responsabilidades, riesgos y exigencias
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responsabilidades, riesgos y exigencias |
Sergio Pesutic P., médico-psiquiatra
Symposium Internacional sobre
Tortura y la profesión médica,
Universidad de Trómso, Noruega,
5 al 7 de junio de 1990.Resumen
El presente trabajo tiene su origen en la experiencia de asistencia sistemática brindada durante los últimos seis años por el Equipo de Salud Mental especializado en la Denuncia, Investigación y Tratamiento del Torturado y de su núcleo familiar (DITT) del Comité de Defensa de los Derechos del Pueblo (CODEPU); su objetivo es analizar las relaciones posibles entre la tortura, por una parte, y los Profesionales de la Salud, por otra.
Se revisan críticamente algunas definiciones de tortura, destacando los aspectos interpersonales y sociales que el fenómeno implica y se comunican las cifras de casos denunciados y casos atendidos que dan cuenta de la magnitud del problema en Chile.
El autor clasifica en cinco grupos el comportamiento de los Profesionales de la Salud ante (y en) la tortura, definiendo las actitudes, los argumentos y las conductas de cada grupo.
Tres situaciones-tipo son presentadas a manera de ejemplo de participación médica en tortura: la tortura en un Hospital Militar, la complicidad en tortura en un Hospital Civil del Estado, y la complicidad de la Institución Psiquiátrica.
El trabajo concluye con una breve reseña de las tareas de la asistencia integral en materia de tortura desde la perspectiva del actual cambio sociopolítico en Chile.
I. Introducción
Durante más de 16 años, bajo el régimen dictatorial que recién concluye, la práctica de la tortura ha sido una constante, un fenómeno sistemático y cotidiano que ha impregnado profundamente a la sociedad chilena toda. Hoy ya nadie niega que se practicó tortura. Persisten eso sí algunos grupos de civiles que aún tratan de justificarla, relativizarla, matizarla en el contexto de una guerra que la realidad histórica demuestra que jamás ocurrió.
Durante todo ese tiempo la sociedad en general, y segmentos significativos de ella (abogados, médicos, miembros de iglesia), han reaccionado de diversos modos frente al fenómeno de la tortura.
La presente comunicación quiere ocuparse de las relaciones ocurridas y de las relaciones posibles de ocurrir entre los Profesionales de la Salud, por una parte, y la práctica de la tortura como fenómeno socio-político de alcance médico, por otra.
Esta comunicación constituye una reflexión sobre el tema apoyada, como se verá, en la experiencia concreta de trabajo de un equipo interdisciplinario tanto en la denuncia e investigación de la tortura, como en la asistencia a las víctimas de ella. (1)
II. Sobre la definición de tortura
La Asamblea General de las Naciones Unidas (9 Diciembre 1975) definió la tortura como «todo acto por el cual se inflija intencionalmente a una persona dolores o sufrimientos graves ya sea físicos o mentales, con el fin de obtener de ella o de un tercero, información o una confesión, de castigarla por un acto que haya cometido o de intimidar o coaccionar a esa persona o a otras. O por cualquier razón basada en cualquier tipo de discriminación, cuando dichos dolores o su- frimientos sean infligidos por un funcionario público u otra persona en el ejercicio de funciones públicas, a instigación suya, o con su consentimiento o aquiescencia».
Por su parte, la Asamblea Médica Mundial reunida en Tokyo (10 octubre 1975) había definido la tortura como «la inflicción deliberada, sistemática y desconsiderada de sufrimiento físico o mental por parte de una o más personas actuando de por sí o siguiendo órdenes de cualquier tipo de poder, con el fin de forzar a otra persona a dar información, confesar o por alguna otra razón».
Ambas definiciones se ocupan coincidentemente del hecho tortura, pero no agotan ni explicitan la repercusión de dicho hecho. La finalidad de la tortura no sólo consiste en arrancar información, castigar o intimidar, sino también, y a menudo constituye la finalidad única, la tortura busca dañar la persona, esto último aparece sólo vagamente recogido en la frase «o por alguna otra razón» de la definición de la Asamblea Médica Mundial.
Si en el campo de la juridicidad es importante la consideración de aspectos tales como la investidura del torturador (funcionario público, por ejemplo) el cumplimiento de órdenes (la cuestión de la jerarquía y los niveles de responsabilidad), en el campo de la Salud resulta de la máxima importancia el hecho que la tortura persigue la destrucción de la persona, y esta es quizás la más grave de sus consecuencias.
Allí reside la primera interpelación que la tortura plantea a los profesionales de la salud. No hay acto, por esencia, más despersonalizador que el acto tortura, de la misma y opuesta manera que el acto de relación entre médico y paciente es quizás uno de los actos relaciónales más potencialmente personalizadores. (2)
Una segunda consideración merecen las definiciones señaladas: no se ocupan de la dimensión social de la tortura, esto es, del contexto histérico-político en el cual la tortura es alentada, ocultada como realidad, posible como práctica sistemática. Ninguna sociedad contemporánea ha llegado a la tortura sin vivir de manera previa o simultánea un proceso de perturbación grave de la convivencialidad que incluye pautas de interacción marcadas por el autoritarismo, el temor y el sometimiento, la censura y la autocensura, el ocultamiento y la desinformación. En su dimensión colectiva, la tortura es la expresión criminal de una perversión valórica de la sociedad.
La ética puede definirse como la parte de la filosofía que tiene por objeto «lo bueno moral» o la conducta humana en tanto que merecedora de un juicio de aprobación o desaprobación. Constituye el eje que vertebra la acción moral del hombre. Desde la perspectiva ética de los profesionales de la salud, la tortura en cuanto evento situacional entre individuos contradice sensu estricto la práctica asistencial (médico-paciente, por ejemplo) y, en tanto expresión de una condición social gravemente perturbada, determina particulares responsabilidades a nivel de las instituciones encargadas de brindar asistencia médica y psicológica.
III. La magnitud del problema
El Cuadro 1 muestra el número de casos de tortura denunciados en Chile entre los años 1979 y 1989.
Fuente: Comisión Chilena de Derechos Humanos
Cuadro 1
Casos de tortura denunciados, 1979-1989Año Número de Casos 1979 143 1980 91 1981 68 1982 123 1983 434 1984 297 1985 167 1986 294 1987 133 1988 135 1989 66 Total 1931 Las cifras tienen apenas un valor indicativo de la magnitud del problema de la tortura vivido en Chile. El temor a represalias o de ser objeto de nuevos actos de tortura hace difícil la denuncia formal de los hechos. Por otra parte, el número de casos se refiere a aquellos considerados bajo la definición más restringida de tortura y en los cuales las consecuencias físicas pueden ser objetivadas. Asimismo, la tortura es una entre muchas figuras represivas (Cuadro 2).
Fuente: Comisión Chilena de Derechos Humanos
Cuadro 2 Algunas Violaciones de Derechos Personales, 1986-1989 Tipo de violación 1986 1987 1988 1989 Muertes 55 47 38 32 En supuestos enfrentamientos 6 12 7 5 Por torturas 1 2 1 1 Homicidios premeditados 4 0 - 1 En manifestaciones por civiles no identificados 3 4 2 - Por abuso de poder 31 29 24 22 Otras 10 0 4 3 Homicidios Frustrados 264 86 210 66 Detenciones Arbitrarias 34.258 6.486 9.148 3.099 Secuestro 135 137 68 25 Individuales 951 619 801 347 En manifestaciones 11.325 5.232 7.550 2.277 Colectivas 21.662 289 315 190 Por abuso de poder 185 209 414 260 Relegaciones administrativas 0 3 - - Torturas 297 128 132 66 Tratos crueles inhumanos y degradantes 864 637 1.218 632 Amedrentamientos 906 1.264 1.550 624 Por otra parte, es fácil suponer que el impacto, particularmente en materia de salud mental, alcanza a todo el grupo de pertenencia del sujeto directamente torturado o reprimido (familiares, compañeros de trabajo o partido, etc). Es legítimo postular entonces que, desde un punto de vista estrictamente epidemiológico, la tortura (y otros tratos inhumanos, crueles o degradantes perpetrados por funcionarios públicos) constituye una cuestión de amplias y profundas repercusiones psico-físicas, individuales, grupales y sociales.
El Equipo de Salud Mental-DITT del CODEPU ha venido prestando asistencia médica, psicológica y social a las víctimas de atropellos de los Derechos Humanos, de una manera sistemática desde 1984, pero cabe dejar constancia que un tercio del total de los casos fue atendido por miembros del equipo antes de la constitución formal de éste. El Cuadro 3 muestra el número de casos atendidos, por año y según tipo de tortura.
* Tortura directa; ** tortura a familiares; tortura indirecta (Ver texto).
Cuadro 3 Casos atendidos por Equipo DITT, 1984-1989 Año T* TF** TP** TOTAL 1984 80 12 18 110 1985 63 25 22 110 1986 162 30 21 213 1987 107 37 53 197 1988 142 66 105 313 1989 133 99 130 362 Totales 687 269 349 1.305 Entendemos por casos de Tortura Directa (T) aquellas personas que han pasado por la experiencia de tortura en la situación de arresto o secuestro, ya sea en recinto secreto o conocido, o bajo la forma de lo que se ha llamado tortura in situ (aquella aplicada en el curso de secuestros o detenciones breves en el domicilio o en vehículos).
Tortura a Familiares (TF) incluye aquellos casos que consultan por trastornos derivados de su condición de ser familiares o mantener un vínculo estrecho con una persona que ha sufrido Tortura Directa.
Tortura Indirecta (TI) incluye aquellos casos en que una determinada situación represiva, pasada o actual, ha generado trastornos llegando a constituir motivo de consulta: exiliados y retornados, personas perseguidas o amenazadas, familiares de ejecutados o detenidos-desaparecidos, exonerados, cesantes por causales ideológicas.
Es a partir de esta experiencia de trabajo asistencial que intentaremos delimitar las responsabilidades, los riesgos y las exigencias que deben afrontar los profesionales de la salud que viven y laboran en una sociedad en que se practica la tortura.
IV. Los profesionales de la salud: actitudes, argumentos, conductas
Como ya hemos señalado, la tortura no es un hecho aislable del contexto social, sino que muy por el contrario, se nutre de él y lo impregna siempre. Es imposible entonces reducir la tortura a un hecho médico (o clínico) despojándolo de las connotaciones de intencionalidad que comprometen la condición humana de manera totalizadora.
Pese a estas reservas, no podríamos analizar en profundidad la responsabilidad de los profesionales de la salud ante (y en) la tortura, si no aceptáramos un supuesto previo: el acto tortura es mucho más que una cuestión de patologías, pero no deja de ser un acontecimiento vital capaz de determinar repercusiones o trastornos merecedores de asistencia médica y psicológica.
El Cuadro 4 resume las posibles actitudes, argumentaciones y conductas de los profesionales de la salud ante la tortura. Se trata de una aproximación deliberadamente esquemática, pero nos permitirá revisar con algún detalle la tortura en sus aspectos de enfermedad y los médicos y demás profesionales de la salud en tanto agentes responsables de combatirla (denunciar, investigar, tratar, erradicar).
CUADRO 4
Los Profesionales de la Salud y la Tortura (3)Grupo Actitud Argumento Conducta 0 La tortura es necesaria «La patria debe sebe ser defendida» «Es una guerra:o nosotros o el enemigo» Médicos torturadores y cómplices activos I La tortura no existe «No lo creo» «No está demostrado» «Son campañas de los enemigos de la patria» Complicidad pasiva II La tortura existe, pero... ...no es un problema médico, es un problema político Negación (pseudo) científica III La tortura existe, pero... ...no es un problema político, es un problema médico Torturología IV La tortura existe, y... ...es un problema médico y político Asistencia integral El Grupo O (denominado así porque escapa cualitativamente a cualquier intento de comparación con el resto de los grupos) incluye la sórdida categoría de los médicos o profesionales de la salud torturadores o cómplices activos de tortura. Su existencia y participación ha sido fehacientemente comprobada. (4)
El Grupo I se refiere a quienes utilizan el mecanismo de la negación, la más antigua, primitiva, inadecuada e ineficaz de todas las defensas psicológicas utilizadas por el hombre. Y si lo que se quiere negar es un hecho tan potencialmente destructivo como la tortura y quienes la niegan son justamente profesionales de la salud, esta negación impide por una parte, el proceso de reparación del daño y por otra parte, hace imposible tomar medidas para enfrentar o erradicar aquello que se está negando.
Los Grupos II, III y IV, en cambio, aceptan la tortura como una realidad de fado, pero matizan significativamente este reconocimiento lo que determina profundas divergencias en su quehacer profesional.
Para el Grupo II, la tortura, si bien existe, no constituye problema clínico, es un problema exclusivamente político. En rigor, estamos en presencia de otro mecanismo de negación, pero mediatizado por racionalizaciones científicas. No es difícil impugnar esta argumentación pseudo-científica. Nadie de entre aquellos que reconocen la existencia de la tortura como práctica sistemática en la sociedad de la que forman parte, puede, acto seguido, negar el impacto físico-psicológico que ella provoca y la demanda de asistencia que plantea.
Sin embargo, avanzar hasta aquí y reconocer los alcances clínicos no nos inmuniza contra el riesgo de enjuiciar la realidad-tortura con parcialismo y comprometer así severamente el pronóstico de la asistencia médica. Pues ante el hecho clínico innegable y reconocido, surge ahora un mecanismo de defensa y negación aún más sofisticado: el reduccionismo (Grupo III).Para este grupo de profesionales, la tortura es una cuestión de salud física y mental, pero sus connotaciones histérico-políticas, éticas y sociales, no resultan de la incumbencia de los profesionales médicos. Esta conceptualización se traduce en una práctica asistencial denominada Torturología, que definimos como el reduccionismo de una serie de manifestaciones clínicas, presentes en un sujeto que ha pasado por la experiencia de tortura, a una tipificación médica despersonalizada y ahistórica.
¿Cómo evitar los riesgos del reduccionismo científico-clínico? ¿Cómo asumir la doble exigencia de prestar una asistencia que por un lado resulte personalizadora y que por otro lado se haga cargo de un fenómeno que tiene hondas implicaciones históricas, políticas, éticas y sociales? El enfogue integral (Grupo V) protege contra ese riesgo y satisface esta exigencia.
La asistencia integral a víctimas de la tortura incluye tres niveles de intervención que se suman y se complementan y que aparecen resumidos en el Cuadro 5.
CUADRO 5
Asistencia integral en materia de tortura1. Prevención Primaria
a) Denuncia
b) Investigación2. Prevención Secundaria
a) Detección precoz de trastornos
b) Atención en Salud Mental (individual, grupal, sistémica)
c) Atención en Salud Física3. Prevención Terciaria
a) Reinserción vital (social, laboral, política)
b) Reparación ética-jurídica (Verdad, Justicia, Sanción)Volveremos sobre este aspecto cuando analicemos las responsabilidades de los profesionales e instituciones de la salud en la perspectiva del cambio sociopolítico que hoy se vive en Chile.
V. Algunas situaciones tipo
1. La tortura en un Hospital Militar.
Se presentan tres casos de prisioneros políticos sometidos a torturas y tratos crueles, inhumanos o degradantes en el Hospital Naval "Almirante Neff" de Valparaíso. (5)
La situación de Lise Valdebenito Larenas, ingresada al Hospital por un cuadro de pielonefritis aguda, es ilustrativo del trato general que recibieron todos:
«Llegué al Hospital, me pusieron un suero y me dieron unos remedios. Perdí la noción del tiempo y parece que me dormí. Desperté en una sala con las ventanas tapadas, sola, con suero y esposada de ambas muñecas a cada lado de la cama. Estuve esposada los seis días que permanecí hospitalizada. Me soltaban una mano para comer. Todo el tiempo estuve con la vista vendada ... Los médicos, enfermeras y todo el personal que me atendió no me dijeron nunca donde estaba por más que les preguntaba; tampoco me sacaban la venda ni se identificaban para examinarme...»
El caso de Fernando Fuentes Ramírez permite conocer las sesiones de tortura a las cuales fueron sometidos. Herido de bala, con varias fracturas y con una anemia aguda por hemorragia, ingresó al Hospital siendo estabilizado en sus funciones vitales. Relata: «... inmediatamente de ingresado se inició un proceso de tortura física y psicológica en forma sistemática, con la complicidad de un teniente de navio, médico, y un equipo de enfermeras y enfermeros pertenecientes a la CNI, según su propia confesión...» Un grupo de diez personas, aproximadamente, lo interrogaban «..a la vez me golpeaban, presionaban con fuerza las regiones laceradas: tobillo, pulmón, mandíbula, brazo izquierdo que estaba sujeto escasamente por un poco de tejido muscular. Este me era tirado hacia abajo, a la vez que otro individuo hundía su codo en el pulmón que estaba reventado. En el Hospital Naval se realizaron varios intentos por quitarme la vida...cuestión que fue impedida por el Director del Hospital, con la sola objeción que no se realizara allí: 'si desean matarlo, llévenselo de aquí y háganlo en otro lugar...'»
El testimonio de Roberto Andaur Rodríguez permite agregar otros antecedentes. Ingresó al Hospital con heridas de bala, las que fueron oportunamente tratadas. En su caso, aparte de los golpes, en las zonas heridas le fue aplicada electricidad «...me ponen electrodos en diferentes partes, cuatro sesiones durante los 21 días que permanecí internado». Los guardias armados que lo vigilaban le impedían quedarse dormido pateándole la cama. En una ocasión también le hicieron un simulacro de ejecución con un un fusil en la sien. «Los enfermeros que me cuidaban sabían que me torturaban, pero no podían hacer nada».
¿Cuáles son las finalidades o funciones que cumple el médico en el acto tortura? Antes, durante o después, el personal médico cumple entre otras funciones las siguientes:
- autorizar la intensificación de la tortura así como advertir del riesgo de muerte
- administrar técnicas de tortura específicas como psicofármacos y otras drogas y asesorar el interrogatorio
- contribuir con sus conocimientos para dejar el mínimo de huellas posibles
- manipular y adulterar certificaciones oficiales con el fin de ocultar las lesiones y las verdaderas causas de la muerte
Un número importante, cuando no mayoritario, de los médicos sometidos a investigación y condenados por el Departamento de Etica del Colegio Médico por su participación en actos de tortura corresponde a miembros de las fuerzas armadas, es decir, médicos con rango militar.
Los casos de participación de médicos militares en la tortura en un recinto hospitalario obliga, sin duda alguna, al enjuiciamiento ético individual. Pero un análisis más en profundidad debiera incluir la revisión crítica de los fundamentos mismos y de las pautas de interacción de la vida militar. Escapa a los objetivos de la presente comunicación dicho análisis, pero resulta evidente que los modos militares de convivencialidad, impregnados por la obediencia automática, la intolerancia a la diversidad, la exaltación de la jerarquía, el verticalismo y el autoritarismo, entre otros rasgos, se distancian netamente de los que podríamos llamar modos civiles de convivencialidad: disenso y crítica, discusión y diálogo, horizontalidad en las relaciones, estímulo de la creatividad, respeto de las iniciativas individuales y de las contradicciones, rasgos que junto a muchos otros caracterizan la forma democrática de una sociedad.
La constatación histórica de que las democracias torturan menos o no torturan puede explicarse no sólo por la real capacidad fiscalizadora de los demás poderes públicos sobre el poder ejecutivo (Parlamento, Poder Judicial, Prensa libre, Grupos corporativos y sociales), sino también por la internalización y la difusión a nivel colectivo deformas no militarizadas de convivencia social.
2. Complicidad pasiva en tortura en un Hospital Civil del Estado.
Presentamos el caso de Patricia Peña Díaz, joven estudiante de 18 años que fue detenida el 4 de septiembre de 1986. (6)
Patricia pasó sucesivamente por cuatro experiencias límites cuyas consecuencias se fueron acumulando:
- El arresto y la tortura-violación ( 4 al 10 de septiembre)
- La prisión y el recuerdo de la tortura reciente (10 septiembre al 8 de octubre)
- La angustiosa expectativa de un embarazo no deseado ( 8 de octubre al 8 de noviembre)
- El aborto espontáneo y la desprotección médica ( 8 al 26 de noviembre) Entre el 20 de septiembre y el 4 de diciembre de 1986, como miembros del Equipo DITT mantuvimos un total de 12 entrevistas con la detenida en la Cárcel de San Miguel en Santiago, así como entrevistas con sus familiares, sus compañeras de celda y abogados de la defensa.
En su testimonio. Patricia relata la participación de personal médico en el recinto secreto de detención y tortura; «...me revisó un individuo al que llamaban doctor ... el 'médico' me auscultó, me midió la presión y el pulso ... me obligaron a tomar 3 pildoras ... todos los días me revisaba el 'médico' y me obligaban a tomar pildoras varias veces al día».
Cuando lleva algo más de un mes de detención. Patricia nota atraso menstrual e inicia la vivencia ominosa de un probable embarazo como consecuencia de la violación sufrida en la sala de torturas.
La negligencia y la arbitrariedad de las autoridades judiciales y en particular de los funcionarios de salud de Gendarmería para certificar o descartar prontamente dicho embarazo prolongó en el tiempo una situación que afectó profundamente a Patricia.
La asistencia psicoterapéutica chocaba con una incertidumbre. ¿Cómo hacer la catarsis, la significación y la elaboración de la violencia experimentada en circunstancias que dicha violencia seguía vigente a través de un fantasma cada día más probable: el embarazo?
La cuarta experiencia límite está marcada profundamente por la desprotección médica frente al aborto espontáneo en curso, desprotección que llegó a comprometer la vida de la detenida.
Patricia recorrió un largo itinerario que buscaba la agresión-destrucción de la persona y cuyo último episodio ocurre en lugares donde justamente los efectos de la tortura debieran aliviarse: los Hospitales Civiles del Estado.
Fuertemente custodiada, permanece menos de 48 horas en el Hospital Barros Luco de Santiago donde se le practica legrado terapéutico. Uno de los médicos (jefe de turno), preguntado por la posibilidad de visitar a la detenida, responde: «Por mí ningún problema, si los gendarmes se lo permiten...» No se trata en este caso de la sumisión o acatamiento del inerme, de aquel que no dispone de poder ante el atropello. Se trata de la connivencia de quien, disponiendo de un poder técnico-administrativo suficiente para oponerse y para contrarrestar el horror, renuncia a dicho poder o lo ejerce a favor del abuso.
La finalidad de la función médica aparece, pues pervertida: antes que la salud y la integridad de la paciente, prima el acatamiento jerárquico y la propia seguridad funcionaría del profesional de la salud. La inhibición conductual adquiere en este caso la categoría de falta ética grave.
De una manera general, la intervención médica en la situación de Patricia puede tipificarse como inoportuna por lo tardía; despersonalizada pues no vincula la situación clínica (embarazo y aborto) con el contexto situacional de la paciente en el cual la misma permanencia en el Hospital es ya un evento significativo; negligente, pues no se hace cargo de las circunstancias de una paciente de alto riesgo tanto en el plano de la salud física como psíquica. La intervención médica, en resumen, aparece alineada de manera coherente con el itinerario de agresión-destrucción descrito y que se iniciara con la detención-tortura.
3. Complicidad en tortura de la Institución Psiquiátrica.
Al comentar algunas definiciones de tortura señalábamos las ineludibles dimensiones sociales que ella conlleva, tanto en lo que se refiere a su origen como a sus consecuencias. La tortura se inscribe en un círculo de silencio; se nutre de él y al mismo tiempo, lo alimenta. La tortura es una práctica social que surge del temor y que provoca temor.
La responsabilidad de los profesionales de la salud no se detiene en un cierto nivel individual (imperativa, por cierto, de asumir por todos y cada uno). Va más allá y compromete la gestión de las Instituciones de Salud. Como recién vimos, Hospitales Militares y Hospitales Civiles pueden llegar a constituirse en prolongaciones de un calabozo o de un recinto secreto.
La Institución Psiquiátrica (es decir, de una manera genérica, los Hospitales Psiquiátricos, la Psiquiatría como práctica profesional que se ocupa de la conducta humana y como disciplina del conocimiento que agrupa a profesionales que interactúan entre si) tiene una responsabilidad particularmente insoslayable en el contexto de una sociedad donde se tortura.
Cabe pues, preguntarse ¿qué ha dicho la Institución Psiquiátrica durante los más de 16 años de dictadura-tortura? Lamentablemente, nada. Las repercusiones clínicas que en el campo de la Salud Mental provoca la tortura jamás tuvieron derecho a domicilio en un Hospital Psiquiátrico, jamás merecieron la atención de la clínica, la docencia, la investigación o la terapéutica.
La Psiquiatría chilena, como institución, hizo suyos la actitud, los argumentos y la conducta del Grupo II, esto es, por la vía de la negación (pseudo) científica redujo el problema de la tortura a un evento de exclusiva competencia política, sin alcances clínicos.
Más grave aún, cuando algunos profesionales intentan en 1984 discutir en el curso de una reunión clínica los aspectos médico-psicológicos de la tortura, la autoridad funcionaría reacciona reprimiendo y prohibiendo. (7)
El manido argumento de la neutralidad y la prescindencia política en el quehacer psiquiátrico, es contradicho por la propia conducta de la autoridad. En efecto, a finales de 1986, una patrullera de la Central Nacional de Informaciones (CNI) llegó hasta el Hospital Psiquiátrico de Santiago. Buscaban al familiar de un «prófugo» de la justicia. El Director del Hospital dio las facilidades más amplias y cedió una oficina en la cual, durante varios días, se procedió a interrogar a los
funcionarios del Hospital. El encuadre hospitalario (8) en el ámbito de la psiquiatría, deviene así, literalmente, institución inhóspita: no acepta una realidad que es innegable y no acoge con solicitud a quienes la padecen.
Los instrumentos legales internacionales en materia de Etica Médica y tortura debieran incorporar y fortalecer los aspectos que describen, persiguen y sancionan las actuaciones de los profesionales de la salud que en el ejercicio de cargos técnicos relevantes (Directores de Hospital, Decanos de Facultad, Jefes de Servicio, etc) se inhiben, en la forma que fuera, para conocer y para combatir la tortura cuando hay razonable evidencia que ella está ocurriendo en el aquí y en el ahora de la sociedad.
VI. Los profesionales de la Salud, el fin de la tortura y el cambio sociopolítico en Chile
A partir del 11 de marzo de 1990 y como consecuencia de la llegada al gobierno de un presidente elegido democráticamente y la constitución de un Poder Legislativo igualmente representativo de la voluntad popular, es un hecho que la tortura ha dejado de practicarse como herramienta sistemática ligada al ejercicio del poder. Estamos en presencia del No Más.
Pero el fin de la dictadura no suprime los daños que su imperio durante más de 16 años ha provocado. Y el advenimiento de la democracia no garantiza por sí mismo que el respeto de los Derechos Humanos quede automáticamente preservado. Existe hoy en Chile el desafío de construir el Nunca Más.
A los profesionales de la salud les cabe en esa tarea una responsabilidad permanente. El Cuadro 6 describe las acciones que nos parecen más relevantes en el marco de un enfoque integral del problema de la tortura actualmente en Chile.
CUADRO 6
Asistencia integral en materia de tortura.1. Prevención Primaria
a) Incorporación de la enseñanza de los Derechos Humanos en los planes de estudio de la Educación formal e informal.
b) Denuncia de casos. Verdad y Justicia como requisito de una verdadera re paración social.
c) Estudio, perfeccionamiento y aplicación de los Códigos de Etica Médica.
d) Investigación y seguimiento de las repercusiones de la tortura en el mediano y largo plazo.2. Prevención Secundaria
a) Superación de los «ghettos» terapéuticos: el Estado deberá proveer los recursos humanos y materiales para el diagnóstico precoz y tratamiento integral de los trastornos individuales y grupales vincula dos a la tortura.
b) Programas específicos de asistencia en relación a Exilio-retorno.3. Prevención Terciaria
a) Reinserción efectiva de los afectados en el cuerpo social, garantizada por el Estado (social, laboral, política).
b) Indemnización respecto de daños específicos.
c) Verdad y Justicia (sanción).Hemos incluido las acciones que buscan la Verdad y la Justicia en relación a los atropellos de los Derechos Humanos ocurridos durante el régimen dictatorial tanto en el nivel primario como en el terciario de la asistencia. En rigor, el esclarecimiento de la verdad y el debido enjuiciamiento de los culpables constituye una intervención de alcances globalizadores, es decir, previene, alivia y rehabilita tanto en lo individual como en lo social. En este sentido, cualquier forma de ocultamiento y de impunidad compromete seriamente las posibilidades de una efectiva política de prevención y reparación social.
Notas:
1. La denominación de víctima nos merece reparos de orden conceptual por la connotación de pasividad que implica. Hecha esta consideración, la emplearemos a falta de otra mejor y por el carácter descriptivo y totalizador que posee.
2. F. Oyarzún. Comentario al libro «Persona, Estado, Poder», Vol 1., durante el Seminario Internacional «Tortura: aspectos médicos, psicológicos y sociales. Prevención y Tratamiento», Santiago de Chile, noviembre de 1989.
3. Existe aún otro tipo de profesionales de la salud: aquellos que son víctimas de tortura. Actualmente permanecen en prisión 3 médicos y 1 enfermera y han sido muchos los profesionales de la salud que durante el régimen dictatorial pasaron, como tantos otros chilenos, por la experiencia de arresto y tortura por razones políticas.
4. • La Tortura en Chile, Amnistía Internacional, 1984.
• Acuerdo del Consejo General del Colegio Médico de Chile sobre la participación médica en apremios a María de los Angeles Sanhueza en que aparece inculpado el Dr. Hernán Pérez Castro, quien reconoció profesionalmente a la detenida al momento de su ingreso y antes de su egreso de los cuarteles de la CNI en Rancagua. Revista Vida Médica, junio de 1985.
• «Reflexiones del fiscal. Sumario a médico implicado en tortura» Dr. Jorge Villegas, Presidente del Departamento de Trabajo Médico y Acción Gremial del colegio Médico de Chile. Revista Vida Médica, marzo de 1985.
• Dictamen de fecha 31 de marzo de 1986 del sumario iniciado por el Departamento de Etica del Consejo General del Colegio Médico de Chile sobre aplicación de torturas y posterior fallecimiento del Profesor Federico Alvarez Santibáñez. Allí se estableció la participación en torturas de los Doctores Luis Losada Fuenzalida, Carlos Azar Saba y Manfredo Mayol Caesar. Revista Vida Médica, jul-sep. 1986.
5. Tomado de «Tortura en el Hospital 'Almirante Neff" de Valparaíso: comunicación de 3 casos" Luis Ibacache, Equipo Ditt-Codepu, Valparaíso. Chile. Seminario Internacional "Tortura: aspectos médicos, psicológicos y sociales. Prevención y Tratamiento», Stgo. de Chile, nov. 1989.
6. «El caso de Patricia Peña Díaz: viaje a través de una sociedad que tortura», Documento de denuncia, Codepu, Santiago de Chile, diciembre de 1986.
7. Ver «Atodapluma, Documentos polémicos para un debate sobre Dictadura y Psiquiatría (y otras cuestiones relacionadas)». Varios autores. Ediciones Oxymoron, Santiago de Chile, enero 1989.
8. "Hospitalario', que acoge o auxilia a necesitados o forasteros; que recibe y trata con solicitud a sus huéspedes".
