23mar08

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Saneamiento agudiza el conflicto agro-INRA

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Para esta gestión el Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA) prevé, luego de hacer los trabajos de saneamiento, titular 7,5 millones de hectáreas (ha) en ocho departamentos del país.

La mayor cobertura de superficie a sanear corresponde a Beni (32%) y Santa Cruz (28%), luego siguen Oruro (12%), Chuquisaca (8%), Tarija (7%) y La Paz, Cochabamba y Potosí reúnen el 13% restante.

Justamente en Beni y Santa Cruz los productores se han declarado en emergencia, pues no están dispuestos a que técnicos del INRA realicen el trabajo de saneamiento, porque consideran que la Ley de Tierras 3545 es ilegal.

En palabras de Cristhian Sattori, titular de la Confederación Nacional de Ganaderos de Bolivia (Congabol) los saneamientos que promueve el Gobierno sólo buscan atacar al sector productivo del país.

"Los ganaderos no permitiremos que nos reviertan nuestras propiedades bajo el argumento de que no están cumpliendo la Función Económico Social", sostuvo.

Entre tanto, en Santa Cruz los agropecuarios y autoridades cívicas de Cordillera, la Capitanía de Alto y Bajo Isoso, más representantes de Huacareta y Monteagudo, mediante un manifiesto, hicieron conocer que mantendrán un pacto de unidad que impedirá, si es necesario por la fuerza, el ingreso del INRA.

"En el Chaco cruceño estamos todos unidos, no dejaremos que avasallen nuestras tierras que por historia y derecho legal nos pertenecen. No se permitirá ningún proceso de reversión, expropiación y saneamiento, para luego crear nuevas Tierras Comunitarias de Origen (TCO)", remarcó, Javier Antúnez, presidente de la Asociación de Ganaderos de Camiri.

Al respecto, el director nacional del INRA, Juan Carlos Rojas, lamentó esta actitud de los productores cruceños que en vez de permitir el diálogo sólo buscan la confrontación.

Sobre el reclamo de los agropecuarios de que en Alto Parapetí hay recursos acuíferos e hidrocarburíferos que están dentro de las TCO que el Gobierno busca crear y que eso recortaría los ingresos económicos de la zona, Rojas fue tajante y puntualizó que cualquiera sea la superficie y el lugar de las TCO, el derecho propietario colectivo no afecta la propiedad de los recursos naturales que se encuentran bajo dominio del Estado. Las concesiones mineras, hidrocarburíferas, forestales y otras son de carácter temporal y están reguladas por las superintendencias correspondientes según sus requisitos y su actividad del subsuelo.

"En el caso de recursos del IDH, la Ley de Hidrocarburos determina con claridad que las regalías, en una primera fase, se transfieren a las prefecturas de los departamentos productores y no productores, y luego éstas se reparten entre los municipios", señaló.

Precisó que el saneamiento de 157.000 hectáreas en Alto Parapetí, provincia Cordillera del departamento de Santa Cruz, beneficiará a más de 10.000 familias con la emisión de títulos ejecutoriales de propiedad agraria de predios individuales y colectivos, y no afectará los ingresos de los municipios de la región por la explotación de recursos naturales.

A su vez, el presidente del Comité Cívico de San Ignacio de Velasco, Carmelo Gómez, indicó que las provincias Ñuflo de Chávez, Ángel Sandoval y José Miguel de Velasco, mediante un documento establecieron el total rechazo de la política de tierras del Gobierno y declararon persona no grata, en la región de la Chiquitania, al viceministro de Tierras, Alejandro Almaraz.

Destacó que los campesinos, productores agropecuarios y forestales de estas provincias, que iniciaron hace años sus procesos de saneamiento aún no lograron sus titulaciones correspondientes.

"No estamos en contra de los asentamientos cuando éstos son coordinados con todas las instancias, principalmente con los gobiernos municipales autónomos", dijo.

En criterio del director nacional de Tierras, Cliver Rocha, los representantes regionales pueden estar en desacuerdo, tienen el derecho a disentir, pero tienen que respetar las leyes y la institucionalidad del derecho. "Ellos pueden estar en desacuerdo con la política agraria y se han cansado en decirlo, pero tienen que respetar que la Ley 3545 es una norma legal vigente. La impugnaron ante el Tribunal Constitucional, pero éste no se ha pronunciado. Entonces la base, la garantía de un Estado democrático, son el respeto de las leyes", aseveró.

Volvió a recalcar que los procesos de saneamiento programados en todo el país van a continuar hasta lograr la titulación de 87 millones de hectáreas.

Marco legal del INRA

• 1.- Consulta. De acuerdo al convenio 169 de la OIT, elevado a rango de ley en Bolivia, los pueblos indígenas tienen derecho a la consulta antes de la explotación de cualquier recurso natural que se encuentre en su territorio. Sin embargo, la norma no permite a las comunidades vetar el proyecto.

• 2.- FES. En materia agraria, establecida por el artículo 169º de la CPE, es el empleo sostenible de la tierra en el desarrollo de actividades agropecuarias, forestales y otras de carácter productivo, así como en las de conservación y protección de la biodiversidad, la investigación y el ecoturismo, conforme a su capacidad de uso mayor, en beneficio de la sociedad, el interés colectivo y el de su propietario.

• 3.- Reversión. Serán revertidas al dominio originario de la Nación sin indemnización alguna, las tierras cuyo uso perjudique el interés colectivo. Es causal de reversión, el incumplimiento total o parcial de la FES establecida en el artículo 2 de la Ley 1715, modificado por la presente Ley 3545.

• 4.- Expropiación. Se procede por causal de utilidad pública, como el reagrupamiento, redistribución de la tierra, o la conservación y protección de la biodiversidad o por incumplimiento de la Función Económico Social.

Cifras

En Beni
2,4 millones
Ésta es la cantidad de héctareas que el INRA titulará en 2008.

En Santa Cruz
2,1 millones
Le sigue Oruro con 900.000 hectáreas de tierras.

Chuquisaca
600.000

En Tarija se titularán en esta gestión 525.000 hectáreas.

La Paz, Ccba. y Potosí
975.000

En estos tres departamentos es la superficie que se titulará.

Reacciones

Defensa de la tierra
Rosario Ferrufino
El Ejecutivo cada vez que puede ataca al Chaco chuquisaqueño y dice que hay esclavitud. Ese desprestigio para las provincias Hernando Siles y Luis Calvo no le hace bien a nadie. Para solucionar este tema hemos pedido que una comisión internacional visite esta región para verificar si hay o no esclavitud. Porque esto se usa de manera política para traer recursos y mantener a algunas ONG que siguen la línea del MAS.

Fegasacruz
Guido Nayar
La soberbia del Gobierno ha provocado que todos los productores cruceños nos unamos para decirle no a las expropiaciones de nuestras tierras que se amparan bajo la Ley 3545, que es ilegal. En el Chaco cruceño y en la zona de la Chiquitania, los ganaderos, agricultores y autoridades cívicas firmaron un pacto de unidad que evitará el atropello de los técnicos del INRA. Que el Gobierno se atenga a las consecuencias.

‘Vice’ de tierras
Alejandro Almaraz
El Estado tiene como tarea brindar tierras que no estén cumpliendo la FES a los campesinos que las necesitan. No buscamos el enfrentamiento, pero si para llevar adelante nuestro trabajo técnico necesitamos el apoyo de la fuerza pública, vamos a recurrir a esa instancia, pues bajo ningún motivo permiteremos que este proceso de saneamiento que realizamos en todo el país sea paralizado por un grupo de personas.

Director de TCO
Bienvenido Zacu
La creación de TCO en la zona Alto Parapetí beneficiará a nuestros hermanos guaraníes, por eso es importante que las brigadas del INRA vuelvan a su trabajo de relevamiento de información de propiedades de terceros en campo. Denunciamos la acción violenta del sector de latifundistas, que al no poder justificar la FES está proponiendo acciones violentas. El Alto Parapetí es una demanda ancestral de nuestra gente.

[Fuente: El Deber, Santa Cruz, Bol, 23mar08]

DDHH en Bolivia

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