Rojas después que fuera reconocido por los familiares de José Carrasco.
El juez fijó para el 12 de septiembre de 1990 la diligencia de reconocimiento en rueda de presos, pero el detenido fue llevado antes al palacio de los tribunales y expuesto a la prensa que cubre esa fuente. Cuando la imagen de Vargas bories apareció en revistas y televisión, se echó por tierra el trabajo del ministro Rojas. La Corte Suprema acogió un reclamo de la defensa de Vargas bories, declaró viciada la diligencia y dejó sin efecto los cargos contra el único encausado hasta entonces.
Caucoto cree que los autores deben buscarse donde lo hizo el ministro Rojas. "Es decir--dijo--, el círculo de sospechosos sigue estando vinculado, única y exclusivamente, a la CNI".
Olivia Mora, periodista formada en la Universidad de Chile, trabajó en Las Noticias de Ultima Hora,, radio Magallanes y La Nación, entre otros medios. Continuó en la profesión durante su exilio en Perú y México. Actualmente se desempeña en la Cancillería y es miembro del Consejo Metropolitana del Colegio de Periodistas. Estuvo casada con José Carrasco Tapia, con quien tuvo dos hijos.
(*) Asesinato de un Periodista, Patricia Collyer y María José Luque, Editorial Emisión, 1987.