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31dic12
Acusan a la Directiva de la Asamblea Departamental del delito incumplimiento de deberes
Asambleístas del Movimiento Al Socialismo (MAS) y Partido Autonómico Nacional (PAN) aseguran que la directiva de la Asamblea Departamental está incurriendo en el delito de Incumplimiento de Deberes por no abordar hasta la fecha la suspensión de dos asambleístas que tienen acusación formal y de otro con sentencia ejecutoriada.
Los asambleístas que tienen acusación formal son: Neyda Antelo (por supuestamente falsificar su título profesional) y Ramiro Burgos (por supuesta malversación de fondos del programa Evo Cumple) ambos del Movimiento Al Socialismo (MAS).
Por su parte, Alan Echar de Camino Al Cambio (CC) tiene sentencia ejecutoriada por la toma de un edificio público, el cual le inhabilita políticamente.
El asambleísta José Amas (PAN), dijo que existe un incumplimiento de deberes porque no se quiere tratar en el pleno de la Asamblea la situación de los asambleístas que tienen acusación, haciendo referencia a que con la misma norma se suspendió a otras autoridades, entre ellas el Gobernador Mario Cossío Cortez.
"En realidad se incurrió ya en un incumplimiento y no es casual que esto esté ocurriendo, son casos especiales que no se llegaron a tratar en sesión y eso nos parece extraño -manifestó Amás--yo entiendo que este tema fue en consulta del Tribunal Constitucional y creo que el Tribunal lo va a rechazar porque este es un tema que debe tratarse en su escenario correspondiente y bueno parece que sólo quieren dilatarlo".
Añadió que de por medio hay un conflicto de intereses dentro de la misma Directiva empezando desde el Presidente (Justino Zambrana) y los demás miembros que no quieren asumir el reto de abordar los casos de los asambleístas que tienen acusación.
"Nosotros como Comisión de Constitución y tras un riguroso análisis dijimos de manera taxativa en nuestro informe que se aborde el tema de los asambleístas y al parecer no se hizo caso al mismo--indicó-por lo tanto deslindamos toda responsabilidad, cuidado que cualquier ciudadano presente una demanda como el señor Tastaca".
La vicepresidente de la Asamblea Departamental, Guadalupe Jurado (MAS), reconoció que existe un Incumplimiento de Deberes, pero de la presidencia y de los demás miembros de la directiva a excepción de su persona quien en su momento se opuso a que se postergue el tratamiento de la suspensión de sus pares por tener acusaciones.
"Hemos pedido que el caso se agende y se de lectura a los colegas asambleístas, pero resulta que en mi ausencia se reunieron y en vez de tocar el tema decidieron enviarla al Tribunal Constitucional y eso no corresponde y más bien debería haber ido al tratamiento del pleno--indicó Jurado- hay una responsabilidad, yo en caso de haber alguna acción legal deslindo responsabilidad".
Añadió que la suspensión simplemente servirá para que cada uno de los asambleístas aclare su situación legal en las instancias judiciales, haciendo mención que es una instrucción del propio presidente Evo Morales que en ningún caso debe ser cubierto y debe ser más bien tratados con transparencia.
"No quiero suponer que hay acuerdo internos y solo nos solidarizamos con los compañeros que son de la propia bancada del MAS y de Camino Al Cambio--dijo- hay acusaciones formales y procesos pendientes que deben ser aclarados".
EL NACIONAL intentó conversar sobre el tema con el presidente de la Asamblea, Justino Zambrana, pero lamentablemente sus teléfonos celulares estaban apagados.
Los datos
Los casos que deben ser tratados son de los asambleístas Echart, Antelo y Burgos.
Vicepresidente de la asamblea deslinda responsabilidad porque ella pidió su tratamiento.
La norma prevé suspensión a simple acusación formal
El artículo 144 de Ley Marco de Autonomías y Descentralización y el artículo 4 de la Ley de Autonomías, establece que a sola acusación formal del fiscal, se debe suspender a una autoridad electa, situación que a la fecha no es aplicada en la Asamblea Departamental.
El presidente del Colegio de Abogados en su momento indicó a EL NACIONAL, que no se está aplicando la Ley Marco de Autonomías, por lo que la asamblea incurre en ese delito que fue sancionado.
El fiscal de Distrito Gilbert Muñoz, dijo que como Ministerio Público solo les corresponde cumplir con las acciones legales enmarcadas dentro del proceso y donde no se define la suspensión de las autoridades.
"Las causas están siendo tratadas en el Ministerio de Público pero en el ámbito judicial, y en este caso, la decisión corresponde a autoridades políticas y no jurídicas--manifestó Muñoz- y como Fiscalía sólo tenemos tuición de informar".
Añadió que quienes tienen la facultad de aplicar la Ley de suspender a asambleístas y otras autoridades es la propia Asamblea, interpretando las normas.
[Fuente: Por Josue Heber Acebey, El Nacional, Tarija, 31dic12]
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