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Defensa del servicio de agua: Una postura sindical.
Por Hugo Maturana |1|
Voy a partir con una pequeña historia que es interesante de conocer. Desde el año 85, tanto EMOS -Empresa Metropolitana de Obras Sanitarias, hoy día Aguas Andinas- como ESVAL -Empresa de Servicios Sanitarios de Valparaíso- manifestaron claramente que, tras los procesos de privatizaciones, se priorizaría la rentabilidad económica por sobre el valor social del servicio. Desde entonces denunciamos que se producirían alzas de tarifas; despidos; problemas de salud; monopolio del agua y un menor acceso a ella para los más pobres.
Para desplegar esta campaña, integramos un comando de defensa de empresas del Estado. En el difícil período del gobierno militar, iniciamos un programa de charlas en juntas de vecinos y uniones comunales de Santiago y Valparaíso, que eran las únicas instancias donde podíamos hacer oír nuestra voz: nos manifestábamos a través de protestas públicas, en coordinación con la oposición al gobierno, en ese tiempo integrada por los actuales políticos, que, una vez electos, se pasaron para el lado contrario.
Desde la fundación de FENATRAOS (Federación Nacional de Trabajadores de Obras Sanitarias), en el año 90, dimos una organización nacional a las protestas; hicimos manifestaciones y marchas en las principales ciudades del país; reuniones con la comunidad más organizada; reparto de volantes; reuniones con políticos de la Concertación y Gobierno y tres paros nacionales.
Nuestra propuesta -porque no solamente criticábamos lo que estaba haciendo el gobierno, sino que teníamos una propuesta- consistía en la aplicación de un modelo similar al de Televisión Nacional de Chile, TVN, que se gestiona autónomamente. Pensábamos que ese modelo era el más adecuado para el país, pero alternativamente proponíamos también un BOT, es decir, la construcción de las Plantas de Tratamiento de Aguas Servidas por los privados, pero por un período de 20 ó 30 años, sin entregar a ese sector la empresa madre de agua potable y alcantarillado.
Por otro lado, pedíamos que el Directorio de esas empresas estuviera integrado por representantes idóneos del sector -profesionales, si bien políticos, pero de los políticos buenos y no nombrados en esos cargos por "pago de favores" como ocurrió en los seis y siete primeros años de la democracia-; la reinversión de las utilidades de esas empresas; que fuera posible su endeudamiento, y por último, porque ninguna de las anteriores nos resultó, que se realizara una consulta nacional. Esto último fue propuesto en el Congreso, tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado, pero tampoco nos hicieron caso.
Hay que recordar que en el año 90, las coberturas del sector urbano en agua potable en el país eran del 98 % y en alcantarillado, de 85 %. Nadie en Sudamérica tiene esas coberturas. No podíamos ser acusados de tener una mala gestión, todo lo contrario, éramos altamente eficientes, más eficientes que algunas empresas privadas que existían en Chile. Dónde había falencia, era en el tratamiento de aguas servidas, donde alcanzábamos sólo un 18 % y había una clara necesidad de inversión. Por eso nosotros argumentábamos que con la reinversión de las utilidades o permitiendo el endeudamiento, se podían cubrir esas construcciones de plantas de tratamiento.
Para hacer legal la privatización en el año 89 se dicta una serie de leyes. Nombro algunas: la Ley 19.777, que transforma en sociedades anónimas a Empresa de Obras Sanitarias, EMOS y ESVAL; la Ley 19.805, que hace lo mismo con los servicios públicos regionales de las sanitarias, ex Sendos (Servicios Nacional de Obras Sanitarias); el Decreto 389; la Ley General de Servicios Sanitarios; la Ley 19.802, que crea la Superintendencia de Servicios Sanitarios; la Ley de Tarifas y Reglamentos y la Ley de Subsidios.
Hoy día podríamos decir que la realidad del sector sanitario es la siguiente: quedan siete empresas estatales -cuatro en el norte, tres en el sur-, tres empresas municipales y hay seis empresas privadas.
Proposición de los subsidios. El Estado subsidia el pago del agua a la gente de menores ingresos. Qué decimos nosotros frente aquello: hoy día, con los sueldos deprimidos, la alta cesantía, las bajas pensiones, la intención de hacer flexible el empleo por parte de los empresarios, se debe: a) aumentar el monto de los subsidios; b) aumentar la cantidad de subsidios; c) no politizar su entrega por parte de las municipalidades; d) la Superintendencia debe controlar en las municipalidades la entrega de los subsidios; e) las municipalidades no deben desviar a otros ítems los montos de subsidios que le son entregados.
Las tarifas. Voy a poner un ejemplo: tengo un promedio mensual de consumo de agua potable, esto varía por regiones, pero estimado en 17 metros, que es lo aceptable hoy (hace unos tres años el promedio nacional de consumo de agua potable era de 25 metros, y si vamos más atrás, de 32 metros; hoy día ha bajado considerablemente debido a los costos del agua). En Antofagasta (I Región), los 17 metros cuestan 20 mil 913 pesos y es una empresa estatal; en Copiapó (III Región) cuestan 9 mil 522 pesos y es una empresa estatal; en Valparaíso (V Región) cuestan 12 mil 596 y es privada; en Concepción (VIII Región) cuestan 8 mil 298 pesos y es privada; en Temuco (IX Región) cuestan 8 mil 966 y es estatal; en Coyhaique (XI Región), una población extrema, cuestan 19 mil 481 pesos y es estatal.
En las empresas estatales, la fijación tarifaria incorpora el sentido social junto a la rentabilidad económica. En Antofagasta y Coyhaique |2| tenemos las tarifas más altas, pero sólo porque los costos de producción son terriblemente altos. No hay agua en esos sectores. Aunque cueste creerlo, en Coyhaique no hay agua, no está el acceso fácil y sus costos son muy altos, la población es muy chica; por lo tanto, esas empresas tienen que seguir siendo estatales. Si llega el privado ahí, hay que imaginarse la tarifa que tendríamos.
Por otro lado, las empresas privadas evalúan sólo la rentabilidad económica, es decir, se las juegan por la mayor rentabilidad económica que les permita el sistema.
Traspaso a privados: consecuencia trabajo-empleo
Podemos constatar desde un 30 a un 60 % de trabajadores despedidos en las empresas que han sido privatizadas. La disminución de los beneficios y la estabilidad laboral; deterioro en la calidad de vida y desarticulación de la familia por la falta de recursos.
La tercerización del empleo es un nuevo sistema que se asocia a este sistema económico. Estas empresas siguen funcionando con la misma cantidad de gente de hace cinco años: la diferencia es que algunos son de planta y el resto son contratistas que hacen las mismas funciones que se han hecho siempre, generalmente. Qué se ha producido entonces: solamente una baja de remuneraciones; condiciones laborales extremas y malas; explotación laboral -así categóricamente-: se evaden un montón de leyes laborales por parte de los contratistas. En estas empresas, el 50 % de los trabajadores son externos, incluso en la estatal.
Qué transnacionales están presentes en Chile. En Agua Andinas (ex EMOS) está Suez, que tiene el 55 % del patrimonio; ESVAL, en Valparaíso, tiene a la inglesa Anglian Water, con el 50 % de la propiedad accionaria; ESSEL, en Rancagua |3|, tiene a Thames Water, con un 51 % del grupo accionario; Agua Nuevos Sur, en Talca, a Thames Water también, pero con un sistema de concesión -es la única que está con ese sistema-; Empresa de Servicios Sanitarios de la región Bío Bío, ESSBIO, en Concepción, también a Thames Water, con el 51 % de las acciones en su poder; ESSAL, en Puerto Montt, a Iberdrola, con el 51 %. (ESSAL está en venta y podría adquirirla Thames Water o Anglian Water. Se sabe de algunas conversaciones avanzadas).
El ambiente laboral en las privadas. El clima laboral es de incertidumbre e inestabilidad. Tenemos una necesidad imperiosa de subscribir un acuerdo internacional sobre derechos y relaciones laborales. En eso estamos trabajando como Federación.
Derechos de agua. Queremos resaltar dos cosas: que se modificó el Código del Agua en el año 81, teniendo como objetivo principal el permitir la libre transacción del agua en el mercado y la posibilidad de enajenar el derecho de agua en forma independiente de la tierra. Dado el carácter estratégico del recurso agua, los derechos de agua debieran permanecer en poder del Estado, en aquellas empresas que aún le pertenecen.
El futuro del sector. Desde un punto de vista exclusivamente económico, el sector se ve saludable y rentable. Hay que recordar que la ley de las sanitarias permite -más que permite, garantiza- la rentabilidad del 10,3 % de sus utilidades. Dificultad de pago de las cuentas: eso vemos a futuro. Vemos escasez de agua, lo que significará aumento de sus costos en la tarifa, a todo nivel.
El Gobierno insiste, de acuerdo a la información actualizada que poseemos, en concesionar las siete empresas que quedan. Lo bueno para nosotros es que el proceso de concesiones de la zona sur falló, debido a que los privados, en Punta Arenas |4| y Coyhaique, ofrecieron muy poca plata. La de Temuco está pendiente, producto de una prórroga solicitada por la Anglian Water y la Thames Water, que probablemente esperan mejores condiciones económicas y está pendientexperiencia de lucha del pueblo de Arequipa frente a las Privatizaciones
Notas:
1. Presidente de la Federación Nacional de Obras Sanitarias, Fenatraos. Desgrabación de Susan Díaz, periodista de Sindicatos de Sanitarios del Puerto Montt y Valdivia. [Volver]
2. Estas ciudades están ubicadas en los extremos de Chile, la primera en el Norte Grande y la segunda, en el sur austral. [Volver]
3. Ciudad capital de la VI región, muy cercana a la capital de Chile, Santiago. [Volver]
4. Ciudad capital de la XII Región de Chile. [Volver]
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