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11sep10
Proyecto de ley limita la libertad de expresión
La Cámara de Diputados aprobó anoche la Ley Contra el Racismo y Toda Forma de Discriminación, que incluyó el polémico artículo 16, que establece la suspensión de la licencia para los medios de comunicación que emitan mensajes racistas.
"El medio de comunicación que autorizare o publicare ideas racistas, discriminatorias será pasible de sanciones económicas y de suspensión de licencia de funcionamiento, sujeto a reglamentación", dice el artículo. El oficialismo no atendió el pedido de la oposición ni de la prensa que exigían eliminar ese párrafo.
La diputada de Convergencia Nacional (CN) Adriana Gil dijo que "se usó una causa muy noble para camuflar una ley mordaza. No se tipificó qué será racismo o discriminación y la gente desconoce. Primero se tendría que socializar y educar a la gente. Esta ley es persecutoria, represora y perversa", dijo.
La diputada Norma Piérola, del mismo partido, lamentó la aprobación de la norma por considerar que ésta se halla claramente destinada a restringir la libertad de expresión de los medios de comunicación. "Se va a sancionar por nada. No se sabe cuáles son los ilícitos y cuáles las contravenciones porque, además, se aplican tres vías para la aplicación: administrativa, constitucional y penal. Es altamente peligrosa la aprobación de la ley", dijo.
La diputada también observó el artículo 23, que establece sanciones penales y agrava en un tercio las sanciones (de uno a cinco años) para el comunicador social que difunda en los medios mensajes considerados racistas o discriminadores, por lo que las penas subirían de entre tres a ocho años.
De todas formas la asambleísta aseguró que presentará recursos de inconstitucionalidad para los artículos 16 y 23 que fueron aprobados ya que para ella son irracionales al aplicar sanciones mixtas por delitos de acción privada y pública a la vez.
Agregó que se aprobó un proyecto enviado desde el Ejecutivo completamente diferente al que había planteado el diputado indígena originario Jorge Medina, representante del pueblo afroboliviano.
El oficialismo
La diputada Marianela Paco, del Movimiento Al Socialismo (MAS) y presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de esa cámara, dijo que con la norma no se atenta contra la libertad de prensa y que los medios, al igual que cualquier ciudadano o institución, deben someterse a lo que prescribe la norma.
"No comprendo por qué los medios o los trabajadores de los medios o los propietarios que incurran en esos actos discriminatorios o racistas tengan que estar exentos de esa jurisdicción. O somos todos iguales ante la ley, como dice un principio fundamental de la Declaración de Derechos Humanos, o hay categorías. Hay que comprender eso", dijo.
Por su parte, el diputado Marcelo Elio (MAS) insistió en que el artículo 16 no afectará a la libertad de expresión. "Lo que sí afecta son algunas expresiones racistas que por algunos personeros se dan en los medios de comunicación", dijo.
Explicó que el medio de comunicación no será responsable de lo que dicen los entrevistados. "Cuando uno afirma algo, es responsable de sus actos, a no ser que el medio autorice o promueva conductas racistas".
La norma ahora pasó a la Cámara de Senadores, que debe revisar la ley y decidir si la sanciona o realiza modificaciones para devolverla a la cámara de origen.
El analista Jorge Lazarte opinó que "esta ley dará lugar a abusos, revanchas, venganzas, acusaciones sobre lo que uno haga o deje de hacer, piense o deje de pensar y que el 'otro' y el poder interpreten como racista. Pueden ser penalizados los que incurran en racismo, pero también los que difundan o callen", dijo.
Protestan periodistas
Juan Javier Zeballos, directivo de la Asociación Nacional de la Prensa, en contacto con La Prensa afirmó que el hecho de que un órgano del Estado emita una ley con relación a la prohibición no sólo de difundir o publicar términos ofensivos a la dignidad humana "constituye una violación a la libertad de expresión y una virtual censura previa. Y eso contradice los principios fundamentales de la libertad de expresión".
"La censura previa, la interferencia o presión directa o indirecta sobre cualquier expresión, opinión o información difundida a través de cualquier medio de comunicación (...) debe estar prohibida por ley", dijo.
El presidente del Tribunal de Honor Asociación de Periodistas de Santa Cruz, Julio César Caballero, considera que esta norma es parte de las pequeñas mordazas que el Gobierno pretende aplicar contra la prensa.
"Es parte de la arquitectura legal que está creando pequeñas mordazas introducidas en diferentes instrumentos legales que van a afectar a la larga o a la corta a la liberad de expresión en Bolivia", afirmó Caballero.
[Fuente: Los Tiempos, Agencias, La Paz, 11sep10]
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