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01mar18
Ante la Comisión de Derechos Humanos de la CIDH: ANP alertó asfixia financiera y amenazas a las libertades de prensa y de expresión
"La censura manipulada por la publicidad estatal, la censura previa promovida por leyes, la asfixia financiera a los medios de comunicación, y la intolerancia con puntos de vista críticos, generan un riesgo para las libertades de prensa y de expresión, y por ende para la democracia", alertó ayer el presidente de la Asociación Nacional de la Prensa de Bolivia (ANP), Marcelo Miralles Iporre.
Durante la audiencia sobre la Situación del Derecho a la Libertad de Expresión y la Libertad de Prensa en la Región Andina en el marco del 167 Periodo de Sesiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Miralles describió el conjunto de normas y políticas orientadas a silenciar el trabajo de periodistas y medios independientes.
Informó que entre 2010 y 2017, la ANP reportó un total de 136 agresiones físicas contra periodistas y medios de información, además de otros 155 casos de agresiones verbales y amenazas.
Junto a representantes de Fundamedios de Ecuador, el Instituto de Prensa y Sociedad de Perú (Ipys Perú) y el Instituto de Prensa y Sociedad de Venezuela (Ipys Venezuela) que integran el Bloque Voces del Sur, el ejecutivo expresó rechazo a la acción judicial que determinó el encarcelamiento preventivo de periodistas y sin elementos que justifiquen esa medida extrema.
En un informe entregado a la CIDH, la ANP abogó por el cese de la persecución judicial contra el periodista Wilson García, y reclamó justicia para las periodistas Yadira Peláez y Claudia Pardo, ambas procesadas por denunciar acoso en la empresa estatal de televisión. La organización boliviana hizo este pedido de la misma manera en que se pronunció contra el injusto encarcelamiento de los periodistas Carlos Quisbert y Juan Carlos Paco, en el año 2015.
Agresiones frecuentes
El informe de la ANP recuerda que el "gobierno califica de 'opositores' a periodistas y medios independientes incitando a sectores afines al Gobierno, a golpear, despojar de equipos y agredir verbalmente a reporteros encargados de la cobertura de conflictos sociales".
En 2016, se inició una campaña para desvirtuar el trabajo de investigación periodística con calificativos como el "cártel de la mentira". El discurso se orienta a silenciar voces y generar descrédito de periodistas y medios. Es preocupante ver que el presidente Morales declara a la prensa como el "enemigo número uno", y habla de "terroristas mediáticos", expresó Miralles.
Ratificó las denuncias de la ANP sobre la aplicación de un artículo de la Ley Contra el Racismo y Toda Forma de Discriminación que orienta sanciones y amenazas de clausura contra los medios de información por la difusión de noticias que la autoridad considere racistas y discriminatorias.
A consecuencia de esta norma, "los medios utilizaron la autocensura y la censura previa como métodos de protección, ambas prohibidas por la Constitución Política del Estado y los Tratados Internacionales sobre Derechos Humanos. Resalto que la ANP fue la única organización que alertó este hecho y continúa con la misión de restablecer este derecho ciudadano", explicó.
El 2012, el Ministerio de la Presidencia abrió procesos contra la Agencia de Noticias Fides (ANF) y los periódicos El Diario y Página Siete utilizando dicha Ley.
12 normas contra los medios
El representante de la organización periodística reveló ante los miembros de la CIDH que desde 2010, el gobierno de Bolivia promulgó 12 leyes y decretos que "obligan a los medios a convertirse en portavoces de promoción de políticas gubernamentales, sin retribución alguna, a pesar de que el artículo 46 de la Carta Magna expresa claramente que nadie puede ser obligado a prestar un servicio sin su consentimiento y justa retribución".
Como efecto de estas disposiciones, radioemisoras canales de televisión, periódicos, revistas y portales de noticias deben difundir de manera gratuita estas campañas "generando enormes costos para sus debilitadas finanzas", destacó.
"Parte de esta política de asfixia es la privación de publicidad estatal a todo medio reacio a someterse a sus políticas comunicacionales, al extremo de que hubo medios que para no perder la pauta publicitaria estatal, despidieron a varios periodistas de investigación y análisis", denunció.
Publicidad estatal
La ANP recordó que en mayo de 2017, el presidente Morales justificó su política bajo la afirmación: "Medios que no reciben publicidad del Estado son los que mienten, insultan, difaman y desprestigian autoridades".
Como una parte de las estrategias orientadas a silenciar a diarios, canales de Tv y radioemisoras, la organización reveló que "entidades estatales realizan persecuciones con multas injustas e inexplicables a medios que difunden denuncias sobre corrupción. Por ejemplo, se congelaron las cuentas bancarias de la ANP, se procesó a medios a través de Impuestos Nacionales, el Servicio Nacional de Reparto exigió a los diarios documentos con 32 años de antigüedad, pese a que en Bolivia las normas piden que se guarden por diez años, etc".
Miralles alertó de un inminente cierre de medios pequeños y medianos como efecto de nuevas disposiciones. "El gobierno y un sector sindical aliado preparan la confiscación de recursos bajo el argumento de un fondo para el seguro de vida de periodistas, de carácter privado y libre de fiscalización".
De acuerdo con el representante, "con esta medida, los medios pequeños y medianos sufrirán el despojo del uno por ciento de sus ingresos globales que representan extracciones de entre el 20 y el 100 por ciento de las utilidades. Con esta nueva agresión económica muchos medios estarán a un paso de cerrar con la consecuente pérdida de empleos".
"Por lo tanto, el intento de beneficiar con un doble seguro de vida pasa a convertirse en una amenaza para los medios independientes", advirtió.
"Para evitar esta serie de atropellos a las libertades de prensa y expresión y garantizar la preservación de los derechos humanos y la vida en democracia, exhortamos a las autoridades al fiel cumplimiento de la Constitución Política del Estado y los Tratados Internacionales sobre Derechos Humanos", demandó el Presidente de la ANP.
[Fuente: Por Ruth Cardozo, Diario Nuevo Sur, ANP, Tarija, 01mar18]
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