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22ago11
Sectores rechazan la injerencia y piden iniciar control a ONG
La CONALJUVE se declara en emergencia y el CONAMAQ desconoce a Rafael Quispe
Tras las denuncias del presidente Evo Morales sobre la injerencia norteamericana y de las ONG en la VIII Marcha Por la Defensa del Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro Sécure (Tipnis), sectores sociales rechazan la intervención y exigen control sobre el ejercicio de las ONG en el país.
Con documentos en mano, Morales denunció que Rafael Quispe, dirigente del Consejo Nacional de Ayllus y Markas del Qullasuyu (Conamaq), Adolfo Chávez, ejecutivo de la Confederación de Pueblos Indígenas de Bolivia (Cidob) y su esposa Roxana Marupa Tórrez de Chávez, además del diputado beniano Pedro Nuny, sostuvieron conversaciones telefónicas con Eliseo Abelo, asesor indígena de la embajada de Estados Unidos, entre junio y agosto.
Por la evidencia del extracto de llamadas, el mandatario sospecha que los contactos tienen que ver con los móviles de la marcha iniciada el 15 de agosto por los pueblos indígenas al mando de la Cidob.
“Es sospechosa la comunicación, más cuando los hermanos no quieren sentarse a dialogar. ¿Cuál sería la intención de no sentarse a dialogar bajo la convocatoria del Gobierno?”, señaló el secretario ejecutivo de la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (CSUTCB), Roberto Coraite.
Dijo que las actitudes de los líderes indígenas dan a pensar que “al margen de las demandas hay otros intereses, a los cuales están obedeciendo”. El dirigente reiteró que considera que hay una campaña declarada contra el Gobierno, especialmente para perjudicar las elecciones judiciales que se avecinan. “Es un mecanismo de boicoteo”, señaló.
Sobre Rafael Quispe, Coraite consideró que se encuentra en un proceso de “precampaña”. “Los compañeros del Conamaq han declarado muchas veces que tienen que gestar un nuevo liderazgo para que en las próximas elecciones vayan con propio candidato, creo que es lo que está haciendo (Quispe)”, agregó.
Interpelación
Junto a la denuncia realizada a través del canal estatal, el presidente Morales pidió que el canciller David Choquehuanca convoque a la embajada de Estados Unidos para que explique “qué hacen en la marcha, (porque) tienen que informar qué hacen”, señaló el mandatario.
Sobre este requerimiento, la CSUTCB apoya la determinación que se realice para acabar con la injerencia política de los Estados Unidos.
“Todo apoyo a los pobres, a las organizaciones sociales, a los campesinos no viene para promover marchas ni movilizaciones, sino viene a apoyar el desarrollo. Por lo tanto, cualquier apoyo a una marcha es injerencia política y creo que está en todo el derecho la Asamblea Legislativa Plurinacional de interpelar a cualquier país cooperante”, señaló Roberto Coraite.
Por su parte, Gregorio Choque, jiliri apu mallku de la Nación Qhapaq Umasuyu del Consejo Nacional de Ayllus y Markas del Qullasuyu (Conamaq), rechazó la dirigencia y la credibilidad de Rafael Quispe.
“El Conamaq nacional hace rato ha desconocido a Quispe y no es autoridad. Él es de la provincia Pacajes y ni siquiera los de su provincia lo apoyan. El sector campesino, las hermanas ‘Bartolinas’ y todos los sectores lo han desconocido”, dijo.
Lamentó que Quispe “esté al servicio de un partido de la derecha oligárquica”. La denuncia de llamadas entre Quispe y la embajada demuestra que se ha convertido en “un peón de Estados Unidos”.
El castigo para Quispe por traicionar el proceso es el desconocimiento de las bases. “Quispe ya no es reconocido como dirigente y ni siquiera como base”, añadió.
A su turno, Efraín Chambi, presidente de la Confederación Nacional de Juntas de Vecinos (Conaljuve), lamentó que “algunos dirigentes de la Cidob estén siendo manipulados y estén ejerciendo una actitud intransigente e irracional”
Chambi anunció que la Conaljuve se declara en “emergencia” y empezará a identificar responsables del conflicto. “Identificamos a las ONG’s que están haciendo de este tema un conflicto social”, señaló.
Además, explicó, que la Conaljuve identificó “la participación con recursos de parte de los partidos políticos tradicionales y de algún sector como el Movimiento Sin Miedo que está participando en la movilización, tanto como el gobernador de Trinidad y el Comité Cívico”.
Hay un trasfondo político y no es defensa del medio ambiente, dijo.
Piden leyes claras para controlar las actividades de las ONG
El secretario ejecutivo de la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (CSUTCB), Roberto Coraite, anunció que solicitará una normativa para transparentar actividades de las ONG.
“Nos están obligando a que esto sea mucho más transparente. Nosotros vamos a plantear una propuesta de normativa, si fuera por decreto o por ley se tiene que transparentar todos los recursos que entran, en qué se utilizan y para qué”, señaló Coraite.
Consideró que si hay un registro “no se utiliza”, por lo que se debe empezar a gestionar una norma más rigurosa para controlar.
“Estamos viendo una injerencia absoluta de las ONG, apoyada con ambientalistas, con demagogos que están abusando de la buena fe de los indígenas. Sus opiniones nos dicen que quieren para los hermanos indígenas que se mantenga su situación como está, no quieren que lleguen los servicios básicos ni la presencia estatal. La pobreza se ha convertido en una veta de oro para sus fabulosos sueldos”, añadió.
Por su parte, Efraín Chambi, presidente de la Confederación Nacional de Juntas de Vecinos (Conaljuve), considera que las ONG que están en la movilización demostraron que “buscan desestabilizar el proceso”.
[Fuente: Cambio, 22ago11]
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