Informe realizado por Codepu - Valdivia. 03 de marzo de 1999.
SITUACIÓN DE CONFLICTOS EN COMUNIDADES MAPUCHES
1. En la situación actual es posible ver una agudización de los conflictos entre mapuche y empresas forestales, producida por una actitud más decidida de éstos para de enfrentar a estas empresas y a las fuerzas policiales que se han destinado para la protección de las zonas de conflicto.
Las demandas del pueblo mapuche son reivindicaciones históricas al Estado chileno, como es su reconocimiento como pueblo originario y la autonomía que éste debiera acompañar. Pero la constante degradación social, económica y ambiental que viven las comunidades y sus tierras, han puesto urgencia a la búsqueda de soluciones.
Ante el aumento y fuerza que han cobrado las movilizaciones de los mapuche, las autoridades políticas han pretendido reprimirlas usando desmedidamente las fuerzas policiales, apoyando las exigencias de las empresas. Pero, principalmente, intentando ocultar y deformar este nuevo movimiento reivindicativo, generando un escenario apropiado para el despliegue de una estrategia política y represiva que les permita desarticular a las comunidades más activas. Esto, porque los nuevos dirigentes que han surgido de estos conflictos ya que no se prestan para negociaciones y consensos que sólo han dilatado y postergado la solución de los conflictos.
2. El gobierno ha insistido en eludir su responsabilidad al dar a entender que los conflictos son particulares entre comunidades y empresas. Y, en esta situación, su papel ha sido mantener el orden público destinando un amplio contingente policial, que lo que finalmente ha hecho es proteger los bienes y actividades de las empresas.
El gobierno no reconoce la agudización de los conflictos ni a nuevos interlocutores de los mapuche. Al contrario, legitima el actual modelo económico y con ello el desarrollo forestal y energético, base de los actuales conflictos. Para el gobierno los conflictos que surjan de este desarrollo deben resolverse sin entorpecer los proyectos. Y resolver estos problemas debiera ser una función principal de la gestión de la Corporación de Desarrollo Indígena (CONADI), organismo que desde hace tiempo ya no cuenta con legitimidad ante los mapuches, por su papel en el conflicto Ralco.
La formula gubernamental de generar mesas de diálogo y consensos entre las partes en conflicto ya no convence a los mapuches, porque si bien en el terreno el conflicto es con las empresas, en el fondo es con el Estado chileno, ya que es éste el que debe devolver las tierras y reconocer al pueblo mapuche.
3. El sector empresarial, al cual están ligados los principales medios de comunicación del país, intenta convencer a una opinión pública, cada vez más sensible al tema indígena, de que no son ellos los responsables de estos conflictos.
Se ha insistido en generar imágenes de comunidades manipuladas por grupos de infiltrados, afirmando que la actitud violenta que se ve de los mapuche surge como consecuencia de la agitación política de elementos externos ( grupos izquierdistas, extranjeros, ecologistas, terroristas encapuchados y otros). Se magnifica el movimiento indígena y se especula con la nueva actitud asumida por el movimiento mapuche y los enfrentamientos que se han producido, al utilizar términos como "un nuevo Chiapas " o la " Rebelión étnica".
Para los empresarios esta situación de peligro se debe enfrentar con herramientas legales que estén a la altura de la gravedad del conflicto, como la Ley de Seguridad Interior del Estado - ya aplicada en el caso Lumako- y la Ley Antiterrorista, ya solicitada por parlamentarios de derecha. Además del despliegue de amplios contingentes de fuerzas especiales de Carabineros y la acción de los organismos de inteligencia del Estado.
Las empresas forestales dicen no ser causantes de la situación actual y que corresponde al Estado dar una solución. Ello significa la integración de los mapuche al actual modelo neoliberal, o la represión, con el fin de resguardar la inversión y la propiedad privada.
4. Si en algo se parece Chiapas a la Región de la Araucanía es justamente en la marginalidad, pobreza material y un Estado con autoridades que ignoran la realidad y cultura mapuche para el diseño de políticas públicas.
Los conflictos actuales se producen en zonas muy pobres, con comunidades cada vez más arrinconadas por las plantaciones forestales y con pocas hectáreas de terrenos para vivir.
Las Comunidades de Lumako y Traiguén (IX Región) presentan uno de los problemas más graves, ya que no tienen agua y para beber ellos y sus animales deben ser abastecidos por camiones de las municipalidades. Otras comunidades que han aceptado los programa de transferencia tecnológica, han plantado pinos y eucaliptus lo que, sumado a la falta de bosque nativo, sólo han agudizado la degradación ambiental de la zona.
Para los mapuche la situación actual es otra secuencia del proceso desatado por el Estado chileno hace más de un siglo. Con la invasión del territorio mapuche, la imposición de reducciones, la división de las comunidades y la venta de las tierras. Todo reglamentado en leyes indígenas que no reconocen la existencia del pueblo mapuche.
La Ley actual, de 1994, tampoco cumplió las expectativas de las comunidades y ha sido sobrepasada por los últimos acontecimientos actuales; ha sido notoria además, la incapacidad de la CONADI de ser un actor relevante en los conflictos actuales.
5. Las acciones represivas cambiaron su carácter luego de los incidentes de Lumako de diciembre de 1997, hecho en el cual intervino una Comisión de la Sociedad Civil, que integró el Codepu, entre otras instituciones, para exigir el cese de la acciones represivas en la zona. El informe ahí emitido da una caracterización general de la situación de las comunidades de la Novena Región donde se han producido los últimos incidentes. Ralco ha sido el otro conflicto que muestra la actual intervención policial y la actitud decidida de los mapuches y pehuenches de resistir las presiones y represión del Estado.
Resumimos las denuncias que se han presentado en las zonas de conflicto donde el Gobierno ha dispuesto un mayor control policial:
a). Aumento de la dotación policial. El envio de Fuerzas Especiales de Carabineros y de grupos que trabajan en inteligencia política, en los cuales se ha identificado personal de la Policía de Investigaciones. Se instalaron controles carreteros y vigilancia de las comunidades.
b). El uso constante de la violencia innecesaria de las fuerzas policiales. Un hecho de estos ocurrió contra miembros de la comunidad Antonio Ñiripil de Temulemu el 19 de febrero pasado en el aserradero que la comunidad mantenía. Aquí, sin explicación se procedió a destruirlo llevándose la madera, herramientas y el propio aserradero, allanando las casas y golpeando sin discriminar a hombres, mujeres y niños.
Una de las más afectadas fue la "Machi" (autoridad religiosa de la comunidad) MARIA ANCAMILLA NAHUELPI, quien relató: " ese día me encontraba cerca del aserradero cuidando mis animalitos cuando me vieron los Carabineros. Como cinco, me tiraron al suelo golpeándome con palos y patadas diciéndome ‘qué andas haciendo aquí vieja de m...!' perdí el sentido y cuando lo recuperé le dije déjame vivir, no maten , quiero mi vida soy sola. Entonces no me apalearon más". El resultado de la brutalidad policiaca fué: traumatismo encéfalo-craneano, probables fracturas costales múltiples y fractura clavícular izquierda y, una contusión abdominal complicada y hematomas en glúteos y piernas.
En el caso de ADELAIDA PAINEMIL TRANINAO no sólo la golpearon a ella y su familia, sino que le hicieron pedazos puertas y ventanas de su casa y le sustrajeron todas sus herramientas de trabajo, dinero , tres corderos y una yunta de bueyes.
c). El aumento de la contratación de guardias privados por las empresas forestales, los que generalmente son ex-uniformados y lumpen traídos de las ciudades de Santiago o Concepción. Estos actúan como verdaderos grupos paramilitares circulando en vehículos y armados. Existen denuncias contra estos guardias que ejercen un control de la población, deteniendo, registrando y hostigando a los mapuche en caminos públicos e incluso en buses rurales.
Las denuncias registran la acción conjunta de la policía y guardias privados de las empresas forestales, como el hecho de patrullar la zona en camionetas de las empresas forestales y la participación de estos guardias en las acciones represivas de la policía.
6. Los conflictos con empresas forestales, así como la resistencia de las familias pehuenches en Ralco, han forzado a las comunidades a buscar nuevas formas de enfrentar sus demandas contra el Estado chileno. Se han generado nuevas organizaciones (Coordinadoras) y han logrado abrir el conocimiento de su situación a nivel nacional y principalmente a nivel internacional. Con ello su resistencia ha crecido y han respondido a las agresiones de que son objeto.
El gobierno sabe las complicaciones que puede generar enfrentamientos más graves y por ello buscar aislar los grupos más organizados y tomar medidas drásticas, como ha sido el dictar la expulsión de tres extranjeros que apoyaban a los indígenas.
Conflictos con mayor o menor fuerza existen en la VIII Región con Ralco y en Arauco con empresas forestales, en las comunidades de Lumako, Traiguén y Collipulli de la IX Región y, San Juan de la Costa (Provincia de Osorno) y Quellón (Provincia de Chiloé) en la X Región.
Las comunidades y sus actuales dirigentes no pretenden retroceder en la denuncia de su situación social y discriminación actual en la sociedad chilena y lograr la detención de megaproyectos que atentan contra su supervivencia económica y cultural y lograr además, la recuperación de sus tierras. Frente a ello el temor principal de las autoridades es que estas acciones logren imponer una nueva relación que obligue aceptar otras condiciones para la existencia del pueblo mapuche.
Informe realizado por Jorge Abello (Estudiante en práctica. Programa de Investigación), y José Araya (Secretario Ejecutivo Valdivia).
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