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25nov11
Según Defensor, indígenas buscan crear un súper Estado asesorados por las ONG
Los conflictos entre el Gobierno, Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) y los pueblos indígenas continúan. La construcción de la planta separadora de líquidos de Río Grande, en Santa Cruz, la construcción del último tramo del gasoducto Villa Montes-Tarija y el inicio de los estudios de sísmica 3D en la localidad de Itaguazurenda (Boyuibe, Santa Cruz) son los tres proyectos paralizados por oposición de los pueblos indígenas. La estatal YPFB afirma que no negociará con los asesores de estos pueblos, quienes, según varias autoridades, serían los causantes de la obstaculización.
El defensor del Pueblo en Tarija, Andrés Tablada, denunció que dentro en la Asamblea del Pueblo Guaraní Itika Guasu (APG IG) existe una fuerte presencia de Organizaciones No Gubernamentales (ONG) que estarían como asesores de los indígenas. "Es por eso que no permiten la construcción de la tercera fase del gasoducto a la capital", afirmó.
Tablada explicó que en el caso de la APG IG hay una fuerte presencia de la ONG y asesores que no son propios de la zona, hecho que calificó de exagerado. "Es una especie de 'súper Estado' en el que realmente nadie puede ingresar", señaló.
Según el analista David Ledezma Salazar, en los años venideros existirán enfrentamientos entre autoridades del Estado y los diversos grupos denominados controles sociales, naciones y pueblos indígena-originario-campesinos que poco a poco están formando un "súper Estado" que, sin lugar a dudas, "será una bomba de tiempo y un dolor de cabeza para cualquier Gobierno".
El defensor Tablada aclaró que es muy difícil el acceso a la APG IG, debido a que sólo se puede ingresar con permiso de los indígenas. "Hemos tenido en una oportunidad, la necesidad de hacer una verificación defensorial allá, después de una denuncia. Hemos recibido una nota muy preocupante de que allí sólo se puede ingresar con el permiso de los indígenas. Creo que algunas ONG que están asesorando, están creando una relación de desequilibrio entre los indígenas con otros habitantes", manifestó.
Esta postura fue apoyada por el secretario departamental de Hidrocarburos, Dino Beltrán, quien ratificó la existencia de personajes externos a las comunidades guaraníes que "manipulan a los dirigentes" impidiendo el desarrollo de esas zonas, y del departamento, oponiéndose a la ampliación de GVT. Empero, el asambleísta departamental Antonio Tato, de la bancada indígena, calificó las denuncias como parte de una "maniobra política".
El presidente de YPFB Transporte, Fernando Vincenti, sobre el GVT, dijo que existe injerencia de asesores en las negociaciones y acusó a la dirigencia de la APG IG de haberles pedido $us 20 millones para dar luz verde al proyecto.
Empero, un comunicado de la APG IG aclara que se trata de una campaña incitada por autoridades gubernamentales y YPFB Transportes con la intención de intimidar a su organización. Asegura que fue el propio Ministerio de Hidrocarburos el que ordenó a las empresas Petrobras y ex Transredes no negociar con su organización, además enfatizan que tanto el derecho de consulta como el derecho propietario sobre el Territorio Comunitario de Origen (TCO) Itika Guasu son irrenunciables por parte de la APG IG.
Entretanto, el presidente de YPFB, Carlos Villegas, dijo que se negocia con la APG IG para destrabar los problemas que permitan la obtención de la licencia ambiental. En la actualidad no se puede realizar trabajos.
Frente a este conflicto, el secretario ejecutivo de la Federación Sindical de Trabajadores Petroleros de Bolivia, José Domingo Vásquez, lamentó que indígenas de APG obstruyan el proceso de industrialización del gas en Bolivia. "Lamentamos algunas actitudes que obstaculizan esta segunda fase del proceso de hidrocarburos que consideramos que es la industrialización, evidentemente ya hay pasos importantes en la planta de Río Grande como en Gran Chaco", dijo.
Vásquez convocó a la reflexión a los indígenas de la APG para viabilizar esos proyectos de exploración, explotación e industrialización importantes para Bolivia. "Llamamos a la reflexión a las comunidades para que puedan viabilizar (esos proyectos), porque son recursos naturales que tienen que servir al pueblo boliviano", expresó.
La compensación indígena y la licencia ambiental
El proceso de negociación para la compensación tiene lugar después de la consulta indígena, donde se identifican los impactos socioambientales mitigables y no mitigables del proyecto. La consulta es uno de los requisitos para que la empresa petrolera obtenga la licencia ambiental que le habilita para operar.
Entre los principales problemas de la consulta, según el Ministerio de Hidrocarburos, está "la injerencia de terceros" que no pertenecen a las comunidades indígenas y que en algunos casos responden a "intereses políticos creados" o son asesores contratados o invitados que interfieren en el proceso.
La compensación a los pueblos indígenas por realizar proyectos hidrocarburiferos no es ningún tabú. Actualmente, el pago de la compensación a los indígenas resulta de una negociación entre ambas partes y oscila entre 70 mil y 1,6 millones de dólares. En el caso de la ampliación del GVT, según YPFB, los asesores de los indígenas estarían pidiendo 20 millones de dólares.
La estructura indígena en el país
La Confederación de Indígenas del Oriente Boliviano (Cidob) es la organización que representa a 34 pueblos de Bolivia. En 1982, nace como Central de Pueblos y Comunidades Indígenas del Oriente Boliviano (Chiquitanos, Ayoreos, Guarayos, Guaraníes). Los cuatro pueblos fundadores de la Cidob, se organizan con el fin de fortalecer la unidad y su estructura organizativa, respetando sus formas ancestrales y tradicionales de organización. La Asamblea del Pueblo Guaraní (APG), creada en 1987, es la principal organización representativa del pueblo guaraní y está afiliada a la Cidob.
La APG y otras organizaciones iniciaron un proceso de reconstitución territorial de la "nación" guaraní, con el fin de recuperar sus tierras ancestrales y desarrollarse de acuerdo a su propia visión de progreso, salud, y educación.
En esta tarea hay numerosas ONG que trabajan apoyando a los indígenas, sobre todo en el área productiva. Empero, según varios analistas, éstas han llegado a influir en su visión de desarrollo de forma determinante a tal punto de utilizar como bandera de otros intereses la defensa del medioambiente.
Los Tres Proyectos Paralizados
Planta de Río Grande
Contrato. YPFB Corporación y la empresa argentina Astra Evangelistas S.A. (AESA) firmaron el 15 de enero de 2010 un contrato de adjudicación de la Ingeniería, Procura, Construcción y Puesta en Marcha (IPC) para la Planta de Separación de Líquidos Río Grande en santa Cruz por un monto de $us 159.462.470.
Pago. YPFB ha desembolsado a AESA el 45% de ese monto que se ha destinado a la ingeniería de detalle y, fundamentalmente, a empresas en el extranjero que van a fabricar varios equipos.
Gasoducto Villa Montes-Tarija
Transporte. La construcción del gasoducto Villa Montes-Tarija incrementará la capacidad de transporte de 13,8 millones de pies cúbicos día (MMpcd) hasta 64 MMpcd, según informes del Ministerio de Hidrocarburos y de la estatal petrolera.
Ampliación. Este gasoducto permitirá multiplicar por cuatro la capacidad de entrega de gas natural hacia la ciudad de Tarija desde el megacampo Margarita. La inversión supera los $us 23 millones, según el presidente de YPFB Transporte, Fernando Vincenti.
Itaguazurenda
Negociación. La gerencia de Exploración de YPFB encara el proyecto Itaguazurenda en el Chaco. Hace pocos días se suscribió un contrato con la empresa china Sinopec para que se hiciera cargo del levantamiento de información sísmica 3D y la sistematización de la interpretación de esta información. El monto del contrato es de Bs 84,5 millones. YPFB reconoce que no se pudo avanzar más allá de la suscripción del contrato porque la estatal está en proceso de una negociación con la APG Parapitiguazu para la realización de los procesos de consulta ambiental.
[Fuente: El País, Tarija, 25nov11]
Informes sobre DDHH en Bolivia
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