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15oct13
El pueblo Weenhayek acusa a la Gobernación por las irregularidades en Prosol
El pueblo Weenhayek responsabiliza directamente a las autoridades administrativas de la Gobernación por la millonaria estafa en el Programa Solidario (Prosol) dentro de sus comunidades indígenas.
Mientras tanto, los secretarios, en conferencia de prensa, informaron que encontraron daños económicos al Estado durante la gestión 2012. En este sentido, ya identificaron a cuatro funcionarios públicos responsables de las irregularidades y mencionaron que en los siguientes días ampliarán la denuncia contra otros técnicos del programa.
Además las autoridades ejecutivas reconocieron que existen otras irregularidades en el resto de las secciones campesinas del departamento. Incluso recordaron que detuvieron y depuraron alrededor de 7 mil carpetas observadas de gente que buscaba engañar al Prosol, lo que supone un 25 por ciento de los beneficiarios. Una cuarta parte del total ha entrado en irregularidades.
En el plano político nace una interrogante, ¿Habrá consecuencias políticas? Cabe recordar que el pueblo Weenhayek es un sector aliado a la actual Gobernación, y que dio la mayoría absoluta al Movimiento al Socialismo (MAS) en la Asamblea Legislativa, donde su representante ocupa la segunda vicepresidencia legislativa.
Indígenas piden informes
El capitán grande del pueblo Weenhayek, Moisés Sapiranda, explicó que existe una "mano negra" ya que la denuncia está "politizada" y afirmó que se trata de una responsabilidad de la parte administrativa de la Gobernación porque en Villa Montes existe la oficina regional, donde considera que se tiene que arreglar las cosas.
"Existe un comité en cada comunal y ellos no han recibido carpetas -dijo Sapiranda- Hubo estafa pero las autoridades tuvieron que arreglar administrativamente. Se buscó información y las autoridades cerraron las puertas. En este sentido, se envió al despacho del Gobernador interino una carta para pedir un informe del Prosol regional y departamental".
Hay 4 funcionarios suspendidos
El director de Transparencia, Gilmar Pairema, aseguró que se suspendió a cuatro funcionarios públicos de la Gobernación. No quiso dar los nombres pero dijo que se trata de técnicos de la unidad gestora en Villa Montes y de la departamental.
"Hay otro número de participantes y habrá ampliaciones -mencionó Pairema- El director (Carlos Villavicencio) está en medio de las investigaciones como presunto y se verá si estará dentro de la ampliación de las denuncias. Se abren sumarios a cientos de funcionarios que están incluidos en las denuncias para determinar el tipo de responsabilidades".
Más irregularidades encontradas
El secretario Ejecutivo de la Gobernación, Roberto Ruiz Bass Werner, dio detalles de las irregularidades encontradas en el Prosol. Indicó que del año 2008 al 2011 se incrementaron de 700 a 1.300 familias, para 2012 se llegó a 2.700 familias y el 2013 a 5.124 familias.
En la gestión 2012, el 56 por ciento de los documentos de identidad corresponden a ciudadanos de Villa Montes, y al parecer estas personas prestan sus carnets de identidad a los dirigentes para ser incorporados a cambio de un porcentaje de dinero que se recibe del Prosol. En ese año se realizaron desembolsos y encontraron daños económicos al Estado.
En 2013 da un "salto de manera grosera" ya que de 2.700 sube a 5.124 familias y casi el 80 por ciento de los carnets son de los mismos grupos de Villa Montes. Además aparecen cédulas robadas que pertenecen a ciudadanos extranjeros, gente de Tarija, Potosí, La Paz, periodistas e incluso parientes de Roberto Ruiz que cobran Prosol como pobladores indígenas. Sin embargo, todavía no se realizaron desembolsos.
"Son miles de carnets fraudulentos que fueron proporcionados por una red de comerciantes -afirmó Ruiz- Además se fabrican facturas falsas por 70 mil bolivianos con empresas que solamente se dedican a este negocio".
Ruiz reconoció que también hay irregularidades en el Prosol campesino en otras secciones del departamento. Comentó que en 2012, en ocho municipios de Tarija se redujo el presupuesto de 192 millones de bolivianos a 148 millones por las medidas de control implementadas para depurar a 7 mil beneficiarios. Es decir que también hubo campesinos que buscaron engañar al programa.
[Fuente: El Nacional, Tarija, 15oct13]
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