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06dic12
Weenhayeks secuestran camioneta de Asamblea por "no pedir autorización"
El hecho ocurrió ayer en una de las comunidades indígenas del pueblo wennhayek asentada en el municipio de Villa Montes, colindante al río Pilcomayo, cuando de manera imprevista secuestraron un vehículo oficial perteneciente a la Asamblea Legislativa Departamental de Tarija (ALDT), ocupada por dos legisladores. Consideran la circulación del motorizado por la zona como una intromisión y falta de respeto a su territorio. A los tripulantes se los dejo ir. Dicen que debieron pedir autorización a las autoridades indígenas, hecho que no habría sucedido, por lo que ahora, mediante una resolución de la Organización de Capitanías Wennhayek y Tapiete (Orcaweta), exigen la presencia del presidente de la ALDT, Justino Zambrana, para que pueda explicar la presencia de los asambleístas en la zona, caso contrario, no devolverán el motorizado.
El capitán grande del pueblo wennhayek, Moisés Sapiranda, lamentó el accionar de los asambleístas suplentes identificados como miembros de la bancada de Camino al Cambio (CC) y Poder Autonómico Nacional (PAN), quienes habrían visitado la zona para realizar una evaluación sobre los gastos del Programa Solidario Comunal (Prosol). "Evidentemente, estamos reteniendo la movilidad de la Asamblea Departamental por mala actitud. Por un lado consideramos que los pueblos originarios deben ser respetados. Según la Constitución Política del Estado, existe capitanía que está a cargo de mi persona", aclaró.
Recordó que cada pueblo originario se rige bajo normas internas consensuadas por los mismos indígenas, organizados por un líder denominado capitán, a quien, según Sapiranda, los visitantes deben solicitar un permiso para adentrar a lo que ellos denominan su territorio. "Quiero declarar a través de la prensa a nivel departamental que esta acción de los asambleístas es una intromisión a nuestros reglamentos, es por eso que mi gente inmediatamente detuvo el vehículo porque se vieron sorprendidos ante el recorrido que realizaba", informó.
La asambleísta Ana María León (PAN), suplente de Freddy Vaca de Villa Montes, y un legislador de CC, de quien se desconoce su identidad, serían las dos autoridades legislativas que habrían estado al interior del vehículo.
Visita política
Para Freddy Cortez, dirigente del pueblo wennhayek, el tránsito del vehículo que actualmente permanece secuestrado en la sede de Orcaweta con asambleístas a bordo, obedece a que éstos habrían ido a la zona con intenciones políticas de dividir al pueblo indígena, lo que provocó molestia en las bases. "Los asambleístas vienen con la intención de dividirnos, esa fue la molestia de nuestros compañeros, porque sabemos que los villamontinos están divididos con respecto a sus autoridades del Comité Cívico, pero también hizo falta la consulta para que el vehículo recorra nuestro territorio, lo que vulnera nuestro sistema orgánico", dijo.
Repercusiones
Ante esta situación, el asambleísta departamental Johnny Torres (CC) refutó a Sapiranda indicando que no amerita solicitar permiso alguno para circular por la zona indígena, tildando de equivocada la aseveración de la autoridad originaria. "No hay necesidad de pedir permiso para circular por su pueblo, es como si yo le solicitaría permiso para que él camine por Tarija. No deberían haber retenido la camioneta de la Asamblea Departamental por simple y llanamente no contar con un permiso de circulación", señaló.
Asimismo, el asambleísta departamental José Amás (PAN), al igual que Torres, dijo que es reprochable la aseveración de Sapiranda con respecto al permiso para circular por la zona, por la razón que sea. Consideró un abuso de autoridad por parte de los representantes de la Orcaweta. "Es un abuso por parte de este ciudadano que a título de ser líder indígena, paraliza y bloquea de manera caprichosa con acciones totalmente prepotentes dejando de lado el diálogo, por lo cual repudiamos este tipo de acciones. Retener un vehículo oficial no es correcto", enfatizó.
Amás lanzó duras críticas por el accionar de los wennhayeks, calificando de insólito y reprochable tal situación. Reveló haber tenido varios conflictos con la oposición de dicho pueblo indígena a la que muchas autoridades llaman la "Republiquita Rebelde". "Los indígenas se oponen al desarrollo económico del departamento con instalación de gas domiciliario. Ya basta, parece que vivieran un país aparte. Ellos viven en un departamento y deben manejarse a la misma altura. Deben moderarse o ¿qué quieren? una bolsa de coca o algún canastón para que transitemos por su zona, ¡por favor! es territorio boliviano", dijo.
Vehículo sin autorización
El asambleísta del PAN reconoció que el vehículo retenido pertenece a la bancada del PAN, pero que el mismo no tendría ninguna autorización para uso del mismo. Señaló que la legisladora suplente Ana León actuó de forma irresponsable con bienes del Estado por lo que podría ser procesada penalmente, mismo que estaría contemplado en faltas estipuladas en la Ley Marcelo Quiroga Santa Cruz.
Hasta el cierre de la presente edición el vehículo de la ALDT continuaba retenido por los indígenas.
Guaraníes exigían pago de "servidumbre de paso"
Dirigentes indígenas guaraníes de la zona Itika Guasu, asesorados por la ONG Nizkor, que opera en España y Bélgica, hicieron saber el año 2011 que las autoridades departamentales o municipales de Entre Ríos no podían hacer intervenciones o inversiones en su región sin previa autorización de sus mandos dirigenciales.
El caso cobró notoriedad cuando Nizkor y la dirigencia de la Asamblea del Pueblo Guaranía (APG) Itika Guasu propusieron a Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) Transportes, un proyecto de convenio mediante el cual intentaron cobrar tres tipos de "servidumbre" a YPFB para tender un gasoducto que pasaba por la zona.
El proyecto, que no llegó a firmarse, asemejaba a la APG IG como un "Estado" negociando con YPFB para la construcción del gasoducto, según alertaron en ese momento expertos en el tema.
Esa misma ONG y la APG IG firmaron el año 2011 un acuerdo con la transnacional Repsol, en virtud del que ésta constituyó un fondo de inversión de 14,8 millones de dólares, el que es administrado por el Banco do Brasil, y cuyos rendimientos, estimados en unos 140 mil dólares mensuales, benefician a esa APG. El gobierno y las autoridades nacionales no conocían el documento.
La APG IG no se opuso a la construcción del gasoducto Juana Azurduy, que permitió a Repsol incrementar las exportaciones de gas rico en licuables a Argentina. Otra APG, en la zona de Yacuiba, se opone a la construcción de la Planta Separadora del Chaco, destinada a extraer los licuables del gas exportado a Argentina, cuyo valor está estimado en 1.000 millones de dólares anuales.
[Fuente: El País, Tarija, 06dic12]
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