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03may14
Carretera Bermejo - San Antonio, entre la irregularidad y el delito
¿Trabas o delitos? La nueva fase de conflicto en la que ha entrado la vía Bermejo - San Antonio no está dejando indiferente a nadie, mientras que el gobernador interino, Lino Condori, se ha dado un nuevo plazo, hasta el lunes 5 de mayo, para decidir sobre el futuro de la vía.
Lo cierto es que en el último asalto de la pugna por la aprobación del contrato modificatorio, el supervisor René Martínez Paz no hizo una observación, sino que destapó un delito con consecuencias penales, como es el hecho de falsificar la documentación del Superintendente de Obra, quien habría ejercido la profesión de forma ilegal durante más de un año propuesto por la Asociación Accidental San Antonio (ASA) y autorizado por el fiscal de obra del Servicio Departamental de Caminos (Sedeca). Martínez Paz, representante de MTCB y dejando al margen cualquier consideración familiar, ya que es familiar en segundo grado de los propietarios de INCICO, líder de ASA, recomendó por tanto la resolución del contrato de construcción.
Sin embargo, para el vicepresidente del Comité Cívico, Gustavo Rodríguez, los delitos no deberían ser tomados en cuenta. "No hay argumentos válidos para paralizar la obra porque será un perjuicio para Bermejo y el país -aseguró Rodríguez- Estamos haciendo inspecciones y siempre hay quejas de la empresa constructora por negligencia de la supervisión porque no da solución a los aspectos técnicos ni emite certificados de avance", dijo en declaraciones a Radio Fides.
Más prudente, el presidente del Comité Cívico Departamental, Waldemar Peralta, señaló que "no se sabe si se anulará los contratos o no. La Gobernación debe tomar una decisión de fondo y garantizar la crisis vial que tiene el departamento".
Secretismo y dudas
La vía Bermejo - San Antonio, luego de los cinco años en que se intentó construir por ejecución directa de una unidad desconcentrada del Sedeca (Ubesan), que logró asfaltar apenas cinco kilómetros en cuatro años erogando más de un millón de bolivianos al mes, fue licitado internacionalmente en diciembre de 2012.
En el mismo momento de la adjudicación ya hubo problemas, pero tras varias notas aclaratorias, fue adjudicada por 192 millones de bolivianos el 22 de diciembre de 2012 a la Asociación Accidental San Antonio (ASA), antes ya se había adjudicado la supervisión a MTCB.
La orden de proceder se dio en marzo de 2013, con un plazo de 24 meses para la ejecución, convirtiéndose en la esperanza más nítida de la Gobernación interina de entregar una carretera completa antes de las elecciones departamentales. Las esperanzas se desvanecieron cuando la empresa Incico, propiedad de la familia Blacud entre las que se cuenta un prominente miembro del Movimiento Al Socialismo, ex candidato a diputado, presentó un contrato modificatorio de más de 54 millones de bolivianos (más del 15 por ciento de la obra) para continuar con los trabajos.
Modificaciones no justificadas
El propio gobernador interino, Lino Condori, ha acusado a la supervisión de no haber actuado a tiempo para alertar de los problemas en la vía. Problemas que según la Supervisión no existe.
Lo cierto es que INCICO alega la "aparición" de un tramo con roca dura supuestamente no contemplado en el Documento Base de Contratación (DBC), que pretende abordar con técnicas de voladura. Para ello requiere modificar el ítem de "Excavación no clasificada" que se lleva adelante con maquinaria pesada y cotizado en 28 bolivianos por cubo, por el de "excavación en roca dura con explosivos" que tiene un costo de 83 bolivianos por cubo. La supervisora niega esta posibilidad, ya que no lo considera justificado. Se calcula que el daño económico al Estado superaría los 12 millones de bolivianos.
El Director del Sedeca se exilia de Tarija
Mientras en la Gobernación de Tarija se encienden las alarmas para encontrar una salida a la crisis que no ponga en riesgo la continuidad del camino, el director del Servicio Departamental de Caminos (Sedeca), Ramiro Sániz, dejó la ciudad de Tarija desde el pasado miércoles 30 de abril.
Sániz eludió dar cualquier declaración en relación al conflicto, mientras que el gobernador interino, Lino Condori, quien anunció una respuesta definitiva para el lunes 5 de mayo, indicó en radio Fides que "hay que exigir a la empresa supervisora y dar órdenes de trabajo". Se espera cónclave este fin de semana.
[Fuente: El Nacional, Tarija, 03may14]
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