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30jul13

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Gobierno impulsa dos leyes para reservarse información y bloquear investigación periodística

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Ante la ola de denuncias de corrupción que arrasa al Gobierno y a sus entidades departamentales, el ente gubernamental impulsa dos proyectos de ley que restringen el acceso a la información y coartan el trabajo periodístico con leyes "mordaza". El punto central es impedir que funcionarios públicos brinden información a la prensa, a tal extremo que la pena instaurada es la cárcel.

El primero de los proyectos de ley fue elaborado por el Ministerio de Transparencia y ya está en el Legislativo, se trata de la Ley de Acceso a la Información Pública; el segundo proyecto es la Ley de la Empresa Pública que ingresó a la Cámara de Diputados para su tratamiento, el pasado 13 de junio de este año.

El proyecto de Ley de Acceso a la Información Pública plantea, en su punto central, que la información gubernamental que "está en proceso" no puede ser divulgada hasta que sea concluida, bajo advertencia de que se asumirán acciones legales. El Movimiento al Socialismo (MAS) afirma que el objetivo es evitar la "distorsión" de la información.

Este proyecto de Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública fue enviado a la bancada del MAS por el Ministerio Anticorrupción. En el mismo se plantea al menos doce "excepciones al acceso a la información". Esta norma sería aprobada en grande y en detalle en la Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados, la semana próxima.

La presidenta en ejercicio de la Comisión de Constitución, Marianela Paco (MAS), explicó que "la información que se encuentra en proceso no puede todavía darse a conocer", porque, en su criterio, la información es "incompleta, parcial y posee un sesgo", lo que puede ocasionar "malas interpretaciones" y provocar una "distorsión" de los hechos.

Tampoco se podrá acceder a información de las "acciones estratégicas sobre recursos naturales", ni a los "estudios de impacto ambiental", según cita la norma en uno de sus artículos. Asimismo, la información sobre seguridad externa será restringida por veinte años y en caso de seguridad interna, diez años.

Por otra parte, el proyecto de Ley de la Empresa Pública señala, en uno de sus acápites, que: "El que en virtud de su cargo, empleo, posición o responsabilidad, teniendo acceso o conociendo información privilegiada, utilice, divulgue, transmita o disponga de la misma para lograr beneficios, directa o indirectamente, para sí o para un tercero, será sancionado con privación de libertad de uno a cuatro años", lo que generó reacción en periodistas y parlamentarios, quienes observan que este proyecto atenta contra la libertad de información.

El segundo parágrafo de la norma señala: "Esta misma sanción se aplicará a los miembros de las máximas instancias de decisión y a todo el personal de empresas públicas y empresas que cuenten con participación accionaria mayoritaria del Estado, que utilicen, divulguen, transmitan o dispongan información referida al 'know-how', estrategias comerciales o empresariales, desarrollo de tecnología y sistemas electrónicos e información confidencial sobre mapas y ubicación de yacimientos de recursos naturales no renovables".

El proyecto de Ley de la Empresa Pública, vinculado con el ejercicio del periodismo en cuanto a las fuentes de información, ha sido calificado como una posible norma que "cerraría con candado" la información sobre el uso y utilización de los recursos públicos y que genera "discrecionalidad" respecto a la asignación de fondos, por la subordinación directamente relacionada con el Presidente del Estado.

"Nos estamos enfrentando a una norma que cerraría con candado la información respecto al uso y utilización de los recursos públicos destinados al desarrollo", dijo el presidente de la Asociación de Periodistas de La Paz, Antonio Vargas Ríos. Añadió que se estaría creando una gran discrecionalidad respecto a la asignación de los recursos destinados al desarrollo y esta subordinación está directamente relacionada con el Presidente del Estado", afirmó.

De la misma manera, el presidente de la Asociación de Periodistas de Tarija (APT), Jorge Quirós, dijo que el proyecto de Ley de la Empresa Pública pone ahora a los periodistas ante una grave restricción a la información, a la libertad de expresión, al derecho de informar y al derecho de las personas a ser informadas; además, resaltó que el proyecto aún no es claro cuando sólo hace referencia a información privilegiada y no especifica cuál.

Quirós interpretó (Información Privilegiada) desde tres ángulos, primero: "El que usare a su favor o entregare a otras personas podría ser sancionado de uno a cuatro años de prisión", esta acción es una amenaza; segundo, de que priva el derecho a la información de muchos temas porque bajo el título de "privilegiado" podría estar casi toda la información y cualquiera podría proteger, ocultar, oscurecer o camuflar los datos.

Añadió que este hecho atenta abiertamente contra el desempeño periodístico y de cualquier persona en el país, sumado a ello, Quirós citó un tercer punto de comparación con la Ley Marcelo Quiroga Santa Cruz, que crea un temor "legal" que retrasa muchos avances por miedo al castigo.

El presidente de la APT adelantó que las organizaciones nacionales serán las instancias que analizarán el tema en coordinación con las organizaciones afiliadas.

Enfatizó que la población tiene derecho a ser informada sobre el manejo de sus recursos, de sus impuestos y de todo lo que hace al manejo transparente de un gobierno o Estado que actúa como representante de la población al ser elegido democráticamente, así el Gobierno y todas las instituciones están obligadas ante la sociedad a informar veraz y oportunamente sobre los manejos que le compete realizar.

La secretaria de conflictos del Sindicato de Trabajadores de la Prensa, Elizabeth Rendiz, manifestó que se buscará explicaciones claras y digeribles de qué es "Información privilegiada" para en lo posterior analizar los alcances del proyecto de ley, que desde un inicio es rechazado por los periodistas, quienes analizarán el tema en la próxima reunión.

El secretario ejecutivo del Sindicato de los Trabajadores de la Prensa de Tarija, Never Antelo, dijo que desde la entidad se realizará las representaciones correspondientes para solicitar mayores detalles del proyecto, aunque adelantó que rechazan contundentemente.

Añadió que estaría contradiciendo al artículo 21 de la Constitución Política del Estado (CPE), que refiere al acceso y al derecho irrenunciable de información que tienen todos los ciudadanos bolivianos.

Ya existía un proyecto de ley departamental

Por otra parte recurrimos a varias puntualizaciones y rescatamos un proyecto de ley departamental de Transparencia y Acceso a la Información Pública que planteó el órgano ejecutivo de Tarija (Gobernación), cuyo proyectista es el secretario ejecutivo, Roberto Ruiz, en este proyecto se establecen los siguientes puntos:

El artículo II de las disposiciones generales de este proyecto señala: "Garantizar a los ciudadanos el ejercicio del derecho de acceso a toda la información que se encuentre en poder de la Gobernación, en cualquier formato", artículo que parecería contradictorio al que establece cárcel contra los que revelen "información privilegiada".

El articulo VII menciona "Información Confidencial: La información que se encuentra en poder de la Gobernación y entidades de interés público, relativas a las personas y sus datos personales están protegidos por el derecho fundamental de la privacidad".

Finalmente, el artículo 8 de este proyecto menciona que se debe garantizar el acceso a la información pública en sus formatos originales, pues sólo de esta manera se podrá comprobar la veracidad y autenticidad de la información que las entidades públicas entregan a través de copias o que difundan por otros medios.

Sondeo de opinión

Antonio Vargas, Presidente de la Asociación de Periodistas de La Paz

Con esta situación se estaría violando dos principios constitucionales, el primero sería el derecho que tiene la ciudadanía a ser informada y el segundo la obligación que tienen los servidores públicos de prestar información precisamente de la administración que realizan, más aún si las empresas públicas manejan el dinero de todos los bolivianos.

Iván Arias, Analista político

Dijo estar en desacuerdo con que se prohíba a los medios de comunicación informar sobre el accionar de las empresas públicas, ya que se podría dar el caso de que una entidad quiera realizar la construcción de una fábrica de condensados y los medios de comunicación quieren obtener información exacta de esta situación y sólo podrían hacerlo cuando termine la obra, lo que es absurdo. Arias también dijo que estas propuestas de ley lo único que buscan es consolidar la ineficiencia del país y condenar la producción industrial al retraso.

Luis Alfaro, Diputado MAS

Minimizó la situación de restricción que tendrán los medios a la información indicando que se tiene alguna información restringida por las empresas privadas que manejan una similar situación y que de ninguna manera será una limitación para que los medios de comunicación realicen su trabajo. Dijo estar conforme con la sanción que se dará a los funcionarios que den información secreta.

Las 12 excepciones de la Ley de Acceso a la Información

LA NORMA: Según el artículo 42 del proyecto de ley referido a Excepciones al acceso a la información, establece que:

I. La información será de público acceso, excepto en los siguientes casos:

• a) Aquella que ponga en riesgo la seguridad o defensa del Estado, sea esta interna o externa.
• b) La referida a acciones estratégicas sobre Recursos Naturales.
• c) La referida a la salud, intimidad o privacidad de las personas.
• d) La que ponga en peligro la vida, integridad y seguridad de las personas.
• e) La protegida por el secreto profesional.
• f) El secreto o reserva de fuente en materia de prensa, de acuerdo a la normativa vigente.
• g) Aquella obtenida de los sujetos pasivos por las administraciones tributarias de acuerdo a lo establecido por normativa tributaria.
• h) Aquella cuya divulgación implique riesgo inminente para la estabilidad del país, su economía, sus recursos o el interés público. Esta información será restringida por el lapso de 6 meses, tiempo en el cual se realizará un procedimiento de calificación como información reservada, de acuerdo a lo establecido en la presente ley. En caso de que dicho procedimiento no se realice, la información será de público acceso de forma automática.
• i) Información estratégica a nivel de competitividad comercial o know how de las empresas públicas o aquellas empresas en las que el Estado tenga la mayoría del patrimonio.
• j) Información respecto a estudios de impacto ambiental.
• k) Información que se encuentra en proceso hasta tenerla concluida.

Proyecto de Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública será debatido hoy

El presidente de la Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados, Héctor Arce (MAS), explicó que el proyecto de ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública no restringirá la información gubernamental a los medios de comunicación ni a la ciudadanía, en tanto se haga referencia a datos certeros y que no sean temas relacionados con la seguridad del Estado.

El legislador indicó que a partir de hoy a las 10:30 horas, la comisión iniciará el debate de este proyecto y para ello se invitó a la ministra de Transparencia y Lucha Contra la Corrupción, Nardi Suxo, para que explique los pormenores de este documento. También se prevé invitar para posteriores sesiones a representantes de la prensa, por posibles susceptibilidades que existirían de los alcances de este proyecto relacionados con la libertad de expresión.

Sin embargo dijo que hay áreas en las que se restringirá la información, debido a que puede afectar los intereses del Estado, si se da a conocer una determinada noticia antes de que suceda.

[Fuente: El País, Anf, Tarija, 30jul13]

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