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08nov18
Denuncia contra los hermanos Cocarico
Podríamos empezar este editorial señalando que, idealmente, un escándalo de este tipo debería derivar indefectiblemente en la renuncia del Ministro. Pero ahora, en estos tiempos y en el país, claramente eso no ocurre, y por el contrario las autoridades tienden a proteger a los acusados y sospechosos.
El ministro de Desarrollo Rural y Tierras, César Cocarico Yana, admitió mediante un comunicado que conocía desde el año pasado que se ventilaba un proceso penal contra su hermano, Rogelio Cocarico Yana, acusado de haber pedido 600 mil dólares a la comunidad menonita de Río Negro, en Santa Cruz, para facilitar la legalización de sus terrenos, que tienen una extensión de 23.000 hectáreas.
“Personalmente, en 2017, recibí una nota escrita denunciando discriminación del INRA, pidiéndome que interceda en esta supuesta injusticia y advirtiéndome al final que tienen un proceso penal contra mi hermano, ahora con detención preventiva”, expresó el Ministro. Pero no hizo nada al respecto y el caso siguió su curso. Y no hay señales de que el presidente Evo Morales le pida la renuncia.
Según la denuncia, el hermano del Ministro y su supuesto cómplice, Percy Huaricoma, contactaron a la comunidad menonita para ofrecerle sanear sus tierras. De los 600 mil dólares exigidos, les fueron entregados 200 mil, y cuando su promesa no se cumplió, los afectados los acusaron penalmente. El hermano del Ministro está detenido en Palmasola.
Diputados opositores y abogados de los menonitas acusan al ministro Cocarico de haber formado una organización delictiva, destinada a ejercer presiones y chantajes, cobrar sobornos y hacer tráfico de tierras. La situación se agrava puesto que el Estado compra arroz, leche y semillas a la colonia menonita, lo que le da un rasgo de legalidad de facto a la misma.
Los diputados opositores señalan que otros dos primos de los hermanos Cocarico, que son Orlando Achu Cocarico, Jefe de Unidad de Producción Agropecuaria, Agroforestal y Pesca, y Édgar Yana Chambi, que trabajó por un tiempo en el INRA en una de las direcciones de esa entidad, son parte de la supuesta red.
Se sospecha que una red de corrupción, en la que estarían involucrados funcionarios del INRA y de la Autoridad de Bosques y Tierras (ABT), autoriza asentamientos irregulares en áreas forestales y territorios indígenas.
El asambleísta departamental de Cochabamba Freddy Gonzales denunció una situación paralela y dijo que el INRA decidió “sanear” tierras del Parque Tunari de Cochabamba, pese a su rasgo de área protegida. Estos casos, como muchos otros, quedarán seguramente en la impunidad.
[Fuente: Página Siete, Editorial, La Paz, 08nov18]
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