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04dic13


Concesionario apela decisión de cerrar juicio por atentado a mina en Taquillos


El concesionario de la mina de sal en la comunidad de Taquillos ubicada en la provincia O'Connor, Humberto Mendoza Sandoval, apeló ante el Tribunal Departamental de Justicia, TDJ, la decisión del Tribunal de Sentencia en lo Penal de Entre Ríos, de cerrar el juicio contra once acusados de cometer los delitos de sabotaje, atentado, avasallamiento y robo agravado entre otros, por lo que ahora espera su audiencia.

"Vengo a hacer una denuncia clara y concreta al doctor Richar Ayza Salas, juez técnico y contra el doctor Wilfredo Gutiérrez Gareca juez técnico, los dos de Entre Ríos, por su resolución dentro de este proceso que fue el 20 de noviembre del 2013".

Mendoza dijo estar en desacuerdo de la forma en que los jueces actuaron en su caso, porque desde su punto de vista estuvieron "parcializados", solamente analizaron todo lo que decía el abogado de los imputados, sin tomar en cuenta los delitos que graves.

Según Mendoza, esta acción no puede quedar en la impunidad y favorecer a gente que fue financiada, sustentada por un súbdito japonés, Masakatsu Shimabukuro, contra quien supuestamente existen las pruebas, de dar por terminado el juicio porque pasaron tres años desde su inicio.

"Estos delitos de sabotaje, llevan pena de ocho años, robo agravado de diez años y otros menores que hay por delinquir o asociación delictuosa".

Según la denuncia, los imputados entraron a la mina, le pegaron a los trabajadores, e incluso a policías que llegaron al lugar tras recibir la denuncia.

Los acusados tomaron la mina, presuntamente se robaron y vendieron "camionadas de sal", "entonces cómo puede ser que los jueces en vez de defender a la víctima, estén avalando actos delincuenciales".

El afectado, sostuvo que existe la teoría del "no plazo", que es el artículo 444 del 28 de agosto del 2009, que aplica el bloque de la constitucionalidad.

Tomando en cuenta que el mismo reconoce esa teoría que fue emitida por el propio Tribunal Europeo de Derechos Humanos, en virtud del cual puede establecer con precisión absoluta, cuándo un plazo es razonable y cuándo no.

"Estos señores no se robaron una gallina, tampoco fue una sola persona, es una organización, o sea hay un autor intelectual que subvenciona y están sus trabajadores que son la conexión, que vienen y agarran, como es Erwin Vaca y los demás comunarios que se benefician con los recursos económicos, para atacar, bloquear y hacer tanto daño":

Mendoza, entregó al Diario Nuevo Sur, documentos referidos al caso, con la apelación del fiscal de Entre Ríos, Gabriel Alarcón Barrios y la apelación de su abogado defensor, con la debida fundamentación sobre el artículo 444.

"No es posible que a un grupo de gente que ha actuado mal, lo dejen en la impunidad, entonces cuánto sacrificio, cuánto gasto a erogado uno para defenderse y que lejos de que las autoridades tengan que hacer una valoración correcta, hacen una parcialización notable y clara contra los acusados".

Cabe recordar que el juicio fue desarrollado en Tarija y por casación que hizo la víctima, volvió a comenzar fojas cero, pero en el transcurso de ese tiempo, cuando la causa se encontraba en el Juzgado de Juana Abán, los documentos se perdieron, por eso, Mendoza tuvo que iniciar un proceso para que aparezcan los antecedentes.

Tras una denuncia por incumplimiento de deberes, los mismos aparecieron.

[Fuente: Por Víctor Espinosa, Nuevo Sur, Tarija, 04dic13]

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