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Introducción
Por Coral Pey |1|
La Alianza Chilena por un Comercio Justo y Responsable (ACJR) es una red intersectorial de investigación, capacitación y comunicaciones, cuya misión es influir en la agenda pública para que las negociaciones comerciales integren una dimensión social y cultural; propendan al intercambio y cooperación entre los países; colaboren en el fortalecimiento de la legislación nacional en materia, laboral, ambiental y de género y sean coherentes con los derechos económicos, sociales y culturales de las personas.
Desde hace más de dos años hemos venido trabajando en el seguimiento de los principales procesos de negociación hacia un tratado de libre comercio, ya sea con la Unión Europea o con la formación del Área de Libre Comercio de las Américas, por la vía hemisférica o bilateral, a través del TLC con Estados Unidos. Lo hemos hecho en base a las áreas de negociación y los nuevos temas que han entrado en las negociaciones. Entre ellos, el área de servicios, sobre la que se han realizado tres investigaciones: desde la perspectiva económica, la jurídico-ambiental y, en el caso específico de la educación superior, desde una perspectiva social y de género.
Nuestras razones para focalizar el trabajo en los servicios son principalmente tres: la amplia cobertura en los marcos de la Organización Mundial de Comercio que tiene el Acuerdo General de Comercio y Servicios, GATS, que contempla 160 rubros que abarcan la totalidad de nuestra vida social; la importancia que el mercado de los servicios ha ido adquiriendo en nuestros países para los intereses de los países más desarrollados, llegando a convertirse en el foco de las principales inversiones extranjeras de la década pasada y las privatizaciones que han acompañado a este proceso como forma de adecuar la institucionalidad nacional a la comercialización del rubro.
Ello ha significado que áreas relacionadas tradicionalmente con los servicios públicos se hayan ido convirtiendo en mercancías, en productos transables. Hoy podemos hablar del mercado de la salud, del mercado de la educación, del mercado de las aguas. Los procesos de privatización y mercantilización del agua y los servicios públicos, lejos de producir una mejor calidad de vida, han significado la progresiva enajenación de estos recursos, alzas exponenciales en las tarifas en forma inconsulta, mayor contaminación y carencias serias de fiscalización. Ya no son derechos universales, sino bienes que entran al mercado y representan una perspectiva de negocios, ya sea para inversionistas chilenos, ya sea para extranjeros, con igual o no menor prerrogativa estos últimos que los primeros.
Es por estas razones que la gran mayoría de los conflictos sociales de la región han tenido como causa las resistencias locales a los procesos de privatización. Y si bien es cierto que en Chile y Argentina ya se ha privatizado gran parte de las aguas, no lo es menos que en Bolivia y en Ecuador, en Brasil y en Uruguay, la comunidad se ha movilizado contra este tipo de medidas.
En este contexto se enmarca esta Consulta-Taller. La consulta busca, en conjunto con organizaciones de Chile y del sur de las Américas, plantear temas de exigibilidad ciudadana en los procesos de privatización de servicios públicos y recursos naturales, en el marco de las negociaciones comerciales y, específicamente, en el caso del agua.
Nuestro objetivo es trabajar transversalmente un tema que comúnmente se trata en forma desarticulada, como es la privatización de servicios públicos y recursos naturales -tomando como base el caso de las aguas- en el contexto de las negociaciones comerciales que se llevan a cabo en la región. Lo hacemos justamente en estos días, en que Chile está suscribiendo el segundo acuerdo de cuarta generación entre la Unión Europea y América Latina.
Recordemos que una de las condiciones que impuso la Unión Europea a los países del Cono Sur para entablar negociaciones comerciales fue el respeto y desarrollo a los derechos integrales de los ciudadanos. No podemos menos que preguntarnos: ¿han respetado las empresas transnacionales de origen europeo, que principalmente han invertido en servicios, estos derechos? El caso de los despidos de EMOS y de Telefónica, son un claro indicador de que ello no ha ocurrido.
Es por ello que propugnamos la necesaria relación entre los temas de comercio, presentes en toda la normativa de los TLC, y los temas de desarrollo social, asociados en particular a los servicios públicos. Este ejercicio lo hemos planteado desde la incidencia y exigencia de participación ciudadana en los distintos espacios en los que estos temas se negocian. También nos basamos en los derechos económicos, sociales y culturales y, particularmente, en la búsqueda de la judicialización de estos derechos.
Creemos que la articulación de los actores que están trabajando sobre estos temas, tanto en Chile como en los países del Cono Sur y la región andina -que han impulsado diferentes formas de trabajar, de hacer conciencia, de frenar los procesos de privatización, de plantearse frente a los derechos ciudadanos- es una acción pendiente, que esta jornada nos permite comenzara a abordar.
Por todo ello, la ACJR, considera imprescindible la constitución de instancias de participación desde el sur de las Américas, que den seguimiento, vigilen y fiscalicen los procesos de negociaciones comerciales y temas internacionales relacionados con la privatización del agua, servicios y recursos naturales. Junto con ello, generar una estrategia nacional y regional tendiente a la articulación de actores y organizaciones sociales, redes y ONGs que intervengan en el tema de la privatización y transnacionalización del agua, servicios y recursos naturales, y en las negociaciones comerciales en curso.
La Consulta Taller se realizó en noviembre del 2002 en el Palacio Ariztía, casa de la Cámara de Diputados, y contó con la participación de representantes de importantes organizaciones sociales de Perú, Bolivia, Ecuador, Argentina, Chile y España. En los dos primeros casos, los delegados socializaron las campañas exitosas que se han llevado a cabo en sus países, posibilitando la reversión de los procesos de privatización de las aguas (caso Bolivia) y de las hidroeléctricas (caso Perú ), gracias a dos elementos comunes en ambos casos: la articulación de vastos sectores sociales, sindicales, de pueblos originarios, y ONGs, con representantes de poder local; la elaboración de propuestas claras, concretas y viables al respecto y el trabajo de cabildeo hacia sectores sensibles del Parlamento, sobre todo en el caso de Bolivia.
Deberíamos añadir que en el caso boliviano, también fue muy importante la coordinación con organizaciones de Estados Unidos, quienes desarrollaron un trabajo de información constante, sobre las acciones de la 'empresa Bechtel contra Bolivia', evidenciando las facultades jurídicas de las empresas transnacionales por sobre los Estados.
El encuentro tuvo tres momentos, uno de los cuales fue el espacio inaugural al que parlamentarios valiosos, como son el senador Nelson Ávila y el diputado Alejandro Navarro, plantearon la exigencia de un mayor presupuesto fiscal y de reponer al Estado sus funciones de bienestar.
Más adelante, el encargado de estudios e investigación de la Alianza expuso un documento titulado Privatización y Transnacionalización de los Servicios en el Marco de las Negociaciones Comerciales en el Cono Sur de las Américas. Este documento, en borrador, es una propuesta a la consulta que ha sido enriquecida con los comentarios del senador Ávila, del diputado Navarro y de los demás panelistas, quienes hicieron contribuciones importantes.
Quisiera, además, agradecer la participación de importantes figuras en la consulta. Me refiero a Tom Cruse, CEDLA, Bolivia; a Luis Saraya, de la CGTP, del Perú; a Omar Fernández, de la Federación de Regantes de Bolivia; a Gregorio Dionis, de SERPAJ Europa/Equipo Nizkor; a Jorge Carpió, de Foco/lderni, Argentina y al líder indígena y hoy día diputado electo de Ecuador, Salvador Quisphe.
La consulta también fue un espacio de interlocución entre estas experiencias, con las de países como Chile y Argentina, donde las privatizaciones ya fueron realizadas, mostrando los tremendos impactos que estos procesos han producido sobre la población, especialmente entre los más pobres, en cuanto a la progresiva enajenación del recurso hídrico.
Por lo tanto, el taller mostró la necesidad de considerar lo heterogéneo de las situaciones y escenarios regionales, tanto en relación a los procesos vividos, en la capacidad de intervención de las sociedades civiles, y el grado de legitimación de las políticas comerciales en los diferentes países, para mencionar sólo algunas variables, a la hora de construir agendas macronacionales (regionales, hemisféricas o globales) frente a estos temas.
La consulta contó con una metodología participativa, con espacios de dialogo entre los participantes, en el que se articularon visiones desde lo local sobre el escenario global, posibilitando una mixtura entre lo local y lo internacional, y entre participantes de diferentes espacios, latitudes y saberes, que permitió arribar a conclusiones recogidas en el 'Protocolo de Santiago'. Por su riqueza, el documento ha sido recogido y suscrito por importantes organizaciones nacionales e internacionales.
Finalmente, a juicio de la ACJR, la Consulta significó un avance significativo en la misión que la red se ha propuesto desde hace varios años: la generación de propuestas alternativas de desarrollo y comercio justo frente a ALCA y OMC, y en la construcción de una agenda para el desarrollo y la integración para ser incorporada en las negociaciones comerciales frente a la agenda corporativa internacional.
La suscripción reciente del TLC entre Chile y Estados Unidos, la 'cesión de soberanía' que significaron los términos del acuerdo, sobre todo en relación a remover los escasos controles que existían en Chile a las inversiones extranjeras, a la vez de la transgresión de los acuerdos de la última reunión ministerial de la OMC en Doha, Qatar, en temas como propiedad intelectual, y lo inconsulto de los compromisos asumidos, reafirma la pertinencia de dichos objetivos.
Con la publicación de esta la Memoria de la Consulta, reiteramos la necesidad de buscar nuevas formas de organización que permitan actuar globalmente ante los conflictos originados por la liberalización y crecientes prerrogativas de las empresas multinacionales por sobre los Estados y las poblaciones de los países que se han ido convirtiendo en verdaderas 'plazas de capital', al servicio del mercado. Y en detrimento de los derechos esenciales de las personas y ecosistemas del sur de las Américas.
La necesidad de integrar tanto en las negociaciones comerciales en curso, como en las reuniones en el marco de Naciones Unidas, las salvaguardias necesarias para garantizar los recursos naturales y la continuidad, regularidad, accesibilidad y calidad en todos los usos del agua. Y el construir caminos de exigibilidad de los derechos básicos para que el conjunto de mujeres y hombres de estas latitudes.
Porque el agua y nuestro mundo no están en venta
Notas:
1. Secretaria Ejecutiva de la Alianza Chilena por un Comercio Justo y Responsable, ACJR, y representante en Chile de la Red Internacional de Género y Comercio, RIGC-Latinoamérica. [Volver]
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© Equipo Nizkor, abril de 2006