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20ago13
Fiscalía presenta acusación formal contra alcalde Montes, Mario Cossío y exconcejales
La investigación realizada a raíz de una denuncia interpuesta por Fernando Barrientos en octubre de 2010, por los presuntos ilícitos de resoluciones contrarias a la ley y conducta antieconómica en la expropiación de los terrenos para la Villa Olímpica, presenta un nuevo avance.
La Fiscalía Especializada en Persecución de Delitos de Corrupción (Fepdc), presentó una acusación formal contra el gobernador suspendido Mario Cossío, el alcalde de Tarija, Oscar Montes Barzón, y otras exautoridades. "El Ministerio Público ha presentado una acusación formal en contra de varias exautoridades públicas y autoridades en ejercicio actualmente, en el caso denominado expropiación de los terrenos de la Villa Olímpica", informó el fiscal del Distrito, Gilbert Muñoz.
El funcionario indicó que la acusación formal fue presentada contra el gobernador suspendido Mario Cossío Cortez, en su calidad de exprefecto del departamento por el presunto delito de conducta antieconómica e incumplimiento de deberes; la exsecretaria administrativa Elvira Guillen de Colodro y el exasesor jurídico, Víctor Manuel Mostajo, por los presuntos delitos de cooperadores necesarios en el tema de conducta antieconómica e incumplimiento de deberes.
La acusación también fue presentada contra el alcalde de la provincia Cercado, Oscar Montes Barzón y los exmiembros del Concejo Municipal de la provincia Cercado y la ciudad de Tarija: Miriam Lumen Amezaga, Julio Aguirre, Osvaldo Gudiño, Ana Sorich Ayala, Alfonso Lema, Roberto Ávila y Omar Flores Estrada, por los delitos de conducta antieconómica, incumplimiento de deberes y resoluciones contrarias a la ley y Constitución Política del Estado.
"También está acusada la familia Álvarez que vendió los terrenos, que fueron transferidos para la ejecución de la obra", indicó Muñoz. Señaló que según la conclusión del Ministerio Público, se estima un daño económico de 12 millones de bolivianos, los que fueron invertidos en la adquisición de los terrenos de forma presuntamente irregular.
"Como Ministerio Público estoy seguro que los fiscales han solicitado que la audiencia conclusiva sea convocada dentro de los 6 a 20 días que establece el procedimiento. Son hechos de corrupción, nosotros pedimos al órgano de administración de justicia celeridad en estos procesos, porque así lo establece la Constitución y la Ley Marcelo Quiroga Santa Cruz", enfatizó.
Origen de la investigación
La investigación surge a raíz de una denuncia interpuesta por Fernando Barrientos en octubre de 2010 por los presuntos ilícitos de resoluciones contrarias a la ley y conducta antieconómica en la expropiación de los terrenos para la Villa Olímpica; en este marco el Ministerio Público abrió una investigación contra el alcalde Oscar Montes y concejales de la anterior gestión.
La denuncia indica que la Alcaldía habría expropiado de manera directa los terrenos y que los miembros del Concejo, mediante una ordenanza municipal, hubiesen autorizado tal acción, cometiendo el ilícito de resoluciones contrarias a la ley y conducta antieconómica.
El gobernador suspendido, Mario Cossío, también estaría sujeto a este proceso, ya que el proyecto nace de un convenio entre la Alcaldía y la Gobernación, puesto que ésta indicó qué expropiar y el Municipio procedió con el trámite.
En primera instancia, la investigación derivó en la imputación de ocho concejales que aprobaron la expropiación el 7 de agosto de 2007, mediante Ordenanza Municipal Nš 57/2007. La acción fiscal también alcanzó a tres funcionarios de la exprefectura, incluyendo al exprefecto Mario Cossío.
Entre autoridades municipales y de la exprefectura se expropió y pagó por 293 mil metros cuadrados de terreno a Severo Álvarez en la zona de San Blas. Por esta extensión se habría previsto un pago de 10,91 millones de bolivianos.
Sin embargo, se investigan también supuestos sobreprecios por haber pagado un monto de expropiación de terrenos ubicados en la zona rural como si estuvieran en el área urbana, cuyo costo es diferente; por otra parte los trámites o leyes aplicadas para la expropiación deberían haberse realizado mediante el Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA), con un trámite de saneamiento.
Los supuestos involucrados
En busca de la contraparte El País se comunicó con el exconcejal y ahora ejecutivo seccional de la provincia Cercado, Alfonso Lema, quien afirmó desconocer dicha acusación, pero señaló que esto significará llegar a juicio; sin embargo dijo que esperará ser notificado de manera oficial y verá qué acciones tomar con su abogado para su defensa. Aclaró que las acciones que se tomaron en ese momento fueron como Concejo, en una decisión unánime, y concluyó indicando que tiene la documentación necesaria para defenderse en el juicio que se llegue a entablar.
Por otra parte, la exconcejala Lumen Amezaga aseguró que desconoce dicha acusación y resaltó que no realizará ninguna declaración ya que no conoce algo formal sobre el tema. De la misma manera, la exconcejala Ana Sorich, dijo que aún no conoce la acusación y que esperará a que se la notifique de manera oficial.
Por otra parte, El País intentó comunicarse con el alcalde Oscar Montes, empero éste no contestó a las insistentes llamadas de este diario.
Repercusiones
El concejal Sergio Gallardo (MAS) dijo que esta acusación debió salir hace tiempo ya que los plazos están vencidos al igual que otro proceso en donde se transfirieron terrenos a nombre de terceras personas.
Recordó que la imputación se la realizó en febrero de 2012 y criticó que la acusación se la realiza después de un año y medio. Dijo que aún no conoce a detalle esta acusación, pero resaltó que es importante tomar en cuenta que existe un exceso en la retardación de la justicia en Tarija.
El asambleísta departamental Johnny Torres (CC) lamentó que exista una acusación formal por este tema y dijo que la justicia boliviana se encuentra en manos del Gobierno y en manos del Movimiento al Socialismo (MAS). De esta manera resaltó que no son para sorprenderse las acciones que salen a la luz, y lamentó que Oscar Montes esté pasando por esta situación.
El presidente del Comité Cívico de Tarija, Waldemar Peralta, dijo que deben investigarse todos los temas en los que exista indicio de un delito; sin embargo, resaltó que la justicia se politizó ya que existen varios casos que quedaron en la impunidad política del país.
Peralta dijo que algunas personas en el territorio nacional coinciden en la opinión de que "si no se encuentran del lado del Gobierno nacional son perseguidos políticamente y eso no es lo que busca la población, si no más bien que el Gobierno central haga un buen uso del poder que tiene en estos momento".
[Fuente: El País, Tarija, 20ago13]
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