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11abr08
Rodolfo Stavenhagen dice que el Estatuto cruceño tiene sesgos racistas
El enviado de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) a Bolivia, Rodolfo Stavenhagen, afirmó que el referendo sobre el estatuto autonómico de Santa Cruz es inconstitucional y contiene disposiciones racistas.
La declaración del relator especial constituye un espaldarazo al presidente, Evo Morales, en el conflicto que mantiene con las autoridades del departamento más rico del país y con otras regiones que también promueven su autonomía del gobierno central, según los medios de prensa internacional.
Tras manifestar su preocupación por la decisión unilateral de la Prefectura de Santa Cruz, Stavenhagen denunció que ese estatuto incluye algunas disposiciones de tinte racista.
Se refirió concretamente al artículo 161 del estatuto, que, al citar el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) reconoce "con orgullo" su condición racial mayoritariamente mestiza y también su obligación de conservar la cultura de los pueblos indígenas del departamento. "Pero ocurre que los derechos humanos de los pueblos indígenas ya están tutelados por leyes del país que incluyen dicho Convenio 169, por lo que el estatuto autonómico solo agrega su 'orgullo'", advirtió.
Cautivos
Por otra parte, la Organización de Estados Americanos (OEA) anunció el envío de una misión a Bolivia para constatar denuncias acerca de guaraníes cautivos en haciendas cruceñas de Alto Parapetí.
La OEA había recibido denuncias sobre graves violaciones de los derechos humanos de las que son víctimas las familias de trabajadores, como consecuencia de la reacción de los grupos de hacendados afectados por el proceso de reconstitución territorial del pueblo guaraní.
La OEA pidió al Estado que adopte las medidas de protección necesarias para asegurar la integridad de todas las familias guaraníes que viven todavía en las haciendas en la región de Alto Parapetí, municipio Cordillera de Santa Cruz. Hacendados y ganaderos se oponen al proceso de saneamiento (control de legalidad de títulos de propiedad, función social de latifundios y situación laboral de peones) de tierras dispuesto por el gobierno.
El propio Stavenhagen denunció en su informe la situación de servidumbre de las familias que trabajan en las haciendas.
El 29 de febrero, el viceministro de Tierras, Alejandro Almaraz, y un equipo del Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA) fueron interceptados en la puerta de entrada de la hacienda "Caraparicito", de propiedad del estadounidense Ronald Larsen.
Los funcionarios públicos fueron expulsados violentamente por Larsen, que dijo que actuó en defensa propia. Hace una semana, otra comisión oficial resguardada por un contingente policial volvió a la zona para comenzar el saneamiento en la región de Alto Parapetí, y volvió a encontró la resistencia violenta de los hacendados.
[Fuente: Agencia boliviana de información, La Paz, 11abr08]
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