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MARCO POLÍTICO
Tal como dijimos en las palabras iniciales, este capítulo constituye la parte final de este trabajo, en él hacemos un análisis crítico de lo dicho hace más de diez años por la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación y agregamos nuevos antecedentes que permiten tener una perspectiva diferente sobre los antecedentes que condujeron al golpe de Estado.
Iniciaremos este capítulo haciendo algunas consideraciones "Sobre el contexto político al 11 de septiembre de 1973" del Informe de la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación.
La Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación señala que: "no les compete pronunciarse sobre los hechos ocurridos (el 11 de septiembre de 1973) y los días inmediatamente posteriores, sobre si ellos fueron o no justificados ni sobre si existía o no otra salida para el conflicto que los originó". Sin embargo, se pronuncia.
Necesitaba reconstruir un contexto histórico que explicara e hiciera inteligible el nuevo curso que asume nuestra historia y del cual surgieron las violaciones de derechos humanos. Así entonces, elabora un análisis de los hechos e interpretación de la historia que conduce a la "aguda crisis en la vida nacional" que, según entiende, se hacen "indispensables, tanto para entender la gestación de las posteriores violaciones de los derechos humanos... como para prevenir que ellas se repitan" (1).
El estudio del contexto histórico se encuentra desarrollado en el Capítulo I, sobre el Marco Político. El describe la situación nacional que se vivía al 11 de septiembre de 1973 e identifica una serie de factores que originaron la "polarización" que vivió el país y que condujeron al golpe militar.
En su análisis, la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación no ignora que la crisis nacional 1970-1973 -tal como la llama- tenía raíces más profundas de carácter socioeconómico, en el marco de la lucha por la construcción de un proyecto de sociedad, que a lo largo del siglo se realizó dentro del régimen republicano. No obstante, el estudio del Informe se limitó a señalar "las causas inmediatas", especialmente las de "orden político ideológico", puesto que, según dice, es en el orden político ideológico donde se gestan y entran en pugna doctrinas y actitudes que "polarizarán al país" y repercutirán en el tema de derechos humanos.
Claramente en el Informe se encuentra una verdad inobjetable y unívoca: "la intervención militar del 11 de septiembre de 1973 configuró en el país, de inmediato y durante todo el período, un cuadro permanente de violaciones a los derechos humanos esenciales de muchas personas (principalmente al derecho a la libertad personal, a un juicio justo, a la integridad física y a la vida), pertenecientes o simpatizantes, real o supuestamente, al régimen depuesto." (2). Esta afirmación constituye en sí misma el principal valor del Informe, puesto que restablece, en nombre del Estado, una verdad social que era sistemáticamente ocultada y negada. Venía así a satisfacer la necesidad que la sociedad chilena tenía de conocer la verdad de lo ocurrido en materia de violación de los derechos humanos durante la dictadura militar.
Sin embargo, es evidente que sobre las descripciones y juicios acerca de los hechos históricos y sus causas, tal como lo sostiene el propio Informe, pueden "existir y existen, legítimamente, distintas opiniones" (3). Ellas están mediatizadas por un lado, por una historia real que la limita y por otra parte, por las diversas concepciones e interpretaciones de todos sus lectores. En este sentido nosotros, al no concordar con el análisis histórico y las afirmaciones sobre diferentes hechos y circunstancias que formula la Comisión, haremos una lectura critica y una contra argumentación de lo expuesto.
En el "Marco Político", en particular, al describir los factores causantes de la crisis 1970-1973 y la interpretación de hechos previos al 11 de septiembre, subyacen categorías, conceptualizaciones y análisis que buscan minimizar los grados de responsabilidad de la oposición al gobierno de la Unidad Popular, de las Fuerzas Armadas y de la violencia inédita que acarreará el golpe militar.
Esto se percibe en el propio mandato que crea a la Comisión Nacional de Verdad de Reconciliación al homologar crímenes cometidos por el Estado con crímenes cometidos por particulares. En efecto, la investigación sobre violaciones con resultado de muerte excluye otras graves violaciones de derechos humanos, como la tortura y el exilio, cometidas por agentes del Estado y que constituyeron la esencia de la dictadura. Sin embargo, incluye como víctimas, además, a personas muertas por acciones de violencia política ejecutadas por particulares, por sectores y grupos ligados a los partidos políticos de la izquierda chilena los que, aunque son hechos condenables, no se pueden comparar con la violencia ejercida por el Estado en contra de las personas. Ello confunde el grado de responsabilidad del régimen militar en la violencia ejercida desde su instauración.
Respecto al Capítulo I, se observa que (a) existe un discurso aparentemente objetivo que culpabiliza al conjunto de los actores nacionales de la crisis 70-73 y luego, sin embargo, se identifica claramente a la izquierda chilena como la principal responsable; (b) se minimiza y oculta el papel que desempeñó Estados Unidos en la desestabilización del gobierno de la Unidad Popular.
Revisemos más detalladamente estos problemas.
Pretendida objetividad
La Comisión insiste en señalar que "todos estos puntos son susceptibles de diversas y contradictorias versiones e interpretaciones". En juicios de carácter general responsabiliza por parte iguales a todos los sectores afirmando que "la violencia no fue exclusividad de ningún bando" ... "ninguno de los dos bandos tuvieron la voluntad de buscar con el otro una salida política, ceder a sus posiciones que se iban rigidizando".
Sin embargo, en otro párrafo, el Informe califica a la izquierda o a un sector de ella de ser el más violentista: "Si la oposición partidista no tuvo, según se ha visto una posición tan neta de 'vía armada como la que tenían algunos sectores de gobierno, no parece discutible que, a través de organismos políticos (partidos y Congreso) y sociales (gremios productivos y profesionales), intentó obligar a la Unidad Popular a transigir, preferir o abandonar su modelo de sociedad, colocándola en la disyuntiva de hacerlo o enfrentar un país ingobernable" (4). Y de paso, exculpa a la "oposición partidista", o sea a la derecha, estableciendo un mayor grado de responsabilidad para los grupos partidarios de la Unidad Popular. ¿Quiénes son la oposición partidista, y acaso había otra oposición no partidista, por ejemplo la de Patria y Libertad?
"Vía armada e ingobernabilidad vinieron a ser, de tal modo, indicativas de conceptos excluyentes de sociedad, ninguno de los cuales podía imponerse al otro democráticamente; y tampoco se admitía transigir con el adversario, abriendo así camino a una salida pacífica" (5). Este texto, de manera más categórica reafirma lo que se está demostrando. Esta vez, utilizando para el análisis dos conceptos que representan dos estrategias políticas claramente diferenciables: la de la vía armada, que se le atribuye a la estrategia de la izquierda y la de la ingobernabilidad, atribuida a la oposición al gobierno de la Unidad Popular. Se trata de conceptos que descontextualizados en su uso -como aquí es el caso- connotan un mal mayor respecto a otro menor: vía armada denota violencia política; ingobernabilidad, desobediencia civil. Un lector descuidado, desde esta afirmación, puede llegar a considerar, que aquella violencia política había que detenerla con la violencia del golpe militar.
¿Por qué después de casi 30 años de una historia de violaciones a los derechos humanos sin precedente en el país y profusamente conocida, se continúa negando y ocultando que la oposición política partidista a la Unidad Popular impulsó coordinadamente una campaña de vasta dimensión -como lo veremos más adelante- legal e ilegal, nacional e internacional, apoyada por los medios de comunicación, muchas veces de carácter sediciosa y terrorista, con el objeto de derrocar al gobierno constitucional, tal como lo representa metafóricamente el Presidente de los Estados Unidos, de esa época, Richard Nixon en la orden que le da a su embajador en Santiago, Edward Korry: "Hay que aplastar a toda costa a ese 'son of a bitch' (hijo de puta) de Allende" (6).
Nixon representa en la figura de Allende todo su odio al "marxismo", a los marxistas, a los luchadores sociales, a los anhelos de cambio que podían atentar contra los intereses y el poderío del país del norte.
Nuestra opinión es que el Informe al interpretar y distorsionar los hechos previos al golpe militar, persigue -sin decirlo expresamente- atribuir una mayor responsabilidad a la izquierda chilena como causante del golpe de Estado.
Congruente con los juicios analizados, el Informe de la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación, reseña hechos restándoles la importancia histórica que tuvieron: "... un episodio como la conspiración llamada Complot Schneider, en 1970, viene a demostrar que un porcentaje apreciable de la derecha y de sus bases favorecía una solución violenta...al menos en los momentos finales de la crisis 70-73. Lo mismo, en escala más reducida, puede decirse de sectores centristas" (7). El asesinato del Comandante en Jefe del Ejército, general Rene Schneider, junto con ser el primer hecho gravísimo de terrorismo político del período, constituye una acción de traición a la patria y a su soberanía nacional, puesto que se trató de un hecho criminal coordinado y organizado por agentes de un país extranjero, la Central de Inteligencia Americana (CIA), que intervino directamente en los asuntos internos de Chile y contó con la participación de al menos tres altos jefes militares chilenos (8). Esta acción criminal dio inicio a la ruptura de la tradición democrática de la que se jactaba el país.
También el Informe de la Comisión encuentra permanentes justificaciones para lo que llama con eufemismo las "posturas de extrema rebeldía" que llegaron a asumir "los sectores gremiales y profesionales... los partidos políticos... las bases más que las directivas". "Hubo repetidos atropellos al derecho de propiedad, en forma de tomas...de inmuebles agrícolas y urbanos y de empresas... los dueños no fueron amparados en la restitución de su dominio, ni los hechores sancionados... las órdenes judiciales... no recibieron cumplimiento por parte de las autoridades administrativas" (9). Sin embargo, no hay referencia alguna que pudiera justificar la legitimidad del proyecto político de la Unidad Popular, el respaldo electoral que tuvo, el carácter popular y democrático del programa de gobierno, o sobre el valor que se le reconoció a nivel mundial, de intentar, por medio de la vía pacífica al socialismo, fundar las bases de una sociedad más justa. Tampoco se usa ningún concepto que minimice la violencia de la izquierda, señalando que generó "un cuadro global de desorden y desconocimiento de los derechos de los particulares y de la función propia de la policía" (10).
Hay que tener en cuenta que la composición de la Comisión no fue pluralista puesto que en ella no participaron personalidades ni profesionales de reconocida trayectoria en la izquierda chilena y sí se incluyó, por ejemplo, al historiador pinochetista Gonzalo Vial Correa, ex Ministro del dictador.
La finalidad de estas interpretaciones no es liberar a la izquierda chilena de su responsabilidad ante la historia de los últimos 30 años. Sólo estamos tratando de poner en evidencia lo que en el texto del Informe no aparece.
(b) Minimización de la Intervención de Estados Unidos
La guerra fría vino a oponer en toda Latinoamérica la "insurgencia cubano soviética" versus la "contrainsurgencia norteamericana", con sus respectivos aliados locales, situación que llegó a constituir una forma extrema de polarización. La acompañó la intervención activa de las dos superpotencias en la vía política de los diversos países latinoamericanos. El nuestro no fue una excepción (11). Esta afirmación no puede pretender explicar las causas originarias de la violencia en la historia nacional y regional. Excluye otros muchos factores fundamentales.
'A partir de los años 1950, el país -- como muchos en América Latina -- presenció la inserción en su política interna de la lucha entre las superpotencias, la llamada guerra fría, que por su carga de opuestos intereses e ideologías a nivel mundial, implicaba en sí misma una polarización. Ella afectó a Chile, al comienzo, quizás, en escasa medida (...) muy fuertemente a partir de los años 60, con la revolución cubana" (12). No exactamente. No se puede homologar la intervención de Cuba y de la Unión Soviética con la de Estados Unidos en América Latina, y menos aún en Chile durante este período.
Es sabido que la intervención de Estados Unidos en América Latina es constitutiva de su propio desarrollo y que interviene en diversos países con mayor intensidad desde los años 40. En este escenario, las autoridades norteamericanas diseñaron planes especiales de intervención para todas las campañas presidenciales en las que participó Salvador Allende, las que fueron organizadas a gran escala en las dos últimas campañas (1964 y 1970) porque veían posible el triunfo del socialismo en Chile.
Porque existía, la intervención de Estados Unidos contra el Gobierno de la Unidad Popular ésta pudo ser denunciada permanentemente, aunque en aquella época se desconocía su real dimensión, de intervención a gran escala. Su magnitud llevó posteriormente a muchos investigadores sociales e historiadores a preguntarse: ¿cómo y por qué, el gobierno de Salvador Allende, pudo resistir la política de hostigamiento, el complot y la intervención de Estados Unidos durante tres años? (13). A tal nivel, que el embajador de Estados Unidos en Chile durante aquellos años, Nathaniel Davies, junto con describirla en su libro "Los dos últimos años de Salvador Allende", sostiene que para el pueblo norteamericano "la experiencia chilena pasó a formar parte de lo que podríamos llamar la culpa nacional, casi freudiana" (14). Ello, porque se sabe responsable de la tragedia que su gobierno propició para este país.
El Informe de la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación le resta importancia a la intervención de Estados Unidos, o no la registra en su real dimensión, o simplemente quiere exculpar a Estados Unidos exagerando el grado de intervención de la Unión Soviética. Sólo así se comprende que sostenga que "la victoria de la Unidad Popular y del Presidente Allende el año 1970, fue mirada como triunfo de una de las superpotencias en pugna, la URSS, y como derrota y amenaza para la otra, los Estados Unidos de Norteamérica. Ello explica que el gobierno de este país planificara y ejecutase de inmediato una política de intervención en los asuntos internos de Chile, cuyo objeto fue doble: impedir el ascenso de Salvador Allende al poder en octubre de 1970 (el llamado track one, primer camino); y después, ya fracasado este intento, la desestabilización económica del nuevo gobierno (track two, segundo camino)" (15).
Por lo pronto afirmar que el gobierno de Estados Unidos "planificara y ejecutase de inmediato una política de intervención? no corresponde con los hechos. Muchas y diversas fuentes históricas registran que inmediatamente terminada la Segunda Guerra Mundial, en 1945, la administración Truman reemplaza el pacto antifascista por la Alianza Anticomunista acentuando la larga historia de intervención de Estados Unidos en América Latina, con la instalación invisible de la Guerra Fría en toda la región. Eso busca ba su política internacional que ordenaba ampliar la seguridad política, militar y económica, pública y privada de los Estados Unidos, y consolidar la solidaridad hemisférica en respaldo a sus políticas mundiales en especial de la Organización de Naciones Unidas y otras organizaciones internacionales. Y también se sabe que la URSS en su afán hegemónico no priorizó nunca por expandir su poder de influencia en esta región.
Chile no fue una excepción. Los servicios de espionaje de Estados Unidos trabajaban desde antes de la Segunda Guerra Mundial. Desde el 1941 se había instalado una oficina del Federal Burean of Investigation (FBI), que elaboraba los informes de la situación política nacional de los países de la región, donde definían con la categoría de adversarios a las organizaciones de izquierda. Uno fue el que se distribuyó a las más altas autoridades norteamericanas, el 30 de enero de 1945, con una detallada información de "Las Escuelas del Partido Comunista en Chile". Otro conocido fue, el del agregado militar de Estados Unidos, del 27 de agosto de 1945, donde Bernardo Leighton es descrito como "un procomunista miembro del Partido la Falange".
La Junta Interamericana de Defensa, con sede en Washington, es creada el 30 de marzo de 1942 con el objeto de movilizar recursos de apoyo militar y económico para Estados Unidos en la guerra. Un año después, el 19 de enero de 1943, el Presidente Juan Antonio Ríos rompe relaciones con Alemania, Italia y Japón. Este es el elemento clave que da inicio al proceso de subordinación a la disciplina de coalición bélica con Estados Unidos. Lo demuestra el hecho que como efecto del acuerdo el Estado chileno "entre 1943 y 1945, en las exportaciones de cobre... subvencionó a Estados Unidos en 500 millones de dólares, más que las mismas inversiones de Estados Unidos en Chile." (16)
En 1953 diez países de América, entre ellos Chile, aprobaban el Plan Militar General de Estados Unidos, su misión era no tanto enfrentar una agresión contra los territorios de América Latina, sino cumplir misiones de seguridad interior. Este y otros acuerdos militares previos, firmados secretamente, llegaban a prohibir la compra de armamentos por parte de las repúblicas latinoamericanas a otro país que no fuera Estados Unidos.
Pero nos interesa recordar la intervención más inmediata en los asuntos internos de Chile. Según la investigación del Senado norteamericano de 1975, los servicios de inteligencia de Estados Unidos intervinieron --como ya se dijo- directamente en contra de todas las candidaturas de las coaliciones políticas encabezadas por Salvador Allende en 1952, 1958, 1964 y 1970.
Preocupada por el fuerte desarrollo de la izquierda chilena y por el liderazgo que generaba la figura de Salvador Allende, la administración Kennedy, en 1961, creó un comité electoral formado por altas autoridades del Departamento de Estado, la CIA y la Casa Blanca, en coordinación con otro comité, con sede en Santiago, con el objeto de dirigir el proceso electoral chileno. Tres años antes de las elecciones, estableció relaciones personales con partidos políticos, creó mecanismos de propaganda y organización capaces de influenciar a sectores claves de la población. La tarea fue "(...), capacitar y organizar a anticomunistas entre los campesinos, pobladores, sindicatos, estudiantes, medios de comunicación, etc." (17)
"El personaje cooptado y estipendiado para encabezar políticamente la vasta operación fue Eduardo Frei Montalva (...) En 1962 los servicios clandestinos de Washington entregaban cincuenta mil dólares al Partido Demócrata Cristiano (PDC), y una cantidad superior --ciento ochenta mil dólares- fue asignada a la persona de Eduardo Freí, quien la recibió" (18). En 1964, la CIA financió más del 50% de la campaña electoral de Freí, aportándole cerca de 20 millones de dólares (19).
"La CIA montó una masiva campaña de propaganda (...) Fue una campaña del terror... desinformación y propaganda negra (20) fueron también utilizadas...Durante la primera semana de propaganda intensiva (la tercera semana de junio de 1964), propaganda del grupo pagado por la CIA produjo veinte cuñas radiales por día en Santiago y en 44 emisoras de provincias; boletines informativos de doce minutos, cinco veces al día, en tres emisoras de Santiago y 24 estaciones de provincias; miles de folletos, y mucha publicidad pagada en la prensa. A fines de junio, el grupo producía veinticuatro informativos diarios en Santiago y provincias, veintiséis programas de debate por semana, y distribuía tres mil posters cada día...Además, la CIA subsidiaba a medios de comunicación amigos... Desde 1953 hasta 1973, en Chile, la estación de la CIA subsidió agencias de noticias, revistas escritas para círculos intelectuales y un semanario de derechas" (21).
El operativo CIA se complementó con aportes millonarios de fundaciones y partidos europeos. La política de intervención se mantuvo durante todo el gobierno de Frei y se intensificó hacia las elecciones Presidenciales de 1970.
Pero la real magnitud de ésta política se comienza a dar a conocer con posterioridad al Golpe Militar. Después de logrado su objetivo.
Henry Kissinger, Secretario de Estado y delegado de Nixon para Asuntos de Seguridad Nacional relata en sus memorias (22): "Dos administraciones anteriores habían llegado a la conclusión de que Salvador Allende y las fuerzas que lo respaldaban, constituían una amenaza a nuestros intereses. Estas consideraciones habían inducido a las administraciones Kennedy y Johnson a disponer más de tres millones de dólares entre 1962 y 1964 para la campaña del oponente de Allende, Eduardo Frei. Ya en 1968 varios cientos de miles de dólares fueron destinados secretamente por nuestros predecesores para ayudar a vencer a las fuerzas de Allende en las elecciones legislativas chilenas de marzo de 1969. Nuestra ayuda oficial a Chile durante el gobierno de Frei totalizó mucho más de mil millones de dólares, el mayor programa per cápita hasta entonces en América Latina, en parte para fortalecer las fuerzas democráticas contra Allende."
En su libro "Mis Memorias", Kissinger no oculta la intromisión de Estados Unidos en Chile; detalladamente da cuenta de la preocupación del gobierno y de empresarios norteamericanos por el triunfo de Allende y de los debates a partir de los cuales se toma la decisión de intervenir sin consideración alguna. Según él, porque "un gobierno de Allende atrincherado crearía considerables pérdidas políticas y psicológicas a los Estados Unidos: a) sería amenaza de cohesión hemisférica; b) se consolidaría en el hemisferio una fuente de política antiamericana; c) el prestigio y la influencia norteamericana retrocederían con un correspondiente empuje para la Unión Soviética y el marxismo".
Antes, en marzo de 1972, el periodista norteamericano Jack Anderson, reveló documentación que demostraba la coordinación de la CIA y la ITT para apoyar acciones conspirativas tendientes a impedir la victoria electoral de Allende y, luego, evitar que su triunfo electoral fuera ratificado por el Congreso Nacional. En 1975 se da a conocer el documento Acción Encubierta en Chile: 1963-1973, conocido como el Informe Church, resultado de la investigación del Senado de Estados Unidos, presidida por el senador Franck Church, que permitió conocer la verdad de la intervención norteamericana en el país durante este período y la participación encubierta de la CIA y del gobierno de Richard Nixon en los preparativos del golpe militar. En julio de 1999 se conocen los documentos desclasificados. Al ser arrestado Pinochet en Londres, Estados Unidos se comprometió a abrir los archivos secretos de la CIA y otras agencias de seguridad, que han dado a conocer la complicidad entre Washington y la dictadura militar y la responsabilidad de Pinochet en los crímenes de derechos humanos de los primeros años de la dictadura. Estos documentos son la principal fuente histórica que verifica la política de intervención a gran escala de Estados Unidos iniciada en Chile con el triunfo electoral del Presidente Salvador Allende. Ellos permiten reconstruir un cuadro completo de la historia de irrespeto a la soberanía nacional y a la voluntad popular, de traición, conspiración y violencia que se inició en Chile antes del año 1970.
Según estos textos, durante el período 1970-1973, la intervención de Estados Unidos tiene tres momentos. Primero, impedir la victoria electoral de Salvador Allende el 4 de septiembre de 1970; segundo, evitar que la victoria electoral del 4 de septiembre de 1970 fuese ratificada cincuenta días después por el Congreso, según la tradición: para ello la política fue crear un clima de caos e incitar a una intervención militar; tercero boicot y sabotaje económico, psicológico y subversivo para acabar con un gobierno que consideraban hostil y contrario a sus intereses.
Para documentar lo anterior, seguiremos especialmente el Informe del Senado de los Estados Unidos (23). Lo citaremos como Informe Church.
Para impedir la victoria electoral de Salvador Allende, al igual que en la elección presidencia anterior, se sostuvo una intensa campaña en contra de la Unidad Popular. En el contexto de la política para América Latina del gobierno de Nixon, llamada "Acción para el Progreso", la acción encubierta de Estados Unidos fue a otro nivel.
En efecto, en junio de 1968 el "Comité de los 40", para las elecciones parlamentarias de marzo de 1969 autorizó que se gastaran trescientos cincuenta mil dólares en apoyo a doce candidatos apoyados por EE.UU. El 17 de abril de 1969 una reunión del Comité discutió las elecciones de 1970; definió que había que hacer algo, pero hasta ese momento no se iniciaban aún las acciones. En marzo de 1970, el "Comité de los 40", decidió que no apoyaría a ningún candidato en particular pero promovería acciones de sabotaje en contra de la Unidad Popular.
Se autorizó el gasto de ciento treinta y cinco mil dólares. El 27 de junio aprobó la entrega de trescientos mil dólares. Por su parte, la CIA contactó a la ITT para que entregara trescientos mil dólares para la campaña de Jorge Alessandri y el Partido Nacional, y otros trescientos mil dólares más les entregaron otras empresas norteamericanas. Sólo la CIA gastó entre ochocientos mil a un millón de dólares en operaciones encubiertas para afectar los resultados de las elecciones, poniendo en práctica una intensa campaña propagandística que utilizó prácticamente todos los medios de comunicación nacionales y definió la agenda de muchos medios internacionales. Se desarrollaron también las "operaciones de sabotaje" que tenían por objeto obstaculizar la propuesta comunista de crear una coalición de fuerzas de izquierda, y consolidar a dirigentes y fuerzas políticas no marxistas que pudieran enfrentar con éxito a la Unidad Popular. Se desató así la campaña del terror antimarxista, antisoviética y en contra de Allende.
Se usó propaganda negra, material que se atribuía falsamente a un grupo, para provocar divisiones entre los partidos de izquierda y sus organizaciones sindicales y sociales. Se editaron miles de publicaciones, fotos, afiches, volantes y libros de alta calidad, que se distribuyeron masiva o selectivamente, a grupos de profesionales, intelectuales, artistas, empresarios, políticos y militares. Se crearon equipos de propaganda que invadieron el país con rayados; uno de ellos pintó el eslogan "su paredón" que aludía a la invasión de Checoslovaquia, y se apoyó con fotografías de Praga y tanques en Santiago, presagiando lo que vendría.
Se financió a colaboradores individuales en la prensa. Uno, no identificado, había sido financiado por la CIA desde 1965 y continuó así durante el gobierno de Allende. Otros colaboradores, "todos empleados de El Mercurio, permitieron que la oficina generara más de un editorial al día, basado en orientaciones de la CIA" (24).
El mismo Informe Church señala las consecuencias de la campaña. La primera, por cierto, es el triunfo de Allende el 4 de septiembre de 1970 y el rotundo fracaso de aquella. No obstante, ella contribuyó a la polarización política y a aumentar el pánico financiero de la época; a su vez, dado que ésta se intensificó con posterioridad a las elecciones, provocó la inquietud y movilización de la derecha y los militares. Posibilitó, también, mantener un aparato de propaganda, fue suficiente para permitir que funcionara, desde antes que asumiera Allende, una oposición eficaz; ello, a pesar que muchos de los colaboradores más visibles de Estados Unidos abandonaron el país.
Evitar que la victoria electoral del 4 de septiembre de 1970 fuese ratificada cincuenta días después por el Congreso, el 24 de octubre, según la tradición: para ello la política fue crear un clima de caos e incitar a una intervención militar.
Como el 4 de septiembre de 1970 Allende ganó por mayoría simple requería, según la Constitución, que el Congreso Pleno decidiera entre el primero y el segundo candidato -Alessandri- quién sería el Presidente; la fecha para esa sesión era el 24 de octubre de 1970. La tradición política siempre ratificaba al candidato que había obtenido la primera mayoría, luego, el presidente electo era Salvador Allende.
Al conocer esta noticia, la reacción de Nixon fue "virulenta" de acuerdo a lo relatado por Kissinger en sus memorias (25): "Nixon estaba fuera de sí. Por más de una década había criticado duramente las administraciones demócratas por permitir el establecimiento del poder comunista en Cuba. Y ahora, lo que él percibía como otra Cuba había surgido a la vida durante su propia administración sin que a él se le hubiera dado la oportunidad de tomar una decisión. Esto explica la virulencia de su reacción y su insistencia en hacer algo, cualquier cosa (26), que anulara la negligencia anterior...".
"...Ahora al fin existía unanimidad sobre el hecho de que algo tenía que hacerse, espoleados por un presidente decidido. Desgraciadamente, ahora ya era muy tarde... Ahora nos veíamos forzados a improvisar... Al escapársenos el tiempo, nuestras acciones eran realmente frenéticas... Cuando el Comité 40 se reunió el 8 de septiembre, era evidente que una acción legislativa contra Allende era improbable... Decidimos instruir al embajador Korry para que preparara una "evaluación a sangre fría" de la posibilidad y probabilidad de un golpe militar y de los pros y contras involucrados en la "organización de una futura y efectiva oposición chilena a Allende".
Nixon no dejó de intervenir donde pudiera, tal como lo cuenta Kissinger: "Durante el viaje de Nixon por los países mediterráneos, entre el 26 de septiembre al 5 de octubre, en todas las oportunidades, Nixon alentaba a los gobiernos amigos a usar su influencia en Chile para evitar la asunción de Allende... Se dio cuenta que no se encontraba solo en su preocupación por el futuro de Chile."
La victoria pacífica de un marxista era inaceptable para estados Unidos. Así lo demuestran las conocidas palabras que pronunció Henry Kissinger en una reunión secreta en la Casa Blanca, el 27 de junio: "no veo por qué tenemos que sentarnos a esperar cómo un país se vuelve comunista debido a la irresponsabilidad de su propio pueblo" (27), o como lo expresan sus palabras en sus memorias: "Las fuerzas de Allende no pueden evitar llegar a la conclusión de que si él es investido los Estados Unidos han admitido su impotencia." (28). Nixon, como ya fue dicho, inmediatamente convocó a Edward Korry, su embajador en Santiago, para ordenarle "aplastar" a Allende. El 15 de septiembre informó al director de la CIA, Richard Helms, que un gobierno allendista no era aceptable para los Estados Unidos e instruyó a la CIA para que jugara un rol directo en organizar un golpe de Estado en Chile para evitar que Allende accediera a la presidencia; textualmente le ordenó "que no dejara piedra sin mover...para obstruir la elección [en el parlamento] de Allende" (29). Richard Helms años después presentó ante el senador Church un papel escrito a mano que demostraba el sentido de la orden: "aunque tenga usted una oportunidad entre diez, salve a Chile. Merece la pena el gasto. No importa los riesgos que haya que correr. No meter a la embajada en esto. Diez millones de dólares disponibles, más si es necesario. Dedicación completa. Los mejores hombres. Plan estratégico. Reventar la economía. Cuarenta y ocho horas para el plan de acción" (30).
La orden le fue trasmitida, según testimonio del director Helms, después de una reunión desayuno donde Nixon, el presidente de la Pepsi Cola, Donaid M. Kendall, Henry Kissinger, el fiscal general, John Mitchell, y el empresario chileno Agustín Edwards, propietario del periódico El Mercurio y de una planta embotelladora de Pepsi Cola, discutieron sobre Chile: "yo tengo la impresión de que el Presidente llamó a esta reunión, de la cual tengo las notas manuscritas, por la presencia de Edwards en Washington y por lo que escuchamos decir a Kendall sobre lo que Edwards estaba diciendo sobre las condiciones de Chile y lo que estaba sucediendo allí" (31).
Las declaraciones de Kissinger ante la Comisión del Senado ratifican los dichos de Helms: "...la principal motivación de la reunión del 15 de septiembre era la de urgir a Helms a que hiciera lo que pudiera para impedir que Allende tomará el poder (...) está claro que el Presidente quería que él alentara a los militares chilenos para que cooperaran o tomaran la iniciativa en impedir que Allende asumiera" (32). ¡Cómo no!, si él mismo había adelantado lo que sería la política de EEUU hacia Chile. El 16 de septiembre declaraba en conferencia de prensa que: "todavía no he encontrado a nadie que crea firmemente que si Allende ganase se volverían a celebrar elecciones libres en Chile...Lo más probable es que... establezca algún tipo de gobierno comunista...Allende en el poder...nos traería grandes problemas, tanto a nosotros como al resto de las fuerzas democráticas del hemisferio occidental" (33).
También Kissinger, en sus Memorias, se refiere a esta reunión. "Para entonces Nixon había asumido un papel personal. Había sido impulsado a actuar el 14 de septiembre por Agustín Edwards, el editor de El Mercurio, que había venido a Washington a advertir cuales serían las consecuencias de la toma de Allende. Edwards se hospedaba en la casa de Don Kendall, principal ejecutivo de Pepsi-Cola. (34) Yo me había encontrado con Edwards y Mitchell durante el desayuno y le había pedido a Helms ver a Edwards por cualquier idea que pudiera tener.
Después de encontrarse con Kendall, Nixon pidió a Helms, a Mitchell y a mí que fuésemos a su oficina en la tarde del 15 de septiembre. En una conversación que duró menos de quince minutos, Nixon le dijo a Helms que él quería un esfuerzo mayor para ver qué podría hacerse para evitar que Allende llegara al poder. Si hubiera una oportunidad en diez de librarnos de Allende, deberíamos probarla: si Helms necesitaba los millones, él lo aprobaría. El progra ma de ayuda a Chile sería interrumpido; su economía debía ser exprimida "hasta que gritase". Helms debería dejar de lado a Korry e informar directamente a la Casa Blanca, que tomaría las decisiones finales. El objetivo entonces era aún el plan "Rube Goldberg"; Nixon en realidad no presentó ningún plan, sólo un deseo apasionado, desenfocado y nacido de la frustración, de hacer "algo".
Luego de la orden de Nixon (35) y del Comité de los 40, realizada el 14 de septiembre de 1970, el gobierno norteamericano definió dos vías -Vía I y Vía II- (36) para evitar que Allende asumiera.
El programa de la CIA que Helms inició fue la Vía II, un plan ultra secreto que no lo conocieron muchas de las autoridades norteamericanas, entre otros, ni el embajador Korry ni los Secretarios de Estado ni Defensa. Consistió en autorizar a la CIA para que trabajara en buscar una solución militar al problema, esto es, instigar a un golpe de Estado (37).
La Vía I también era una conspiración secreta contra Allende, pero ésta se discutió en el "Comité 40", con el conocimiento del Departamento de Estado y del embajador de los Estados Unidos en Chile. Ambas vías se ejecutaron en forma paralela durante este período. Eran todas las acciones encubiertas, políticas, económicas y de propaganda, aprobadas por el Comité 40, con el objeto de inducir a los opositores a Allende a impedir su llegada al poder, por medios políticos o militares.
Junto con la iniciación de una intensa campaña de propaganda antiallendista, la primera iniciativa buscó implementar el llamado "gambito Frei", que consistió en lograr que el Congreso eligiera a Alessandri; luego él renunciaría y se realizarían elecciones especiales en las que Frei sería elegido. Para ello se había aprobado la entrega de un fondo especial de doscientos cincuenta mil dólares para los proyectos que Freí y sus asociados consideraran necesarios. El propio embajador Korry fue asignado para solicitar el apoyo del Presidente Frei. Los fondos también los administraría Korry y debían ser entregados a la facción moderada de la Democracia Cristiana que, a su vez, tendría que sobornar a los parlamentarios para conseguir votos en el Congreso. Se evaluó que era imposible la ejecución de este plan y los doscientos cincuenta mil dólares nunca se usaron. A través de diversas personalidades nacionales y extranjeras se trató de que Freí consintiera participar en el gambito y/o ayudará en su implementación. Frei rehusó interferir en el proceso electoral y el gambito de la reelección fracasó.
Pero esto puede no haber sido exactamente así. Según otras versiones, seguramente Frei y otras altas autoridades de gobierno y del Partido Demócrata Cristiano estaban implicados en las acciones de las Vía I y II. Por cierto, estos nombres eran secretos y ellos no los conocían, o se puede entender que ante la gravedad de los hechos que se podían preveer por la presión de los contactos norteamericanos, hayan buscado generar una salida de golpe militar no violento. En todo caso Kissinger es de los que cree (o sabe y conoce) en la existencia de importantes contactos que ven posible esta acción: "Para el 21 de septiembre se hacía evidente que Frei no estaba siguiendo ningún plan que resultara en su propia elección. La fértil mente de Korry se volvió hacia una maniobra (aparentemente arreglada por los asociados de Frei) por la cual los principales miembros del Gabinete renunciarían e inducirían a sus colegas a seguirlos. Esto daría a Frei, si él no se oponía, un pretexto para reemplazarlos por oficiales militares".
"Había duda en cuanto a la buena voluntad de Frei de hacer esto. Se percibía, sin embargo, que el principal obstáculo era el Comandante en Jefe del Ejército, Rene Schneider", agrega en sus memorias Kissinger.
Testimonios del General Carlos Prats también aluden a estos hechos: "El viernes 25 de septiembre [de 1970] me ocurre lo más insólito que podía esperar de ese tenso juego de muñequeo a que se nos sometía. A las 09:30, un destacado democratacristiano (38), me plantea directamente, en actitud nerviosamente complacida, que ante la intransigencia de Schneider para detener a la Unidad Popular, el Presidente Frei estaba dispuesto a que yo encabezara un movimiento que lo derrocara y lo enviara al extranjero...Enseguida desarrolla su plan: había que apoderarse de noche de La Moneda, enviar a Freí al extranjero, cerrar el congreso, suspender la vigencia de los partidos políticos, utilizar en cargos claves a gente de confianza que ellos podrían señalar y, normalizada la situación, llamar de nuevo a elecciones..." (39). Por cierto, la propuesta fue rechazada inmediata y categóricamente.
Paralelamente al fracasado "gambito Frei", la campaña de propaganda se intensificó: apoyo a la prensa clandestina, publicación de material noticioso a través de agentes, financiamiento de un diario, subsidio indirecto al grupo de ultraderecha Patria y Libertad, programas de radio, avisos y mítines políticos; apertura de un despacho postal directo de artículos extranjeros dirigidos a Freí y a su esposa, a dirigentes nacionales y a la prensa chilena. Una estadística del Informe Church señala que la CIA puso en este período setecientos veintiséis artículos, programas de radio, editoriales y otros materiales de propaganda (40).
El Comité 40, el 29 de septiembre de 1970, concluyó que no habría acción militar si no se realizaba una fuerte presión económica al país; se lanzó entonces, una ofensiva destinada a mostrar una reacción negativa de los inversionistas extranjeros frente a la eventual designación de Allende como presidente. Simultáneamente, el Comité 40 aprobó cortar todos los créditos para Chile, presionar a las empresas norteamericanas para interrumpir sus inversiones y tomar contacto con otras empresarios nacionales para que asumieran la misma política. Korry, se encargó de comunicar a las Fuerzas Armadas que no podrían esperar más asistencia militar de Estados Unidos si Allende llegaba a la presidencia; informó también, que la ayuda militar había sido congelada a la espera de la elección del 24 de octubre.
A la Vía II, Nixon le dio inicio el 15 de septiembre; la CIA debía abordar esta acción sin coordinación con los Departamentos de Estado o Defensa y sin informar al embajador de Estados Unidos en Chile. Tenía por objeto provocar el golpe de Estado.
Se creó un equipo operativo bajo la dirección del subdirector de Planificación de la CIA, Thomas Karamessines, y se le asignó un grupo de experimentados agentes de la CIA, que operaron compartimentadamente. Entre el 5 y el 20 de octubre, la CIA hizo 21 contactos con militares claves y oficiales de Carabineros. Aquellos oficiales recibieron garantía de ser apoyados, antes y después del golpe, al más alto nivel del gobierno de Estados Unidos.
Se estableció contacto con conspiradores chilenos. Uno fue el general de Ejército Roberto Viaux que, al haber dirigido la insurrección del "Tacnazo" un año antes, contaba con el respaldo de muchos oficiales y líderes de derecha golpistas. Otro fue el general Camilo Valenzuela, comandante de la Guarnición de Santiago, también asociado al grupo golpista. Karamessines testificó que "por lo menos una docena o más de oficiales chilenos de alto rango estaban al tanto de lo que estaba sucediendo...Todos estaban hablando unos con otros...tratando de ver cuál era la mejor manera de organizar el tipo de golpe que querían ver implementado" (41).
Se sabía que existían antiallendistas y golpistas entre los militares y carabineros, pero que "estaban inmovilizados por la tradición de respeto militar a la Constitución y la postura pública y privada del general Schneider junto al segundo de la línea de mando, el general Carlos Prats, que abogaban por un estricto apego a la Constitución" (42). Había que desplazar entonces al Comandante en Jefe del Ejército. Para ello, se establecieron contactos con el segundo nivel de oficiales: desde el 5 de octubre fue contactado un general del Ejército, un general de la Fuerza Aérea, un alto oficial de Carabineros, un Almirante y oficiales de la Armada. El 7 de octubre hubo contactos con un grupo de oficiales de la Academia de Guerra de Santiago, los que, a su vez, solicitaron armas livianas a la CIA. Este fue el primer contacto que tuvo el agregado militar de Estados Unidos con el alto oficial a quien el 18 de octubre le entregaría seis granadas de gas lacrimógeno y municiones, y el 22 de octubre, tres subametralladoras enviadas por valija diplomática desde Washington.
La CIA había evaluado que "Valenzuela era más efectivo que Viaux... todavía estaba en servicio activo y al mando del distrito militar más importante de Santiago" (43). Sin embargo, los dos grupos, el de Viaux y Valenzuela, planearon el secuestro del Comandante en Jefe del Ejército chileno; tenían la esperanza de que el mando militar tomaría el poder si el general era reducido. El 18 de octubre, al recibir armas de la CIA, informan al agregado que ellos y otros 3 oficiales estaban preparados para el golpe. El plan era comenzar el 19 con el secuestro de Schneider, se le embarcaría a Argentina, Freí renunciaría y abandonaría el país, uno de los colegas de Valenzuela encabezaría la junta militar, y se clausuraría el Congreso. Pero el plan fracasó porque el general Schneider abandonó una cena no en su auto oficial, sino en otro particular y muy bien custodiado. Volverían a realizar otro atentado fallido el 20. Viaux estaba en conocimiento de la operación pero no directamente involucrado.
En un nuevo intento, el agregado militar de la embajada de Estados Unidos , el 22 de octubre a las dos de la mañana, entregó las subametralladoras al "oficial del ejército" en un sector aislado de Santiago. A las siete de la mañana el grupo se reunió para iniciar la operación. Poco después de las ocho de la mañana, el automóvil del general Schneider fue interceptado por sus secuestradores mientras se dirigía a su trabajo, y el general fue mortalmente herido cuando extrajo su revólver para defenderse. La Corte Militar chilena determinó que los que participaron en el crimen del general eran miembros del grupo dirigidos por el general ® Roberto Viaux y eran los mismos que habían participado en los intentos de secuestros del 19 y 20 de octubre. Viaux, concertado con su suegro Raúlt Iguait Ramírez, encargó a Juan Diego Dávila Basterrica la misión de coordinar para estudiar y preparar el secuestro de los cuatro generales de mayor antigüedad. Los que dispararon fueron identificados como Jaime Melgoza, Juan Luis Bulnes y Diego Izquierdo Menéndez.
En junio de 1972, el general Viaux fue sentenciado por complicidad, a una condena de veinte años de cárcel y a cinco años de exilio por conspirar para provocar un golpe de Estado. El general Valenzuela fue sentenciado por conspiración a tres años de exilio.
La investigación del Senado norteamericano tendió a mitigar la responsabilidad directa en este crimen del gobierno de Estados Unidos y la CIA, al concluir que ésta nunca pudo confirmar si el asesinato fue premeditado o si fue una forma fracasada del intento de secuestro, y al aceptar como creíble su conclusión en el sentido que la operación había sido concebida y ejecutada por encargo de altos oficiales de las Fuerzas Armadas. Seguramente, por eso el Informe Church terminó concluyendo que la orden del gobierno norteamericano no era matar. Pero los testimonios sobre la orden dada por las más altas autoridades de Estados Unidos revelan que para lograr el objetivo final de la Vía II no importaban los medios. Aún más, el 23 de octubre, al día siguiente del atentado al general Schneider, el director de la CIA, Helms, canceló la Vía II: "se acordó...que se había llevado a cabo un máximo esfuerzo, y que ahora sólo los mismos chilenos podían realizar un golpe exitoso. Los chilenos habían sido guiados al punto en que una solución militar queda, para ellos, por lo menos abierta" (44).
El asesinato de Schneider hizo que el ejército se reagrupara firmemente tras la bandera del constitucionalismo. El mismo 22 de octubre, se había nombrado al general Prats como nuevo Comandante en Jefe del Ejército; el 24 de octubre, Salvador Allende fue confirmado Presidente por el Congreso. El general Schneider murió al día siguiente. Richard Nixon, Presidente de los Estados Unidos, furioso contra la "nueva Cuba", no envía felicitaciones a la asunción del nuevo presidente chileno y su embajador en Chile no asiste a la ceremonia de investidura.
Cuando el intento golpista falló y Allende asumió como Presidente de la República, la CIA fue autorizada por el Comité 40 para financiar grupos de oposición a Allende. El esfuerzo fue generar un boicot y sabotaje económico, psicológico y subversivo de carácter masivo. Su programa estaba definido en la "Decisión No 93" del Consejo Nacional de Seguridad que Kissinger dirigió, el 9 de noviembre de 1970 y por orden de Nixon, a los Secretarios de Estado de Defensa y del Tesoro, a la CIA, al Administrador de la Agencia Internacional para el Desarrollo, AID, al Presidente de la Junta de Jefes de Estado Mayor, y otros.
El plan buscaba generar en diferentes áreas nacionales el boicot y sabotaje al gobierno de la Unidad Popular. Planificó la guerra diplomática que consistió en "emprender esfuerzos vigorosos para asegurar que otros gobiernos en América Latina entiendan bien que Estados Unidos se opone a la consolidación [del gobierno de Allende] ...y en todo lo posible estimularlos a adoptar una postura similar". Intensificó la presión militar para "entablar consultas detalladas con gobiernos claves de América Latina, en particular Brasil y Argentina [con dictaduras] para coordinar esfuerzos de oposición a iniciativas de Chile... para lograr este objetivo, deben incrementarse los esfuerzos para establecer y mantener estrechas relaciones con líderes militares amigos en el hemisferio". Inició la guerra económica en contra del Estado chileno buscó aliados "en los mercados mundiales, acciones para introducir en los mercados las reservas acumuladas y otros factores que pudieran afectar el mercado del cobre chileno...no comprometer nueva ayuda económica bilateral"; y definió que respecto a "los compromisos actuales [asumidos a la fecha entre ambos Estados] deben aplicarse en forma que puedan ser reducidos, aplazados o interrumpidos si Estados Unidos lo desea". Se implantó el bloqueo financiero que consistió en "excluir ayudas financieras o garantías a las inversiones privadas en Chile...suprimir o reducir los acuerdos vigentes de garantía y financiamiento...ejercer la máxima presión sobre las instituciones financieras internacionales para limitar los créditos u otras ayudas financieras a Chile...y lograr el máximo apoyo a esta medida por parte de otras naciones amigas, en particular las de América Latina... concientizar a las empresas privadas de Estados Unidos con inversiones u operaciones en Chile de la preocupación del gobierno de Estados Unidos...y de la naturaleza restrictiva de las medidas que el gobierno de Estados Unido se propone seguir".
Además, se definió la elaboración de un informe al mes, con propuestas de nuevas medidas específicas en el marco anterior y seguimiento de las ya aplicadas, para lo cual se creó un grupo especial de trabajo interagencias con las más altas autoridades del ejecutivo norteamericano.
Cinco días después que asumía el Presidente Allende se aprobó este gigantesco plan de intervención que se complementaba con toda la campaña interna que se venía implementando: denegación de créditos de financiación, presión sobre los organismos internacionales para que adoptasen la misma actitud, manipulación a la baja del precio del cobre en la Bolsa de Londres, rechazo a la distribución o venta de alimentos y de piezas de recambio, en particular de transporte; flujo permanente de dólares para financiar a la oposición, a sus partidos políticos, especialmente a la Democracia Cristiana, el Partido Nacional y grupos como Patria y Libertad, a las huelgas de empresarios y a los transportistas; financiamiento a la prensa escrita y radios para impulsar una permanente campaña de hostigamiento en contra de Allende y la Unidad Popular.
El Informe Church relata en extenso las múltiples actividades que se montaron contra Chile durante este período. No podemos seguirlas. Basta con señalar que según este informe, El Mercurio, recibió entre 1971 y 1972, un millón seiscientos sesenta y cinco mil dólares. El Mercurio desarrolla, junto a otros medios de prensa, una campaña nacional e internacional que denunciaba los obstáculos y las limitaciones que ponía Allende a la libertad de prensa en el país; quizás una de las principales acciones en este sentido, fue la publicación de la Sociedad Interamericana de Prensa, SIP, que en octubre de 1972, durante una reunión en Santiago, lanzó un informe en que incluía a Chile como uno de los países donde la libertad de prensa estaba siendo amenazada. El Comité 40, aprobó financiamiento por cerca de medio millón de dólares para el Partido Demócrata Cristiano, el Partido Nacional y otros grupos pequeños. A comienzos de 1971, dineros de la CIA permitieron al Partido Demócrata Cristiano y al Partido Nacional adquirir sus propias radio emisoras y diarios. A todos los partidos de oposición se les pasó dinero para las elecciones municipales de abril de 1971. Se hicieron esfuerzos para dividir a la Unidad Popular. Apoyaron con fondos a la oposición en los tres actos electorales de 1972 y en las elecciones parlamentarias de marzo de 1973. Estos dineros entregados a los partidos políticos, no sólo ayudó a los candidatos de oposición en las elecciones, sino que, posibilitaron la instalación de una campaña antigubernamental permanente contra el gobierno de la Unidad Popular.
El conjunto de esta política desempeñó un papel fundamental en el montaje del escenario donde se desarrolló el golpe militar el 11 de septiembre de 1973. Las identidades de los principales actores -civiles y militares- que directamente se pusieron bajo las órdenes del gobierno de Estados Unidos nunca las conoceremos. Los informes oficiales norteamericanos tacharon sus nombres u otras características que los pudieran hacer identificables. Respecto de otras fuentes, o no dan nombres o tampoco las conocen.
De todos modos, después de conocida la magnitud de esta operación política de Estados Unidos en contra del gobierno de la Unidad Popular, a muchos les resonarán los nombres de varios connotados y públicos golpistas de la época (45).
Todos ellos podían, por cierto, crear legítimamente una oposición al proyecto político que implicaba el gobierno del Presidente Salvador Allende y en esa calidad podían luchar con la Unidad Popular. Sin embargo, por la naturaleza de la oposición que generaron, se hace evidente que estas personalidades públicas son, en su fuero interno, profundamente antidemocráticas, toda vez que no dudaron en utilizar cualquier medio para alcanzar sus fines. El odio desatado por la dictadura militar, de la cual formaron parte, de manera inobjetable así lo ratifica.
Notas:
1. Informe CNVR, Tomo I, pág.33.
2. Informe CNVR, Tomo I, pág. 442.
3. Informe CNVR, Tomo I, pág. 33.
4. Informe CNVR, Tomo I, pág.37.
5. Id. pág. 37
6. Pierre Kalfon. " Allende. Chile: 1970-1973". Foca Ediciones. Madrid. 1998, pág. 14.
7. Informe CNVR, Tomo I, pág. 36.
8. Se trata de Camilo Valenzuela, Comandante de la Guarnición de Santiago, Hugo Tirado Barrios, Almirante Jefe de la Armada y Roberto Viaux Marambio, general en retiro.
9. Id., pág. 37.
10. Id., pág. 37.
11. Id., pág. 34.
12. Informe CNVR, Tomo I, pág. 34.
13. Cfr., por ejemplo, Pierre Kalfon, Ob.Cit
14. Nathaniel Davis, "Los dos últimos años de Salvador Allende", Plaza y Janes Editores, Barcelona, 1986. Pág. 11.
15. Informe CNVR, Tomo I, pág.36.
16. Joan Carcés. "Soberanos e Intervenidos. Chile, la Guerra Fría y después". Bat Ediciones, Santiago, Chile, 1995. Pág. 21 ss.
17. Cfr. J. Garcés. Ob.Cit, pp. 66.
18. Covert Action in Chile, 1963-1973, pp. 40. Citado por J. Garcés. Ob.Cit. pp.67.
19. J.Garcés. Ob.Cit. pp. 67
20. En un documento titulado "La gran estrategia, principios y prácticas", publicado en la Colección Estrategia de los Círculos Militares argentinos, se define lo que ellos llaman propaganda negra: "aquella que deforma deliberadamente la fuente...no es obligación que ella sea lícita, por lo que 'las medidas contra ella no son efectivas, en tanto la fuente se mantenga en la clandestinidad'.
21. "Covert Action in Chile, 1963-1973", pp. 8-9, 15-16. Citado por J. Garcés. Ob.Cit. pp. 67.
22. Henry Kissinger, "Mis memorias", Ed. Atlántida, 1979, Cap. XVII, pág. 460 y ss.
23. Informe Church. Compilación y traducción de Cristian Opazo. Edit. Ornitorrinco, Santiago, 1990.
24. Informe Church. pág. 64.
25. Kissinger. Ob.Cit
26. Subrayado de Kissinger.
27. Nathaniel Davis. "Los dos últimos años de Salvador Allende". Edit. Plaza y Janes. Barcelona. 1986. Pág. 18.
28. Idem, pág. 465.
29. Nathaniel Davis, Ob.Cit. pág. 19.
30. Informe Church.Ob.Cit. pp. 152.
31. Id.pp.l53.
32. Declaración de Kissinger el 12 de agosto de 1975.
33. Nathaniel Davis. Ob.Cit.pp.l8.
34. Durante el gobierno de Allende, Agustín Edward se quedó viviendo en Estados Unidos con un puesto en la Pepsi Cola.
35. Esta conversación según Kissinger, debe ser considerada como el comienzo de lo que se llamó Vía II, en oposición a las decisiones formales del Comité 40, que retrospectivamente se convirtieron en Vía I.
36. El Informe de la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación se refiere a ellas en su nombre en inglés: Track I y Track II.
37. Informe Church. Ob.Cit. pp. 155.
38. Según J. Garcés este habría sido Patricio Aylwin. En J. Garcés. Ob.Cit. pp. 78.
39. Carlos Prats. "Memorias. Testimonios de un soldado". Editorial Pehuén. 4° Edición. Santiago. Chile. 1996. Pág. 173 ss.
40. Informe Church. Ob.Cit
41. Karamessines, 6/8/75.
42. Informe Church, Ob.Cit. pp. 184.
43. Nathaniel Davis. Ob.Cit. pp.184.
44. Informe Church. Nota del equipo operativo, 24 de octubre de 1970. pp. 199.
45. En los medios de comunicación siempre estuvieron Hermógenes Pérez de Arce, Federico Willoughby, Alvaro Puga, el sacerdote Raúl Hasbún, María Eugenia Oyarzún, Silvia Pinto, Blanca Arthur, Julio López Blanco, Claudio Sánchez, Patricia Guzmán, María Angélica de Luigi, Carmen Puelma; los políticos fueron Sergio Onofre Jarpa y Sergio Diez del Partido Nacional, Julio Duran de la Democracia Radical, de la Democracia Cristiana fueron Eduardo Frei Montalva, Presidente del Senado, Patricio Aylwin, Juan Hamilton y Juan de Dios Carmona; de Patria y Libertad, Pablo Rodríguez Grez y Roberto Thieme; Jaime Guzmán. Los dirigentes gremiales como León Vilarín de los camioneros; Rafael Cumsille de la Confederación del Comercio Detallista; Orlando Sáenz, Ricardo Claro, Jorge Fontaine, Manuel Valdés, Eugenio Heiremans, Benjamín Matte, empresarios. Entre los sindicalistas resaltaba la figura de Guillermo Medina del Mineral El Teniente.
