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08may09
El Gobierno infiltró la célula de Rózsa hace unos cuatro meses
Autoridades del Gobierno conocieron con precisión y detalles las actividades de la supuesta célula terrorista el 2 de febrero, a través de un informe de Inteligencia elaborado con base en datos ofrecidos por Ignacio Villa Vargas, alias el “Viejo”, quien se infiltró en el grupo por lo menos desde enero.
Dos integrantes de la comisión formada por la Cámara Baja, para investigar el caso, confirmaron la versión e incluso expresaron sus sospechas en torno a la posibilidad de que el boliviano-croata Mario Tádic Astorga, actualmente recluido en el penal de San Pedro, y Alcides Mendoza Mazabi sean otros informantes de los organismos de seguridad.
El primero dijo que “es así, en el informe hay referencias a Villa”, y el segundo confirmó que “el documento se basa en datos proporcionados” por esa persona.
Entre el 2 de febrero y el 16 de abril, los movimientos del grupo dirigido por Eduardo Rózsa fueron seguidos atentamente por efectivos de Inteligencia desplazados desde la ciudad de La Paz.
Según declaró en su momento el vicepresidente Álvaro García, el miércoles 15 de abril por la noche, el presidente Evo Morales dio la orden de intervenir poco antes de viajar a Venezuela y Trinidad y Tobago en misión oficial.
Horas más tarde, efectivos de la Unidad Táctica de Apoyo y Reacción (UTAR) y del Grupo Delta, llegados desde La Paz, irrumpieron en el cuarto piso del hotel Las Américas.
La acción concluyó con las muertes de Eduardo Rózsa Flores (boliviano-croata-húngaro), Micheal Dwyer (irlandés) y Árpád Magyarosi (húngaro-rumano), en tanto que Tádic Astorga y el rumano-húngaro Elöd Tóásó fueron capturados vivos.
Ignacio Villa Vargas, conocido como el “Viejo”, formaba parte de un grupo de apoyo a la célula irregular en el que también figuraban Juan Carlos Gueder Bruno y Mendoza Mazabi, quienes eran proveedores de armas de fuego, como consta en el reporte de Inteligencia puesto en conocimiento del Palacio.
El testigo “clave” de la Fiscalía prestará esta tarde sus declaraciones ante el juez Álvaro Melgarejo y el lunes lo hará ante la comisión investigadora de la Cámara de Diputados, en una audiencia de anticipo de prueba.
Villa Vargas, de 50 años, padece diabetes en grado terminal, por lo que el Ministerio Público desea que presente su testimonio lo antes posible, pues es tan delicada su condición que puede morir en cualquier momento.
El presidente de la comisión investigadora de Diputados, César Navarro, informó ayer que se espera recibir la autorización de la Fiscalía para que el testigo responda al interrogatorio de los parlamentarios. “Necesitamos que se encuentre en las mejores condiciones físicas, pues la sesión durará al menos unas siete horas. Debe estar en condiciones de soportar todas las preguntas que le haremos”.
A su turno, el diputado opositor Bernardo Montenegro dijo: “Estamos a la espera de que se nos dé el lugar y la hora para la declaración del señor Villa. Estamos también a la espera de poder confirmar la presencia de un traductor para la visita nuevamente a la cárcel de San Pedro con el señor Elöd Tóásó, y con esto estuviéramos concluyendo una primera etapa que son todas estas declaraciones que se planificaron, para pasar a una segunda etapa, en la cual se estaría ya convocando a algunas autoridades nacionales. Inicialmente se haría con la Policía para que presten un informe claro de qué es lo que ha pasado”.
Montenegro hizo referencia al uso excesivo de la fuerza durante el operativo del 16 de abril que concluyó con la muerte de tres presuntos mercenarios.
La supuesta violación de los derechos humanos en que habían incurrido los uniformados durante ese operativo y en el traslado de los dos unionistas a La Paz causaron críticas.
La defensa del húngaro Elöd Tóásó anunció una ofensiva internacional para denunciar los malos tratos infligidos a su cliente, quien fue interrogado en inglés, un idioma que no maneja correctamente.
El equipo de apoyo
El diputado oficialista César Navarro, quien preside la mencionada comisión investigadora, explicó que “no se descarta” que el grupo operativo de apoyo compuesto por Gueder Bruno, Mendoza Mazabi y Villa Vargas “tenga otros integrantes”, pues aún no se “cerró el ciclo de la averiguación de la verdad”.
Navarro dijo que se espera tomar las declaraciones a Ignacio Villa Vargas y al rumano-húngaro Elöd Tóásó para concluir la primera fase y elaborar las conclusiones del trabajo desarrollado, hasta ahora, por el equipo parlamentario investigador del supuesto terrorismo.
Gueder Bruno y Villa Vargas eran parte del equipo de seguridad de la Unión Juvenil Cruceñista (UJC) durante las movilizaciones cumplidas con motivo del referéndum autonómico y las movilizaciones de agosto y septiembre del año pasado, que el Gobierno calificó como un intento de “golpe de Estado cívico-prefectural”, que se tradujo en diversos actos de violencia, como la toma de instituciones públicas, el saqueo de éstas y agresiones físicas al ex comandante departamental de la Policía coronel Wilge Obleas.
El primero de los aprehendidos es conocido como “Capitán Bruno”, no por haber sido militar, como se informó en algún momento, sino porque es pescador en los ríos del Beni, donde es propietario de una embarcación y vende su producción a proveedores locales en los mercados de Santa Cruz de la Sierra.
Villa Vargas no tiene ocupación definida, posee un amplio prontuario y fue interno, en al menos tres oportunidades, del penal cruceño de Palmasola.
Mendoza Mazabi, de acuerdo con sus declaraciones, fue reclutado por Áñez Rivera y fue él quien entabló contacto con Gueder Bruno para que provea armas de fuego a Eduardo Rózsa.
Mendoza Mazabi fue calificado por Gueder Bruno como “soplón”, cuando fue entrevistado por los periodistas, dos días después de su aprehensión.
El “Capitán Bruno” fue detenido en un operativo policial el martes 28 de abril y conducido a La Paz por tierra, en cuyo trayecto denunció haber sido sometido a torturas y maltratos.
Mendoza Mazabi fue detenido sin grandes aspavientos y conducido a La Paz en mejores condiciones, aunque igualmente maniatado y con los ojos vendados con cinta masking.
“Me acusan de terrorismo, pero mi delito fue vender un arma artesanal a Eduardo Rózsa en 1.000 dólares”, dijo Gueder, mientras Mendoza se negó a responder las consultas de los reporteros en la Fiscalía.
Raúl Corro, defensor de los dos unionistas, descartó, sin embargo, la posibilidad de que uno de sus clientes hubiese delatado a sus camaradas.
Entretanto, los diputados opositores Bernardo Montenegro (Poder Democrático y Social) y Peter Maldonado (Unidad Nacional) expresaron sus dudas sobre las razones por las que Tádic no fue agredido ni golpeado durante el operativo policial.
Maldonado declaró a los medios sus sospechas en torno a la actitud de Tádic Astorga, mientras que Montenegro se preguntó por qué la pieza ocupada por el boliviano-croata no presenta destrozo alguno.
Mientras Elöd Tóásó presentaba golpes en diversas partes del cuerpo, Mario Tádic dijo haber recibido algunos golpes, durante el procedimiento que derivó en su arresto.
Cuatro presuntos financiadores salieron del país
Se confirmó ayer que cuatro de los cinco presuntos integrantes del grupo de financiadores de la milicia están fuera del país: Alejandro Melgar, Hugo Antonio Achá Melgar, Luis Alberto Hurtado Vaca y Lorgio B. A., conocido como “Yoyo”; en tanto que el general en retiro Lucio Áñez Rivera permanece en Santa Cruz en espera de prestar sus declaraciones.
Melgar es uno de los árbitros conciliadores de la Cámara de Industria, Comercio, Servicios y Turismo de Santa Cruz (Cainco) y delegado de la Cámara Agropecuaria del Oriente (CAO) ante el Directorio del Instituto Boliviano de Comercio Exterior (IBCE).
Achá, quien actualmente se halla en Estados Unidos, es analista político y presidente de la Human Rights Foundation (HRF) en Bolivia.
Hurtado Vaca pagó alrededor de 60.000 bolivianos por unos 70 días de hospedaje de los siete integrantes originales del grupo y recabó la factura a su nombre y con el número de su cédula de identidad (2818155). Es miembro del Consejo de Vigilancia de la telefónica cruceña Cotas.
Lorgio B. A. fue durante unos diez años gerente del Comité pro Santa Cruz y propietario de tres emisoras radiales en la capital cruceña. Se encuentra fuera del país pues cursa una maestría.
El único integrante de este núcleo que reside en Santa Cruz es el militar en retiro Lucio Áñez Rivera, quien será interrogado el lunes por el Fiscal.
Marcelo Soza, representante del Ministerio Público paceño, viajará el lunes a Santa Cruz, pues Áñez Rivera no puede trasladarse a la sede del Gobierno por razones de salud.
El militar en retiro no puede ser imputado a causa de su edad y, por ende, tampoco ser detenido.
Uribe pide discreción
El fiscal general del Estado, Mario Uribe, recomendó ayer al director funcional de la investigación sobre terrorismo, Marcelo Soza, que al formular declaraciones sobre el avance de su labor no lesione los derechos de las personas presuntamente involucradas con el grupo encabezado por Eduardo Rózsa Flores.
Si bien la principal autoridad del Ministerio Público no prohibió a Soza revelar los alcances de su labor, le pidió que no dañe a gente que puede resultar inocente y que es mencionada en sus testimonios, lo que puede ser motivo de problemas.
Uribe recordó que se debe resguardar el principio de presunción de inocencia de los ciudadanos, que está consagrado por la Constitución vigente en el país, y que no se debe dañar la honorabilidad de las personas.
Uribe recomendó a Soza que tampoco ponga en peligro el curso de la investigación que lleva adelante.
Después de conocerse esas instrucciones, circuló anoche una versión en sentido de que Soza había decidido apartarse del caso por esa razón; sin embargo, dos colaboradores directos del representante del Ministerio Público desmintieron, cada uno por su parte, esa información y aseguraron que el director de las indagaciones correspondientes se mantendrá al frente del caso abierto el jueves 16 de abril.
“Un campo de concentración”
El jurista y presidente del Colegio de Abogados de La Paz, Bernardo Wáyar Caballero, puso ayer en duda los supuestos actos de terrorismo indagados en Bolivia y pidió la intervención de policías extranjeros especializados en investigaciones de este tipo de casos.
“Se debería permitir la incorporación de la policía extranjera experta en terrorismo para que se descubra la verdad material y para que se deje la investigación política, ni siquiera el Congreso Nacional debería ingresar en la investigación de este tema”.
Aseguró que la ciudad de La Paz se está convirtiendo nuevamente en un campo de concentración política, porque todas las personas involucradas con la supuesta célula terrorista desarticulada en Santa Cruz de la Sierra son trasladadas hasta la sede del Gobierno para ser sometidas a investigaciones.
“La Paz se constituye otra vez en un campo de concentración política, cuando la Constitución y convenios internacionales señalan que el lugar de investigación es el lugar del hecho, es decir, Santa Cruz, por eso esto debería reencauzarse”.
Wáyar hizo referencia de esa manera a la situación de Mario Tádic Astorga (boliviano-croata) y Elöd Tóásó (rumano-húngaro), capturados con vida la madrugada del jueves 16 de abril en el hotel Las Américas, de Santa Cruz de la Sierra, además de los integrantes de la Unión Juvenil Cruceñista (UJC) Juan Carlos Gueder Bruno y Alcides Mendoza Mazabi, capturados la tarde del martes 28 de abril en esa misma capital departamental. Las cuatro personas fueron trasladadas a La Paz en medio de estrictas medidas de seguridad.
Los dos primeros permanecen recluidos en aislamiento completo en el penal de San Pedro, en la sede del Gobierno; en tanto que se espera que en cualquier momento los dos últimos sean llevados de regreso a Santa Cruz para cumplir un arresto domiciliario.
Militares dirigen tránsito y hay temor en Santa Cruz
Sorpresivamente, ayer al mediodía los conductores que circulaban por el segundo anillo se toparon con un nutrido grupo de efectivos de la Policía Militar (PM) que asumieron la tarea de los policías de Tránsito para dirigir el tráfico, lo que despertó susceptibilidad en la población acerca de una posible militarización de Santa Cruz, en represalia por el supuesto caso de terrorismo.
A los cuatro costados de las intersecciones, incluso donde hay semáforos, los uniformados realizaban las señas respectivas para dirigir el tráfico.
“Parece que intentan militarizar la ciudad y meternos miedo por todo lo que está ocurriendo con los líderes de la región”, expresó Jorge Moreno, un chofer que circulaba por el segundo anillo, con dirección a la avenida Tres Pasos al Frente.
“Quieren amedrentarnos para que nos callemos y por eso sacan militares a las calles”, refirió Gonzalo Flores, un taxista que transitaba, al mando de su vehículo, por la avenida Alemania.
En la Octava División de Ejército no suministraron información; sin embargo, algunos oficiales, que prefirieron no identificarse, aclararon que sólo se trataba de prácticas en la calle que forman parte de la instrucción militar.
El director de Tránsito, Jorge Águila, explicó que recibió un pedido del comando de la Policía Militar para que colabore con su gente cediendo el horario de las 11.00 hasta las 14.00 en todas las rotondas y cruces del segundo anillo.
“Los policías se desplazaron a las intersecciones más conflictivas situadas en el tercer y cuarto anillo, pero no descuidamos el segundo anillo y dejamos un efectivo en cada cruce”.
Un analista, que pidió guardar su identidad en reserva, sostuvo ayer que la capital cruceña se ha convertido en un hervidero de rumores sobre nuevas detenciones y acusaciones. En ciertos niveles existe un sentimiento de continua persecución que comenzó a sentirse cuando el Gobierno desplazó tropas hacia las fronteras con Brasil y Paraguay desde una unidad militar asentada en la zona de Cotapachi, Cochabamba.
La estructura del grupo irregular
NOMBRE FUNCIÓN SITUACIÓN
- Alejandro Melgar Pereyra Presunto financiador Autoexiliado
- Hugo Antonio Achá Melgar Presunto financiador Autoexiliado
- Lorgio B. A. Presunto financiador Fuera del país
- Luis Alberto Hurtado Vaca Presunto financiador Prófugo
- Eduardo Rózsa Flores Presunto mercenario Fallecido
- Micheal Dwyer Presunto mercenario Fallecido
- Árpád Magyarosi Presunto mercenario Fallecido
- Mario Tádic Astorga Presunto mercenario Detenido
- Elöd Tóásó Presunto mercenario Detenido
- Daniel Gaspar Presunto mercenario Desaparecido
- Gabor Dudog Presunto mercenario Desaparecido
- Juan Carlos Gueder Bruno Presunto colaborador Arrestado
- Alcides Mendoza Mazabi Presunto colaborador Arrestado
- Ignacio Vaca Villa Presunto colaborador Oculto
- Carlos Guillén Presunto apoyo En libertad
LA CÉLULA IRREGULAR poseía tres niveles que la Fiscalía ha logrado descifrar. Un grupo de financiadores, el núcleo paramilitar que se aprestaba a defender al departamento y la ciudad de Santa Cruz. Un tercer nivel contaba con enlaces y colaboradores.
CARLOS GUILLÉN acudió voluntariamente a la Fiscalía para prestar declaraciones y aclarar que vendió a Germán Aguilera Roca, uno de los alias de Eduardo Rózsa, un vehículo y se aprestaba a venderle una propiedad periurbana perteneciente a su madre. Es representado por el abogado Mauricio Ortiz.
Resumen
Ignacio Villa es uno de los delatores. Dio información al Gobierno desde enero.
La oposición sospecha que Alcides Mendoza puede ser otro de los informantes del Ejecutivo.
Mario Tádic no fue agredido, su pieza estaba en orden. Eso llama la atención de algunos.
Petición de informe
El ministro de Gobierno, Alfredo Rada, comparecerá el martes ante el Senado.
Deberá explicar los alcances del operativo desarrollado el 16 de abril en Santa Cruz.
[Fuente: La Prensa, La Paz, 08may09]
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