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23dic14
En mi defensa y por los derechos fundamentales
En primer lugar quiero agradecer por la solidaridad de todos las personas que se han comunicado conmigo o se han manifestado públicamente expresando su buena voluntad y adhesión tras las declaraciones del Sr. Ministro de Salud, Juan Carlos Calvimontes, en el marco del Juicio que me sigue la bancada del MAS a la cabeza de mi amigo el Senador Eugenio Rojas.
Debo recordar a la población que el 7 de diciembre del presente año el Vicepresidente del Estado Lic. Alvaro Garcia Linera, manifestó a los medios de prensa: "He pedido al Ministro de Salud que explique la situación real de la salud del magistrado…". Esta orden se concretó el día ayer, con las declaraciones del Ministro de Salud, con las cuales afectan mi derecho a la intimidad, al honor, a la confidencialidad y a la reserva de información. El proceder del señor Calvimontes se constituye en una acción calificada como delito por nuestro ordenamiento jurídico y en faltas graves a la ética médica. No puedo olvidar que el Ministro de Salud es médico.
El Defensor del Pueblo, la Asamblea Permanente de Derechos Humanos, el Colegio Médico de Bolivia y otras instituciones han coincidido y denunciado las violaciones cometidas este 22 de diciembre, un día marcado como en el que se violado a un derecho fundamental de la persona, cualquiera que sea ella.
Lo ocurrido contra mi persona y mi condición de salud es una muestra de una política gubernamental, promovida por las más altas autoridades del país. No es un acto aislado, es una política institucionalizada basada en infundir el miedo, en la búsqueda de la destrucción de la persona humana, al margen de su cargo o de sus ideas. Como se ha dicho en las últimas horas, el debido proceso incomoda al gobierno, que busca el ataque sin respetar la ley y la dignidad de los ciudadanos. Si esta actitud se da con un Magistrado del Tribunal Constitucional Plurinacional, qué pueden esperar los demás ciudadanos. Si este ataque lo hace el Ministro de Salud, qué podemos esperar del personal que está sujeto a órdenes superiores. Si la instrucción viene desde la propia Presidencia y del Vicepresidente del Estado, cabeza de la Asamblea Legislativa y responsable de hacer cumplir nuestros derechos, qué podemos pedir del resto de los Asambleístas que ahora me juzgan.
Las acciones legales que iniciaré en relación a este tema serán presentadas, con el fin de que el gobierno del miedo, no acalle a los ciudadanos. Busco demostrar que los ciudadanos sí tenemos derechos que nos amparan. No busco la venganza, sino establecer y visibilizar ante todo el pueblo de Bolivia los derechos y garantías de la población actualmente discriminada y desprotegida.
Se ha demostrado que me siguen un Juicio Político, que no se ha respetado mi calidad de Autoridad elegida por voto popular del soberano. Se ha demostrado que no es posible hablar idioma aymara en una Asamblea mayoritariamente Indígena, se ha demostrado que la Ley 044 y la Ley 612 es inconstitucional e inconvencional. Se ha demostrado que me siguen un juicio por no ser servil a los intereses del presidente Evo Morales _ no por ladrón, no por flojo, ni mentiroso_.
Se ha demostrado que el poder puede acceder a los datos confidenciales de una persona, con una instrucción del poder político. Frente a la incapacidad de la Asamblea Legislativa de condenarme con argumentos jurídicos y ante la evidencia de mi inocencia, han decidido atacar mi dignidad como ser humano.
Estas acciones del Gobierno no me asustan, no conseguirán mi renuncia al cargo para el que fui elegido por la población. No me expulsarán del Tribunal Constitucional Plurinacional, la lucha continúa con más energía y defenderé hasta las últimas instancias nacionales e internacionales el derecho del pueblo boliviano a contar con Magistrado independiente de los designios del Presidente Morales.
Gualberto Cusi
Magistrado del Tribunal Constitucional PlurinacionalLa Paz, 23 de diciembre de 2014.
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