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Katia Reszczynski P., médico-psiquiatra
Verónica Seeger B., psicólogaIV Conferencia Internacional de Centros,
Instituciones e Individuos que trabajan en asistencia a victimas de la violencia organizada.
Organizado por la Sociedad Internacional para la salud y los derechos Humanos.
Manila, Filipinas, diciembre de 1994.Acompañamiento terapéutico reparatorio, en un contexto de impunidad, a familiares de detenidos desaparecidos y ejecutados políticos
I. Introducción
En 1980, en plena dictadura militar en Chile, nació el Comité de Defensa de los Derechos del Pueblo (CODEPU), que desde una visión humanista, enfocó la violación de los derechos humanos de manera integral y multidisciplinaria. Constituyó así equipos jurídicos, de salud mental y de educación, que trabajaban colectivamente en la denuncia, asistencia, investigación y promoción de los Derechos Humanos.
En 1987, cuando se vislumbraba el término de la dictadura y el advenimiento de un gobierno cuya misión principal sería el tránsito a la democracia, CODEPU planteó su preocupación respecto de que la impunidad persistiría.
Esta idea se sustentaba, en lo central, en que la nueva institucionalidad no eliminaba totalmente el poder militar, mantenía el poder neoliberal de economía de libre mercado y conservaba intacto el poder judicial, que había sido aliado de la dictadura.
Por ello, CODEPU se propuso impulsar a nivel nacional, entre otros, un programa de Verdad y Justicia, destinado a develar los mecanismos que el fenómeno de la impunidad durante la dictadura había producido en las personas, en las familias y en la sociedad toda.
En algunos lugares de Chile, y en relación a hechos especiales, se ha investigado la magnitud de la violación del derecho a la vida y de la integridad física y psicológica; el contexto histórico y sociopolítico en que se dio; sus consecuencias individuales, familiares y sociales; el perfil psico-ideológico de las víctimas, y la identificación de los responsables, con sus características, organización y formas de operar.
II. Antecedentes de la Región y de las familias
En la VII Región de Chile, a la cual nos referiremos en este trabajo, la investigación de Verdad y Justicia se inició en 1989 y culminó con una primera publicación en 1991: «Labradores de la Esperanza».
En esa oportunidad constatamos el daño profundo secundario al trauma y a la impunidad, así como el abandono en que se encontraban los familiares de las víctimas ya que el Estado no asumió el proceso jurídico.
Decidimos entonces, como un imperativo moral, acompañar y ayudar en el proceso de esclarecimiento de la verdad y obtención de justicia a los familiares de los 107 casos de detenidos-desaparecidos y ejecutados políticos de la VII Región.
Para ello, constituimos un equipo con un médico-psiquiatra, psicólogas, abogadas, asistente social, educadores populares en derechos humanos y responsable de documentación.
El objetivo principal era realizar un «acompañamiento terapéutico reparatorio» de cada familia durante la intervención jurídica. Observamos y registramos los cambios en las conductas, comportamientos, formas de vincularse, la interrelación familiar y social, y sus sentimientos, reflexiones y estados anímicos, teniendo como trasfondo el trauma y la impunidad.
De las 107 familias, hasta la fecha hemos trabajado con 58, dado que las restantes no fueron localizadas o no aceptaron iniciar procesos ante los tribunales de justicia.
La VII Región es eminentemente agrícola. Desde la colonización española la propiedad se constituyó básicamente como latifundio. Durante la década de los sesenta, la posesión de la tierra sufre importantes transformaciones derivadas de la aplicación de la Reforma Agraria, la que fue abruptamente interrumpida por el golpe militar de 1973. El modelo económico neoliberal reemplazó una actividad agrícola abierta al mercado interno por otra predominantemente agro-exportadora, lo que ha llevado a que la VII Región de Chile sea hoy la segunda más pobre del país, pese a que es potencialmente rica.
Las familias con quienes trabajamos son parte del campesinado pobre de la región, por lo que las consecuencias del trauma y la impunidad se insertan en la situación histórica de extrema pobreza, marginalidad y dispersión geográfica en que viven.
III. Objetivos y tareas del equipo
Como equipo, entonces decidimos:
- Ir a sus casas, en el campo o pequeños poblados.
- Compartir con toda la familia y acoger sus inquietudes y aspiraciones.
- Establecer lazos afectivos fortalecedores de confianza y solidaridad.
- Orientarlos sobre las vías posibles para resolver problemas de vivienda, salud, educación, previsión social, etc.
- Acompañarlos en todas las actividades ligadas a los procesos jurídicos en curso y por iniciar.
- Invitarlos a compartir jomadas multidisciplinarias de derechos humanos con otros familiares.
- Apoyarlos en la conformación de grupos locales de autogestión productiva, en los cuales se da una contención afectiva recíproca.
- Cuando se ha identificado el cuerpo de un familiar detenido-desaparecido, acompañarlos en el reconocimiento y funeral, y apoyarlos en su proceso de duelo.
Durante estas actividades, el equipo ha realizado las siguientes tareas:
- Contención emocional del desborde que surge al abrir un duelo crónico encapsulado.
- Terapia individual y/o familiar, cuando se manifestaron trastornos que la requerían.
- Derivación médica a especialistas ante patologías somáticas no tratadas.
- Orientación social respecto a las diversas necesidades derivadas de su precaria condición socio-económica.
- Preparación jurídica individual y en grupos, para constituirse en sujetos activos en el esclarecimiento de la verdad y en la obtención de justicia.
- Preparación psicológica para asistir a los Tribunales a presentar querellas y enfrentar el careo con los responsables identificados.
- Intentar que los familiares logren una comprensión más amplia del daño provocado por la dictadura, logrando así que se sientan parte, aunque la más brutalmente agredida, de una sociedad dañada psicológica y moralmente.
- Orientar hacia su reinserción en los espacios naturales de la sociedad, a fin de romper con la marginalidad y estigmatización de que son objeto.
IV. Observaciones y comentarios
Ahora bien, en esta ocasión solamente mostraremos el análisis fenomenológico del acompañamiento terapéutico-reparatorio que nuestro equipo ha hecho a las familias. Este trabajo constituye la base para el estudio de los mecanismos intrapsíquicos a través de los cuales opera la impunidad, que será objeto de una próxima publicación.
Hemos constatado que las familias presentan diferentes niveles de estructuración en comparación a los existentes antes del golpe militar y del suceso represivo que las afectó.
Esta reestructuración, mayoritariamente rígida, se ha dado en tomo a:
1. Rol que ocupaba el familiar detenido desaparecido o ejecutado político en la estructura familiar.
En el caso de la muerte del padre, la esposa tuvo que hacerse cargo de la mantención económica del hogar y dedicarse a la búsqueda de la verdad, no pudiendo asumir su rol de madre normadora y contenedora.
Esto provocó que los hijos negaran inconscientemente sus carencias afectivas generando mecanismos defensivos protectores, que asumieran tareas supletorias en el hogar y también de apoyo y contención de la madre, quedando así fuertemente parentalizados.
A esto se suma la lógica incomprensión de la situación que se vivía, el aislamiento social y el permanente terror, especialmente de perder a la madre.
Cuando además la mujer fue hecha prisionera, los hijos vivieron la infancia dispersos y carentes del afecto materno. A la orfandad se sumaron las evidentes secuelas de tortura y encarcelamiento de su madre.
En los casos en que el detenido desaparecido o ejecutado político era muy joven, para los padres la pérdida de un hijo ha sido dramáticamente irreparable, repercutiendo significativamente en los hermanos sobrevivientes. Su idealización coloca a estos entre dos alternativas: la imitación siempre inalcanzable del hermano muerto o la lucha cotidiana contra el fantasma idealizado, impidiendo así su propia individuación y el reconocimiento de sus padres.
2. Ciclo vital y estructura familiar desarrollada hasta el momento represivo y su evolución posterior.
La totalidad de las familias eran familias jóvenes, con hijos pequeños o adolescentes. En algunos casos con abuelos integrados a ellas.
En su mayoría son familias campesinas clásicas, en que la estructura jerárquica es rígida, los límites entre los subsistemas conyugal-parental y filial son estrictos y claros.
Luego del hecho represivo la desestructuración fue intensa, dándose:
- una nueva estructura aglutinada, con roles invertidos, límites confusos y poca flexibilidad para incorporar los cambios de ciclo evolutivo individual, acentuándose las posibilidades de crisis globales,
- o el fracaso de una nueva estructura eficaz, con un alto grado de dispersión.
3. Ciclo vital individual y patología crónica.
Aquellos niños que perdieron a su padre o hermano y formaban parte de una familia politizada, por lo general asumieron muy precozmente un compromiso similar, antes de haber alcanzado un nivel de individuación que les permitiera una opción libre del mandato familiar y social.
Por otra parte, hijos pequeños que se criaron junto a una madre que no participaba políticamente y que no realizó su vida de pareja, por lo general construyeron su vida dependiente de ella, limitando enormemente su autonomía y desarrollo personal.
El alcoholismo, los trastornos hipocondríacos y psicosomáticos, entre otras, son enfermedades frecuentes en que se imbrican todos los factores relacionados con el trauma, las crisis y las formas de reestructuración familiar, y el contexto social y económico patogénico.
4. El proceso de duelo.
Este proceso es patológico e inconcluso no sólo en los casos de desaparición forzada sino también en los de ejecución política, en que a pesar de haber encontrado y visto el cuerpo, las huellas de la tortura y la forma de la muerte perduran en la imaginería macabra, por lo incomprensible del acto inhumano de que fueron objeto.
La alteración del duelo es producto de:
- la manipulación y tergiversación perversa de los hechos,
- el ocultamiento de la verdad,
- el aterrorizamiento permanente,
- la falta de identificación y sanción de los responsables,
- el aislamiento y rechazo social,
- la no credibilidad de su propia verdad por el entorno.
Por otra parte, este duelo se cronifica al ser reactivado una y otra vez por acontecimientos nacionales que dicen relación con la aparición de cementerios clandestinos, exhumaciones de restos o por intentos de silenciamiento de la verdad y de no aplicación de la justicia.
5. Participación en la búsqueda de verdad y justicia.
La búsqueda durante los primeros años se realizó solitariamente debido al aislamiento geográfico y social, a la estigmatización en el vecindario, al acoso represivo derivado de la presencia prepotente de los responsables que viven en la misma localidad; además, los familiares debieron soportar las humillaciones y tramitaciones de las instituciones estatales, policiales y militares.
Todo ello generó desolación, cansancio, frustración, impotencia, miedo, depresión, que finalmente llevaron a la desesperanza y a la interrupción de la búsqueda, cargando culpa y vergüenza durante un largo período.
6. Reconocimiento y acompañamiento del entorno social más cercano.
En escasas ocasiones se dio este apoyo como expresión de solidaridad, a pesar del terror y la guerra psicoideológica del régimen militar. Cuando se produjo, tuvo efectos fortalecedores de la confianza en el ser humano que en la mayoría de los familiares se había perdido.
7. Repercusiones del Informe de la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación.
Especial relevancia han tenido, en el caso de Chile, las medidas de reparación estatal, derivadas de las conclusiones hechas públicas por la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación que investigó la violación del derecho a la vida.
Esas medidas lograron, por una parte:
- Redignificar al familiar del detenido desaparecido o ejecutado político, al ser reconocido como víctima de la violencia institucionalizada y sistemática del régimen militar.
- La aceptación de la verdad que sostenían por años los familiares y que era rechazada por la mayor parte de la sociedad.
- La construcción de un Memorial que reparara moralmente en parte el daño, y que será testimonio perenne de la violación de los derechos humanos y una forma de tener presente la memoria histórica para las generaciones actuales y futuras.
- Una reparación material que, si bien es restringida y discriminatoria, ayudó a paliar en parte la precaria situación socio-económica familiar. Pero, por otra parte:
- La verdad fue cercenada, al circunscribir los hechos sólo a una verdad administrativa (ser víctima del terrorismo de Estado), pero sin describir los hechos jurídicos ni identificar a los responsables, a pesar de contar con esa información.
- La aplicación de justicia se eludió porque se mantuvo la Ley de Amnistía, se aplicó la prescripción a pesar de ser Crímenes de Lesa Humanidad, y el Estado no se hizo parte de querellas por secuestro y homicidio calificado, ni puso al alcance de los familiares recursos profesionales que posibiliten a ellos realizarlas.
Todo esto desencadenó complejas reacciones en los familiares: dolor, impotencia y rabia, pero también culpa y vergüenza por sentirse ellos certificando la impunidad al aceptar la reparación material. Sentimientos todos que anulan la pequeña satisfacción lograda por el reconocimiento, por parte del Estado, de que los detenidos-desaparecidos y ejecutados políticos fueron víctimas de una política de exterminio aplicada por la dictadura militar chilena.
8. Repercusiones de las intervenciones jurídicas y legales.
Por último, como preveíamos y confirmaríamos en el camino, la intervención jurídica inevitablemente provoca sentimientos ambivalentes y una desestabilización psicológica individual y familiar, ya que:
- hace revivenciar lo traumático, emergiendo sentimientos fuertemente reprimidos, reactivando múltiples e inacabables interpretaciones terroríficas de los hechos y reabriendo su duelo.
- conflictúa los mecanismos intrafamiliares desarrollados y pone en juego alianzas y vínculos, al haber desacuerdo sobre hacerse parte o no de este doloroso proceso de esclarecimiento de la verdad y obtención de justicia.
- reactiva los mecanismos del miedo acumulado, y
- expone a nuevas frustraciones, ante una esperanza con escasas posibilidades de hacerse realidad.
A pesar de lo doloroso que para los familiares puede ser este proceso de Verdad y Justicia, pensamos que es un paso necesario dentro de la Reparación y que si se acompaña de un apoyo psicológico y social, contribuye a hacerlo menos doloroso y más integral y humano.
V. Conclusiones
Hemos podido constatar que el acompañamiento terapéutico-reparatorio durante la intervención jurídica a familiares de detenidos desaparecidos y ejecutados políticos, hecho por un Equipo multidisciplinario como el descrito, a pesar de lo irreversible de muchas secuelas, permitirá:
1) Al individuo:
- al revivir el trauma y sus consecuencias dentro de un marco de acercamiento a la verdad:
- apoderarse de los sentimientos legítimos de rabia, dolor, odio e impotencia, y desprenderse de la culpa y la vergüenza.
- deshacer la fantasmagoría macabra al conocer cómo fueron los hechos,
- reconocer sus dificultades y conflictos como productos de la exterioridad violenta y no como patología propia,
- desbloquear la afectividad y abrirse a nuevas formas de relación humana,
- y permitirse disfrutar sin sentimientos de culpa.
- al ser sujeto activo de obtención de justicia:
- ejercer sus derechos como ser social,
- poner término a la desesperanza sea cual sea el resultado jurídico definitivo,
- reconocer el miedo y enfrentar con fuerza moral al responsable,
- eliminar la culpa,
- y recobrar la confianza en sí mismo y los demás.
2) A la familia: intentar un cambio que, integrando el dolor y las carencias, permita la individuación y el desarrollo personal, al liberarse de aquellos modos perjudiciales de relación que surgieron como formas defensivas y protectoras ante el trauma vital.
3) En lo social: al evidenciar la verdad y la impunidad, establecer nuevos tipos de relaciones sociales solidarias que no sólo reparen el daño sino que permitan el desarrollo humano.
En resumen, este trabajo con familias víctimas de la violencia institucionalizada nos ha mostrado que:
- No sólo los familiares han sido duramente afectados sino que toda la comunidad de la VII Región, al igual que toda la sociedad chilena.
- El daño psicológico y social provocado desde el poder del Estado se asienta sobre el daño generado por la violencia estructural histórica.
- En la medida que el Estado no asume su responsabilidad en la violación de los derechos humanos y su obligación de prevenir, proteger y promover los mismos, los organismos de derechos humanos se ven compelidos a asumir esta tarea en desmedro de su rol de vigilancia, denuncia y proposición de medidas jurídicas y educativas pertinentes.
