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02oct17
Montaño y Gonzales irán a la OEA para explicar el recurso
La presidenta de la Cámara de Diputados, Gabriela Montaño, y el presidente del Senado, José Alberto Gonzales, se reunirán el próximo miércoles 4 con los representantes permanentes de los estados miembros de la Organización de Estado Americanos (OEA), en su sede, la ciudad de Washington (Estados Unidos), para explicar los alcances del Recurso de Inconstitucionalidad presentado ante el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP).
La diputada Montaño precisó que el objetivo de la reunión es informar a los miembros de la OEA siendo cabeza del primer Órgano del Estado y como bancada hablarán sobre los instrumentos institucionales y constitucionales señalados por la normativa interna para resolver este tipo de diferencias.
Dijo que llamó mucho la atención el pronunciamiento al secretario general de la OEA, Luis Almagro, en una clara "posición injerencista", situación que será representada y aclarada durante la reunión que los presidentes de las dos cámaras legislativas, junto con el Ministro de Justicia, sostendrán con los representantes de los estados miembros del organismo regional.
Por su lado, Gonzales dijo que tras la admisión, lo que corresponde es que el Tribunal Constitucional notifique al presidente de la Asamblea, Álvaro García Linera y una vez recepcionada, correrán 15 días para responder y de ahí, viene otros 45 días para que el Tribunal falle.
Montaño señaló que no son con medidas de presión que se resolverá el recurso de inconstitucionalidad y convencionalidad. Para la autoridad, el Tribunal tienen facultades de resolver el control de convencionalidad vigente desde el año 1993.
"Si el Tribunal Constitucional falle como falle y genere la sentencia que genere, nosotros la respetaremos porque para eso uno acude a un Tribunal, para respetar su decisión y eso es lo que tiene que quedar bien claro", aseguró.
A su vez, el jefe de bancada de Unidad Demócrata, Edwin Rodríguez, dijo que el MAS interpreta mal el artículo 23 del Pacto de San José de Rica que dice que es atribución la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) interpretar los alcances de ese Pacto y por tanto, el Tribunal Constitucional de Bolivia no puede atribuirse la tarea de interpretar ese convenio internacional.
Anunció que acudirá a la Corte en procura de un criterio jurídico, una vez que se agoten las instancias nacionales con lo cual quedarán activados los mecanismos internacionales.
[Fuente: Erbol, La Paz, 02oct17]
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