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01abr14
Ordenan medidas sustitutivas a la detención preventiva para Condori
El juez primero de Instrucción Cautelar, Walter Chumacero, ordenó medidas sustitutivas a la detención preventiva para el gobernador interino, Lino Condori Aramayo, por la adjudicación irregular del asfaltado Iscayachi - Final Copacabana. La autoridad deberá presentarse el primero de cada mes ante la unidad especializada en persecución de delitos de corrupción pública de la Fiscalía para firmar un libro de asistencia.
Condori, en sus declaraciones a la prensa fue muy cauto, e indicó que colaborará con todas las investigaciones en torno al caso del que dice ser inocente.
"Debemos someterse a las leyes y nada más--fueron las únicas palabras de Condori-.Estamos tranquilos y con el tiempo se dirá qué pasa".
La misma medida también fue interpuesta para los demás implicados como Fernando Nelson Cruz Arancibia, Indira Lizbeth Trujillo Arandia, y Alberto Benítez Reynoso, ex director del Servicio Departamental de Caminos (Sedeca).
En cuanto a los imputados Humberto Santos García Fernández de la ciudad de La Paz y Manuel Javier Fernando Solís de Santa Cruz, deberán presentarse el primero de cada mes y cada 15 días en las fiscalías de sus distritos.
Todas las personas fueron imputadas por la presunta comisión del delito de incumplimiento de deberes por la adjudicación del proyecto. La constructora "Asociación Accidental Vial Copacabana" se adjudicó la obra sin tener la mínima experiencia en el rubro.
El fiscal del caso, Wilson Ramírez, indicó que el fallo impide que los imputados tengan comunicación entre si para no obstaculizar la investigación. Además deberán presentar toda la documentación que requiera el Ministerio Público sin ninguna objeción.
"Con la medida interpuesta al Gobernador rige el principio de buena fe para no obstaculizar ni entorpecer el proceso investigativo--manifestó Ramírez-. Si encontramos algo malo en la investigación se pude pedir la modificación de medidas para cualquiera de los imputados".
En el caso de Condori su implicación dentro del proceso es por la responsabilidad y solidaridad que tiene como Máxima Autoridad Ejecutiva (MAE). Eso está plasmado dentro del reglamento de la Ley Safco artículo 7.
"La etapa de investigación está en curso con relación a la firma de proceso de contratación en la parte relacionada con la experiencia de la empresa--añadió-. Aun no se determinó el daño económico y no se descarta seguir con ampliaciones de investigación en caso de ser necesario. Entraremos dentro de poco a la etapa conclusiva aún estamos dentro de los plazos".
Antecedentes
El 3 de diciembre del 2011, los asambleístas Alejandra Marsili, Jhonny Torres Terzo, María Lourdes Vaca Vidaurre, Sara Cuevas Velásquez e Isabel del Carpio Borda de Ocampo, interpusieron la denuncia por los presuntos delitos de corrupción pública contra funcionarios dependientes de la Gobernación y el Gobernador interino.
La denuncia señalaba que la "Asociación Accidental Vial Copacabana" se presentó al concurso para la adjudicación de la obra sin la documentación estrictamente requerida, beneficiándose, por lo tanto, de las posibles acciones de los funcionarios que gestionaron el contrato que estuvo en concreto controlado por el Servicio Departamental de Caminos, Sedeca. La denuncia revela que las empresas contratadas no contaban con la experiencia mínima exigida.
Los datos
- El Gobernador deberá presentarse todos los días 1 de cada mes a firmar en la Fiscalía.
- La empresa adjudicada con el tramo Iscayachi - Copacabana no contaba con la experiencia requerida.
Denuncia formal por el siguiente tramo
El primer tramo de la ruta Iscayachi - Copacabana - Yunchará no es el único envuelto en problemas judiciales. En horas de la mañana de ayer, el ex prefecto Mauricio Lea Plaza formalizó denuncia en la Fiscalía por el segundo tramo, Copacabana - Yunchará, que tiene un costo total de 77,8 millones de bolivianos y fue contratada con las empresas Area, Construmat y Vastok, es decir, el mismo consorcio que en la anterior, y que lleva meses paralizada pese a haberse entregado el anticipo de la obra sin haber dado orden de proceder.
La denuncia precisa que el anticipo de 15,6 millones de bolivianos fue entregado hace un año y tres meses "a sabiendas de que no había empresa supervisora contratada". Además señala que la contratación fue irregular al no contar con el diseño actualizado y completo, ya que se contrató conjuntamente con la supervisión, la revisión, complementación y validación de estudio.
Por otro lado, también señala que se produjo una modificación irregular contraria a la norma de los criterios de calificación de experiencia de la empresa, permitiendo que se consideren otros documentos aparte de las actas de recepción definitiva de obras.
[Fuente: Por Josue Heber Acebey C., El Nacional, Tarija, 01abr14]
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