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25jun14


Juicio de Mario Cossio esta paralizado por dos apelaciones


Se cumplirán cinco años y hasta la fecha no existen resultados en el caso Imbolsur I. El principal acusado es el gobernador suspendido, Mario Adel Cossío Cortez. Dos apelaciones incidentales frenan el proceso que volvió de Villa Montes a Tarija. El resolverlo está en manos de la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia (TDJ) conformada por los vocales Félix Ernesto Mur y Carolina Chamón.

La primera apelación fue presentada por los dos abogados de oficio de Cossío, indicaban que el Gobernador suspendido no puede ser juzgado sin haber sido oído, ni estar presente. Justificando que no correspondía convocarlo vía edicto cuando se sabe que él está como refugiado político en el país vecino de Paraguay.

La segunda apelación incidental fue entregada por la defensa del representante de la empresa Imbolsur, Félix Edgar Cardozo Sainz. Acogiéndose a un recurso denominado "litispendencia". Significa que existe algún otro juicio pendiente de resolver. En este caso hay un proceso por el mismo hecho pero en la vía civil, se debe esperar primero el fallo de esa sala. Además que mientras ese proceso esté en curso no se puede enviar el mismo a la sala penal como está ocurriendo actualmente.

El fiscal Moisés Cardona, que investiga el caso, indicó que mientras no se resuelvan las dos apelaciones incidentales, el proceso continuará en manos de la Sala Penal. La determinación para que el caso sea nuevamente tratado en Tarija y no en la ciudad de Villa Montes, donde se pretendía instalar el juicio oral, público y contradictorio, es por una resolución de sentencia constitucional que fue enviada desde la ciudad de Sucre.

"Conforme a una sentencia constitucional y respetando el presupuesto de razonamiento de la ciudad de Sucre, se dio curso a los recursos de apelación incidental que se hubiesen interpuesto en la audiencia conclusiva--manifestó Cardona-. Dicho razonamiento constitucional indica que deben sanear todos los aspectos para la etapa preparatoria del juicio. Por ello se reenvió de Villa Montes al Juzgado Tercero de la Capital, para que pueda resolver esta situación. Es así que dichas apelaciones pasaron a la Sala Penal Segunda".

Añadió que como Ministerio Público hicieron la representación necesaria ante la Sala Penal para que puedan dar curso a la revisión de ambas apelaciones, tomando en cuenta que el caso está desde abril en el despacho de los vocales Mur y Chamón.

"Se solicitó formalmente un pronunciamiento concreto de esta sala--manifestó el Fiscal-. Nos dijeron que hay carga procesal y dando un tratamiento igualitario, están a la espera de su turno para la resolución correspondiente".

"No se puede juzgar a nadie sin estar presente"

El abogado Jorge Finny, defensa de oficio del Gobernador suspendido, explicó que el caso no tiene un rumbo concreto. Explicó que se violaron una serie de pasos procedimentales que son necesarios para llegar a un juicio, y que en su momento no fueron valorados por la juez María Candelaria Peñarrieta del Juzgado Cautelar Tercero.

"Nadie puede se juzgado sin haber sido oído y sin estar presente y eso le hicimos conocer a la juez en su momento y no quiso valorar esta situación--indicó Finny-. Además no se puede convocar por edicto al doctor Cossío porque se sabe que el está con refugio y si se quiere juzgarlo, se debe enviar una notificación al Conare (La Comisión Nacional para los Refugiados) solicitando ese permiso, pero tampoco se lo hizo".

El caso está parado y ya prescribió

La abogada Gina Castellanos, defensa del coimputado Alejandro Rodas Rojas, indicó que por el tiempo transcurrido se debe aplicar la figura de extinción de la causa. Tomando en cuenta que el proceso ya tiene cerca de cinco años y no existe avance alguno. El tiempo permitido para avanzar un caso e investigar el mismo se cumple en el plazo de tres años y el caso viene debatiéndose desde el año 2009.

"Nada es para siempre y un proceso no puede durar eternamente--indicó Castellanos-. Todo este retraso y acciones defectuosas fueron causadas por la Fiscalía y el mismo Órgano Judicial".

No logran constituir un tribunal de sentencia

Desde el año 2009 se viene investigando el caso denominado Imbulsur I. En más de una oportunidad se intentó conformar un Tribunal de Sentencia para instalar un juicio. La falta de jueces ciudadanos evitó que ello se concretara.

El Tribunal intentó conformarse a un inicio en la ciudad de Tarija pero fracasó, luego en Entre Ríos y finalmente en la ciudad de Villa Montes. Las razones principales fueron las recusaciones de los jueces y los incidentes presentados por los abogados de defensa de los imputados.

El caso Imbolsur I se refiere al incumplimiento de la empresa Imbolsur en la provisión de 2.990 toneladas de cemento asfáltico, destinado a la construcción de la carretera Puerta El Chaco-Canaletas. El incumplimiento de ello causó un supuesto daño económico al Estado de 1.339.000 bolivianos.

[Fuente: Por Josue Heber Acebey Cei, Nacional, Tarija, 25jun14]

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