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15ene13


Uno de los órganos del Estado más importante del país, como también del departamento, se encuentra en plena crisis y con síntomas de una evidente división


Ayer, por la denuncia de dos de los cinco vocales del Tribunal Electoral Departamental de Tarija (TED), se allanó la oficina de uno de ellos, s quien acusan de haber intentado, supuestamente, cometer delitos electorales en torno a los comicios realizados el pasado domingo 13 de enero donde se eligió al nuevo alcalde de Bermejo.

Al promediar las 10:30 horas de ayer, el fiscal de la División Especiales, Rodrigo Antelo, en compañía de un efectivo policial, ejecutó una orden de allanamiento a la oficina del vocal del TED, Rafael Gómez, de quien presumen habría cometido delitos de obstaculización de procesos electorales.

Dicha acción judicial fue dispuesta por Walter Chumacero S., juez de Instrucción Cautelar Primero en lo Penal de la Capital.

Consultado sobre el tema, el vocal Gómez aseguró a El País que dichas denuncias son falsas y que en el allanamiento realizado ayer por los funcionarios del Ministerio Público no se habría encontrado ningún elemento que sea valorado como prueba que figura en la orden judicial sobre la denuncia que se realizó en su contra. La autoridad recién llegó a su oficina en horas de la tarde de Bermejo.

El funcionario electoral anunció que, como corresponde por derecho, después de las investigaciones abiertas por la Fiscalía iniciará las acciones que vea conveniente en contra de los denunciantes, tras asegurar que en el allanamiento dispuesto "no se encontró nada", por lo que considera que esta denuncia afectó sus derechos constitucionales.

El mandamiento judicial dispuesto por el juez Chumacero instruye que se proceda al allanamiento, requisa y secuestro en oficina de la autoridad electoral, presumiblemente donde se encontrarían objetos descritos en una denuncia realizada en fecha 10 de enero de 2013.

Entre los supuesto objetos que describe la orden de allanamiento se habla presuntamente de la existencia de "actas electorales, certificados de sufragio, papel membretado para la impresión de certificados de impedimento, precintos de seguridad y sobres de seguridad".

"El secuestro versa únicamente a dichos objetos dentro de la investigación penal que sigue el Ministerio Público contra Rafael Línder Gómez Cossío, por el ilícito de Obstaculización a Procesos Electorales, previsto en art. 238 - h) de la Ley 026.- El presente mandamiento es atribución del fiscal requirente hacerlo cumplir bajo su estricta responsabilidad y designar a las autoridades que coadyuven a esta labor", señala el escrito que fue "pegado" y publicado en la puerta del vocal ordenando el cierre de dicha oficina.

Testigos de la intervención judicial informaron extraoficialmente que el fiscal Antelo y su colaborador no se llevaron ningún documento u objeto descrito en la orden de allanamiento sobre la denuncia y que el acto fue ejecutado en ausencia de Gómez, ya que él mismo se encontraba de retorno de la ciudad de Bermejo, arribando a su oficina en horas de la tarde.

Empero, la secretaria de cámara del TED, quien se encontraba en el edificio del Órgano Electoral evitó dar información al indicar que debe ser la presidenta, Betzabé Zegarra, quien emita algún criterio o informe al respecto.

División

Asimismo, señalaron que la denuncia en contra del vocal Gómez habría sido presentada por sus colegas Isabel Cristina Vargas Muñoz (vocal) y Nolberto Gallardo Suruguay, vicepresidente del TED.

Este dato fue corroborado por el fiscal de Distrito, Gilbert Muñoz, quien confirmó que la denuncia presentada ante el Ministerio Público fue interpuesta por vocales del mismo Órgano Electoral tarijeño en contra de Gómez.

"De manera general le puedo decir que se ha presentado una denuncia por otros (dos) vocales del Tribunal Electoral (TED), en sentido de que estarían retenidas ánforas que tienen que ver con la elección de Bermejo en la oficina del doctor Gómez", informó.

En este sentido, Muñoz aclaró que como corresponde al Ministerio Público, en el afán investigativo y para corroborar la existencia o no de dichos elementos es que se hizo las diligencias para que a través de una orden judicial se proceda a realizar el allanamiento de la oficina de la autoridad electoral.

"Como en todo caso, absolutamente todo caso, son veinte días de investigación preliminar y se está en esa etapa en este momento", indicó Muñoz al referirse a los procesos y pasos consecutivos que viene de aquí para adelante en esta denuncia sobre la supuesta violación de normas electorales, tipificadas como delito.

En busca de conocer la versión de los vocales que habrían presentado la denuncia en contra de su colega, El País no tuvo éxito, puesto que el teléfono celular y fijo de la funcionaria electoral Cristina Vargas no fue contestado hasta el cierre de la presente edición, y en el caso de Nolberto Gallardo, éste mantuvo su teléfono móvil apagado toda la jornada de ayer.

Asimismo, El País buscó por todos los medios tomar contacto con la presidenta del TED para conocer detalles de la denuncia, sin embargo, hasta altas horas de la noche, el teléfono celular de dicha autoridad se encontraba apagado.

Hoy hablará Gómez

Para hoy, el vocal Gómez anunció convocar a una conferencia de prensa para explicar todo lo acontecido ayer en su oficina. Éste asegura que todas las denuncias son falsas y que las mismas serán comprobadas en las investigaciones de la Fiscalía.

"Yo quiero decir que es totalmente falso estas apreciaciones y vamos a tener nomás que resolverlas en la justicia ordinaria para que luego, también por la vía legal, iniciar la acción recriminatoria que me corresponda por derecho", dijo.

Reveló incluso que para facilitar las investigaciones, instruyó desde Bermejo permitir que su oficina sea abierta y colaborar en todo al Ministerio Público y a la justicia para llegar al fondo del asunto.

"Si la denuncia fuera verdadera, el proceso electoral de Bermejo no se hubiera realizado. Jamás he obstaculizado por mi parte a dicho proceso. He tenido que gastar dineros propios para conseguir los recursos suficientes para viajar a la ciudad de La Paz e imprimir el material correspondiente para que se pueda realizar", puntualizó.

Obstaculización de procesos electorales

La persona que promueva desórdenes o, por cualquier medio, obstaculice, obstruya o impida la realización o desarrollo de procesos electorales, referendos o revocatorias de mandato, o que evite que las autoridades y sujetos electorales ejerzan sus atribuciones y derechos en un determinado espacio territorial del país, será sancionada con pena privativa de libertad de dos (2) a cinco (5) años. Si fuera servidora pública, además quedará inhabilitada para el ejercicio de la función pública por un tiempo de dos (2) años. (Fuente: Padem)

[Fuente: El País, Tarija, 15ene13]

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