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04feb09
Ramírez y su esposa declararán por delito de corrupción pública
El ex presidente de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) Santos Ramírez y su esposa, Jiovana Navia Doria Medina, fueron incluidos en las investigaciones por el presunto delito de corrupción pública y citados a declarar por esa oficina de la Fiscalía de Distrito de La Paz.
Las citaciones fueron entregadas el lunes 2 de febrero en su domicilio de la zona Sur.
El ex titular de la estatal petrolera debía declarar ayer a las 14.00, pero la audiencia fue postergada para el lunes 9 de febrero porque los fiscales que están al cargo del caso fueron citados a la comisión del Senado que también indaga este caso.
De manera sorpresiva, Ramírez se presentó ayer a mediodía en la oficina del fiscal de Corrupción Pública, Edward Mollinedo, empero, esa autoridad no le tomó sus declaraciones.
Visiblemente apesadumbrado, el ex presidente de la empresa petrolera dijo a la red televisiva PAT que luego de recibir la citación, el lunes, se presentó “de manera voluntaria” ante el Ministerio Público. “Creo que es nuestra obligación, como ex funcionario público, esclarecer (qué pasó), y que podamos tener la posibilidad de que, a la larga, no tengamos dificultades”.
Estaba acompañado de al menos siete personas. Según ese medio televisivo, no tardó más de siete minutos. No quiso referirse a por qué los hermanos de su esposa trabajan en YPFB.
La cónyuge de Ramírez, diputada suplente del MAS con quien contrajo nupcias el 7 de enero, también es investigada porque la casa donde O’Connor debía entregar el dinero era de su primo Gonzalo Aramayo Doria Medina, quien en el momento del asalto se encontraba en compañía de su hermano Javier Navia Doria Medina.
Los investigadores de la Comisión explicaron que, de no presentarse a declarar, serán convocados por segunda vez; si vuelven a incumplir, los fiscales emitirán la orden de apremio.
Fuentes de la Fiscalía también revelaron que solicitarán un informe a la Superintendencia de Bancos sobre el movimiento de cuentas de los O’Connor y de las familias Ramírez y Navia Doria Medina, entre otros.
Ramírez fue destituido el sábado 31 de enero luego de que se desatara un escándalo en la estatal petrolera por las muerte del empresario Jorge O’Connor, quien tenía en su poder 450.000 dólares del Estado que habían sido retirados del Banco Unión y que presuntamente debían ser entregados a los parientes de la esposa del ex titular de Yacimientos.
El dinero era presumiblemente una “comisión” para el ex titular de Yacimientos, quien pudo haber beneficiado a la sociedad accidental Catler-Uniservice para que se le adjudicara la construcción de la planta separadora de líquidos que debe ser edificada en el campo Río Grande (provincia Cordillera Santa Cruz) sin que tenga experiencia en el ramo.
No es la primera vez que Ramírez está involucrado con hechos de corrupción de los que, sin embargo, salió bien parado.
En 2006, cuando era presidente del Senado, un funcionario del Parlamento fue aprehendido por la Policía en posesión de cocaína. Entre sus pertenencias se halló una carta de “recomendación” para realizar gestiones institucionales a nombre del Congreso, la que estaba firmada por el ex legislador.
Ése fue el primer caso de un número no determinado de “avales” firmados en su condición de titular del Senado.
En 2006 estuvo también involucrado con el sonado caso de visas otorgadas ilegalmente a ciudadanos chinos.
Intervenciones
La comisión de fiscales que investiga el asesinato del empresario O’Connor D’Arlach, el robo de dinero del Estado y las presuntas irregularidades en la firma de un contrato entre la sociedad accidental Catler-Uniservice y YPFB allanó la casa que habita Santos Ramírez y secuestró documentos y una computadora laptop, artículo que están siendo analizados por expertos en informática.
El allanamiento ocurrió el lunes 2 a las 18.00 en la calle Héctor Ormachea 4913, de Obrajes, al sur de la ciudad de La Paz.
Entre los documentos que fueron secuestrados se encuentra una copia del contrato con la sociedad accidental Catler-Uniservice. Los investigadores del caso prevén conocer hoy el contenido de los otros legajos.
Entretanto, la computadora laptop fue enviada para su análisis al Laboratorio Nacional de la Policía, donde peritos en informática develarán cuál es su contenido.
Fuentes allegadas a la investigación explicaron que el recinto no fue precintado porque ya extrajeron toda la documentación. La misma fuente indicó que el personal de Yacimientos otorgó un plazo de una semana a la familia Ramírez para que desocupe ese predio porque es de propiedad de la estatal petrolera.
Ayer en la tarde fue también allanado el departamento de Gonzalo Aramayo, primo de la esposa de Ramírez. El inmueble está ubicado en la avenida Tejada Sorzano, número 601, en la zona Miraflores. Ése fue el lugar donde balearon y arrebataron el dinero al empresario tarijeño.
En Tarija admiten contratos con Uniservice
A la cuestionada empresa Uniservice S.R.L. se le adjudicaron nueve obras de la Prefectura y del municipio tarijeño. Esa empresa obtuvo el año pasado, en sociedad con la compañía fantasma Catler, la construcción de la planta de separación de líquidos en Río Grande (provincia Cordillera de Santa Cruz).
En el caso del municipio, una obra ya fue concluida y otra está en etapa de ejecución; otros dos proyectos, la construcción de una piscina y de un jardín de niños, fueron adjudicados recientemente.
El alcalde de Tarija, Óscar Montes, dijo que tiene “información extraoficial de que (en Uniservice) van a tener dificultades para (obtener) las boletas de garantía” de la banca.
Agregó que la empresa adjudicataria, si no presenta las boletas de garantía, no podrá suscribir los contratos respectivos de los dos proyectos.
Un comunicado del gobierno departamental da cuenta de otras cinco obras y niega que haya una relación contractual entre la Prefectura y Pablo Cossío Cortez, hermano del prefecto Mario Cossío.
La viceministra de Transparencia y Lucha Contra la Corrupción, Nardy Suxo, denunció que Pablo Cossío es socio de la empresa Uniservice.
Los proyectos que la Prefectura adjudicó a Uniservice S.R.L. son: el sistema de riego San Antonio-Santa Clara, bajo la responsabilidad de la Subprefectura de la provincia Arce; Electrificación rural segunda sección de la provincia Gran Chaco, a cargo del Corregimiento Mayor de Caraparí; Electrificación rural cantones San Diego, Narváez y Huayco, cuya ejecución corresponde a la Subprefectura de la provincia O’Connor; Presa El Molino, a cargo de la Secretaría de Recursos Naturales y Medio Ambiente; y electrificación Chaco Seco, a cargo de la Subprefectura Gran Chaco.
Antecedentes
Es la quinta vez que Santos Ramírez está involucrado en hechos de corrupción.
En abril de 2006 a su empresa se le adjudicó una obra en el municipio de Tiquipaya (Potosí).
En julio de ese mismo año, un funcionario del Parlamento fue hallado con cocaína.
Entre sus pertenencias se encontró una carta de recomendación firmada por él.
Estuvo también involucrado con el caso de los avales para contratar a personal.
Otro caso se refiere a las solicitudes de visas chinas para el ingreso de ciudadanos asiáticos.
Ese caso fue destapado en agosto de 2006 por la Cancillería de la República.
Entonces, Ramírez dijo que su asesor, Hugo Cossío, había hecho esas gestiones.
El caso más reciente está referido a la irregular contratación de una empresa.
Se investiga también la muerte de un socio de esa misma empresa.
[Fuente: La Prensa, La Paz, 04feb09]
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