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07ene20
Caso terrorismo: jueza dice que Gobierno pagaba y dirigía el voto
El Ministerio de Gobierno pagaba los viajes de los integrantes del Tribunal Primero de Sentencia del caso terrorismo, como lo reveló Sonia Mamani Vargas, una de las dos juezas ciudadanas. Cansada de los abusos que sufría, presentó su renuncia irrevocable y reveló que los abogados de ese ministerio la obligaban a votar en la línea que favorecía al gobierno de Evo Morales.
"En algunas ocasiones cuando el juez presidente (Sixto Fernández) nos consultaba para votar y yo quería expresar un voto diferente a la mayoría, él me indicaba que no podía votar así, que debía votar siempre como indicaban 'los que te están pagando', o en ocasiones nos decía que la instrucción de cómo votar 'venía desde arriba'", reveló Mamani en el tercer punto de su carta de renuncia, la que fue leída en la audiencia suspendida que se instaló en Santa Cruz ayer.
"Con el paso del tiempo y fruto de mis propias indagaciones comprendí que quien pagaba los viáticos era el Ministerio de Gobierno", señala en el punto cinco de los ocho expresados en el documento del 3 de enero.
El denominado caso terrorismo se abrió luego del asalto al Hotel las Américas de la ciudad de Santa Cruz el 16 de abril de 2009, cuando perdieron la vida Eduardo Rózsa Flores, Michael Dwyer y Arpad Magyarosi, miembros de un supuesto grupo terrorista. Por el caso se procesó a 39 personas, la gran mayoría opositoras al gobierno de Evo Morales.
Los abogados del militar en retiro Gary Prado Salmón, Otto Ritter y Gary Prado Aráuz, anunciaron que, a raíz de las revelaciones de la jueza Mamani, presentarán una denuncia penal en contra de tres exministros de Gobierno de la gestión del MAS: Carlos Romero, Hugo Moldiz y Jorge Pérez, además del juez Fernández.
Prado Aráuz señaló a Página Siete que los delitos cometidos presuntamente por los exministros son malversación agravada, uso indebido de influencias, daño económico al Estado y asociación delictuosa. Afirmó que la institución que debía pagar los gastos por traslado y viáticos de los jueces ciudadanos era el Consejo de la Magistratura, pero en más de siete años de juicio lo hizo el Ministerio de Gobierno.
Detalló que luego del cambio de Gobierno, ya no hay quién pague los pasajes de traslado de La Paz a Santa Cruz y ante tal situación, sumada a la renuncia de Mamani, el tribunal debe desintegrarse y el caso pasar a conocimiento de otro tribunal para que vuelva a comenzar.
La carta de Mamani fue leída pero al no estar presentes varios miembros del tribunal, ni los abogados del Ministerio de Gobierno, la audiencia será reprogramada y ahí se definirá el curso del juicio.
En su memorial, Mamani reveló que debido a su viudez, por cuidar a sus hijos y no perjudicarse en su trabajo renunció en varias oportunidades al caso, pero el juez Fernández y el abogado del Ministerio de Gobierno, Filemón Sandóval, la amenazaban con procesos y con cobrarle todos los pagos por viáticos y hoteles.
Texto de la renuncia
Cobros: Sonia Mamani Vargas fue elegida en 2012 como jueza ciudadana por el caso de supuesto terrorismo. Reveló que el juez Sixto Fernández le dijo: "Si renuncias, te van a cobrar todo el dinero que te han entregado".
Presión: "Este juicio y el tribunal se han constituido para condenar a las personas, sean o no culpables", sostiene Sonia en su carta de renuncia. "Me cansé de ser presionada, amenazada, controlada y manipulada por el juez Fernández, por la jueza técnica Elena Gemio y los abogados del Ministerio de Gobierno (...) Corresponde a la Fiscalía determinar quiénes son los responsables de este manejo doloso", termina su carta.
[Fuente: Por Carlos Quisbert, Página Siete, La Paz, 07ene20]
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