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21mar15
Lino Condori y el racista Bass Werner imputados por el fiscal en el caso Petrosur
El fiscal de materia Neil Osmar Avendaño Vásquez determinó emitir una imputación formal y solicita aplicar medidas cautelares contra siete ciudadanos, entre autoridades y ex funcionarios públicos de la Gobernación interina, por el caso denominado "Petrosur".
Los imputados son: el secretario Ejecutivo de la Gobernación, Roberto Ruiz Bass Werner, el gobernador interino del departamento, Lino Condori Aramayo, el ex secretario de Obras Públicas, Ciro Vargas, el ex secretario de Coordinación, Darío Gareca, la ex ministra de Justicia, Sandra Gutiérrez, el ex secretario general de Villa Montes, Omar Peñaranda, y el representante legal de la empresa Petrosur, Ivar Wildo Rojas.
El diario "elPeriódico" tuvo acceso al documento donde el fiscal plantea la imputación formal, sin embargo, en contraparte, el secretario Ejecutivo de la Gobernación, Roberto Ruíz Bass Werner, acusa a Mauricio Lea Plaza de pasar el documento a los medios de comunicación.
Antecedentes
Cabe recordar que los siete ciudadanos fueron denunciados por Mauricio Lea Plaza en relación a la construcción del camino Villa Montes - La Vertiente - Palo Marcado. Obra que tiene un total de 55 kilómetros y una inversión de 22.4 millones de dólares.
El 20 de noviembre de 2009 la empresa paralizó la obra con un avance del 90 por ciento por su requerimiento de reajuste de precios pese que el contrato estaba suscrito en dólares americanos.
A raíz de esto se redactó un acta de entendimiento para la terminación del contrato de la obra. Este documento liberaba a la empresa de sus obligaciones contractuales de concluir la obra, entregando el trabajo a la Administradora Boliviana de Carreteras (ABC). Sin embargo, se acudió a un arbitraje que emite el Laudo Arbitral que declara subsistente el vínculo jurídico emergente del contrato de obra.
Documento
El 27 de febrero del año en curso, el fiscal de materia Neil Osmar Avendaño Vásquez presentó la imputación formal en contra de las personas anteriormente mencionadas, argumentando que existen elementos facticos de sustentación de la comisión de los delitos presentados por Lea Plaza.
El documento fiscal los acusa a los siete ciudadanos por los delitos de incumplimiento de deberes, conducta antieconómica, uso indebido de influencias, incumplimiento de contrato y enriquecimiento ilícito de particulares con afectación al Estado.
Los daños tienen que ver con que no se cuenta con una carretera asfaltada en esos tramos desde el 21 de diciembre de 2009 hasta la fecha. El gasto erogado por la entonces Prefectura no ha cumplido el objeto de entregar una carretera concluida, asfaltada y en uso. El costo que se generó por el deterioro de las obras y que por su abandono hoy deben ser restauradas.
Contraparte
Por su parte, Roberto Ruiz aseguró que no fue notificado con la imputación y que no le preocupa porque es una acusación "cínica y sin fundamento".
Según la autoridad fue a Lea Plaza a quién se le vencieron las boletas de garantía y es él quién paralizó la obra por la no aprobación oportuna del contrato modificatorio, generando una deuda enorme con la empresa que el laudo exige pagar. Por otro lado, aseguró no haber participado en ninguna actuación legal vinculada a ese contrato.
"El Ministerio Público puede estar seguro que en esta fase de la investigación se establecerán las responsabilidades verdaderas de aquellos que firmaron los contratos modificatorios y las ordenes de cambio, de quienes dieron los anticipos, de quienes dejaron vencer las boletas y de quienes terminaron paralizando la obra, que no son otros que el cínico denunciante y sus secuaces", concluyó Ruíz.
Los daños generados tras una obra inconclusa
El documento de la denuncia indica que el acta de entendimiento que desliga a la empresa Petrosur de finalizar los trabajos de la construcción de la carretera fue impulsada desde la Secretaria Ejecutiva de la Gobernación interina a cargo de Roberto Ruiz.
En la denuncia se lee: "se deja de lado un laudo arbitral favorable al estado que obligaba a la empresa a continuar y concluir la obra abandonada desde 2009 en el marco del contrato suscrito el 2004 y acuerda un mecanismo de resolución del contrato absolutamente ilegal y contrario al interés del estado buscando favorecer a privados".
Por lo tanto, menciona que el incumplimiento de este contrato suscrito entre la Prefectura de Tarija y la empresa Petrosur ha generado daños económicos al estado.
[Fuente: El Diario Andaluz, Bolinfo, Tarija, 21mar15]
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