Carta a Presidente Aznar de abogados en la acusación popular contra Pinochet Madrid, 19 de julio de 1999 Excmo. Sr. D. José MĒ Aznar Presidente del Gobierno Madrid -------- Excmo. Señor Presidente del Gobierno Nos dirigimos a V.E. en nuestra condición de representantes de Dña. María ALSINA HURTOS, con domicilio en CASTELLO d'EMPURIES (Gerona), hermana del sacerdote D. Joan ALSINA HURTOS, secuestrado, torturado y asesinado por funcionarios bajo el mando de Augusto Pinochet Ugarte, así como de Dña. Josefina LLIDO MENGUAL, con domicilio en Valencia, hermana del sacerdote D. Antoni LLIDO MENGUAL, secuestrado, torturado y "desaparecido" por funcionarios bajo el mando de Augusto Pinochet Ugarte, según consta acreditado en el Sumario que contra el mismo se instruye en el Juzgado Central nº 5 de la Audiencia Nacional de España. Nuestras representadas están personadas en dicho Sumario como acusación particular. Respetuosamente nos permitimos poner en su conocimiento hechos de los que esta representación ha tenido conocimiento leyendo la prensa 1) en reiteradas manifestaciones públicas el Excmo. Sr. D. Abel Matutes, Ministro de Asuntos Exteriores, en particular en su artículo publicado en diario EL MERCURIO de Santiago de Chile el día 11 de este mes de julio, pareciera ofrecer excusas por el hecho de que los Tribunales de Justicia estén investigando la responsabilidad personal de Augusto Pinochet Ugarte en el asesinato del hermano de mi representada y otras dos mil personas, así como en la desaparición de 1.198 personas adicionales identificadas, y en la tortura de cerca del 12% de la población adulta de su grupo nacional, es decir en crímenes contra la Humanidad, 2) la sistemática ausencia en las manifestaciones de D. Abel Matutes de la palabra "crímenes" imputados, como si el procesamiento de Augusto Pinochet levitara sin referencia material ninguna, 3) la sistemática ausencia en las declaraciones de D. Abel Matutes de la palabra "víctimas", como si estas no existieran en la causa judicial y en la conciencia de la opinión pública española e internacional, ni tuvieran derecho a pedir justicia a los Tribunales en crímenes contra la Humanidad, 4) la ausencia en las declaraciones del Sr. Matutes a la "denegación de justicia" en que se encuentran los crímenes señalados, y la consiguiente violación del orden público internacional y de los tratados internacionales pertinentes, tanto multilaterales como bilaterales, 5) la entrega al Gobierno de Chile por D. Abel Matutes de piezas que forman parte del Sumario que instruye en la Audiencia Nacional de España y que son, según la Ley, secretas para terceros. Nos referimos, en particular, a la entrega en la Embajada de Chile de escritos del Ministerio Fiscal que obran en el Sumario, de los que ha trascendido que han sido censurados aquellos en que el Ministerio Fiscal informa favorablemente a la competencia de la Audiencia Nacional, como es el informe que suscribiera el Fiscal adscrito al caso, Ilmo. Sr. D. Javier Balaguer, previa consulta y autorización del Fiscal General del Estado, el Excmo. D. Carlos Granados, criterio afirmado por la Sala de lo Penal en auto firme de 5 de noviembre de 1998, 6) la entrega al Estado de Chile, que no es parte en el procedimiento judicial, de dictámenes sobre este procedimiento del que sí son parte nuestras representadas, elaborados por los servicios del Ministerio de Asuntos Exteriores de España y por expertos externos al mismo. Inquieta que los relatados hechos públicos pudieran ser interpretados como una actitud claudicante del Gobierno de España respecto de actuaciones de un Estado que no es parte en el procedimiento judicial, y que no cesa en su propósito de presionar sobre las diligencias en curso ante los Tribunales españoles. Ello contrastaría con la enérgica defensa que de la Ley y Justicia británicas, y de las leyes penales internacionales que se aplican en este caso, está haciendo el Gobierno de Su Majestad Británica. A modo de ejemplo mencionamos la intervención de Lord Williams of Mostyn y Lord Clinton-Davis en la House of Lords el día 6 de este mes de julio, en respaldo de la actuaciones del Gobierno y Tribunales británico en la persecución de delitos como los de terrorismo, genocidio y torturas por los que está procesado Augusto Pinochet. Como V.E. sabe, también el Congreso de los Diputados de España aprobó por unanimidad, en diciembre de 1997, una moción exigiendo respeto al procedimiento judicial en curso en la Audiencia Nacional, y en tres oportunidades el Parlamento Europeo ha votado otras tantas resoluciones de respaldo al mismo. El respeto de las leyes internacionales e internas al solicitar la extradición de Augusto Pinochet al Reino Unido ha supuesto un incremento del prestigio internacional de la Justicia y del Gobierno de España. Debe preocuparnos a todos el menoscabo de ese prestigio por el lenguaje y silencios del Ministerio de Asuntos Exteriores en este caso. Es por ello que respetuosamente SOLICITAMOS que - tenga por hechas las manifestaciones que preceden, a los efectos de tomar conocimiento de las mismas y adoptar medidas conducentes a que el Gobierno de España otorgue el respaldo internacional debido en defensa de la Justicia española en este caso de crímenes impunes contra la Humanidad, - acuerde que como parte afectada que son nuestras representadas, se nos de traslado, a través de esta representación, de los informes relativos al caso judicial en que estamos ejercitando la acusación particular contra Augusto Pinochet y otros, y que han sido entregados por el Gobierno de España al Estado que defiende la puesta en libertad sin juicio de una persona procesada por crímenes contra la Humanidad. Saluda atentamente a V.E. Manuel Murillo en nombre del equipo de abogados de la acusación particular y popular
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